(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, junio de 2013)
Jaime Raúl Molina

A inicios de mayo el país vivió días muy tensos de crisis energética.  Las medidas de ahorro que tuvieron que adoptar las autoridades fueron drásticas y dolorosas.  Pero este artículo no trata sobre si dichas medidas de ahorro fueron las mejores o no, eso queda para otra discusión. Lo que trata este artículo es qué debemos hacer para evitar esto en el futuro.

Hay que invertir

En primer lugar, sin energía no hay progreso ni hay desarrollo económico ni humano.  Uno de los factores que más alta correlación tiene con el crecimiento económico es el consumo de energía.  Eso quiere decir que una economía que crece, también aumenta su consumo de energía, y por tanto debe aumentar su oferta generadora proporcionalmente.  Para que Panamá pueda mantener los ritmos de crecimiento que ha mantenido durante el último decenio, un 6% anual en promedio, es necesario que su capacidad generadora en firme aumente al menos al mismo ritmo.

Potencia firme vs. Capacidad nominal

Nótese que cuando se dice que debe aumentar la capacidad generadora, se enfatiza que es la capacidad firme, no la nominal.  Esto requiere alguna explicación.  Cuando usted lee en el periódico que se construye una planta con capacidad de generación de 100 MW, ello no quiere decir que dicha planta, cuando esté operando, siempre vaya a poder generar 100 MW.  El porcentaje de capacidad nominal que una planta puede garantizar en todo momento, se conoce como factor de planta.

El factor de planta de una generadora térmica a carbón anda entre 70-90%, que se considera alto (ninguna generadora tiene factor de planta 100%, porque los equipos requieren mantenimiento, ocasionalmente hay desperfectos, etc.).  El factor de planta de una hidroeléctrica de embalse anda por 50-60% si el embalse es de gran capacidad de reserva.  El factor de planta de una hidroeléctrica de pasada es más bajo (30%-40% es típico).

Es decir, si queremos tener fuentes de electricidad confiables y que podamos contar con ellas durante todo el año, tenemos que pensar en térmicas o en hidroeléctricas de embalse.  Todo lo demás, mi querido lector, es sumamente riesgoso.  Las llamadas energías alternativas, como la solar fotovoltaica que tiene factor de planta promedio de entre 10-15% (no todo el tiempo hace sol, y los paneles requieren limpieza continua para operar con eficiencia), o las plantas eólicas que tienen factor de planta de entre 20-35% (no siempre sopla el viento lo suficiente, o incluso si sopla muy fuerte los aerogeneradores no pueden operar), no pueden ser un componente sustancial de nuestra matriz energética (a menos que estemos dispuestos a tener crisis energéticas constantes durante todo el año).

Nuestra dependencia del agua

La matriz energética de Panamá es bastante dependiente del agua.  Si bien la electricidad que generan es más barata, el suministro de ellas no es tan confiable como el de las térmicas.  Éstas también tienen sus problemas, por lo que tampoco sería bueno tener dependencia total de las térmicas.  Pero el problema de la dependencia del agua se puede ver agravado por algunas políticas que en materia energética ha adoptado el país.  La crisis energética que experimentamos este mes de mayo fue resultado de una serie de malas decisiones de parte principalmente del Centro Nacional de Despacho (CND) y en alguna medida de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Durante los meses de estación seca mantuvieron las hidroeléctricas operando casi a capacidad, y encima se redujo la reserva de los embalses de 30 a 15 días, a pesar que desde enero los niveles de los embalses estaban por debajo de lo usual para esas fechas.

Conclusión

Durante los próximos años se requieren grandes inversiones privadas en materia de generación eléctrica.  Sin embargo, el cambio constante de las reglas del juego y la falta de seguridad jurídica no ayudan a generar dicha inversión privada.  Y la matriz de generación no debe poner muchos huevos en la canasta de las energías alternativas, porque no son parte importante de una solución realista a la demanda energética.  Sé que a mis amigos ambientalistas no les gustará esto, pero los problemas reales requieren soluciones realistas.  En resumen, necesitamos más térmicas de carbón, considerar gas natural, y que se construya Changuinola II.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, mayo de 2013)

Tenemos que decidir como país si nuestra política tributaria y nuestro sistema de derecho lo diseñamos nosotros en función de nuestras necesidades como país, o si nos dejaremos imponer cuanta cosa decidan organismos internacionales de los cuales no somos siquiera miembros ni mucho menos se nos escucha.  El tema no es tanto si se eliminan o no las acciones al portador, sino más bien si queremos un país que determina sus propias políticas públicas pensando en nuestras necesidades, o si por contrario seremos un país que se deja imponer lo que otros deciden en foros a los que ni siquiera nos invitan a participar.

Antecedentes

Desde fines de la década de 1990 los países desarrollados, a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conocido coloquialmente como el Club de los Países Ricos, ha venido objetando el que países como el nuestro tengan sistemas tributarios y legales que atraigan inversión extranjera.  En 1998 la OCDE emitió un reporte titulado “Competencia Fiscal Perniciosa”, en que atacaba el que algunos países tuviesen regímenes fiscales con baja o nula tributación.  Así comenzó formalmente la persecución contra lo que ellos llamaron “Paraísos Fiscales”, entre otras formas, a través de la elaboración de las llamadas listas negras.

El año 2001 la OCDE se vio obligada a reenfocar su proyecto, debido a que su país miembro más prominente, los Estados Unidos de América, ahora tenía un gobierno (liderado por el entonces recién inaugurado Presidente George W. Bush) que no aprobaba puntos sustanciales del proyecto original de la OCDE.  En un comunicado emitido en mayo de 2001 por el entonces Secretario del Tesoro, Paul O’Neill declaró que “Los Estados Unidos no apoya esfuerzos para dictar a país alguno lo que sus propias tasas impositivas o su sistema fiscal debería ser.”  Con ello, la OCDE se enfocó entonces en lo que llamó transparencia e intercambio de información.

La crisis agudiza la presión

El mundo está en una crisis de las finanzas soberanas.  Es una crisis crónica y aguda a la vez.  Europa está particularmente afectado (ya han caído Grecia y Chipre, y vendrán más).  Esto lleva a los gobiernos europeos y de la OCDE en general a un alto grado de desesperación por aumentar sus recaudaciones fiscales, y una de las maneras que han detectado es presionar a los países que son receptores de inversión extranjera, para que los ayuden a recaudar más.  El intercambio de información tributaria es una herramienta para lograr esto, pero además estos expertos burócratas ven las acciones al portador como un significativo obstáculo para sus propósitos de cobrar impuestos allende sus fronteras.

Acciones al portador

Pero la existencia de acciones al portador nada tiene que ver con lavado de dinero.  En esto debemos quedar claros.  Nuestro país tiene desde hace años un sólido sistema que obliga a prestadores de servicios financieros y legales a conocer efectivamente quién es el beneficiario económico de toda cuenta, sociedad anónima y demás instrumentos financieros y jurídicos.  Y en caso de una investigación criminal por blanqueo de capitales, dichos prestadores de servicios están obligados a proveer la información a las autoridades.  De modo que anonimato absoluto no es algo que pueda lograrse a través de las acciones al portador ni de modo alguno en nuestro país.

Pero lo que sí está en juego es la confidencialidad.  Cada vez hay mayor presión para eliminar la confidencialidad y la privacidad de las personas.  La frasecita “el que no la debe no la teme” es una que usan los enemigos de la confidencialidad para demeritarla.  Como si la privacidad fuese cosa exclusiva de criminales.  ¿Y los que se ven obligados a huir de la persecución que en sus países le montan gobiernos ilegítimos?  ¿Y los que se quieren evitar convertirse en blanco de extorsión por las mafias?

Conclusión

Como inicia este artículo, los panameños tenemos que decidir si queremos seguir siendo un país con defectos y virtudes pero digno y con autodeterminación, o si volveremos a ser colonia, esta vez no de un país determinado sino de carteles internacionales conformados por países de los que ni siquiera somos miembros.  El lema de nuestro escudo nacional es válido, pero jamás a costa de nuestra soberanía y dignidad.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, abril de 2013)

¿Qué hemos de elegir en materia económica, abundancia o escasez?  Quizás le parezca absurda esta pregunta.  Después de todo, ¿quién elegiría escasez si le ofreciesen abundancia?  Pues sostengo que muchos se aseguran la escasez creyendo que buscan abundancia.  Muchas de nuestras políticas económicas están diseñadas para garantizarnos escasez.

