Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista Agenda, edición de mayo de 2010)

(Artículo que me publicó la Revista Agenda, edición de abril de 2010)

La expresión que titula este artículo es redundante: no existen subsidios cuyo costo real sea menor que sus beneficios. Los subsidios generan una serie de costos, algunos de los cuales se ven, en tanto que otros pasan agachados sin ser por ello menos dañinos. Con el pasar de los años los programas de subsidios por interés social han ido aumentando en número y en desembolsos, y recientemente el Gobierno Nacional ha creado aún más programas de supuesto apoyo social que algún día terminaremos lamentando seriamente.

En este artículo me refiero especialmente a los subsidios de corte social, como el subsidio a la tarifa eléctrica (para los que consumen menos de 500 Kwh por mes), el subsidio al tanque de gas de 25 libras, el subsidio de la Red de Oportunidades (bono de $35 que inició el Gobierno de Martín Torrijos, y que luego subió a $50, para ciertas familias de bajos recursos), y el de $100 para los 70, ahora establecido el Gobierno de Ricardo Martinelli para cumplir promesa de campaña.

Estos programas de supuesto apoyo social generan costos directos para el resto de los ciudadanos. El costo de estos programas ascenderá para el presente año a la friolera de $645 millones. La recaudación del I.T.B.M.S. en el año 2009 fue de $561 millones, y el Gobierno Nacional estima que el aumento de la tasa de dicho impuesto a 7%, aumentará la recaudación por entre $200 a $240 millones. En otras palabras, podemos decir que el I.T.B.M.S. está siendo usado para pagar todos estos programas de subsidios sociales.

Un breve análisis nos revela algo importante: estos subsidios los está pagando el propio pueblo que supuestamente recibe los beneficios. Es incontrovertible que quienes menos ingresos generan, deben dedicar una mayor parte de sus ingresos a consumo inmediato y cotidiano. Y muy contrario a lo que dicen algunos defensores del aumento del I.T.B.M.S., las personas de bajos ingresos sí compran ropa, zapatos, juguetes, van al cine, comen en restaurantes de comida rápida y fondas, y consumen muchas otras cosas que están gravadas con el I.T.B.M.S.

Vemos entonces que quienes realmente pagan los subsidios, son precisamente aquellos llamados a beneficiarse de ellos. Tan sólo con este breve vistazo a los números, vemos que si verdaderamente se quiere ayudar a los de menos recursos, muy mejor sería bajar la carga tributaria al consumo, en lugar de establecer más subsidios.

Pero el problema con los subsidios de supuesto apoyo social, es que los costos reales no terminan con los directos. Existen otros más difíciles de ver a simple vista. No marcan en las estadísticas oficiales, pero son tan dañinos o más que los costos directos.

Por un lado, los subsidios incentivan conductas negativas. Ejemplo: el subsidio a la electricidad desincentiva el ahorro. Para una familia cuyo consumo mensual sea menor a 500 Kwh, siempre que su consumo no llegue a dicho hito, sus miembros son premiados por el subsidio a consumir más electricidad. Esto, a la vez que el Estado promueve el ahorro energético con diversas políticas que a su vez cuestan dinero.

Todo en la vida tiene un costo. El subsidio no elimina ni reduce esos costos, sino que los transfiere a otras personas. Y como todo programa de subsidios tiene a su vez costos de administración, se generan nuevos costos para todos los asociados. El resultado es siempre una pérdida neta de riqueza para la sociedad.

Por otro lado, los subsidios reducen la competitividad. Dado que todo subsidio lo paga alguien, ese alguien termina viendo que se reduce su bienestar. Las actividades económicas generadoras de riqueza se encarecen. Las empresas que deben pagar la tarifa de electricidad comercial e industrial, pagan una tarifa encarecida para poder sufragar en parte el subsidio a los que consumen menos. Esto encarece los productos y servicios que dichas empresas generan, con lo que se afecta la capacidad de generación de riqueza y empleos del sector empresarial. Y además, dado que esos mismos productos y servicios se encarecen, al final termina el consumidor pagando los platos rotos.

