Jaime Raúl Molina

En Honduras, el Presidente Manuel Zelaya intentaba subvertir el orden constitucional, pero la institucionalidad fue preservada por valientes hombres que se negaron a permitirle a Zelaya constituirse en tirano.

Zelaya pretendía violentar la Constitución haciendo un referéndum sobre la posible convocación en noviembre a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, de tal manera de permitir su reelección. Pero la Constitución hondureña no sólo prohíbe la reelección del Presidente sino que además sanciona con la pérdida del cargo para quien proponga la eliminación de dicha prohibición (el Artículo 239). Así las cosas, el tal referéndum era ilegal desde su concepción, y ello lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral al Presidente Zelaya. Entonces Zelaya decidió proseguir de todos modos, y por eso llamó al ejercicio 'encuesta' y no referéndum, y pretendía llevarlo a cabo con el Instituto Nacional de Estadísticas (controlado por el Ejecutivo), entidad a la que claramente no le corresponde una consulta popular como ésta. Pretendía además hacerlo de tal manera que las fuerzas armadas colaboraran en el ejercicio, y cuando el jefe de las Fuerzas Armadas conjuntas Romeo Vásquez Velásquez se negó a cooperar, por tratarse de un acto inconstitucional, el Presidente Zelaya decidió destituirlo. El Ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y así lo hicieron también los jefes de las tres ramas militares, Naval, Aérea y Ejército.

Entonces, Vásquez recurrió contra la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y por tanto restituir a Vásquez.

El Presidente Zelaya decidió proseguir de todas maneras, contra la orden de los organismos de justicia competentes. La llamada 'encuesta' tendría lugar el pasado domingo 28 de junio. Ante este evidente rompimiento del orden constitucional de parte de Zelaya, el Fiscal General Luis Rubí ordenó a las fiscalías bajo su mando, a acudir ese día a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo y paralelamente las F.F.A.A. fueron ordenadas por la propia Corte Suprema de Justicia, a detener al Presidente. Esto se hizo y en efecto el Presidente fue detenido y puesto en un avión hacia San José, Costa Rica.

En una República gobierna la Constitución y la Ley, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el Presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido, es en sí un golpe de estado. En este caso, es harto claro que ha sido el Presidente Manuel Zelaya quien intentó violentar el orden constitucional.

Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y F.F.A.A.)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el Presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y con mayor razón, la de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes), el usar los medios que estén a su alcance para proteger la Constitución y las Leyes?

A mi modo de ver, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las F.F.A.A. hondureñas, han actuado cívicamente para proteger la Constitución el domingo pasado. Actuaron con valentía para proteger a su República del intento golpista de su Presidente Manuel Zelaya.

Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones, y en cambio a respaldar al golpista Zelaya. Y se nota el contraste con el trato dado a la dictadura cubana, que acaba de ser restituida a la Organización de Estados Americanos (OEA), misma organización que ahora condena la remoción del Presidente Zelaya.

En América Latina tenemos una larga tradición de gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder mediante maniobras de toda clase. Los hondureños se hartaron de esto hace décadas, y por eso contemplaron en su Constitución de 1982 la cláusula que prohíbe la reelección presidencial y que además sanciona con la remoción inmediata del cargo a quien ose proponer siquiera la reforma de dicha cláusula. Aún estamos a tiempo para recapacitar, pues lo que debe defenderse es el mantenimiento del Estado de Derecho, y no al usurpador.

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El próximo 1 de julio tomará posesión el nuevo gobierno de la República. Hay muchas cosas que arreglar en nuestro país, pero hay unas más urgentes que otras. En este artículo examino las situaciones que considero más apremiantes que deberá afrontar el gobierno entrante, desde el primer día de su mandato.

Seguridad ciudadana

Nunca como ahora, el panameño se sintió tan aterrado de salir de su casa, e incluso en su propia casa. Los delitos violentos (homicidios, robos, violaciones, secuestros), están a la orden del día, especialmente en la ciudad capital. La política del gobierno saliente no ha sido efectiva, y esto debe reconocerse. Cuando algo no resulta, sólo los tontos continúan haciéndolo y esperan resultado distinto.

Algunas cosas son tan obvias que cualquier persona, sin ser experta en seguridad, lo entiende. Es absurdo esperar que los policías puedan enfrentarse con revólver calibre .38, a mafias organizadas que están bien provistas de armas automáticas (que disparan ráfaga). Otra facilita, es que los agentes de policía deberían tener un seguro de vida y seguro médico privado, pagado por el Estado. Actualmente, si un agente muere en el cumplimiento del deber, lo único que recibe su familia es una pensión mínima que le paga la Caja del Seguro Social, y que resulta sumamente inadecuada. ¿Cómo exigirle a un policía que arriesgue su vida por nosotros, y luego cuando perece haciéndolo, le decimos a su viuda e hijos que se las arreglen como puedan?

Por otro lado, que las autoridades evidentemente no están logrando combatir el crimen, tampoco permiten a los ciudadanos ejercer su propia defensa. La Administración saliente ha tenido por política, en el Ministerio de Gobierno y Justicia, hacer la vida imposible a quien solicita una licencia para portar arma de fuego. El Ministerio de Gobierno y Justicia incluso presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que en la práctica hubiera significado el desarme de la población civil que sólo busca armarse para defenderse de los malhechores. Hay que cambiar esta política de ni hacer ni dejar hacer, máxime cuando está claro que el problema no son las armas de fuego, sino los delincuentes armados, y éstos se aprovisionan en el mercado negro con armas de contrabando infiltradas por el crimen organizado. Como dicen los norteamericanos, si se criminalizan las armas, los únicos que tendrán armas serán los criminales.

Flat Tax y reducción de impuestos

El Presidente Electo Ricardo Martinelli manifestó durante su campaña electoral, que de llegar a la Presidencia promovería cambiar el régimen de impuesto sobre la renta a uno de Flat Tax o de tasa plana, como el que rige en países como Irlanda, Estonia, República Checa, y que desde su establecimiento ha impulsado exponencialmente la inversión privada en tales países. Esta es una de las cosas que, de lograrse, tiene el potencial de empujar a Panamá sustancialmente hacia el desarrollo económico. Siempre y cuando, claro está, la tasa impositiva que se establezca sea relativamente baja.