Cuando usted escucha que alguien (algún productor de rubros protegidos frente a la competencia) se queja que el mercado está siendo inundado con productos extranjeros muy baratos, usted está escuchando que alguien objeta la abundancia, y defiende la escasez.  La misma política de protección de ciertos rubros del agro, consiste en establecer altos aranceles y otras barreras que buscan inhibir la importación de productos del extranjero que son mejores y/o más baratos que los producidos aquí.

¿Por qué el enredo?

Pero, ¿cómo es posible que nuestra política económica esté en muchos aspectos diseñada para asegurarnos escasez en lugar de abundancia?  ¿Por qué las personas confunden las cosas de esta manera y relacionan bienestar con escasez?  La causa de esta ilusión está en un entendimiento imperfecto del intercambio económico.  Si analizamos nuestro propio interés como individuos, nos damos cuenta de una aparente contradicción: como vendedores nos interesa que los precios sean altos, y por tanto, que haya escasez; como compradores, en cambio, queremos que los precios sean bajos, lo cual implica que haya abundancia de bienes.  ¿Cuál de estos dos es entonces el verdadero interés de la Humanidad?

El economista francés del Siglo XIX Frederic Bastiat llamó a esto el fenómeno de lo que se ve y lo que no se ve.  Vemos el beneficio concreto de los precios altos para los bienes y servicios de los que somos productores.  Vemos allí el ingreso aumentado gracias a la política económica proteccionista que asegura escasez de lo que producimos y por tanto garantiza unas rentas artificialmente elevadas.

Lo que no vemos es la riqueza destruida en el proceso, y no la vemos precisamente porque nunca surgió.  Se la mató antes de nacer.  Ante la objeción: ¿pero qué sería de los productores de maíz si se permitiera la importación de maíz barato del extranjero?, lo que no vemos es la pérdida de riqueza que sufren los porcinocultores, por ejemplo, debido a que al tener aumentados los costos de sus insumos precisamente por la protección del maíz, ellos sufren a su vez una pérdida de competitividad.  Quizás los porcinocultores pudiesen competir mejor en otros mercados si no fuera por esto, además del beneficio para el consumidor de tener acceso a maíz y cerdo más barato y de mejor calidad.

Eso que no vemos, es decir, la riqueza que fue destruida porque nunca se permitió su creación, es más importante que lo que vemos, pero precisamente como no la vemos no duele tanto.  He allí el por qué es tan popular y arraigada la falacia de la ventana rota (también magistralmente expuesta por Bastiat), que en esencia consiste en la idea de que las políticas que aumentan el trabajo requerido para obtener una determinada cantidad de riqueza, son en sí creadoras de riqueza.  Cuando en realidad es la disminución continua del trabajo requerido para lograr algo, lo que nos hace a todos más ricos.  Dicho de otro modo, la falacia de la ventana rota consiste en creer que la pérdida de productividad es beneficiosa y nos hace más ricos.

El proteccionismo asegura la escasez

La sociedad se beneficia en la medida en que aumenta la cantidad de cosas que obtenemos de cada unidad de trabajo, precisamente lo contrario de nuestras políticas de protección al agro.  Por absurdo que resulta, ocurre que toda política económica proteccionista de algún sector trabaja sobre la premisa de que la pérdida de productividad es buena para la sociedad.  No es sorpresa que los sectores de la economía de Panamá que más estancados están, o más bien en franco retroceso, son precisamente aquellos que están fuertemente protegidos, esencialmente el agro.  En tanto que crecen y prosperan aquellos donde hay genuina libre competencia y apertura.  Lo más triste es que a quienes más perjudican las políticas de la escasez es precisamente a los más humildes panameños, cuyo gasto en alimentos representa un alto porcentaje de sus ingresos.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, marzo de 2013)

Existe una doctrina que dice que la propiedad privada debe estar limitada por la función social que debe cumplir.  Tal doctrina, propuesta por León Duguit, pareciera sugerir que la propiedad privada no necesariamente cumple una función social, y que más bien sirve sólo para cubrir intereses particulares, incluso en perjuicio del interés social.  Yo sostengo en cambio que la propiedad privada cumple por su naturaleza una función eminentemente social, y lo hace aún sin que el propietario así se lo proponga.

En ausencia de propiedad todo se degrada

Hay un fenómeno que se da cuando no existen derechos de propiedad, y que se conoce como la tragedia de los bienes comunales.  Consiste en esencia en la situación en que varios individuos, actuando cada uno de manera independiente, terminan por destruir un recurso compartido limitado, aun cuando claramente tal destrucción va en contra de sus intereses tanto individuales como colectivos.  Lo irónico es que esto ocurre, no por ignorancia de quienes así actúan, pues ellos muy bien pueden estar plenamente conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus acciones, y aún así, dadas las circunstancias, siguen actuando de tal manera que se da la destrucción del bien común, debido a que es la conducta racional desde el punto de vista individual.

Pero esto no ocurre porque haya propiedad privada, sino precisamente por la ausencia de ella.  Cuando uno es propietario, ello implica que tiene derecho a excluir a todos los demás del uso y aprovechamiento del bien en cuestión.  Si se trata de una finca, ello implica que sólo el propietario puede cultivar en ella y cosechar el producto de sus cultivos.  Es esta potestad de apropiar para sí (con exclusión de todos los demás) el producto de su esfuerzo, porque cultivar la tierra, cuidarla, regarla, abonarla, rotar los cultivos para evitar la degradación del suelo, y demás, implican mucho esfuerzo e inversión de recursos.  Sólo quien tiene derecho a apropiarse el producto de tales inversiones las hará, y por contrario jamás las hará una persona que no tiene cómo excluir a los demás de su aprovechamiento.

He allí el por qué del hecho que las haciendas privadas se embellecen y prosperan, en tanto las tierras que no son de nadie no sólo no prosperan, sino que son degradadas como resultado de actividades destructoras de la capacidad productora de la tierra.  

La propiedad genera incentivos positivos

Los derechos de propiedad resuelven el problema de los incentivos, de tal manera que las personas incurran en conductas creadoras de riqueza social, en lugar de conductas destructoras de riqueza social.  Ello opera por el ánimo de lucro.  Al saber las personas que podrán apropiarse para sí el producto de su esfuerzo y su sacrificio, estarán entonces dispuestas a incurrir en tales sacrificios.

Por otro lado, no hay comercio sin propiedad privada, y es el intercambio comercial lo que permite la división del trabajo, que a su vez permite incrementos importantes en la productividad, que a su vez nos ha permitido haber alcanzado los estándares de riqueza que damos hoy por sentados, cambios que serían imposibles sin división del trabajo.

Adicionalmente, la propiedad privada favorece el descubrimiento empresarial.  Este es el proceso por el que los empresarios intentan anticipar las preferencias de las personas en la sociedad, para poder satisfacerlas mejor.  El empresario sabe que en la medida que mejor pueda hacerlo, mayor éxito empresarial tendrá.  Aquí el ánimo de lucro juega un papel fundamental, como lo ilustra la famosa frase de Adam Smith: no es a la benevolencia del panadero, del cervecero o del carnicero que debemos nuestra cena, sino al hecho que ellos persiguen su propio interés.

La verdadera función social de la propiedad privada, entonces, cuando se reúnen los elementos antes mencionados, no es otra que la de permitir el continuo desarrollo de la civilización, de la cual la libertad individual, esencial para la expresión de las más sublimes creaciones humanas, desde el arte a la filosofía y la ciencia, es inseparable.  Lejos de ser la fuente de todo mal, como la veía Rousseau, la propiedad privada es la elemento fundamental de todo lo bueno de que es capaz el Hombre.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, diciembre de 2012)

¿Hay un precio ‘justo’ de las cosas?  ¿Cómo se fijan los precios de los bienes y servicios en el mercado?

