Jaime Raúl Molina

El salario mínimo es una de esos temas en que la percepción inicial puede resultar engañosa. Para sus defensores, la imposición de un Salario Mínimo Legal es un acto de justicia social que favorece a los trabajadores. La realidad, sin embargo, es que el salario mínimo perjudica a los mismos trabajadores a los que se busca favorecer con la medida.

Mala teoría económica

Los defensores del salario mínimo parten de la Teoría del Valor-Trabajo, que considera el trabajo humano como la fuente de todo valor. Es decir, un zapato vale X cantidad de dólares, en consideración a la cantidad de trabajo humano (horas-hombre) que fue necesario para producir el zapato.

La Teoría del Valor-Trabajo ha sido refutada desde hace mucho tiempo. Usted cuando compra zapatos, no le pregunta al vendedor cuántas horas-hombre se requirieron para fabricarlo. A usted ni a nadie le interesa eso a la hora de comprar zapatos. Usted se fija en la calidad, el material, su estética y comodidad, y todo eso lo evalúa tomando en cuenta el precio. Usted se decide por el par de zapatos que le brinde, a opinión suya propia, la mejor relación utilidad-precio. Por ejemplo, si existen dos pares de zapatos iguales en todo excepto en precio, el par A teniendo un precio de cien dólares, y el otro con precio de sesenta dólares, usted probablemente comprará el de sesenta (o de repente se compra el de $100 porque es de una marca más reconocida que le brindará ‘status’). Pero lo cierto es que a usted, a la hora de elegir, no le interesa la cantidad de horas-hombre insumidas en el par de zapatos.

La Teoría del Valor-Trabajo ha sido reemplazada hace mucho tiempo por la Teoría de la Utilidad Marginal, que explica que usted comprará el par de zapatos que usted considere le rinden la mayor utilidad por ese precio, relativo a los otros pares de zapatos disponibles, y en atención a la cantidad de dinero que usted considere que puede dedicar a ese par de zapatos.

El salario mínimo crea desempleo

Siguiendo con el ejemplo del par de zapatos, ¿qué pasaría si el gobierno decide poner un ‘precio mínimo legal’ para los zapatos? Si el precio mínimo es fijado, pongamos por caso, en $100, entonces todo aquel que venda zapatos por debajo de ese precio, tendrá que aumentarles el precio a $100. Todas aquellas zapaterías que competían en el mercado vendiendo zapatos baratos de $50 y $60, por ejemplo, resultarán muy perjudicados. La razón es simple: si usted tiene que pagar $100 de todas maneras por el par de zapatos, elegirá el de mayor calidad. Aquél que antes competía porque vendía zapatos de menor calidad pero a precios accesibles, ahora quedará fuera de mercado.

¿Qué tienen que ver los zapatos con el empleo remunerado? Tiene todo que ver, porque así como los zapatos en el mercado no son homogéneos, tampoco lo es el trabajo de los seres humanos. Hay personas más productivas que otras. Así como el que vende zapatos de menor calidad puede competir si ofrece a precios relativamente bajos, pues del mismo modo el trabajador con pocas o ningunas calificaciones laborales, o con poca experiencia, puede competir precisamente porque cobra menos que los trabajadores mejor calificados. Del mismo modo que poner un precio mínimo legal saca de mercado a los que hubieran vendido por debajo de ese mínimo, el salario mínimo legal hace lo mismo con el trabajo asalariado de los menos calificados y menos productivos. El resultado es que el salario mínimo legal genera desempleo neto.

Perjudica más a los más jóvenes

Es común que el primer empleo formal de toda persona sea uno con salario bajo. Cuando uno entra al mercado laboral a los 18 años carece de experiencia y de calificaciones. Pero entrar a trabajar en una empresa, así sea de forma gratuita, le permite a esa persona aprender en el empleo y adquirir conocimientos que de otro modo no obtendría. Una vez dentro, ya dependerá de la propia persona si progresa o si se estanca, pero lo crucial es entrar. El salario mínimo legal, al eliminar o reducir el único aspecto en que el joven sin calificaciones laborales puede competir con otros más experimentados, se convierte en una barrera para que las personas con menor educación y calificaciones, puedan entrar al mundo laboral formal. Se ven así condenados al desempleo, o a permanecer en el mercado informal. ¿Qué clase de justicia social es ésa?

El joven recién egresado del colegio, carente de experiencia, ve entonces severamente limitadas sus posibilidades de acceder a un empleo en el sector formal. Es por eso que tantos jóvenes buscan entonces ser contratados en el sector gubernamental, allí donde las competencias laborales son lo que menos importa, siempre que el político quiera congraciarse con el joven por motivos netamente políticos.