Miembros del equipo que preparó la propuesta económica de Ricardo Martinelli durante su campaña, han manifestado que la tasa impositiva estaría entre 12% y 17% para personas naturales, y entre 18% y 22% para personas jurídicas. Pero el flat tax es mucho más que meramente una tasa plana relativamente baja. También busca simplificar el sistema tributario eliminando la doble tributación, pues las ganancias se gravan una sola vez en su fuente. Así, debe irse el impuesto a las ganancias de capital, pues constituye una doble tributación y, como expuse en el artículo de esta misma columna el mes de noviembre de 2008, es un impuesto confiscatorio.

Además, debe eliminarse todos los impuestos cuya recaudación es escasa o nula y cuya administración resulta más onerosa que lo que aporta a los ingresos tributarios. Son bastantes.

Transporte urbano

La ciudad capital no aguanta más en el caos que a diario tenemos que vivir quienes tenemos que movilizarnos dentro de la ciudad. Los corredores Norte y Sur, inaugurados hace ya más de diez años, cumplen una función pero no son suficientes para resolver el problema. El tráfico en las áreas céntricas de la ciudad se vuelve intratable durante las horas pico, e incluso hay áreas que a cualquier hora del período diurno son de difícil tránsito. Muchas personas toman hasta 4 o 5 horas diarias simplemente en transportarse desde y hacia sus lugares de trabajo.

El gobierno saliente se propuso durante su mandato solucionar este problema con la instauración de un nuevo sistema de transporte masivo urbano, pero no le alcanzó el tiempo. El Presidente Electo ha prometido que la ciudad capital tendrá un metro o subterráneo durante su mandato, lo que vendría a ser un sistema de transporte masivo moderno. Este es un proyecto que tomaría entre 4 a 5 años construir, y por tanto hay que comenzar de inmediato.

El problema va más allá de construir un metro. Los espacios para estacionamiento en la ciudad son obviamente insuficientes para la cantidad de vehículos que hay. Lo vemos en el hecho que las calles y avenidas son usadas como estacionamiento (por ejemplo, todas las calles y avenidas del barrio El Cangrejo, la Ave. Cuba, y otras vías importantes. Este es un problema que deberá atacar conjuntamente el Gobierno Nacional con el Municipio de Panamá, para facilitar la construcción masiva de parques de estacionamiento privados y así poder usar las calles y avenidas para lo que se construyeron originalmente y no para estacionar.

Titulación masiva de tierras

El gobierno entrante debe acabar con la precariedad de la propiedad privada sobre la tierra. Desde la aprobación del Código Agrario durante la década de 1960 se está tratando de titular las tierras en todo el país a favor de sus actuales poseedores. Pero al ritmo que vamos, esto es cosa de nunca acabar. Lo que debe hacer la Administración entrante es instaurar un proceso simplificado por el cual las personas puedan titular su tierra sin necesidad de abogados, notarios ni papeleos costosos. Un verdadero programa de titulación masiva.

Esto requerirá el compromiso genuino desde el propio Presidente, pues requiere dotar de los recursos necesarios a las instituciones encargadas. Mientras no se den los recursos para esta importante labor, jamás se logrará el objetivo, cual es hacer de Panamá una sociedad de propietarios. Las sociedades libres son aquellas en las que los ciudadanos son dueños de su tierra. Tal es el origen de las repúblicas desde la Antigüedad. Tanto las ciudades-estado griegas como Roma, surgieron como repúblicas porque tenían una ciudadanía propietaria. No es sólo un tema económico sino político y sociológico.

En fin, nadie sensato espera que en cinco años sean resueltos todos los problemas del país, pero los arriba mencionados son problemas que este país no aguantará por más tiempo. El nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en darles solución.

(Artículo publicado en Revista Agenda, mayo de 2009)

Nuestro país vuelve a enfrentarse a la amenaza de entrar en listas negras que gobiernos extranjeros confeccionan, tildándonos de paraíso fiscal. ¿Qué significa esto para Panamá, qué opciones tenemos ante esta recurrente amenaza, y cómo debemos proceder?

El problema

Los gobiernos de países con altos impuestos (países de alta tributación), a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tienen más de una década acusando a países como Panamá, de erosionar injustamente la base impositiva de aquéllos. Llaman a dichos países en forma peyorativa, ‘paraísos fiscales’, y alegan que éstos incurren en prácticas de competencia fiscal desleal, y que dichas prácticas facilitan el que personas que son sujetos de impuestos en los países de alta tributación, evadan ilícitamente impuestos en esos países.

La presión se había abatido desde inicios de este siglo. Estas iniciativas multilaterales requieren para su efectividad, del apoyo del gobierno norteamericano, y durante la administración del presidente George W. Bush, la política de dicho gobierno fue no continuar apoyando la iniciativa de la OCDE. El entonces Secretario del Tesoro Paul O’Neill manifestó que “Los Estados Unidos no apoya esfuerzos para dictar a país alguno lo que sus propias tasas impositivas o su sistema fiscal debería ser, y no participará en iniciativa alguna para uniformar los sistemas fiscales mundiales. Los Estados Unidos simplemente no tiene interés en obstaculizar la competencia que fuerza a los gobiernos, como los negocios, a crear eficiencias.”

Tal postura de parte del gobierno del presidente Bush forzó a la OCDE a reorientar la iniciativa y concentrar la presión a los llamados paraísos fiscales, a que adoptaran medidas para establecer transparencia en sus legislaciones en lo relativo a las transacciones financieras y regímenes impositivos, y a que adoptaran medidas para el efectivo intercambio de información con otros países, con el fin de combatir la evasión y la defraudación fiscal. Antes del gobierno de Bush, la iniciativa de la OCDE era mucho más ambiciosa y pretendía no sólo forzar el intercambio de información para faciltiar el combate de la evasión y la defraudación fiscal, sino que también buscaba forzar a los Estados a elevar sus tasas de impuestos. A esto llamaban eufemísticamente la armonización tributaria, algo que en realidad era una torcedura de brazos para forzar a Estados independientes y soberanos a adoptar tasas impositivas más altas de lo que tenían. Algo así como que un empresario ineficiente envíe matones a sus competidores y los coaccione a punta de pistola, a que aumenten sus precios, para así poder él competir.

Doble estándar

En fin, la iniciativa en aquel entonces obligó a las autoridades de nuestro país a tomar acciones para evitar que los países miembros de la OCDE tomasen medidas discriminatorias contra Panamá, algo que amenazaba con afectar nuestro sector servicios de manera muy negativa. Básicamente, nuestro país accedió a firmar una carta compromiso en 2002, mediante la cual el país se obligaba a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo intercambio de información a autoridades tributarias de otros países, cumpliendo ciertas condiciones, la más importante de ella siendo que Panamá sólo cumpliría con este compromiso en la medida en que esta obligación fuese aplicada a todos los demás países de forma equitativa y no discriminatoria, incluyendo a los países miembros de la OCDE.