No hay precios sin mercado

En primer lugar, no hay precios allí donde no hay intercambio.  Precio es lo que ocurre cuando una persona da X cantidad de dinero para adquirir algo que, en ese momento, valora más que la cantidad de dinero que está pagando.  Esto es una verdad incontestable, pues de otro modo dicha persona no estaría haciendo la transacción de manera voluntaria.  El precio justo, entonces, es cualquiera que las partes en una transacción acuerdan libremente, sin interferencia de terceros.

Los precios transmiten información

Dado que los precios son el resultado de un intercambio voluntario, es evidente que si Juan paga $10 por un litro de agua en determinado momento, es porque en el “aquí y ahora” Juan valora más el litro de agua que los $10 que está dando a cambio.

Los precios altos nos indican que hay relativa escasez del bien en cuestión, en tanto los precios bajos nos dicen abundancia.  Los precios altos de la electricidad le dicen al inversionista que debe invertir en generación eléctrica.  El inversionista escucha la señal y tiende a seguir la instrucción, porque ello redunda en su propio interés.  Por otro lado, esos mismos precios altos le dicen al consumidor que debe moderar su consumo, cosa que redunda en que mientras la producción aumenta, más personas podrán consumir la electricidad que necesitan, cosa que no ocurriría si el precio no sube para reflejar la escasez relativa (cuando por intervenciones en el mercado el precio no sube, el resultado tiende a ser escasez, que en el mercado eléctrico significa apagones).

Ruidos en la señal

¿Qué pasa cuando el gobierno interviene en la señal de los precios?  La interferencia más rudimentaria es la regulación de precios.  A ella recurren los gobiernos con afanes populistas, y el resultado siempre es negativo.  El resultado es la escasez artificial.  Las estanterías vacías en los supermercados en Caracas, donde desde hace años existe fuerte régimen de regulación de precios, es consecuencia de la regulación de precios.

Hay otras formas de interferencia.  Los subsidios son una muy perversa.  Si se trata de subsidios al consumo, como el subsidio al precio de la electricidad, estos distorsionan la señal de tal manera que el consumidor, en lugar de moderar su consumo para ajustarse a la situación de relativa escasez, continúa consumiendo como si estuviésemos en situación de gran abundancia.  En el caso de la electricidad, durante períodos críticos de abastecimiento, observamos el contrasentido de un Estado incentivando el consumo mediante el subsidio al precio, y por el otro lado gastando dinero en campañas llamando a racionar el consumo.  

Por otro lado, los subsidios a la producción distorsionan las señales de rentabilidad.  Estos instan al inversionista a dedicarse a una actividad que de otro modo no sería rentable para él.  El caso del agro en nuestro país es el más claro ejemplo de esto.  Hay subsectores del agro que son competitivos, y hay otros que claramente no lo son.  Pero estos últimos siguen viendo actividad debido precisamente a los subsidios estatales.

Aquí ocurre lo que el economista francés del Siglo XIX Frederic Bastiat denominaba el problema de “Lo que se ve vs. Lo que no se ve”.  Vemos al productor de papa, y las papas subsidiadas que saca al mercado. Pero no vemos la riqueza que se destruyó en el proceso, y ello precisamente porque nunca surgió, pues la inversión necesaria no se hizo precisamente debido al subsidio.

Conclusión

Los precios en el mercado transmiten información que permite a los poseedores de capital a invertir en aquellos proyectos empresariales de mayor retorno para ellos y, por tanto, de mayor retorno social.  Cuando el gobierno interfiere con dichas señales, la distorsión resultante de la señal hace que todos salgamos perdiendo a largo plazo.  Los precios transmiten información sobre la abundancia y escasez relativa de los recursos.  Las medidas que buscan atacar los precios son el equivalente a romper el termómetro para reducir la fiebre.  Con el agravante de que en el caso económico, el remedio es peor que la enfermedad.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, octubre de 2012)

Hay una paradoja en política tributaria: llega un punto luego del cual, si se aumentan las tasas de impuestos, la recaudación se reduce, y viceversa.  A este fenómeno se le conoce como la Curva de Laffer, en atribución al Prof. Arthur Laffer, economista norteamericano que sirvió como asesor económico del Presidente Ronald Reagan.

La llamada Curva de Laffer, como el propio Arthur Laffer señala, no fue inventada por él ni mucho menos.  El Prof. Laffer señala que el concepto es mencionado y explicado desde al menos el Siglo XIV por el filósofo musulmán Ibn Khaldun en su obra Muqqadimah.  El término “Curva de Laffer” fue acuñado en la década de 1970 por el periodista Jude Wanniski, del Wall Street Journal, al reportar de una reunión que sostuvo el Prof. Laffer con el entonces asistente del Presidente Gerald Ford, el Sr. Richard ‘Dick’ Cheney (sí, el mismo que luego fue Vicepresidente de George W. Bush).  En dicha reunión el Prof. Laffer tomó una servilleta y dibujó la curva en forma de campana, para ilustrar el fenómeno.

El fenómeno

En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), La Curva de Laffer postula que la recaudación de impuestos será igual a cero en los extremos en de la tasa del ISR (0% y 100%).  Al 0% de ISR, por simple aritmética, y en el otro extremo, con tasa del 100% el fenómeno ocurriría porque las personas dejan de producir al perder el incentivo económico a hacerlo, o porque encuentran vías para evadir el impuesto.

Pero en algún punto entre 0% y 100% está el óptimo de recaudación, cual es el nivel de tasa de ISR en que se alcanza la mayor recaudación.  Una vez alcanzado el óptimo de recaudación, cualquier aumento marginal sobre la tasa no sólo no aumentará la recaudación sino que la reducirá.

Óptimo: ¿recaudación o crecimiento?

El óptimo de recaudación no necesariamente es lo mejor para la economía de un país.  Dicho óptimo puede aún ser una tasa impositiva demasiado alta que frene el crecimiento económico.  Con ello, el punto óptimo de recaudación en realidad no sería óptimo en el tiempo, pues con su paso la economía no crecería con suficiente rapidez y por tanto la recaudación tampoco.  Ejemplo, la economía de un país A que crece consistentemente al 10% anual, pudiera tener hoy una recaudación menor a la del país B que crece al 5%, pero a largo plazo llegará el momento en que la economía del país A generará mayor recaudación por ISR que la del país B, por razón del conocido fenómeno consistente en que sólo el crecimiento económico sostenido en el tiempo puede aumentar sólidamente las recaudaciones por ISR. Lo anterior apunta a que orientar la política impositiva pensando sólo en qué tasa recaudará más hoy, es una mala política.

Panamá

En la reforma fiscal aprobada en el año 2010, se redujo la tasa de ISR para las personas naturales.  Se quiso establecer un ‘Flat Tax’ en 15%, cosa que aplaudo, pero se estableció fue un sistema de dos niveles, uno de 15% hasta B/ 50,000 anuales de ingresos, y otro de 25% por el excedente.  Es un sistema mejor y más simple que el que había.  No sólo se redujo la tasa impositiva, sino que se simplificó el sistema.  Esto es buena política tributaria y hay que aplaudirlo.

Sostengo que se puede mejorar mucho más.  La tasa de ISR para personas jurídicas es de 25%, que también es mejor a lo que había antes.  Pero sería aún mejor reducirla más.  Panamá puede atraer mucha más inversión si reduce su ISR corporativo a, digamos, 15%.  Y recordemos que en el tiempo crece más una economía con bajos impuestos, y por tanto termina recaudando más también, a pesar, o más bien como resultado de, la reducción en la tasa impositiva.

Conclusión

Las políticas en materia tributaria deben considerar que las conductas de las personas responden a incentivos económicos y, por tanto, no siempre un aumento de impuestos implica un aumento neto de recaudaciones.  Como nos ilustra la Curva de Laffer, llega un punto en que los ulteriores aumentos generan pérdidas ya sea en recaudación o en eficiencia para la economía del país.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, septiembre de 2012)

Con frecuencia se dictan políticas públicas que ignoran la existencia de lo que los economistas llaman costos de transacción.  Dicha omisión suele resultar en políticas contraproducentes.

En ciencia económica se conoce como costos de transacción, todos aquellos costos derivados de una transacción, que van más allá del mero precio directo que paga el comprador, o el valor de lo que entrega el vendedor.  Una de las falencias de las escuelas Clásica y Neoclásica de la economía, es que para sus análisis se parte de la premisa de que los costos de transacción son cero o muy irrisorios para ser tomados en cuenta.  Pero la realidad es mucho más compleja que eso.