Los programas de supuesto apoyo social como el de $100 para los 70, sabemos siempre cómo inician, pero nunca cómo terminan. En todo país donde se establecen programas de llamada asistencia social, que no son más que paternalismo, dichos programas inician siempre como algo provisional y representan una erogación relativamente pequeña para el Estado. No obstante, con el pasar del tiempo dichos programas van creciendo en prestaciones, y en costo tanto absoluto como relativo dentro del presupuesto estatal. Si lo duda usted, sugiero que recorte este artículo, lo guarde, y lo vuelva a sacar para el año 2014. Vaticino que durante la campaña electoral, los candidatos se pelearán por ver quién promete más. Verá que alguien propondrá reducir la edad de 70 a 65 años para el pago del $100 a los 70. Y alguien propondrá aumentar el monto de $100 a $130 (o $150) mensuales. Y no dude usted que, gane quien gane, aumentará tanto la prestación individual como la carta para el Estado y por tanto para los contribuyentes. Tan sólo fíjese en la Red de Oportunidades, que comenzó en $35 y ya va por $50.

Estos programas paternalistas se convierten así, en pocos años, en un enorme lastre para los contribuyentes, y en algo que limita cada vez más la capacidad del Estado para invertir los ingresos tributarios en obras de infraestructura y en aquellas cosas verdaderamente requeridas para el desarrollo del país. El Estado se va haciendo así cada vez más ineficiente, con un gasto público cada vez más hipertrofiado. Y a la porción de la población a la que se destinan estos programas, en lugar de sacarlos de la pobreza, se los hace más dependientes de la dádiva de los políticos, y por tanto, más fáciles de manipular con fines políticos.

El espejo en que debemos mirarnos es el de Grecia, España, y otros países europeos que, tras décadas de aumento continuo del gasto público en programas de corte paternalista, ahora enfrentan la traumática tarea de tener que recortar drásticamente dicho despilfarro, porque las finanzas públicas se encuentran al borde del colapso. Y como siempre, los platos rotos los paga el contribuyente, a quien le tocará pagar más impuestos.

El paternalismo siempre viene acompañado de odas a la solidaridad. Pero la solidaridad sólo puede ser voluntaria. Cuando el Estado roba a Pedro para darle a Pablo, la república y sus instituciones se van erosionando, pues la carrera por el poder se convierte en una carrera por ver quién ofrece más caramelos a costa del dinero de los contribuyentes. La Historia nos dice que la decadencia de Roma siguió un patrón similar. Los emperadores acrecentaron continuamente el populismo conocido como panes et circem (pan y circo), y ya sabemos cómo terminó ese drama.

La Unión Monetaria europea, que entró en efecto en forma palpable con circulación de sus billetes y monedas en 2002, se encuentra en serios aprietos y, según algunos analistas, podría entrar en crisis y terminar disolviéndose en tan corto plazo como uno o dos años.

La crisis financiera mundial ha causado estragos en todo el mundo, pero definitivamente a unos los ha golpeado más que a otros. Ya Islandia en 2008-2009 tuvo un virtual colapso de su sistema financiero privado. El año pasado 2009 vimos cómo Dubai, que por años asombró al mundo con su acelerado crecimiento inmobiliario y sus imponentes proyectos de construcción dignos de portada de revista, evitó (o quizás sólo pospuso) su colapso gracias a la billonaria ayuda de sus vecinos de Abu Dhabi.

Pero la crisis en el mundo no ha terminado, y las cosas comienzan a complicarse. Los gobiernos están recibiendo menos ingresos por impuestos, debido al bajón en actividad económica. Algunos de los países con serios problemas financieros son miembros de la Unión Europea.