Esto es importante porque prácticamente todos los países miembros de la OCDE incurren en prácticas de competencia fiscal internacional que, según la iniciativa original de la OCDE, califican como prácticas desleales o perniciosas. Y existen países miembros de la OCDE que no cumplen esta exigencia de intercambio efectivo de información fiscal, y que sin embargo no eran sujeto de ninguna lista negra ni de sanciones de ningún tipo. Lo que la carta compromiso que firmó Panamá en 2002 decía de modo muy diplomático era básicamente que nosotros accederíamos al intercambio de información siempre y cuando esto se le exigiera y fuese cumplido por todos los países miembros de la OCDE, algo que hasta ahora no se ha dado.

Llega la crisis

Las circunstancias han cambiado sustancialmente con la crisis financiera global. La actual crisis puede bien ser el inicio de una larga y dolorosa depresión global. Una de las tantas cosas que ocurre ante una contracción económica es que las recaudaciones de impuestos se reducen enormemente. Y ante esto, los gobiernos no reaccionan bien jamás. Es sabido que los gobiernos no son particularmente buenos en adaptarse a nuevas circunstancias, y en tiempos de vacas flacas, en vez de efectuar recortes del gasto público, que es lo que deberían hacer, lo que hacen en realidad casi siempre es meter más fuertemente la mano al bolsillo de los contribuyentes, aumentando las tasas impositivas, estableciendo nuevos impuestos, y eliminando lagunas legales que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal.

De allí la relevancia de la crisis global que vivimos. Era de esperarse que los gobiernos comenzasen a apretar la correa a los contribuyentes y, por tanto, a reavivar la antigua iniciativa de la OCDE para combatir la competencia fiscal de manera directa o indirecta.

¿Qué debemos hacer?

Las opiniones son encontradas en este tema. ¿Debe Panamá plegarse a las presiones de la OCDE y establecer mecanismos efectivos de intercambio de información tributaria? ¿O debe Panamá resistir esta presión y negarse a establecer tales mecanismos? Es importante señalar que Panamá no recibiría beneficio directo de ningún acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Panamá tiene un sistema impositivo territorial, es decir, sólo grava con impuesto sobre la renta, los ingresos obtenidos de actividades que surten sus efectos en Panamá. Cualquier actividad, aunque sea de panameños, que genere ingresos no efectivamente conectados con Panamá, no son gravables en nuestro país. El único posible beneficio para Panamá, de establecer tales acuerdos, sería simplemente el evitar ser sujeto de sanciones u otras medidas discriminatorias contra la inversión extranjera en nuestro país.

Por otro lado, sería irresponsable no tomar en serio esta nueva amenaza contra nuestro país. Nuestra economía está basada en el sector servicios, y nuestra dependencia del comercio y la globalización es enorme. Cualquier tipo de medidas discriminatorias contra Panamá, que resulten en hacer más onerosa para los capitales externos la inversión en nuestra economía, generaría efectos nocivos que serían sentidos por todos los panameños, directa o indirectamente.

Es fundamental que este sea un asunto tratado como tema de Estado. El modelo a seguir es el dejado por la administración de la presidenta Mireya Moscoso, en que este tema fue tratado con tal seriedad que se creó una comisión especial en la Cancillería dedicada exclusivamente a esta amenaza, y se consultó con los diversos sectores antes de llegar a adoptar medidas que comprometieran al país en el ámbito internacional. Este pequeño país no puede permitirse improvisaciones en un tema de tal trascendencia.

(Artículo publicado en Revista Agenda, abril 2009)

La seguridad jurídica es fundamental para la actividad empresarial y la prosperidad económica de una nación. El sistema de derecho es por ello importante, pues de dicho sistema dependerá la seguridad jurídica para los ciudadanos. En este artículo argumento que nuestro sistema de derecho no es precisamente el mejor para garantizar dicha seguridad jurídica.

Common Law

El sistema de Common Law o Derecho Común, es el surgido en Inglaterra durante la Edad Media y desarrollado durante siglos mediante la acumulación de decisiones judiciales. Lo esencial en dicho sistema, es la convicción de que los jueces, al emitir sus decisiones, no están creando derecho sino descubriéndolo. El derecho ya existe, y los jueces solamente lo descubren. Pero, ¿cómo es eso de que el derecho ya existe?

Para los europeos medievales, la idea de que el Hombre podía crear el derecho era simplemente absurda. Su convicción era que el derecho no es creación del Hombre, sino de Dios. Es la doctrina del Derecho Natural, y consiste en que el Hombre tiene una naturaleza que es inmutable, y el derecho simplemente es el conjunto de principios y normas jurídicas que son más acordes con la naturaleza humana. El derecho no es la voluntad del gobernante.

En Europa continental usaban el Corpus Iuris Civilis, codificación de derecho jurisprudencial (es decir, los principios jurídicos reconocidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones, a lo largo de siglos de actividad judicial) que había ordenado el emperador (bizantino) Justiniano (Siglo VI a.C.). Se mantenía aquí el mismo principio que el Hombre no crea derecho, sólo lo descubre.

Constitucionalismo

Las constituciones originalmente surgieron para limitar el poder del gobernante. La primera constitución de la historia es la Magna Carta que los barones ingleses impusieron a su rey Juan Sin Tierra en el año 1215. Dicho documento plasmó el compromiso del rey de respetar los derechos reconocidos desde tiempos inmemoriales como el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio, y el principio que la monarquía sólo podía establecer nuevos tributos en parlamento con la nobleza. Los barones ingleses exigieron a sus reyes posteriores respetar la Magna Carta.

La libertad de los gobernados sólo está garantizada si el gobernante está limitado en su poder. Si el poder es ilimitado, entonces los gobernados están sometidos al capricho del gobernante y no son libres. Ninguna sociedad prospera así. No es coincidencia que el capitalismo surge y se desarrolla precisamente en Inglaterra, el país que nos dio el constitucionalismo. Tampoco es coincidencia que luego el capitalismo continuó desarrollándose en los Estados Unidos de América, que tomó el relevo y estableció la primera constitución moderna. La Constitución norteamericana de 1787, aún vigente, se concentra en establecer límites al poder. Las constituciones no son para dar poder a los gobernantes, sino para limitárselo y así garantizar los derechos de los ciudadanos.