Información, negociación, ejecución.

La información que requieren las partes antes de entrar en una transacción, muchas veces se asume como algo dado (la propia etimología del término datum así lo indica).  Pero las llamadas asimetrías de información existen realmente, y en muchas transacciones las partes deben invertir considerable tiempo y otros recursos para hacerse de la información que necesitan, antes de tomar una decisión sobre si entran en la transacción, a qué precio y en qué términos contractuales.

Hablando de contratación, la negociación de los términos es algo que también requiere muchas veces considerable gasto de recursos.  Por último, el riesgo que cada parte asume de que la otra parte incumpla total o parcialmente el contrato, y la parte inocente deba acudir a vías de ejecución forzosa de los términos contractuales (con sus consiguientes riesgos y costos propios), constituye los costos de ejecución o forzamiento.

Los costos de transacción son también una realidad en el día a día de toda persona.  Si usted sabe que al otro extremo de la ciudad hay una fonda donde puede almorzar por tan sólo $2 y quedar satisfecho, pero sabe que el transporte ida y vuelta le tomará 2 horas (y usted sólo tiene una hora de almuerzo), y deberá gastar $5 en taxis, en tanto que justo en la planta baja del edificio donde usted labora hay una cafetería con buenos emparedados por $7, es altamente improbable que usted elija hacer el viaje largo a la fonda económica.

El rol de las instituciones y el derecho

El derecho y las instituciones encargadas de dirimir controversias comerciales y civiles entre particulares, juega un rol importantísimo en reducir los costos transaccionales.  De aquí que los países con sistemas de derecho adecuados y con institucionalidad sólida, tienden a ser más aptos para el desarrollo económico y social, que aquellas sociedades en que las instituciones son débiles y/o el ordenamiento jurídico es inadecuado.  El sistema de derecho es inadecuado cuando es demasiado restrictivo, o cuando es más el resultado de los vaivenes de la política de partidos, que de una evolución espontánea.  No parece ser casual que los países con sistema anglosajón (Common Law) fueron históricamente más propicios para el desarrollo económico que los países con sistemas jurídicos basados en la legislación.

Políticas públicas contraproducentes

Hay dos ejemplos recientes en Panamá de políticas públicas que, aunque bien intencionadas por las autoridades, han resultado en todo lo contrario de lo que se pretendía con ellas.  Una lo es la legislación que obligó a los parques de estacionamientos privados, a cobrar por minuto y no por hora.  El otro caso es la obligación de las panaderías de vender el pan por peso y no por unidad.

En el caso de los estacionamientos, antes de la medida los más caros costaban $0.75 por hora, pero luego de la ley que introdujo el cobro obligatorio por segundo, lo que paga el conductor promedio aumentó enormemente.  En el caso del pan, la queja de los consumidores es similar, ahora se paga más.  La explicación del aumento en ambos casos está precisamente en el fenómeno de los costos de transacción, ya que llega un punto después del cual un grado mayor de precisión produce rendimientos marginales decrecientes.  Normalmente, el mercado determina espontáneamente el grado óptimo de precisión, y dicho grado óptimo en muchos casos está lejos de la precisión milimétrica que desean las autoridades.  He aquí una cara lección que los consumidores panameños estamos pagando, sobre el concepto de costos de transacción.

(Artículo publicado en Revista Agenda, mayo de 2012)

Los tranques en la ciudad de Panamá se están convirtiendo en la queja diaria de los capitalinos. Entendemos que parte del congestionamiento se debe a los trabajos del Metro de Panamá y los trabajos de ampliación de la red vial que actualmente lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas (MOP).  No obstante, el problema es uno que va más allá de la infraestructura. Hay un tema de políticas públicas que debe ser atendido, si queremos tener una ciudad vivible para quienes la habitamos.

El sistema de cupos

Comencemos por el sistema de cupos para el transporte de pasajeros. Es un sistema absurdo que jamás ha funcionado para los usuarios. Simplemente sirve para garantizarles rentas a los dueños de cupos y para generar fuentes de coima para los que tienen a su cargo el poder discrecional de expedirlos. Es harto obvio que no hay suficientes operadores del servicio de transporte en Panamá.

Conozco muchas historias de horror, pero contaré solo una. Meibis es una señora que vive más allá de Felipillo, corregimiento 24 de Diciembre, y se gana la vida como aseadora de residencias. A diario tiene que viajar en autobús y le resulta siempre una odisea, porque nunca hay suficientes unidades ni de Metro Bus ni de “diablos rojos”. Me cuenta que antes había personas que daban el servicio de transporte interno en la barriada, pero que ahora las autoridades los han eliminado por ser clandestinos. Ahora, gracias al esfuerzo de las autoridades supuestamente encargadas de velar por los usuarios del transporte, Meibis tiene que caminar todas las mañanas más de dos kilómetros desde su casa hasta la parada de buses, cuando antes solo tenía que caminar unos pocos metros hasta donde la recogía el busito que la llevaba a la parada.  ATTT 1, Meibis 0.

La persecución constante de las autoridades del tránsito contra los llamados buses y taxis “piratas” es un atentado directo contra el derecho de propiedad y el derecho al libre tránsito. Según este absurdo lineamiento, si un grupo de vecinos decide hacer lo que se conoce como car pooling para transportarse al trabajo, y entre todos hacen su “vaca” para contribuir con la gasolina del vehículo en que se están transportando, ese acto debe ser objeto de sanciones que abarcan hacer a todos los ocupantes bajarse del vehículo de inmediato, multa al dueño del vehículo y el decomiso de este. Así, mientras en otros países el car pooling no solo es permitido, sino hasta incentivado por las autoridades, aquí es puesto al margen de la ley, todo en nombre de proteger la chamba de los dueños de cupos de transporte colectivo y selectivo.

Todos quieren su carro

La consecuencia lógica de la aplicación de políticas absurdas como las descritas es que en la ciudad todo el mundo busca la manera de hacerse de un carro propio. El joven que se inicia en su vida laboral, lo primero para lo que ahorra es para comprarse su carrito, aunque sea de segunda, y es que nadie quiere vivir el infierno diario que es tratar de conseguir bus o taxi en la ciudad de Panamá.

Si las autoridades no se empeñaran en suprimir la oferta que espontáneamente surge en el mercado (los buses y taxis clandestinos), la gente no se vería casi obligada a hacerse de un carro para intentar transportarse. Y es que en la ciudad capital hay demasiados carros para la red vehicular que tenemos. Y las ventas de autos solo hacen aumentar.  ¿Es esto algo sostenible? Para la ciudad de Panamá, la respuesta es no.

El mercado funciona

Parte de la solución comienza por abandonar el sistema de cupos. De hecho, ninguna medida será buena si no se comienza por esto. Los cupos deben ser reemplazados por un sistema de licencias, mediante el cual toda persona que así lo quiera pueda ofrecer el servicio de transporte urbano automotor, siempre que cumpla con requisitos mínimos y razonables, que no se constituyan en barreras artificiales a la libre concurrencia de oferentes del servicio. Así, cualquiera que tenga un vehículo apto puede ofrecer servicio de transporte acorde con el tipo de vehículo que posea.

El transporte no es un ‘commodity’

Lo segundo es dejar que las tarifas sean establecidas también en condición de libre competencia. Mientras se trate al servicio de transporte público de pasajeros como algo comoditizado, nadie ofrecerá valor agregado y por tanto continuará la carrera hacia el fondo que observamos en los taxis, y que también se da en los “diablos rojos” (aunque estos, se supone, van de salida con la entrada del Metro Bus). En tales condiciones, muchas personas que estarían dispuestas a movilizarse en taxi o bus no lo hacen precisamente porque no existe nadie en el mercado que ofrezca un servicio de buena calidad con elementos de valor agregado.

En los mercados altamente regimentados como el de transporte público de pasajeros en Panamá, nunca surge la innovación ni el mejoramiento que observamos en otros mercados (como el tecnológico, por ejemplo), precisamente porque el Estado no permite la diferenciación. Esta política de tratar al transporte como un commodity, en que todos deben ofrecer exactamente lo mismo y a la misma tarifa, disuade a miles de panameños de usar servicio de transporte en lugar de usar un vehículo propio.