Perjudica al emprendedor humilde

Una de las razones por las que el empresario humilde se mantiene en el sector informal y no avanza hacia la formalidad, lo constituye precisamente el salario mínimo. Me explico: si usted es una persona humilde y decide iniciar un puesto de venta de hamburguesas, el salario mínimo es irrelevante, hasta ese punto. Si usted gana en su propio negocio, menos del salario mínimo, ello no importa porque usted es su propio jefe y no hay relación laboral. Allí el salario mínimo no aplica y no le constituye aún una barrera. Pero digamos que sus hamburguesas son todo un éxito y poco tiempo después de iniciar su operación, la demanda es tal que usted necesita contratar un ayudante. Bueno, ¡mejor que no se le ocurra a usted contratar a alguien que no sea de su extrema confianza, como un familiar o un amigo muy cercano! Porque si lo hace, se va a encontrar con una ingrata sorpresa: usted tiene que pagarle salario mínimo. Sí, ese mismo negocio que no da para que usted pueda pagar salario mínimo ni a usted mismo que es el propietario, ahora tendría que pagar salario mínimo al ayudante.

Y recuerde que el costo para el empleador nunca es equivalente al salario, sino mayor, pues por encima del salario mensual están las prestaciones (una fórmula bastante aproximada es sumar 40% al salario, para determinar el costo real directo para el empleador).

Conclusión

El salario mínimo legal es desde todo punto de vista económico, una medida que produce resultados negativos para la generación de riqueza, la competitividad de las empresas (especialmente la micro y pequeña empresa, y las del sector informal), y para las perspectivas de empleo de las personas con pocas competencias laborales y sin experiencia. A pesar de esto, los gobiernos siguen aumentando el salario mínimo porque es una medida populista. La mayoría de los votantes no entiende de Economía 101, y se creen el cuento de que el salario mínimo beneficia a los trabajadores. Pero en realidad, a los únicos que beneficia es a los que sacan tajada del poder que les da el discurso de la lucha de clases: los políticos y los líderes sindicales. Al resto de nosotros nos perjudica.

En Panamá tenemos un par de años pagando una electricidad notablemente cara. El año pasado, 2008, estuvimos a punto de sufrir apagones programados, algo de lo que nos salvamos por la pronta llegada de la estación lluviosa. El alto precio de la electricidad está directamente asociado a la estrechez de la oferta energética y sólo solucionando ésta podremos resolver aquél.

Hidroeléctricas y termoeléctricas

En Panamá el 62% (aproximadamente) de la electricidad es generada por plantas hidroeléctricas. No obstante, no es este 62%, sino el 38% restante, lo que está haciendo que paguemos unos dieciséis centavos el Kilovatio-Hora ($0.16/Kwh). Las plantas térmicas no son necesariamente algo malo, muy al contrario, sin no fuera por ellas no podríamos satisfacer la demanda actual en el país. Pero la principal de las plantas térmicas del país, Bahía Las Minas, es una planta muy vieja, bastante obsoleta e ineficiente, que quema búnker para generar electricidad. Por su ineficiencia y por el combustible que usa, resulta en una electricidad muy cara. Bahía Las Minas, sin embargo, está en proceso de reconversión hacia el uso de carbón como combustible, lo que debe resultar en una notable reducción del costo de la electricidad que genera.

La reconversión de Bahía Las Minas ayudará a bajar el precio que los panameños pagamos por la electricidad, pero no será suficiente. Para tener electricidad aún más barata, deberemos esperar a que entren en operación un conjunto de plantas de generación hidroeléctrica que están actualmente en construcción en el país, la principal de las cuales es la hidroeléctrica de Changuinola.

Panamá tiene un alto potencial hídrico

Aparte de ser más barata, la hidroelectricidad nos da una ventaja sobre la térmoelectricidad, que para Panamá es importante, y es que nos hace menos dependientes de fuentes externas de generación. En Panamá no producimos carbón, petróleo ni gas natural, pero sí tenemos una gran precipitación pluvial y esto es algo que tenemos que aprovechar. El potencial hidroeléctrico de Panamá fue determinado en la década de 1970 por el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y aún queda mucho potencial por explotar.

¿Por qué entonces la oferta hidroeléctrica se ha estancado desde que se llevó a cabo la liberación del sector eléctrico a fines de la década de 1990? Principalmente, por barreras burocráticas a la inversión y un proceso de revisión y licenciamiento ineficiente por parte del Estado. En los últimos tres o cuatro años se ha subsanado una parte importante de estos problemas y por ello se ha podido dar algunas inversiones importantes en el sector hidroeléctrico, que darán frutos en pocos años.