Tiempos modernos

La Revolución Francesa marca el cambio de pensamiento occidental en cuanto a la limtación del poder. Antes, con las monarquías hereditarias, los gobernados sabían que jamás llegarían al poder, y su interés político era limitar el poder del gobernante. Pero esto cambió con la Revolución Francesa. A la gente se le hizo creer que en democracia, el gobierno representará siempre el interés del pueblo y ya no es necesario limitar su poder. Esta suprema ingenuidad, glorificada por Rousseau y justamente ridiculizada por Nietzsche, llevó a la idea de que las constituciones deben dotar al gobierno de abundantes potestades para llevar la felicidad a la población.

Así pasamos de la doctrina del derecho natural a la doctrina del derecho positivo. El gobierno, supuestamente representando al pueblo, no está limitado y puede legislar lo que sea. Mientras que las viejas monarquías estaban limitadas por el derecho natural, los gobernantes en democracia no están limitados por nada. Y así pasamos de un derecho natural perenne, inmutable y perfectamente predecible precisamente por ello, a un sistema de legislación en que los gobernantes legislan sobre lo que sea en cualquier momento y cambian las reglas del juego a su antojo.

Más legislación, menos seguridad jurídica

Para planificar a largo plazo, las personas y empresas requieren certeza de que las reglas del juego se mantendrán en el tiempo. Cualquier incertidumbre sobre impuestos futuros, normas sobre contratos, y otros aspectos regulados por el derecho, constituye un obstáculo para que las personas se decidan a asumir riesgos empresariales. Como decía Mark Twain, la vida, libertad y propiedad de nadie está segura mientras la legislatura está en sesión.

(Artículo publicado en Revista Agenda, marzo de 2009)

Hace poco más de una década nuestro país se embarcó en un programa masivo de privatización de empresas estatales. En su momento hubo muchas críticas y oposición a dicha política. Ahora, viendo los resultados, podemos evaluar en retrospectiva. Veamos.

Se privatizó la estatal INTEL, y cinco años después se abrió el mercado a la libre competencia. Los beneficios se ven en la cantidad y calidad de los servicios; la constante innovación por parte de las empresas participantes, y la continua guerra de precios que, en definitiva, nos beneficia a todos los consumidores.

Para muestra un botón: en materia de telefonía celular, cada uno de los operadores se ha esforzado en todo momento por aumentar su cobertura geográfica; su cantidad de opciones de contratos y prepagos; promociones; gran variedad de aparatos; y servicios adicionales como ringtones y demás.

Compare con nuestro vecino Costa Rica, donde nunca se privatizó el servicio y hoy continúan con el operador estatal de telecomunicaciones. Si usted en Costa Rica necesita un teléfono celular, debe celebrar un contrato a largo plazo para una línea. No existe el servicio de prepago. Y la lista de espera para una línea es tan larga, que lo normal es tener que esperar un año desde que la solicita hasta que lo llaman para dársela. Los ticos se escandalizan cuando visitan nuestro país y ven que uno entra a una tienda de celulares y a los cinco minutos sale hablando con su nuevo aparato y línea celular.

Y en materia de larga distancia internacional, ¿recuerda cuando una llamada a los Estados Unidos de América costaba un dólar por minuto, y el INTEL le cobraba un mínimo de tres minutos, aunque la llamada durase sólo unos segudos? Ni qué decir de una llamada a Europa o Asia. El costo hoy día por esas mismas llamadas es una ínfima fracción de lo que era antes. Un minuto a los Estados Unidos, por ejemplo, le cuesta entre cinco y diez centésimos, dependiendo del proveedor.

Los call centers que han surgido en los últimos años, en el que se emplean a varios miles de panameños, jamás hubiesen surgido de no ser por la privatización y apertura del sector de telecomunicaciones.

Los puertos estatales tanto en la Costa Atlántica como en el Pacífico eran funcionalmente inoperantes. Con la privatización de los puertos en las terminales canaleras, el movimiento ha aumentado de menos de 400 mil TEUs en 1994 a más de 4,6 millones de TEUs en 2008.

Las autopistas circundantes a la ciudad, los llamados Corredores Norte y Sur, técnicamente no son privados, sino concesiones. Pero en definitiva son administrados por empresas privadas. Panamá tenía más de diez años de estar programando la construcción de dichas autopistas, y siempre quedó en nada por falta de recursos. Fue el método de la concesión lo que permitió que se construyesen sin que el Estado tuviese que desembolsar un centavo. Y hoy día operan de manera mucho más eficiente que la autopista administrada por el Estado, la de Arraiján-Chorrera. Uno lo ve en el estado de la pista (la de Arraiján-Chorrera tiene tramos en tan deplorable estado que uno debe reducir la velocidad, por lo que deja de ser una verdadera autopista). Ni qué decir de otras conveniencias como la posibilidad de pagar con una tarjeta magnética sin tener que hacer largas colas, o el seguro de responsabilidad civil que ambas compañías que operan los Corredores ofrecen a todos sus usuarios, valedero para accidentes ocurridos dentro del Corredor respectivo. ¿Acaso nos brinda la autopista estatal algo similar?

En materia de juegos de azar, se eliminó el monopolio que tenía el Estado en este medio de entretenimiento. Los casinos operados por empresas privadas se han convertido en grandes empleadores en todo el país, y muchos de los mejores eventos artísticos nacionales e internacionales, se llevan a cabo en sus salas de entretenimiento.

Cuando estaban frescas las privatizaciones, especialmente la del sector telecomunicaciones, muchas eran las quejas. Se decía que el servicio se encarecería, que el Estado se estaba privando de valiosos recursos, y otras objeciones. Irónicamente, el Estado recibe ahora mucho más dinero de dividendos y de impuestos de las empresas de telecomunicaciones, que lo que recibía del INTEL. A estas alturas es innegable que el país, la actividad empresarial y los consumidores estamos todos mejor gracias a las privatizaciones. El Estado, después de todo, no es muy bueno haciendo nada, pero menos aún lo es tratando de satisfacer las necesidades de los consumidores. La innovación es una cosa que sólo la empresa privada sabe hacer, y ello por la necesidad que la feroz competencia impone a los empresarios y oferentes de bienes y servicios. El mayor beneficiado de esa feroz competencia privada, es usted, el consumidor.

(Artículo publicado en Revista Agenda, febrero de 2009)

El mundo se encuentra en una crisis económica que ha estallado en los Estados Unidos de América, pero que ha reverberado al resto del globo. Los gobiernos en todo el mundo están reaccionando ante la crisis de maneras muy similares, aunque con variantes en los detalles. La estratagema de atacar la crisis con salvatajes de grandes empresas al borde de la quiebra, con política monetaria agresivamente inflacionaria, y con estímulos de gasto público, anunciado por el gobierno norteamericano, probablemente marcará el rumbo que tomarán los demás gobiernos en sus respectivos países. Dicho enfoque está condenado no sólo a fracasar, sino a agravar aún más la crisis y prolongarla más allá de lo necesario.