Las vías no son gratuitas

El hecho de que nadie nos cobre por el uso de una calle, no quiere decir que esta sea gratuita. La calle tiene un costo de producción, y además tiene costos de mantenimiento. Pero encima está el asunto de que los servicios por los que los usuarios no pagan directamente, siempre estarán sobredemandados. No importa cuántas calles nuevas se construyan, cuánto se invierta en mejorar la red vial, mientras su uso sea gratuito, siempre la tendencia será la de una demanda muy mayor a la oferta. Esto es Economía 101.
La propuesta de que en un futuro el uso de los corredores Norte y Sur sea gratuito es una pésima idea. Estoy consciente de que en las calles interiores de la ciudad no es fácil establecer un sistema práctico de cobrar por el uso de las calles para circulación, pero al menos las autopistas sí se prestan para tal cobro, y así debe hacerse. Los tranques generan costos para todos los ciudadanos, y si los que generan dichos costos no los pagan, entonces no hay incentivo para cambios de conducta.  Incluso, durante las horas pico, los corredores podrían y deberían cobrar tarifas superiores, precisamente para incentivar una mejor distribución del tráfico vehicular hacia otras horas del día.

La solución no es sencilla, pero una cosa es clara: mientras continuemos con los paradigmas actuales, continuaremos teniendo cada vez peores tranques, y ya estamos muy cerca de encontrarnos con una ciudad disfuncional.

(Artículo publicado en Revista Agenda, abril de 2012)

La tragedia de los comunes es un fenómeno social con efectos importantes en los planos económico y sociológico.  Tiene también aplicación en materia ambiental.  Ocurre con los bienes llamados comunes, y consiste en el fenómeno observado en que, aquello que es de todos, todos lo usan pero nadie lo cuida.  Puede ser algo sencillo como las cubetas de hielo en el congelador de la casa: todos quieren que haya hielo disponible siempre, y todos lo usan, pero no todos se toman el trabajo de rellenar las cubetas con agua del grifo para hacer más hielo.  El resultado llega a ser que las personas en la casa usan más hielo del que se hace, y por tanto la cubeta tiende a estar vacía de hielo con demasiada frecuencia.

En el hogar, esto tiene fácil solución.  Ya sea que el asunto se conversa y los miembros de la familia asumen la responsabilidad de rellenar la cubeta, o una sola de ellas asume la responsabilidad de rellenar la cubeta en beneficio de todos.  En ambiente familiar el problema es de sencilla solución porque hay dinámica de grupo pequeño, pero el ejemplo ilustra un problema que, en el ámbito social, es mucho más complejo y de solución no tan sencilla.

La tragedia de los comunes genera lo que los economistas llaman externalidades negativas.  Crea incentivos económicos a los individuos para incurrir en conductas que son destructivas de riqueza para la sociedad, pero que le rinden un beneficio inmediato a quien la incurre.  Las personas, como individuos, tienen incentivo a usar y aprovechar el bien común, pero no tienen un incentivo de igual magnitud para cuidar e invertir en el mantenimiento ni en el mejoramiento de dicho bien común.  Es por ello que no se dedica la misma cantidad de recursos al mantenimiento y reabastecimiento de la fuente común, que a su aprovechamiento.

Implicaciones económicas

El corolario económico más importante es que el socialismo es un desastre.  El socialismo es precisamente la propiedad común de los medios de producción de la riqueza para una sociedad.  La solución es sencilla, y lo es la institución natural de la propiedad privada.  La esencia de ésta es que el dueño de una cosa excluye a todos los demás, del uso y aprovechamiento de dicha cosa.  Sólo él tiene derecho y acceso al uso y aprovechamiento de la cosa, y por tanto tiene un incentivo mayor a conservarla.  De hecho, no sólo a conservar la cosa, sino a crear nuevas cosas y a mejorar las que ya tiene.

De lo anterior se colige que la propiedad privada es un pilar de la civilización.  Sin el surgimiento de la propiedad privada, jamás habríamos superado la barbarie.

Implicaciones ambientales

La devastación de zonas boscosas, o la sobreexplotación de recursos en caza o pesca, son fenómenos típicos de tragedia de los comunes.  Veamos el ejemplo de la sobreexplotación de recursos pesqueros.  Cada pescador individualmente puede estar muy consciente que la sobrepesca llevada en el presente puede llevar a una menor pesca en el futuro, y aún así incurrir cada uno individualmente, en la sobrepesca.  ¿Por qué lo hace, si sabe que ello no le favorece a largo plazo?  Quizás nuestro pescador piensa .  Generalmente, el pescador estará en lo cierto, en sentido que si él fuese el único que pescase abundantemente, ello sería insuficiente para reducir la capacidad reproductiva de las especies que él está pescando.  El problema está en que él no es el único pescador que piensa así.  Por lo contrario, muchos pescadores piensan exactamente lo mismo que nuestro pescador original, y por tanto son muchos los que comienzan a tratar de sacar el máximo provecho inmediato de la riqueza ictiológica, a costa de la capacidad reproductiva del recurso.  Transcurridas unas cuantas generaciones con este comportamiento colectivo de los pescadores, se percibirán los efectos nocivos.

Implicaciones sociológicas

¿Cuál es la solución?  ¿Una mejor educación de la población?  El problema con esto es que mientras exista el incentivo económico a incurrir en la conducta destructiva, continuará habiendo personas que lo hagan.  Esto, a su vez, genera presión sobre las demás personas, que comienzan a pensar entonces .

Las campañas de educación ciudadana son importantes, pero no son suficientes para cambiar la conducta general.  La Teoría de Juegos nos dice que mientras los individuos tengan incentivo económico para incurrir en actividades destructivas para la sociedad, lo continuarán haciendo.  Entonces, ¿nos quedamos de brazos cruzados?

No.  La solución está en eliminar la tragedia de los comunes, allí donde se pueda.  La propiedad privada, allí donde sea viable, surge espontáneamente en la sociedad y no debe ser suprimida.

Pero no siempre es practicable el reconocimiento de derechos de propiedad.  Por ejemplo, ¿cómo delimitamos de manera práctica derechos de propiedad sobre los recursos ictiológicos del mar?  Históricamente no ha sido practicable establecer derechos de propiedad sobre tales recursos.  Para estos casos las sociedades han intentado diferentes soluciones.  Para los recursos pesqueros, la solución más empleada y que parece la más práctica, es la de la legislación sobre su aprovechamiento, legislación que puede incluir políticas como las vedas temporales durante la época de reproducción (como la veda del camarón en nuestro país); prohibición de pesca de especímenes menores a cierto tamaño; restricción a ciertas técnicas pesqueras (como el uso de explosivos), y otros.

Conclusión

Como Aristóteles observó hace más de dos mil años, en su crítica a la propiedad colectiva que proponía Sócrates, es natural en el ser humano prestar más atención a sus intereses particulares que a los asuntos de interés común.  La propiedad privada como institución jurídica canaliza esto de manera productiva y provechosa para la sociedad en general.  Allí donde no es práctico el delimitar derechos de propiedad, es donde el Estado tiene un rol legislativo y policivo de importancia.  Pero ojo, este rol del Estado no está libre de sus propios problemas, y hasta muchas veces crea nuevas situaciones de tragedia de los comunes.  Pero ya me quedé sin espacio para hablar sobre esos casos.  Baste decir por el momento que cuando el Estado subsidia el uso de recursos limitados, como el agua potable, genera situaciones de tragedia de los comunes.  ¿Le suena conocido?

(Artículo publicado en Revista Agenda, febrero de 2012)

Este mes de febrero celebramos la fiesta que, según reza el dicho popular, es lo único que los panameños nos tomamos en serio: el carnaval.  Creo que dicha fiesta, además de mucha alegría, juerga y la inevitable resaca, también puede enseñarnos unas cuantas lecciones sobre economía, organización política y eficiencia en la administración.

Interior vs. Ciudad capital

En Panamá se celebra el carnaval en muchas ciudades y pueblos del interior.  Todo el que tenga casa en el interior, o un amigo o pariente con casa en algún poblado en que celebran el carnaval, hace lo que sea para disfrutar en el interior del país los días de carnaval.  En todas partes en que se celebra el carnaval en Panamá, abunda la alegría, el calor, las ganas de agua en el culeco, las coqueterías de los chicos para con las chicas (y viceversa), y el deseo de que no se llegue el Miércoles de Ceniza.  Pero hay un lugar donde indudablemente se celebra el mejor carnaval del país, y ese sitio es la ciudad de Las Tablas, en Los Santos.