Políticas públicas

La inversión en hidroeléctricas es muy intensiva en capital, principalmente porque la mayor parte de la inversión se usa para constuir la represa y crear el embalse. Es natural entonces que el inversionista quiera seguridad jurídica y un mayor retorno a la inversión que otras formas de generación como las termoeléctricas. La única solución verdadera a largo plazo es facilitar la inversión en más generación energética, pues como ocurre en todo mercado, sólo con la ampliación de la oferta puede asegurarse reducción duradera de precios.

Hay que aprender del estado de California. Allí, hace pocos años sufrieron apagones prolongados por escasez de electricidad. Ello, en medio de uno de los estados más ricos de la Unión Americana. La razón fue la pesada regulación del mercado energético que desde hacía muchos años castigaba la inversión en nueva generación, entre otras formas, mediante la regulación de precios al mayoreo de la electricidad generada.

En América Latina, la tentación populista a torcer el brazo a las empresas de servicios públicos para que bajen los precios al público, es endémica. Panamá no escapa a esto, debido a que el último lustro hemos sufrido de una electricidad bastante cara. A largo plazo, las medidas populistas sólo empeoran el problema. Lejos de incentivar el aumento de la oferta energética mediante la inversión en generación, las medidas populistas como el establecimiento de precios tope, resultan precisamente en lo contrario de aquello que es necesario para aumentar la oferta, pues disuade al inversionista en lugar de atraerlo. A nadie le gusta, a fin de cuentas, invertir largas sumas de dinero en países donde no se respeta la seguridad jurídica.

Ante la crisis financiera económica global que vivimos, el sistema bancario y financiero de Panamá ha evitado hasta ahora los colapsos bancarios, financieros y de gigantes del sector industrial o comercial, que han afectado a otros países. En toda nuestra historia como República soberana, hemos estado libres de corridas masivas y de sistémicas bancarias y financieras. Esta relativa solidez de nuestro sistema bancario se debe entre otras cosas a la ausencia en Panamá de Banco Central, de un prestamista de última instancia, y de un seguro de depósitos.

Los economistas llaman riesgo sistémico a la posibilidad de que todo el mercado se contraiga o colapse a la vez. Este riesgo no puede ser mitigado mediante la diversificación de cartera, porque su propia esencia es la contingencia de que el mercado en general, y no sólo un sector específico de la economía, sufra una severa contracción.

El riesgo sistémico siempre existirá, pero puede agravarse por ciertas conductas humanas en la actividad financiera y empresarial en general. Esto puede ocurrir con lo que los economistas llaman riesgo moral.

El riesgo moral se da en toda situación en que una persona esté en posición material de aumentar sus beneficios, trasladando a otros los costos incurridos. Cuando se da una situación de éstas y las personas actúan de dicha manera, el resultado es una destrucción neta de riqueza. Un ejemplo simple es la disposición de deshechos tóxicos en un río, que genera a los demás un perjuicio muy mayor al beneficio que recibe quien así dispone irresponsablemente de los deshechos. Allí donde hay externalidad económica negativa, hay riesgo moral.

Bien, aterricemos: ¿qué tiene esto que ver con las crisis bancarias? Existen esquemas de regulación bancaria diseñados con el fin de reducir riesgo moral, pero que en realidad resultan en un aumento de éste. Una de ellas lo es el establecimiento de lo que se conoce como el Prestamista de Última Instancia (‘Lender of Last Resort’), que consiste en una institución cuya función es supuestamente la de ofrecer liquidez a bancos en situación de iliquidez considerada como temporal.

El razonamiento detrás del establecimiento de un ente que cumpla dicho rol de Prestamista de Última Instancia, es que una situación de iliquidez de algunos bancos podría causar una huída o corrida sobre dichos bancos que, a su vez, podría provocar un pánico generalizado entre los depositantes, que los conduciría a retirar masivamente sus depósitos bancarios. Esto, en un sistema de banca de reserva fraccional (recuerde que el banquero no ‘guarda’ vuestro dinero, sino que lo presta a plazos para obtener un retorno), puede hacer que la situación de iliquidez se convierta en una insolvencia generalizada de los bancos, con un consecuente colapso de todo el sistema de crédito, crucial para una economía moderna. El papel de Prestamista de Última Instancia está concebido para evitar este escenario.

Sin embargo, en la vida real la existencia de un Prestamista de Última Instancia, contrario a su perseguido fin de reducir el riesgo sistémico, en realidad resulta en un aumento de éste. Para entender por qué, es menester visualizar cómo opera un sistema bancario en el que no hay Banco Central ni por tanto Prestamista de Última Instancia.