Ya nadie habla de desaceleración. El mundo se encuentra desde septiembre de 2007 en una recesión económica, que puede agravarse y convertirse en una depresión, con altos niveles de desempleo (de dos dígitos en los países desarrollados). La contracción económica ha hecho ya que grandes compañías en el mundo estén engavetando planes de ampliación de operaciones, construcción de nuevas plantas, y demás proyectos que se basaban sobre proyecciones de crecimiento continuado. La contracción crediticia agrava la situación.

La raíz de la causa de la actual crisis está en los extraordinarios niveles de endeudamiento, tanto privado como público, que se había venido dando en las últimas tres décadas. El endeudamiento constituía la base del crecimiento económico. Llegó el momento en que los banqueros le prestaban a cualquiera. Esto ocurre históricamente en los períodos de auge económico. Al inicio, el auge es financiado con ahorro, pero más adelante la gente se vuelve algo exhuberante y cada vez más arriesgada, hasta que simplemente terminan por lanzar todo resabio de prudencia financiera por la ventana. Es un patrón ya visto que cuando la gente en el mercado piensa que la fiesta será eterna, que absolutamente nada puede salir mal, es que se está en la víspera de la caída, y eso es lo que hemos visto en esta ocasión también.

Y el descalabro, los períodos de colapso financiero corresponden a la liquidación de la mayor parte de esa deuda excesiva. Es el trago amargo que debe tomarse el mercado para deshacerse de los hábitos destructivos y retornar a los productivos. El desapalancamiento constituye una de las características de una depresión, y aunque se traduce en quiebras y más alto desempleo, es un paso necesario e inevitable para desintoxicar el sistema.

Siendo entonces que la deuda está en la raíz del problema, ¿cómo es que vamos a salir del atolladero aumentando la deuda pública para estimular el gasto? Los salvatajes (los famosos ‘bail outs’) aprobados el año pasado por el gobierno norteamericano a la banca insolvente, y luego a la industria automotriz de Detroit, serán financiados con gasto público. ¿De dónde saldrá ese dinero? A ver, no crea usted que el gobierno americano tenía ese dinero guardado en una cajita esperando a que ocurriera algún imprevisto. El gobierno americano está endeudado hasta las narices y gasta desde hace décadas mucho más de lo que recauda. Entonces ese dinero de los salvatajes provendrá de más deuda emitida a tal efecto.

Lo anterior apunta a que la sociedad nortemericana está excesivamente endeudada. Muchos analistas consideran que está endeudada más allá de cualquier posibilidad real de pago. Y cada vez son más los que así piensan. La pregunta es: ¿qué pasaría si un buen día el gobierno chino o el japonés, los principales compradores de deuda soberana norteamericana, decidieran concluir que los Estados Unidos son simplemente insolventes y que por tanto no financiarán más su deuda? Si ese día llegase a ocurrir, ello provocaría el desencadenamiento de lo que sería el Tsunami financiero más grande y devastador de toda la historia de la humanidad.

Las quiebras apenas comienzan y este año veremos más. Los salvatajes ya suman más del trillón de dólares y con los salvatajes que vendrán, el monto llegará a varios trillones, pues el gobierno hará más salvatajes. El problema es que éstos aumentan más la deuda federal. Y aunado a esto, el plan de estímulo fiscal anunciado por el Presidente Obama se basa principalmente en un enorme programa de gasto público para compensar la reducción del gasto privado. El Presidente Obama ya ha dicho que los déficits trillonarios se mantendrán por varios años.

Durante la Gran Depresión, el gobierno norteamericano también se embarcó en un masivo plan de gasto público en diversos programas de construcción de infraestructura y otros. Podemos discutir sobre si dicho plan alivió o agravó la depresión. Pero el verdadero tema es que en ese momento, la sociedad americana era una sociedad netamente acreedora en el mundo, no deudora como ahora.

Entonces tenemos que la americana es hoy día una economía basada en el consumo y el crédito, no en el ahorro, verdadero motor del desarrollo. La sociedad norteamericana está profundamente endeudada, tanto las empresas como los individuos y el gobierno. El gobierno, en particular, está endeudado más allá de toda esperanza realista de repago. En estas circunstancias, y ante una economía en depresión que por tanto genera menos recaudación, el plan de estímulo del nuevo gobierno puede resultar ser el empuje final para lanzar dicha economía hacia una depresión larga y profunda que duraría gran parte de la próxima década.

La crisis económica apenas inicia. Mucho dependerá de lo que hagan los gobiernos. La Gran Depresión hubiera sido probablemente una recesión corta de uno o dos años, si el gobierno de Herbert Hoover, primero, y el de Franklin Roosevelt después, no se hubiera embarcado en programas empeñados en evitar el reajuste de la estructura de capital de la sociedad y el desapalancamiento general del mercado. El intento por evitar la resaca dándole más licor al ebrio agravó y prolongó la crisis. Pero la economía norteamericana salió eventualmente de ella (luego de la II Guerra Mundial). La crisis actual tiene el potencial de ser aún más devastadora, y lamentablemente los fundamentos de la economía norteamericana no son ahora tan buenos como entonces. Todo esto amenaza con juntarse para crear una verdadera tormenta económica que podría durar toda la siguiente década.

Lo indicado, por duro que suene, sería dejar que se den los reajustes en la estructura de capital. Ello implica dejar que ocurran las quiebras, y no dar salvatajes, ni mucho menos que el gobierno se embarque en programas de gasto masivo. El trago sería bien amargo, pero en relativamente poco tiempo, unos dos años, el reajuste sería logrado y la economía volvería a crecer. Los programas anticíclicos lo que hacen es prolongar la agonía y hacer la crisis aún más grave, a pesar que su objetivo manifiesto sea precisamente lo contrario. Ojalá me equivoque.

(Artículo publicado en Revista Agenda, diciembre de 2008)

Existe en Panamá una situción muy común en América Latina y el resto del Tercer Mundo: la propiedad privada sobre la tierra tiene una protección legal precaria, a lo sumo. El tema de este artículo se refiere específicamente a la tierra que no tiene título de propiedad, y que constituye 2/3 partes de toda la tierra en este país.