Comparemos ahora el carnaval de Las Tablas frente al carnaval que se celebra en la ciudad de Panamá, y estoy seguro que aprenderemos una o dos cosas muy interesantes.

Mientras que en años recientes el carnaval capitalino ha recibido inyecciones de millones de dólares (hace algunos años el presupuesto era de cinco millones, para el carnaval del año 2012 el presupuesto anunciado al momento de escribir este artículo, en enero, es de dos y medio millones de dólares), en Las Tablas entre las dos tunas juntas no le llegan ni cerca a dichos montos.  ¿Cómo entonces es que el carnaval tableño resulta infinitamente mejor que el de la capital?  Ojo, que no se tome esto como una crítica a los carnavales organizados por el actual gobierno.  Al contrario, opino que los carnavales organizados en las últimas décadas por los respectivos gobiernos de turno, han sufrido todos por igual de los mismos males.  De hecho, lo que sí hay que reconocerle al actual gobierno es que está destinando al carnaval capitalino un presupuesto menor que en años anteriores le destinaban otros gobiernos.  Esto es bueno porque el carnaval gubernamental es un modelo de ineficiencia.

Interés vs. Desinterés particular

En Las Tablas, el carnaval es una vieja tradición que, además, envuelve una rivalidad genuinamente folclórica, como la que tienen entre sí las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo.  Dicha rivalidad carnestoléndica es de muy vieja data, y conduce a una sana (y a veces no tan sana) competencia entre las dos tunas, para granjearse la simpatía del pueblo, que desde hace décadas además recibe oleadas de visitantes del resto del país y hasta del extranjero durante los cuatro días del carnaval.

El punto aquí es que un pueblo que no está ni entre las primeras diez ciudades del país en importancia económica ni población, regala durante el carnaval a sus visitantes, un derroche de lujo y alegría que ningún otro carnaval del país puede igualar.

En cambio, en la ciudad capital, el carnaval es desde hace años organizado por el gobierno de turno, y costeado mayoritariamente con fondos de las arcas del Estado.  Pero reina la desidia, la improvisación y el cortoplacismo que siempre reina en los proyectos en que el Estado mete su mano.  Vemos que los carnavales capitalinos se organizan siempre con muy poca antelación, si acaso uno o cuando mucho dos meses.

En Las Tablas, en cambio, apenas termina el carnaval cada una de las tunas comienza a organizarse para el carnaval del año siguiente, incluso designando formalmente a la respectiva reina días o semanas después de terminado el carnaval.  Las tunas, entonces, comienzan la preparación del calendario de actividades para recaudación de fondos, actividades cuya ejecución comienza casi enseguida.

La verdad sea dicha: el carnaval de la ciudad capital no siempre fue el modelo de mediocridad que es desde hace años.  Desde que comenzó a celebrarse a inicios de Siglo XX hasta y por mucho tiempo, según nos relatan nuestros viejos, el carnaval de la capital tan bueno que gozaba de fama internacional.  Pero en esos tiempos el carnaval de la capital era organizado de manera privada.

Todo esto me lo cuentan, repito, porque yo nací cuando ya esa tradición en la capital había sido perdida.  Pero desde hace pocas décadas, que se ha retomado la iniciativa del carnaval en la capital, sólo que ahora organizado y financiado por el gobierno de turno, el carnaval de la ciudad de Panamá no atrae a nadie, y de hecho todo el que puede emigra temporalmente hacia algún pueblo interiorano como Las Tablas, Chitré, Penonomé, Dolega, Pedasí, Los Santos, u otros tantos que celebran el carnaval con mucho menos presupuesto que el gubernamental, pero con mucho más ánimo y participación genuina del pueblo.

Subsidiariedad

Todo lo anterior nos da otra lección, cual es el Principio de Subsidiariedad.  Todo lo que un ente menor pueda hacer de manera efectiva, debe hacerse a ese nivel y no a un nivel mayor.  Es decir, si una actividad puede ser organizada bien por la comunidad local, no debe organizarla el gobierno nacional.  No sólo por pragmatismo, sino porque el resultado final será siempre muy disímil, pues a medida que más se aleja la organización de algo, de los verdaderamente afectados, menos se parece el producto final a lo que éstos necesitan o desean.  Los carnavales en nuestro país son, así, un gran ejemplo de cómo las soluciones para la gente deben generarse, en la medida de lo viable, desde abajo y no planificadas ni impuestas desde arriba.

Una sugerencia

Sería bueno que el Gobierno Nacional en algún momento considere salirse de la organización de asuntos de carnaval, y ceda el terreno para que vuelva a ser el sector privado que organice el carnaval de la ciudad capital.  Recuerdo que en la década de 1980 hubo un serio esfuerzo en este sentido, con varios años de carnavales que resultaban bastante buenos, y prometían mucho para el futuro si esto se hubiese mantenido.  Lamentablemente, llegó la crisis política y económica de finales de dicha década y la iniciativa nunca fue retomada por el sector empresarial, ni después de la recuperación de la democracia y la vuelta a la normalidad.  Y luego en algún momento a alguien en algún gobierno de turno, no recuerdo cuál, se le ocurrió la desastrosa idea de que el Gobierno Nacional, que tan malo ha demostrado ser en administrar el agua potable, la recolección de la basura, los servicios de salud y tantas otras cosas, se metiera, para colmo de males, a organizar carnavales.  Basta echar un vistazo a la Gran Terminal Nacional de Transporte el viernes que hace víspera del carnaval, para comprobar que el carnaval oficial es un fracaso.

(Artículo publicado en Revista Agenda, diciembre de 2011)

La sociedad anónima, cuya esencia es la responsabilidad limitada del accionista, es uno de los inventos jurídicos más transcendentales de nuestra civilización occidental.  Sin la sociedad anónima, olvídese de la Revolución Industrial tal como se desarrolló, y olvídese también del enorme y sin precedentes crecimiento económico del Siglo XX y posterior.

Limitación de responsabilidad

Antes de la (británica) Ley de Compañías de 1844 (The Companies Act 1844), cuando dos o más personas se asociaban y aportaban industria y/o capital para desarrollar una empresa, formaban una sociedad mercantil en la que todos los socios eran solidariamente responsables, hasta la totalidad de sus respectivos patrimonios, por las deudas de la sociedad.  Muchas empresas se desarrollaron así de manera exitosa.

Pero con la Revolución Industrial llegó la época de los megaproyectos de inversión a largo plazo.  Obras de infraestructura como construcción de canales (incluídas la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, y la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá), ferrocarriles, las compañías de telégrafos y luego de telefonía, así como las compañías eléctricas, desde mediados del Siglo XIX en adelante, requerían enormes sumas de dinero que requería de muchos inversionistas.

La razón es doble.  Por un lado, como se trataba de obras muy intensivas en capital que, además, eran a muy largo plazo (la construcción del Canal de Suez, por ejemplo, tomó más de diez años desde que se inició la planificación hasta que pudo navegar el primer buque).  El largo plazo hace que un préstamo sea inapropiado, pues el tener que pagar intereses durante tanto tiempo, sin generar ingresos con que pagarlos, encarecería demasiado la obra, en muchos casos haciéndola económicamente inviable.  Así las cosas, se requería inversionistas que estuviesen dispuestos a arriesgar capital a cambio de participación en las eventuales ganancias.

El problema es que, como dentro del marco de la sociedad colectiva tradicional, todo inversionista se hacía solidariamente responsable de las deudas de la sociedad, muy poca gente (en realidad, casi nadie) estaría dispuesta a invertir capital en una empresa en la que hay literalmente miles de socios, y sobre la que no tiene ningún tipo de control.  Ello equivaldría a girar un cheque en blanco a la orden de los directores de la sociedad, y no conozco mucha gente que guste andar girando cheques en blanco.