Un sistema de banca libre o ‘free banking’ es uno en que no hay banca central, los bancos compiten entre sí y hasta pueden emitir sus propios billetes de banco que circulan en calidad de papel moneda, y no hay prestamista de última instancia. En dicho sistema, los bancos no tienen una red de seguridad. Si prestan demasiado y no mantienen adecuadas reservas de liquidez para hacer frente a las demandas efectivo de sus depositantes, pueden caer en el temido estado de iliquidez que los obligue a financiarse a tasas más altas para poder cumplir sus obligaciones. Esto, en el mejor de los casos, reduce notablemente las utilidades del banco, y en el peor, puede llevarlo a la insolvencia y a la quiebra.

El banquero privado en dicho sistema, entonces, tiene un fuerte incentivo a actuar con suma prudencia tanto en sus reservas líquidas, como en cuanto a los riesgos crediticios que asume en los préstamos que otorga. Si yerra y comienzar a tener que financiarse con otros bancos para poder cumplir sus obligaciones frente a sus depositantes, la mera noticia en el mercado puede crear desconfianza en los depositantes y éstos irán a retirar sus dineros depositados en dicho banco, creando una posible huída bancaria que lo llevaría a la insolvencia y consecuente quiebra.

Pero cuando se instaura un Prestamista de Última Instancia, se traslada el riesgo a un ente público (el Banco Central). Se crea la falsa sensación de que los depósitos bancarios están más seguros porque el Gobierno no dejará jamás quebrar al Banco Central (quien asume así, en última instancia, los riesgos crediticios de todo el sistema). El banquero ahora no tiene tan fuerte incentivo a ser conservador en el otorgamiento de créditos, pues confía en que de llegar a surgir un problema de iliquidez, el Banco Central saldrá en su ayuda inmediata, para proteger al sistema bancario. El depositante, por razones similares (aunado a la existencia de un seguro de depósitos, también respaldado por el Estado, que le garantiza que en caso de quiebra del banco en que mantiene sus depósitos, éstos le serán reembolsados hasta un monto máximo predeterminado), ya no tiene tanto incentivo a monitorear la solidez del banco en que mantiene sus depósitos.

Tanto el banquero como el depositante han así trasladado el riesgo de iliquidez, insolvencia y quiebra por riesgos crediticios, a un tercero que es el Banco Central, es decir, al Estado. Pero el Estado en realidad no tiene bolsillos propios, no genera riqueza, sólo la que recauda de sus ciudadanos. Así, al trasladar el riesgo crediticio de todos los bancos en el sistema al Estado, estamos creando la ilusión de reducción de riesgo, cuando en realidad lo hemos aumentado por razón del ahora aumentado riesgo moral, antes aludido. Como dijo Herbert Spencer, el resultado de blindar a las personas de los efectos de sus propias tonterías, es que el mundo se llena de tontos.

Panamá, afortunadamente, no tiene un Banco Central. Panamá ha estado exento en toda su historia republicana, de los episodios de colapsos financieros, hiperinflación y huídas bancarias a las que han estado expuestos prácticamente todos los demás países de América Latina, y muchos países de otras latitudes. Entre las principales razones (aunque se trata de algo multifactorial), está que no tenemos un Prestamista de Última Instancia, ni seguro de depósitos, ni Banco Central. Mantengámoslo así y no tratemos de arreglar lo que no está roto.

(Artículo publicado en Revista Agenda, septiembre de 2009)

El letargo estatal en todo lo que tiene que ver con trámites, licencias, permisos, y demás procedimientos que el ciudadano tiene que hacer ante autoridad pública, es un costo no contabilizado, pero que definitivamente nos cuesta mucho a todos los panameños. Aunque parezca irónico, las llamadas soluciones que muchas veces se proponen, sólo sirven para agravar el problema. En este artículo veremos por qué.

Botellas, garrafones, medio galones, pachitas y demás

El primer problema es que las botellas no se limitan a aquellos que cobran sin asistir a su puesto de trabajo designado. El asunto va más allá de eso. Es que existen muchos nombrados que, aunque sí asisten a diario a su oficina, no hacen realmente nada productivo. ¿Cómo ocurre esto? Simple, en una empresa privada, el dueño está forzado por las circunstancias a contratar a los mejores y a los más eficientes. Y no puede contratar más allá de lo que la productividad de la empresa permite.

Pero en el Estado la cosa es muy diferente. En el Estado, para comenzar, los que nombran no son propietarios que ponen la plata para los salarios de su propio bolsillo. Allí los empleadores pagan con plata ajena, la de usted y la mía. Y por si esto fuera poco, por cada persona adicional que nombran con la plata ajena, reciben lealtad y votos de parte de esos nombrados. Para el que nombra, es un negocio redondo, todo beneficios y cero costos. Para los contribuyentes, es pérdida por donde lo vea.