Lo que es peor, muchísima gente tiene un pedazo de tierra que su familia ocupa desde hace generaciones, y la tesis de algunos representantes del Estado es que toda finca sin título de propiedad, realmente pertenece al Estado. Imagínese usted, su familia ha ocupado una finca desde los tiempos de su abuelo, y ahora viene un funcionario y le dice que salga porque el Estado acaba de vender esa tierra a unos desarrolladores que piensan construir un hotel o algún otro proyecto.

Eso sólo tiene un nombre y es confiscación.

Cuando usted solicita la titulación de un pedazo de tierra sobre el que tiene los llamados derechos posesorios, el Estado, como viene haciéndolo desde hace años, le vende a usted la tierra (si es que decide hacerlo, y luego de años de trámite). Sostienen las autoridades encargadas de estos temas, que los derechos posesorios no implican propiedad de la tierra, y alegan la disposición constitucional que señala que contra bienes del Estado no se puede adquirir la propiedad por prescripción. Y es cierto que existe dicha disposición constitucional. Donde equivoca completamente la tesis oficial es en partir de la premisa de que un pedazo de tierra pertenece al Estado, por el mero hecho de que no existe título de propiedad sobre él. Premisa equivocada.

Dicha tesis es completamente contraria a la tradición jurídica de Occidente, que se alimenta del derecho romano. La propiedad privada es una realidad económica por la que una persona posee con ánimo de dueño una cosa. El título de propiedad, por tanto, constituye el reconocimiento jurídico a una realidad económica preexistente. ¿O es que acaso, si usted no tiene un papel que diga que la camisa que usted lleva puesta en este momento, quiere ello decir que no es suya y por tanto pertenece al Estado? Absurdo, ¿verdad? Pues es lo mismo que pretenden desde hace años las autoridades encargadas de estos temas en nuestro país, con distintos gobiernos.

La tesis oficial no explica cómo adquirió el Estado esas tierras. Y no puede explicarlo porque no hay explicación lógica. Es como el hombre de negocios que vive en uno de los asteroides que visita El Principito en su viaje a la Tierra, que dice ser millonario porque es dueño de todas las estrellas del firmamento, algo que a El Principito le pareció absurdo de inmediato, por cuanto uno no puede poseer las estrellas, y hablar de propiedad sobre algo que uno no posee ni tiene control, es absurdo.

Desde época de los romanos, la propiedad ha sido concebida como la conjugación de dos factores esenciales, que son por un lado la posesión, y por el otro el ánimo de dueño. Si falta alguno cualquiera de esos dos elementos, no hay propiedad. La tesis oficial pretende que el Estado es dueño de tierras que jamás ha poseído, trabajado, ocupado, ni nada parecido. En cambio, el santeño o el chiricano ése que está sobre su pedazo de tierra que ha pertenecido a su familia por generaciones, sí la posee efectivamente, y además, lo hace con ánimo de dueño. Si no me cree, vaya y trate usted de sacarlo de su tierra. O mejor dicho, no se le ocurra hacerlo, porque lo van a recibir con machetazos o escopetazos.

Queda claro entonces que la tesis oficial es infundada.

El comunismo de la tierra ha fracasado espectacularmente siempre que ha sido intentado. La propiedad es individual o no es. Las hambrunas repetidas en la Unión Soviética por la colectivización de la tierra, la destrucción de la capacidad productiva agrícola cubana, el desastre de las hambrunas en África por la misma razón, son todos ejemplos de cómo causar hambre y miseria en la gente, por los afanes ideológicos comunistas. Las sociedades de propietarios, allí donde cada persona es dueña de su tierra, son las sociedades que han prosperado. Roma surgió y prosperó precisamente como sociedad de pequeños propietarios, y la República como sistema político se construye sobre la base de ciudadanos propietarios, no proletarios.

En tiempos modernos, uno de los factores determinantes en el surgimiento de los Estados Unidos de América como potencia económica fue precisamente el reconocimiento de la propiedad privada sobre la tierra. El “sueño americano” era precisamente la promesa de que uno podía ser dueño de su propio pedazo de tierra. Argentina entró al Siglo XX siendo la 4ta. Economía más grande del mundo, mayor aún que Francia, y adivine usted qué tenía en común con los Estados Unidos. Sí, adivinó, Argentina tenía entonces una política similar de atraer inmigrantes y reconocimiento de propiedad privada sobre la tierra. Argentina, con todos sus problemas, sigue siendo uno de los países más productivos del mundo en materia de alimentos. China, cuando era de verdad comunista, era miserable. A fines de 1970, desde que permitió la propiedad privada de la tierra (además de otros cambios introducidos que la han ido alejando del comunismo), la producción agrícola se ha potenciado enormemente.

Difícilmente encontrará usted un pobre con título de propiedad sobre su tierra. La propiedad es fuente de riqueza y abundancia. El comunismo de la tierra sólo genera dependencia de la gente y perpetúa su miseria. El comunismo de la tierra es además incompatible con la cultura y tradiciones de nuestro país. El rotundo fracaso de los asentamientos campesinos, y la rampante miseria de las comarcas, así lo atestiguan.

El próximo gobierno debe acabar de una vez por todas con la precariedad de la propiedad privada sobre la tierra. Desde la década de 1960, con el Código Agrario, se está tratando supuestamente de titular todo el país y reconocer la propiedad a quienes son sus legítimos dueños. Al ritmo que vamos, a ver si con suerte terminamos antes del próximo milenio. Lo que se necesita es un proceso ultrasimplificado por el cual las personas puedan titular su tierra sin necesidad de abogados, ni papeleos costosos.

Actualmente el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) lleva a cabo la tarea, pero a un ritmo de nunca acabar. Lo digo con el mayor de los respetos hacia los señores de PRONAT, porque la lentitud no se debe al PRONAT mismo, sino a que no se le ha provisto a dicha institución con los recursos adecuados. Peor aún, jamás ha existido el compromiso político genuino, de parte de ningún gobierno, de titular todo el país de una vez por todas. De haber existido, ya se habría resuelto este problema.

Exijámosle entonces a todos los candidatos a Presidente, que se comprometan a reconocer de una vez por todas la propiedad privada de la gente sobre su tierra, y a acabar con la pretensión de que todo lo que no está titulado pertenece por omisión al Estado.

(Artículo publicado en Revista Agenda, noviembre de 2008)

La aplicación de un impuesto a las ganancias de capital es una de las cosas más negativas para una economía, y afecta desproporcionadamente a la clase media. Es a la vez una doble tributación del ingreso, y una expropiación de la riqueza de los ciudadanos. Aquí explico por qué, y abogo por su eliminación total.