En esto radica la ventaja de la sociedad por acciones, que limita la responsabilidad de cada accionista al monto de dinero que se haya comprometido a aportar al suscribir las acciones (de hecho, al menos en el caso de las acciones al portador, el capital es dado por el accionista de manera íntegra, al momento de suscribir sus acciones).  Sólo así la gente está dispuesta a invertir en una empresa sobre la que no tiene control.  Su activo no es el activo de la empresa, sino las acciones, representadas en certificados fácilmente negociables.

Diversificación de riesgos

La limitación de la responsabilidad del accionista resultó también en que, precisamente porque ahora el riesgo del inversionista estaba limitado a una suma de dinero determinada, éste podía entonces invertir en empresas en que no tenía ninguna vinculación personal, más allá de su estrictamente económico aporte de capital.  Un abogado que nada sabe de líneas ferroviarias ni de su administración, ahora podía invertir parte de sus ahorros en una compañía de ferrocarriles.  El abogado logra entonces una diversificación de sus inversiones y, por tanto, de sus riesgos empresariales.
Exponencial aumento del capital

El abogado del ejemplo anterior, y también el maestro de escuela, y el médico, y el arquitecto, etc., invertirán ahora sus ahorros, en vez de guardarlos bajo el colchón.  Aquí es donde se desarrolla el enorme potencial del capitalismo.  Porque capital no es lo mismo que ahorro.  El dinero ahorrado bajo el colchón, o enterrado en el patio como se hacía antes, no es capital.  El ahorro se convierte en capital sólo cuando es invertido con el objetivo de generar ganancias.  Y la sociedad por acciones, con su limitación de la responsabilidad del accionista, es uno de las innovaciones fundamentales que permitieron el desarrollo del capitalismo.

Lo que, a su vez, permitió el sin precedentes mejoramiento de la calidad de vida en Occidente (y luego al resto del mundo que adoptó las innovaciones jurídicas y el sistema de mercado de Occidente).

El problema de las externalidades

Pero no existe nada en el mundo que sea perfecto.  La sociedad por acciones y su responsabilidad limitada, pueden generar algunos incentivos perversos en algunos casos.  Un ejemplo clásico sería tener una empresa de transportes, que tenga cada uno de sus vehículos bajo sociedades anónimas diferentes y separadas, de tal manera que si el vehículo colisiona y genera daños sustanciales a la propiedad ajena, el resto de la flota no se ve comprometida y estos empresarios podrían entonces burlar así su responsabilidad civil frente a los terceros a quienes han causado daños.  Este peligro no es mera teoría.

Se genera así una externalidad negativa, que es el nombre que los economistas dan al fenómeno en que una persona (o varias) pueden transferir los costos de sus actividades a terceros, mientras que mantienen los beneficios para ellos.  Las externalidades negativas son un problema porque, dado que quien incurre en la actividad socialmente destructiva no percibe los costos, pero sí los beneficios, dicha persona tiene un incentivo económico a incurrir en tales actividades socialmente destructivas.  La contaminación y destrucción ambiental es un ejemplo de actividad con externalidad negativa, como lo es la delincuencia.

Una forma de contrarrestar el peligro de las externalidades negativas, en el contexto de la sociedad anónima, es mediante la exigencias especiales en ciertas actividades particularmente propensas a las externalidades negativas.  Ejemplo, como ya se ha hecho en nuestro país, hacer obligatorio que todo vehículo automotor esté cubierto mediante una póliza de seguro de daños a terceros.  O en el caso de actividades comerciales con alto riesgo ambiental, la exigencia de fianzas, o de pólizas de seguro contra los riesgos ambientales en cuestión.

Conclusión

Como dije antes, la sociedad anónima o sociedad por acciones es una de las innovaciones jurídicas más grandes e importantes de Occidente.  Por las razones arriba desarrolladas, la sociedad anónima ha permitido, en conjunto con otros factores, el extraordinario mejoramiento en la calidad de vida que la Humanidad ha experimentado desde la Revolución Industrial.  Muchas veces olvidamos, o más bien damos por sentado, aquellas cosas que nos permiten la extraordinaria riqueza que disfrutamos hoy, y que la Reina Victoria de Inglaterra ni siquiera pudo imaginar (la Reina Victoria jamás en su vida imaginó la Internet, la televisión ni la cirugía laparoscópica).  Es importante conocer que algunos de los más importantes y trascendentales inventos de la Humanidad, han sido innovaciones jurídicas.  La sociedad anónima y la responsabilidad limitada por acciones, es una.

(Artículo publicado en Revista Agenda, octubre de 2011)

La idea que el planeta tiene ‘demasiada’ gente, y que dicha sobrepoblación constituye generador de pobreza, es la base de lo que se conoce como la Catástrofe Malthusiana (por Thomas Robert Malthus).  Es una idea tan falaz como extendida.

La esencia del argumento malthusiano es el siguiente: la población aumenta de manera geométrica, en tanto la producción de alimentos aumenta de manera aritmética.  Esta presión por producir más alimentos llevaría a la explotación de tierras adicionales, pero había que asumir que las mejores tierras ya estaban siendo explotadas y que las nuevas serían siempre marginalmente menos productivas.

Malthus publica su teoría en 1798.  Más de doscientos años después, la población mundial que entonces era de aproximadamente 980 millones de personas, hoy día se estima en 6,950 millones.  Sin embargo, es evidente que la calidad de vida que disfrutamos hoy día es incalculablemente mejor que la de entonces.  Aún las poblaciones más rezagadas del mundo hoy, ciertamente no viven peor que hace doscientos años.

¿Por qué fracasó la predicción malthusiana?

Premisa equivocada #1: productividad constante

La principal premisa implícita de la Catástrofe Malthusiana es que la tecnología de producción de alimentos se mantiene constante.  Es hasta cierto punto comprensible que Malthus asumiera esto, pues hasta unos cien años antes de su época, los medios y técnicas de producción agrícola eran esencialmente los mismos que en la Edad Media, época que a su vez era no mucho más avanzada y productiva que la romana (la rotación de cultivos fue uno de los pocos avances en técnicas de cultivo, surgidas en la Edad Media).

Pero las cosas comenzaron a cambiar en el Siglo XVIII, con inventos como el arado Rotherdam.  El avance tecnológico se aceleró en el Siglo XIX con inventos como la trilla mecánica (que permitió separar de manera mecánica, el grano de la paja, en la cosecha de cereales como el trigo).  Y en el pasado Siglo XX la tecnología agrícola continuó acelerando sus avances aún más.  Entre otras cosas, el continuo mejoramiento de los fertilizantes químicos; el uso de plaguicidas; la continua mecanización de las tareas agrícolas con maquinaria cada vez más productiva, y el creciente mejoramiento genético de las semillas.

Basta ver ciertas tendencias demográficas durante el Siglo XX para confirmar esto.  En 1900 en los Estados Unidos, el 41% de la fuerza laboral estaba en el sector agrícola.  Para el año 2000, menos del 2% de la fuerza laboral estaba en dicho sector.   Sin embargo, la productividad por hectárea sólo ha aumentado, en todos los tipos de cultivos.

Premisa equivocada #2: tendencias demográficas constantes

La otra premisa equivocada, es que la población continuaría creciendo de manera geométrica en todas partes.  Sin embargo, con la urbanización de la población, ésta se vuelve menos prolífica en reproducirse.  Es un fenómeno universal que cuando las familias se mueven del campo a la ciudad, su tasa de natalidad se reduce notablemente.  En los Estados Unidos la tasa de natalidad es hoy día básicamente la tasa de mantenimiento natural (2.1 hijos por mujer).  En varios países de Europa y en Japón, de hecho, la tendencia es hacia una reducción de la población.  Esto, porque como dice el médico, académico y estadístico sueco Hans Rosling, en el campo los hijos son un activo, pero en la ciudad son un pasivo.

Así, a medida que la población mundial continúa mudándose a las ciudades, el crecimiento poblacional irá reduciéndose, y es previsible que llegue un momento futuro en que la población mundial se estabilice.