Esto es lo que explica que en el Estado se derroche en posiciones que son extremadamente innecesarias. Por ejemplo, en este país en todo Ministerio uno ve que el Ministro tiene conductor, así como tienen conductor asignado varios funcionarios con rango de Director. Usted no ve semejante cosa en la empresa privada, donde hasta el Presidente de la compañía conduce su propio auto.

La culpa no es sólo de los políticos

Sí, ya casi lo escucho a usted, amigo lector, diciendo “la culpa entonces es de los políticos.” Pero me tomo el atrevimiento de sacudirlo. Usted y yo, como ciudadanos, somos tanto o más culpables que los políticos que hacen esto. ¿Por qué digo esto? Porque los panameños, cada vez que hay un problema, tendemos a decir “que el Gobierno haga algo”. Para mí, es incomprensible cómo continuamos clamando porque el Gobierno siempre resuelva los problemas, cuando sabemos, pues hasta chistes contamos sobre esto, que el Gobierno sólo empeora las cosas.

Si no es así, le pido que piense un rato y trate de evocar tan sólo un asunto en que el Estado se meta y lo haga bien. El transporte colectivo es un desastre en la ciudad capital precisamente desde que en la década de 1970 se intervino y se eliminó el sistema privado que funcionaba bien. El antisistema de los diablos rojos, es un monstruo creado por el Estado con la excusa del interés social.

Y la lista es prácticamente interminable: seguridad social, hospitales públicos, escuelas públicas, malos servicios públicos, y pésima atención al contribuyente en todos lados a donde uno vaya. Así que por favor, amigo lector, la próxima vez que analicemos un problema de nuestra sociedad, no salgamos al paso exigiendo que el Estado se meta a ‘solucionarlo’. Porque es entonces que la cosa se pone insoportable.

El consejo de sabios

La idea de que existe un grupo de personas que puede resolver los problemas de la sociedad ampliada, si tan sólo nombramos a ‘los mejores’, es un verdadero placebo. No existe tal cosa. En la práctica, lo único que logramos con crear cada vez más instituciones, direcciones, departamentos y unidades estatales con funciones inventadas, es crear una cada vez más hipertrofiada planilla estatal que a todos los contribuyentes nos cuesta demasiado. Y nos cuesta no sólo en dinero, sino en pésima atención y servicio.

La solución real

La única solución verdadera es que los ciudadanos recuperemos nuestra libertad quitándole poder a los burócratas. No más instituciones autónomas para realizar funciones inventadas. Lo que requerimos es que el Estado se concentre en aquellas funciones que sí le corresponden, como policía y administración de justicia, que ha dejado cada vez más desatendida precisamente por pretender dedicarse a miles de cosas que no le corresponden.

(Artículo publicado en Revista Agenda, agosto de 2009)

(Artículo publicado en Revista Agenda, julio de 2009)

Las marcas comerciales (‘trademark’) cumplen una función social muy importante. Transmiten información valiosa a los consumidores sobre la calidad, contenido, y otras cualidades relevantes de determinado producto o servicio.

Esencialmente, la marca permite al empresario construir buena voluntad (‘goodwill’) y una reputación alrededor de su empresa y sus productos o servicios, de la misma manera que las personas pueden construir una reputación sobre su honorabilidad, buen crédito, responsabilidad, profesionalismo, etc. Así como, por ejemplo, un abogado se construye una reputación que acumula con su actuar diario, pues del mismo modo la marca comercial permite al empresario hacer lo mismo con su empresa y con sus los bienes y servicios que ofrece al público.

La marca comercial y su reconocimiento jurídico permite que el dueño de la marca invierta capital en ella, que de otra manera no invertiría. En el comercio y demás actividades empresariales, una de las más importantes tareas que competen al empresario es la de comunicar a sus potenciales clientes, sobre los bienes y servicios que ofrece y las distintas cualidades que éstos poseen. Esto es lo que conocemos como publicidad. ¿Cuántos comerciales de televisión ha visto usted en que se muestren las ventajas genéricas del arroz, o de los neumáticos de autos, por ejemplo? No muchos, por no decir que ninguno. En cambio, usted seguramente ha visto muchísimos anuncios en que se publicita las características y ventajas de determinada marca de arroz o de neumáticos de autos.

Pero no es sólo asunto de anuncios publicitarios. La importancia de las marcas es tal, que sin esa apropiación de buena voluntad que ellas permiten, los bienes y servicios que encontramos en el mercado jamás tendrían la calidad y características innovadoras que muchas veces tienen. Esto se debe al fenómeno que los economistas conocen como La Tragedia de los Comunes, que no es más que el hecho que nadie invierte recursos valiosos en actividad alguna, si no tiene razonable certeza de que tendrá derecho exclusivo al aprovechamiento de los beneficios que deriven de dicha inversión. La misma persona que gasta miles de dólares en embellecer su casa, no gastaría ni unos pocos dólares en embellecer la vía pública.