Para comprar una casa, usted primero tiene que ganar el dinero para adquirirla. Ese ingreso es gravado con el Impuesto Sobre la Renta (ISR). De lo que le queda, usted compra la casa. Al vender usted su casa, presumiblemente años después, usted tiene que pagar impuesto sobre la renta por la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición. Así, si usted pagó B/ 100,000.00 al comprarla, y la vendió luego por B/ 160,000.00, usted tiene que pagar impuesto sobre la diferencia, es decir, sobre B/ 60,000.00. Así, termina usted pagando dos veces el ISR, pues el ingreso con el que usted compró la casa ya había sido gravado, y ahora le gravan a usted cuando vende la casa. La ganancia de capital no es un ingreso corriente, recuerde usted.

Cuando usted compra y vende mercancías, digamos computadoras, usted como comerciante paga ISR sobre la ganancia neta de sus operaciones. Como se trata de una actividad a la que usted se dedica como comerciante, ello constituye un ingreso corriente. Aquí es lógico aplicar entonces el ISR a dicha ganancia neta. Pero cuando hablamos de la ganancia de capital en la venta de un activo que constituye, como el mismo nombre lo dice, parte de su capital, el tener que pagar impuesto, cualquiera que sea, por el producto de la venta de dicho bien, necesariamente equivale a una expropiación de su propiedad. El Estado erosiona su capital con este impuesto.

El fenómeno de la inflación juega un papel crucial aquí. La inflación hace que el poder adquisitivo del dinero se erosione en el tiempo. Ello tiene como una de sus consecuencias, que las cosas se encarecen con el transcurso del tiempo, en su precio expresado en dólares. Ilustraré este punto con un ejemplo. Si usted compró su residencia en 1970 a $50,000.00, y la vende en 2008 a $200,000.00, usted pensará quizás que se ha ganado $150,000.00 en la operación. En términos nominales, así es. Pero en términos reales, no se emocione tanto, porque no es tan alta la ganancia real que usted ha logrado.

Considere que en 1970 $100 compraban 31.44 barriles de petróleo, y hoy en 2008 no compran ni uno siquiera. Lo mismo con todo lo demás. El hecho que el valor de mercado de su casa expresado en dólares haya aumentado en el mismo período, no quiere decir que su casa sea más valiosa, sino al menos en gran parte, que los dólares se han depreciado. Lo que usted consideraba como un aumento de riqueza, no es más que inflación. De hecho, es muy probable que el aumento en términos nominales en el valor de su casa, ni siquiera compensen la pérdida de poder adquisitivo del dólar. Contemple usted el caso que, en el mismo período de nuestro ejemplo, la inflación oficial del dólar ha sido de 480%. Eso quiere decir que su casa habría tenido que multiplicarse en precio por 5.8 en esos 38 años, simplemente para que mantuviese su valor real. En nuestro ejemplo, esa casa que compró en 1970 por $50,000.00, tendría que haberla vendido usted este año por $290,000.00. Quiere decir que si usted vendió a $200,000.00, ¡usted perdió!

Sin embargo, como usted vendió en $200,000.00 y el impuesto sobre las ganancias de capital no toma en cuenta la inflación, usted tendrá que pagar 10% sobre la diferencia nominal entre el precio de venta y el precio de adquisición. Usted pagará al fisco $15,000.00, ¡por una pérdida!

Hasta ahora no hemos considerado que sobre esa propiedad, usted ha tenido que pagar anualmente otro impuesto, el de inmueble. Así que usted paga primero ISR sobre su ingreso neto. Luego, paga impuesto de inmueble sobre su activo, por todo el tiempo que lo mantenga, y tercero, paga usted ISR sobre la supuesta ganancia de capital, que como ya vimos, probablemente no es tal ganancia en términos reales. ¡Así que usted es gravado tres veces por la misma cosa!

Para la enorme mayoría de las personas de clase media, su principal activo es su residencia. Los ricos también tienen casa, pero el más alto valor de sus residencias y su mayor afluencia en términos generales, hace que tengan a su haber opciones de minimización de impuestos, que para los de clase media no hacen sentido económico. La aplicación del ISR a las llamadas ganancias de capital, por tanto, debe derogarse.

(Artículo publicado en Revista Agenda, octubre de 2008)

El desorden urbano de nuestra ciudad capital es resultado, no de la falta de planificación, sino precisamente de la planificación y acción estatal. Este desastre es resultado de toda una serie de malas políticas públicas en materia de transporte y organización vial.

El sistema de cupos para el transporte colectivo y selectivo es uno igualito a las patentes reales que concedía el Rey en la época colonial, y que otorgaba a sus beneficiarios el derecho a explotar un negocio de manera exclusiva, sin competencia. Si usted creía que eso se acabó con la época del republicanismo, está equivocado. No existe la libre empresa en el negocio del transporte. No es sorpresa entonces que este sector muestre todos los males propios de un oligopolio.

Dado que el sistema de transporte colectivo urbano no puede ser operado por empresas, sino que tiene que ser el antisistema de cupos individuales, no existe para los propietarios de buses una marca que proteger. Si fuesen empresas, éstas tendrían un incentivo económico para brindar un buen servicio, mantener sus buses en excelente estado, y responder económicamente por los daños causados a terceros en accidentes. Todo ello, para proteger la marca. Pero en un sistema en que no es posible tener una marca asociada al servicio que brinda una persona o empresa, ocurre la tragedia de los comunes, en que a los dueños de autobuses no les interesa ofrecer un buen servicio a sus pasajeros, ni cuidarse de no causar daños a terceros en sus operaciones, precisamente porque no tienen una marca que proteger.

No hay que irse lejos para ver cómo funcionaría el transporte urbano con un sistema en que los propietarios de buses tuviesen marcas que proteger. Fíjese usted en las líneas de transporte interurbano, las que nos llevan hacia y desde el interior del país, al menos en las rutas más importantes, como Panamá-David o Panamá-Santiago, por ejemplo. Verá usted que a diferencia de los diablos rojos, allá sí se ve calidad en el servicio, buses bien mantenidos, con aire acondicionado y hasta televisión. Allí sí son empresas las que brindan el servicio, y por tanto hay marcas asociadas a dichas empresas. Por si fuera poco, en esas líneas de transporte no ve uno las regatas mortales que se ven en la ciudad con los diablos rojos. Así funcionan las cosas donde hay verdadera libre competencia.