Conclusión

Las poblaciones humanas que siguen viviendo en extrema miseria en el mundo, principalmente en África, y algunos países asiáticos como Bangladesh y gran parte de la India, sufren de dicha condición, no por sobrepoblación, sino por seguir estancados en sistemas económicos con métodos productivos primitivos.  La adopción de un modelo de economía libre, con respeto a la propiedad privada, generaría rendimientos rápidamente crecientes y fenómenos demográficos similares a los experimentados en el mundo desarrollado y en países emergentes como el nuestro.  Su miseria, por tanto, se debe a factores que nada tienen que ver con sobrepoblación.  En todo caso, la llamada sobrepoblación es consecuencia, y no causa, de su lamentable atraso económico y tecnológico.

(Artículo publicado en Revista Agenda, septiembre de 2011)

En julio pasado, nuevamente la Unión Europea (UE) ha tenido que salir al rescate de Grecia, luego que en 2010 tuvieran que crear un fondo para el salvataje financiero de Grecia y otros Estados europeos. Eventualmente, sin embargo, Grecia incurrirá en una suspensión de pagos, pues a estas alturas, es evidente que no puede de modo alguno repagar su deuda.  La pregunta es: ¿será el único o sólo el primero de varios en Europa?

Grecia tiene ahora una relación deuda/Producto Interno Bruto (deuda/PIB) de aproximadamente 160%.  Dicha ratio se ha disparado y sigue aumentando, por una combinación de dos factores: i) ingresos fiscales drásticamente reducidos, y ii) un acelerado encarecimiento del servicio de su deuda.  Al momento que escribo este artículo, a inicios de agosto, la tasa de interés que Grecia tiene que pagar por los bonos con vencimiento a dos años, que tiene que emitir para hacer frente a sus gastos, es de 26% anual.  Cuando un Estado tiene que pagar esa tasa de interés para endeudarse a corto plazo, está en graves problemas.

Peligro de contagio

La economía griega constituye apenas aproximadamente el 2.5% del PIB de la UE.  Pero un cese de pagos de parte del estado griego tendría consecuencias que reverberarían en todo el sistema financiero europeo (y fuera de Europa).  ¿Recuerda la caída de Lehman Brothers?  Fue precisamente una quiebra que reverberó en los balances de otros bancos, aseguradoras y entidades financieras, que se multiplicó rápidamente hasta que en cosa de días el mundo estuvo al borde de un colapso financiero de enormes proporciones.  Y es tal la razón por la que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la propia Comisión Europea, están buscando a toda costa evitar el colapso de la deuda griega.  Los bancos en Europa, particularmente en países como España, Irlanda, Inglaterra, están ya bastante golpeados en sus balances, debido al colapso de las burbujas inmobiliarias y las quiebras dadas en 2008 y 2009.

Grecia no está sola en Europa

Acompañan a Grecia en problemas fiscales por altos déficit, Portugal, Irlanda, Italia y España (los llamados P.I.I.G.S., por sus siglas en inglés). Los casos de España e Italia no son tan graves en números, como los de Grecia, pero los bonos de tales países están conllevando primas importantes en los mercados de deuda, indicio que los inversionistas no descartan un agravamiento de sus situaciones fiscales a corto o mediano plazo.

España e Italia son importantes porque, a diferencia de Grecia, sus economías tienen un peso considerable dentro de la Unión Europea.  Demasiados bancos en toda Europa tienen en sus balances, bonos de estos países.  Si España o Italia llegasen a incurrir en cese de pago de sus deudas, el efecto dominó sobre los balances de entidades financieras en toda Europa, tendría el potencial de llevar a una crisis financiera de insolvencia, como la provocada por la caída de Lehman Brothers.

Prognosis

Estos altos niveles de endeudamiento son sólo en parte el resultado de las políticas de salvataje financiero con que los gobiernos occidentales reaccionaron ante la crisis financiera de 2008.  El problema venía de antes, pues en épocas de auge económico los Estados tienden a inflar su gasto de manera desproporcionada, y cuando llegan las vacas flacas, al Estado le resulta difícil ajustarse el cinturón. Ahora, con las economías estancadas y hasta en contracción en términos reales, la carga de la deuda pública y su servicio se hace más pesada.  A medida que aumentan las tasas de interés en el mercado, como lo está experimentando ya Grecia, España e Italia, el costo de dar servicio a la deuda aumenta.  Es una bola de nieve que amenaza a muchos países y la economía mundial.  Los llamados indignados en Europa, protestan contra los programas de austeridad que, lamentablemente, son necesarios para afrontar este problema.  La medicina es amarga, pero si no se toma ahora, será peor después.

(Artículo publicado en Revista Agenda, agosto de 2011)

La calidad del servicio de taxis en Panamá es deficiente.  La explicación a gran parte del por qué de las muchas deficiencias, está en que se trata de un servicio altamente regulado.  Una buena dosis de libre mercado permitiría mejorar el servicio de manera notable.

Cupos: restricción de la oferta

El servicio de taxis tiene una serie de camisas de fuerza con los que lidiar, desde los cupos hasta la tarifa (regulación de precios).  El sistema de cupos es una restricción artificial de la oferta.  En lugar de permitir que el mercado funcione, ajustando la oferta para satisfacer la demanda, el sistema de cupos impide dicho ajuste natural.  La restricción artificial de la oferta genera escasez.  Es por esto que usted no puede conseguir un taxi que lo lleve a destino, a ciertas horas que son precisamente cuando más lo necesita.

Tarifa = regulación de precios = escasez

La tarifa oficial para el servicio de taxis, en la ciudad de Panamá, es un resabio de la época en que se consideraba que el Estado debía regular los precios de los bienes y servicios que el consumidor necesita.  La tarifa vigente, además, es anacrónica, pues data de la década de 1990, cuando la gasolina oscilaba entre $1.50 y $1.80 por galón.  El creciente precio de la gasolina, que es el principal costo operativo para un taxi, ha ido cerrando el margen de ganancias para el taxista.

La combinación de los factores antes mencionados, genera efectos nocivos, que son la queja de los ciudadanos a diario.  Principalmente el “no voy”, pero además otros como el manejo desordenado (la tarifa irrealista constituye un incentivo a que los taxistas busquen métodos para mantener algún margen de ganancia.  El juega vivo y el manejo desordenado, son algunos de esos métodos.)

Tarifa inflexible

La tarifa se basa en zonas, y artificialmente trata de equiparar carreras muy disímiles. Pero evidentemente, dentro de una misma zona hay unas áreas más embotelladas que otras. En libre mercado, el taxista y el usuario podrían negociar la remuneración que aplicará a la carrera en particular. Pero al no tener el taxista la flexibilidad para negociar la tarifa, su única opción es negarse a aquellas carreras en que la tarifa no le cubre ni la gasolina, o que le representarán un costo de oportunidad.

Ejemplo: usted es taxista, y se encuentra por la Calle 50 a las 5 de la tarde un día de semana.  Un transeúnte le pide que lo lleve a El Dorado.  Según la tarifa, es $1.50 por dicha carrera.  A esa hora la carrera le tomará no menos de media hora.  En media hora, con el motor encendido, usted estará consumiendo bastante combustible.  Al final, el dólar con cincuenta no le cubre la gasolina que consumirá, ni qué decir del costo de oportunidad.  En cambio, si usted dice “no voy” al ciudadano, más adelante se encontrará con alguien que va a otro punto allende la misma Calle 50.  Resultado: usted ahora sí toma la carrera, porque en vez de media hora, en diez minutos la habrá terminado y habrá cobrado $1.25.  Veinticinco centavos menos en ingresos, pero mucho menos gasolina y tiempo consumidos.  La primera carrera no era rentable, la segunda sí lo es.  He allí el por qué del “no voy”.  Nadie se mete a un negocio para perder dinero ni tiempo.  Mientras uno insista en que el taxista haga eso, seguirá escuchando “no voy”.

La solución

El sistema de cupos debe ser reemplazado por uno de licencias, en que se establece una serie de requisitos objetivos y razonables, para garantizar un mínimo de fines (seguridad y responsabilidad en los daños a terceros), y se expide una licencia de taxi a todo el que cumpla con los requisitos, sin un número finito de cupos.  La tarifa se elimina, y que cada taxi establezca su propia tarifa, ya sea por distancia recorrida o por tiempo de duración de la carrera, y se hace obligatorio que anuncie dicha tarifa de manera visible en la parte exterior de su vehículo (ejemplo: $0.35/Km.; $1.50 carrera mínima). El panameño tiene que entender que no va a recibir un servicio de Cadillac a precio de carreta.