Pues del mismo modo, ningún empresario invertiría millones de dólares en mejorar sus productos mediante la innovación tecnológica, ni en diferenciarlos del resto de los similares ofrecidos en el mercado mediante un mayor control de calidad, si no pudiera de alguna manera lograr que esa mayor calidad y esa garantía de innovación, sean asociados de manera exclusiva con sus productos y servicios. Por ejemplo, Steve Jobs y su empresa Apple Computers, jamás invertirían los miles de millones de dólares que invierten continuamente en innovación tecnológica para ofrecer cada vez mejores productos computacionales, si no fuera porque existe el régimen jurídico de marcas que les permite apropiar, es decir, aprovechar en régimen de exclusividad, los beneficios asociados al buen nombre de la conocida marca de la manzana.

Algunos oponentes radicales de las marcas comerciales han identificado a éstas con una supuesta banalidad de parte de los consumidores. Es la concepción de la persona que sólo compra una prenda de vestir de una marca determinada, para lucirla y ufanarse de que puede pagar dicha marca. Es decir, esta concepción se mofa del uso de las marcas como mero comunicador de status social.

Pero está claro que las marcas son mucho más que eso, como hemos visto antes. Es una manera efectiva de apropiar el goodwill asociado a un producto o servicio, o a una línea de productos o servicios. Sólo si hay forma de apropiación de ese goodwill o buena voluntad, la empresa invertirá sustanciales recursos en mejorar ese goodwill o buena voluntad, a través del ofrecimiento de cada vez mejores productos y servicios bajo la marca comercial en cuestión.

Un ejemplo de mundo sin marcas es el del transporte colectivo y de los taxis en la ciudad capital. Como no existen marcas reconocidas en dicho mercado, a pesar que los operadores son todos privados, el usuario no tiene mecanismo eficiente de saber de antemano qué buses están en mejor condición física que otros. Y ningún Diablo Rojo ofrece servicios de valor agregado que los diferencie del resto. El resultado es el que todos vemos a diario: un pésimo servicio, sin diferenciación competitiva que tienda a un mejoramiento continuo de lo que se ofrece.

En un sistema de transporte urbano donde existiesen los distintos proveedores del servicio pudiesen ser identificados mediante sus respectivas marcas, todo proveedor se aseguraría que sus autobuses se encuentren en el mejor estado mecánico posible, y se aseguraría también de contratar a buenos conductores y dotarlos de buen entrenamiento no sólo en manejo, sino además en trato al público. La razón es sencilla: ningún dueño de autobuses quisiera entonces ser asociado en las mentes de las personas, a connotaciones negativas como que sus autobuses son trampas de muerte, o que cuando uno de sus autobuses colisiona y causa daños a otros, se da a la fuga y no hace frente a su responsabilidad. Cualquiera de esas conductas en un sector reinado por las marcas, garantizaría el fracaso económico a quien las practicara.

O imagínese que usted tiene que comprar jabón de lavar, pero no tiene forma de saber cuál es bueno y cuál es malo. Sin marcas, ¿cree usted que cualquier fabricante de jabones invertiría mucho capital en tratar de mejorar su producto sobre los demás, si no pudiera apropiarse la buena voluntad asociada a su producto? Aún si hubiese un fabricante de jabón que lo hiciera, no habria manera en que usted pudiera identificar cuál es ese jabón de mejor calidad. Y por otro lado, no tendría forma efectiva de evitar comprar los jabones de mala calidad que le han traído perjuicios en el pasado. Cada vez que fuese usted a comprar jabón, estaría en efecto tirando una moneda al aire.

Por todo lo anterior, resulta evidente que una economía de mercado requiere un adecuado sistema de registro y protección de la propiedad marcaria. El mundo sin marcas es el mundo sin reputaciones, uno en el que la absoluta mediocridad es no sólo la norma, sino que es universal e inescapable, y nadie tiene incentivo a mejorar lo que ofrece, dado que no puede diferenciarse del resto. Así, las marcas comerciales constituyen una más de las tantas maravillas que el sistema de propiedad privada ofrece a la sociedad, gracias al cual los empresarios se empeñan en mejorar continuamente lo que ofrecen.

En Honduras, el Presidente Manuel Zelaya intentaba subvertir el orden constitucional, pero la institucionalidad fue preservada por valientes hombres que se negaron a permitirle a Zelaya constituirse en tirano.