Otra cosa que afecta de manera notable el flujo vehicular en ciertas áreas de mucho tráfico, es el hecho que las calles parecieran haber sido construidas más como parques de estacionamiento que como calles propiamente. Intente usted pasar por cualquier calle en El Cangrejo, por usar un caso ilustrativo, y fíjese bien. La Vía Argentina, por ejemplo, es una bien amplia de cuatro carriles. Pero sólo pueden usarse dos, puesto que en cada uno de los sentidos de circulación, hay un carril que está ocupado de inicio a fin como estacionamiento vehicular. Y es el propio Municipio el que actúa aquí de ‘bien cuidao’, con sus estacionómetros puestos a lo largo de ambas aceras. La historia se repite en la Vía Veneto, en la Alberto Navarro y en prácticamente todas las demás vías del barrio de El Cangrejo. El Municipio legitimiza así el mal uso de las calles.

¿Cuándo fue la última vez que vio usted que algo operado por el Estado mantiene un buen servicio a la población por tiempo prolongado? Las calles, que son públicas, tienen tanto costos de construcción, como de operación y mantenimiento. Y su uso genera costos también. Pero nadie paga directamente por usar las calles. El resultado es que siempre habrá oferta insuficiente de calles, en otras palabras, siempre habrá tranques vehiculares en un sistema de calles públicas. Los tranques son absolutamente inevitables en tal sistema, igual que las largas colas son inevitables en los sistemas socialistas. Como no hay que pagar por usarlas, no hay racionamiento voluntario en el uso por parte de las personas.

En un sistema de calles privadas, el usuario tendría que incorporar a su cálculo de costos de tener carro, el costo directo de usar las calles (peajes). Como no tiene que hacerlo en el sistema de calles públicas, hay mayor demanda de carros que disponibilidad para su circulación. Esto es algo, como dije arriba, inevitable en el actual sistema. Así, no importa cuántos millones sean gastados en nuevas calles, éstas jamás serán suficientes.

El desastre urbano que vivimos en la ciudad de Panamá es más complejo de lo abarcado en este corto espacio. Pero lo arriba señalado apunta a las principales causas del problema. Cualquier política pública que no se concentre en tales puntos, sólo podrá, en el mejor de los casos, maquillar el problema, pero jamás resolverlo.

(Artículo publicado en Revista Agenda, septiembre de 2008)

Con el alza en los precios de los alimentos, la energía, combustibles y materias primas, algunos ya comienzan, tanto desde el lado de la ciudadanía como del lado de los políticos, a sugerir la aplicación de medicinas que lo que hacen es agravar la enfermedad. Aquí resumo las peores de esas ideas, y el por qué nos va mejor si no son puestas en práctica nunca.

Ésta es la primera en la lista, pues algunas voces claman por establecer límites a los precios al detal que los comerciantes pueden cobrar por tales artículos. Es nefasto y contraproducente porque en tales casos lo que se necesita es aumentar la oferta, y la regulación de precios logra precisamente lo contrario. Es por ello que las estanterías vacías en los supermercados, es una de las más visibles consecuencias de dicha política. Algunas veces ésta se extiende a los precios que los productores pueden cobrar, y allí la cosa sí que se pone morada entonces, pues el efecto pernicioso es aún más grave.

El resultado es que surgen enormes mercados negros, como el que hay en Venezuela en productos lácteos, pues tanto los consumidores quieren obtener su comida, como los productores necesitan obtener una ganancia. Al final, se encarece todo aún más y los únicos que se engañan son las autoridades.

Como consecuencia de la regulación de precios, los productores prefieren exportar. Si usted vende arroz y le prohíben en Panamá venderlo a más de $20/quintal, y usted sabe que pueden venderlo fuera del país a $30/quintal, no hay que ser profeta para vaticinar lo que ocurrirá. Es entonces que los gobiernos, una vez que han establecido regulación de precios, el siguiente paso que dan es restringir las exportaciones. De ese modo buscan forzar a los productores a mantener bajos precios en el mercado local.

Y tampoco funciona. Reduce el incentivo a producir, por lo que se reduce la oferta a corto y a largo plazo, agravando entonces el problema.

Esto es lo que hicieron Herbert Hoover y luego Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos en la década de 1930. Con Roosevelt las tasas impositivas fueron elevadas hasta que la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta llegó a 90%. Esta y otras medidas hicieron que lo que seguramente hubiese sido una recesión corta, se convirtiese en una larga depresión que duró toda una década.

Al contrario, lo que debe hacer el gobierno en situaciones de crisis, es reducir impuestos. Los impuestos son una pesada carga para el sistema productivo de la sociedad. Son las personas y las empresas, no el Estado, las que generan riqueza. En situación de crisis económica, la reducción de impuestos permite que las empresas reinviertan más recursos, con lo cual se pone en funcionamiento la maquinaria productiva que permite en poco tiempo la recuperación económica.

Ésta es clásica. Cada vez que hay crisis económica, especialmente con alzas de precios como estamos viviendo con los combustibles, los alimentos y las materias primas, salen quienes culpan de tales alzas a esa especie malévola llamada especuladores.

Los precios son mensajeros que proveen información valiosa sobre oferta y demanda, escasez o abundancia relativa de las cosas que necesitamos. Cuando hay alzas rápidas de precios, ello transmite información de que hay que producir más, y consumir menos. Los famosos especuladores son meros transmisores involuntarios de esa información. El culpar a los especuladores, y por tanto a los precios, es como matar la paloma que trajo el recado. Y también empeora las cosas porque los mercados a futuros, esos donde los especuladores hacen su trabajo, tienen un efecto moderador sobre la volatilidad en los precios, ¡precisamente lo contrario de lo que se le endilga! Al interferir con su trabajo, se agrava la volatilidad, la escasez y los altos precios de las cosas.

Éstos distorsionan también las señales que dan los precios en el mercado. Son medidas populistas que dan la apariencia de ayudar a la gente, cuando en realidad la hunden más. Los subsidios dislocan la asignación de recursos productivos de la sociedad hacia tareas improductivas. Impiden que las personas ajusten sus patrones de producción y consumo, precisamente porque da señales equivocadas sobre escasez y abundancia relativas de los distintos bienes y servicios requeridos por las personas. Son pan para hoy y hambre para mañana.

Es recurrente en estas situaciones, como la que se vive en Panamá y en casi todo el mundo en estos momentos, que tanto las masas como los políticos quieran recurrir a medidas populistas. El resultado siempre es negativo para la sociedad, aunque pueda aumentar los votos de los políticos que las instauran. Es tratar de obtener pan mediante la destrucción de las panaderías.