Zelaya pretendía violentar la Constitución haciendo un referéndum sobre la posible convocación en noviembre a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, de tal manera de permitir su reelección. Pero la Constitución hondureña no sólo prohíbe la reelección del Presidente sino que además sanciona con la pérdida del cargo para quien proponga la eliminación de dicha prohibición (el Artículo 239). Así las cosas, el tal referéndum era ilegal desde su concepción, y ello lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral al Presidente Zelaya. Entonces Zelaya decidió proseguir de todos modos, y por eso llamó al ejercicio 'encuesta' y no referéndum, y pretendía llevarlo a cabo con el Instituto Nacional de Estadísticas (controlado por el Ejecutivo), entidad a la que claramente no le corresponde una consulta popular como ésta. Pretendía además hacerlo de tal manera que las fuerzas armadas colaboraran en el ejercicio, y cuando el jefe de las Fuerzas Armadas conjuntas Romeo Vásquez Velásquez se negó a cooperar, por tratarse de un acto inconstitucional, el Presidente Zelaya decidió destituirlo. El Ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y así lo hicieron también los jefes de las tres ramas militares, Naval, Aérea y Ejército.

Entonces, Vásquez recurrió contra la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y por tanto restituir a Vásquez.

El Presidente Zelaya decidió proseguir de todas maneras, contra la orden de los organismos de justicia competentes. La llamada 'encuesta' tendría lugar el pasado domingo 28 de junio. Ante este evidente rompimiento del orden constitucional de parte de Zelaya, el Fiscal General Luis Rubí ordenó a las fiscalías bajo su mando, a acudir ese día a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo y paralelamente las F.F.A.A. fueron ordenadas por la propia Corte Suprema de Justicia, a detener al Presidente. Esto se hizo y en efecto el Presidente fue detenido y puesto en un avión hacia San José, Costa Rica.

En una República gobierna la Constitución y la Ley, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el Presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido, es en sí un golpe de estado. En este caso, es harto claro que ha sido el Presidente Manuel Zelaya quien intentó violentar el orden constitucional.

Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y F.F.A.A.)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el Presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y con mayor razón, la de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes), el usar los medios que estén a su alcance para proteger la Constitución y las Leyes?

A mi modo de ver, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las F.F.A.A. hondureñas, han actuado cívicamente para proteger la Constitución el domingo pasado. Actuaron con valentía para proteger a su República del intento golpista de su Presidente Manuel Zelaya.

Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones, y en cambio a respaldar al golpista Zelaya. Y se nota el contraste con el trato dado a la dictadura cubana, que acaba de ser restituida a la Organización de Estados Americanos (OEA), misma organización que ahora condena la remoción del Presidente Zelaya.

En América Latina tenemos una larga tradición de gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder mediante maniobras de toda clase. Los hondureños se hartaron de esto hace décadas, y por eso contemplaron en su Constitución de 1982 la cláusula que prohíbe la reelección presidencial y que además sanciona con la remoción inmediata del cargo a quien ose proponer siquiera la reforma de dicha cláusula. Aún estamos a tiempo para recapacitar, pues lo que debe defenderse es el mantenimiento del Estado de Derecho, y no al usurpador.

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El próximo 1 de julio tomará posesión el nuevo gobierno de la República. Hay muchas cosas que arreglar en nuestro país, pero hay unas más urgentes que otras. En este artículo examino las situaciones que considero más apremiantes que deberá afrontar el gobierno entrante, desde el primer día de su mandato.

Seguridad ciudadana

Nunca como ahora, el panameño se sintió tan aterrado de salir de su casa, e incluso en su propia casa. Los delitos violentos (homicidios, robos, violaciones, secuestros), están a la orden del día, especialmente en la ciudad capital. La política del gobierno saliente no ha sido efectiva, y esto debe reconocerse. Cuando algo no resulta, sólo los tontos continúan haciéndolo y esperan resultado distinto.

Algunas cosas son tan obvias que cualquier persona, sin ser experta en seguridad, lo entiende. Es absurdo esperar que los policías puedan enfrentarse con revólver calibre .38, a mafias organizadas que están bien provistas de armas automáticas (que disparan ráfaga). Otra facilita, es que los agentes de policía deberían tener un seguro de vida y seguro médico privado, pagado por el Estado. Actualmente, si un agente muere en el cumplimiento del deber, lo único que recibe su familia es una pensión mínima que le paga la Caja del Seguro Social, y que resulta sumamente inadecuada. ¿Cómo exigirle a un policía que arriesgue su vida por nosotros, y luego cuando perece haciéndolo, le decimos a su viuda e hijos que se las arreglen como puedan?

Por otro lado, que las autoridades evidentemente no están logrando combatir el crimen, tampoco permiten a los ciudadanos ejercer su propia defensa. La Administración saliente ha tenido por política, en el Ministerio de Gobierno y Justicia, hacer la vida imposible a quien solicita una licencia para portar arma de fuego. El Ministerio de Gobierno y Justicia incluso presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que en la práctica hubiera significado el desarme de la población civil que sólo busca armarse para defenderse de los malhechores. Hay que cambiar esta política de ni hacer ni dejar hacer, máxime cuando está claro que el problema no son las armas de fuego, sino los delincuentes armados, y éstos se aprovisionan en el mercado negro con armas de contrabando infiltradas por el crimen organizado. Como dicen los norteamericanos, si se criminalizan las armas, los únicos que tendrán armas serán los criminales.

Flat Tax y reducción de impuestos

El Presidente Electo Ricardo Martinelli manifestó durante su campaña electoral, que de llegar a la Presidencia promovería cambiar el régimen de impuesto sobre la renta a uno de Flat Tax o de tasa plana, como el que rige en países como Irlanda, Estonia, República Checa, y que desde su establecimiento ha impulsado exponencialmente la inversión privada en tales países. Esta es una de las cosas que, de lograrse, tiene el potencial de empujar a Panamá sustancialmente hacia el desarrollo económico. Siempre y cuando, claro está, la tasa impositiva que se establezca sea relativamente baja.

Miembros del equipo que preparó la propuesta económica de Ricardo Martinelli durante su campaña, han manifestado que la tasa impositiva estaría entre 12% y 17% para personas naturales, y entre 18% y 22% para personas jurídicas. Pero el flat tax es mucho más que meramente una tasa plana relativamente baja. También busca simplificar el sistema tributario eliminando la doble tributación, pues las ganancias se gravan una sola vez en su fuente. Así, debe irse el impuesto a las ganancias de capital, pues constituye una doble tributación y, como expuse en el artículo de esta misma columna el mes de noviembre de 2008, es un impuesto confiscatorio.

Además, debe eliminarse todos los impuestos cuya recaudación es escasa o nula y cuya administración resulta más onerosa que lo que aporta a los ingresos tributarios. Son bastantes.

Transporte urbano

La ciudad capital no aguanta más en el caos que a diario tenemos que vivir quienes tenemos que movilizarnos dentro de la ciudad. Los corredores Norte y Sur, inaugurados hace ya más de diez años, cumplen una función pero no son suficientes para resolver el problema. El tráfico en las áreas céntricas de la ciudad se vuelve intratable durante las horas pico, e incluso hay áreas que a cualquier hora del período diurno son de difícil tránsito. Muchas personas toman hasta 4 o 5 horas diarias simplemente en transportarse desde y hacia sus lugares de trabajo.

El gobierno saliente se propuso durante su mandato solucionar este problema con la instauración de un nuevo sistema de transporte masivo urbano, pero no le alcanzó el tiempo. El Presidente Electo ha prometido que la ciudad capital tendrá un metro o subterráneo durante su mandato, lo que vendría a ser un sistema de transporte masivo moderno. Este es un proyecto que tomaría entre 4 a 5 años construir, y por tanto hay que comenzar de inmediato.

El problema va más allá de construir un metro. Los espacios para estacionamiento en la ciudad son obviamente insuficientes para la cantidad de vehículos que hay. Lo vemos en el hecho que las calles y avenidas son usadas como estacionamiento (por ejemplo, todas las calles y avenidas del barrio El Cangrejo, la Ave. Cuba, y otras vías importantes. Este es un problema que deberá atacar conjuntamente el Gobierno Nacional con el Municipio de Panamá, para facilitar la construcción masiva de parques de estacionamiento privados y así poder usar las calles y avenidas para lo que se construyeron originalmente y no para estacionar.

Titulación masiva de tierras

El gobierno entrante debe acabar con la precariedad de la propiedad privada sobre la tierra. Desde la aprobación del Código Agrario durante la década de 1960 se está tratando de titular las tierras en todo el país a favor de sus actuales poseedores. Pero al ritmo que vamos, esto es cosa de nunca acabar. Lo que debe hacer la Administración entrante es instaurar un proceso simplificado por el cual las personas puedan titular su tierra sin necesidad de abogados, notarios ni papeleos costosos. Un verdadero programa de titulación masiva.

Esto requerirá el compromiso genuino desde el propio Presidente, pues requiere dotar de los recursos necesarios a las instituciones encargadas. Mientras no se den los recursos para esta importante labor, jamás se logrará el objetivo, cual es hacer de Panamá una sociedad de propietarios. Las sociedades libres son aquellas en las que los ciudadanos son dueños de su tierra. Tal es el origen de las repúblicas desde la Antigüedad. Tanto las ciudades-estado griegas como Roma, surgieron como repúblicas porque tenían una ciudadanía propietaria. No es sólo un tema económico sino político y sociológico.

En fin, nadie sensato espera que en cinco años sean resueltos todos los problemas del país, pero los arriba mencionados son problemas que este país no aguantará por más tiempo. El nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en darles solución.