Grecia

El caso particular de Grecia es quizás el más inminente. Al momento de escribir este artículo (fines de enero), se comenta del fuerte rumor sobre un acercamiento que tuvieron las autoridades del Ministerio de Finanzas de Grecia, con el Banco Central de China, para persuadir a éstos de comprar unos EUR 25 billones en títulos de deuda soberana de Grecia. El rumor ha sido desmentido tanto por el Ministerio de Finanzas de Grecia, como por su contraparte de China. Sin embargo, dada la situación crítica de las finanzas griegas, es más que probable que el acercamiento se haya dado.

La deuda pública de Grecia es de 113% de su Producto Interno Bruto (PIB), y según estimaciones del propio gobierno griego, durante 2010 la deuda alcanzará el 120% del PIB. Con un déficit fiscal que el año 2009 rondó el 15%, y con proyección a aumentar sustancialmente este año, la situación de las finanzas públicas griegas se pone cada vez peor. Según estimaciones del propio gobierno, se requerirá colocar unos EUR 53 billones en 2010 para poder hacer frente a las obligaciones corrientes del Estado griego.

España, Portugal e Italia se encuentran en situaciones similares, aunque aún no tan inminentes, a la de Grecia. El caso de España, por ejemplo, no es tan grave en cuanto a su razón Deuda/PIB, pero sí es grave en su déficit fiscal, que también ha aumentado con la contracción económica. El Profesor Noriel Roubini, famoso por su predicción acertada de la crisis financiera desatada en 2008, opina que mientras que el colapso de las finanzas públicas de Grecia sería un problema para la Unión Monetaria, el colapso de España sería una catástrofe, ya que España es la cuarta economía más grande del bloque monetario europeo.

Si estos países no fuesen parte de la Unión Monetaria, probablemente atenderían la crisis devaluando su moneda. Esto permitiría a corto plazo hacer frente a su servicio de deuda, mejoraría la balanza de pagos, y aliviaría el déficit fiscal. Claro que esto sería a costa de aumentar la presión inflacionaria y resultaría en un desincentivo a la inversión, lo que a la larga empeoraría las cosas. Pero ya sabemos que los políticos tienen un horizonte de cinco años (o cuatro, según sea el período electoral en el país respectivo).

Pero al integrarse a la Unión Monetaria, los países miembros han cedido la facilidad de hacer ese tipo de maniobras para resolver una crisis interna, y se han comprometido a ciertos estándares de manejo financiero que les restringe su capacidad de maniobra con políticas monetarias y fiscales.

A diferencia de una empresa privada, donde la gerencia reacciona recortando gastos cuando el flujo de efectivo se deteriora, en el gobierno la reacción casi nunca es similar. Los gobiernos se caracterizan precisamente por la ineficiencia, la burocracia y el clientelismo. El gasto público tiende a inflarse durante los años de auge económico, pero cuando llegan las vacas flacas el ajuste casi nunca llega como debería, y en vez de ajustarse el cinturón, los gobernantes buscan ordeñar más a la vaca (aunque ya ésta no dé más leche). Las medidas de reducción del gasto son impopulares, la reducción de planilla es algo que los políticos nunca consideran en serio (al menos cuando están en el poder), y la reducción de programas de gasto que resultan en derroche es lo último que quiere hacer un político, porque dichos programas una vez instaurados generan dependientes que toman lo que reciben como un derecho y no como una mera expectativa. Quitarles de buenas a primeras eso que perciben como derecho, genera descontento. Muchos gobiernos han caído al aplicar medidas de ajuste fiscal y por ello los políticos en el poder casi nunca recurren a esto, sino sólo cuando no queda otra opción.

A medida que se agrava la situación de las finanzas públicas griegas, algunos especulan que los demás países miembros, no sólo de la Unión Monetaria sino también los países de la Unión Europea que no son parte del Euro, saldrán al rescate de Grecia para evitar que ésta tenga que abandonar el Euro. Pero según encuestas recientes, una amplia mayoría de los alemanes (70%) está en contra de que su gobierno salga al rescate financiero de otros gobiernos europeos, y altas autoridades del gobierno alemán han señalado que no habrá rescate. Si resulta así, los griegos tendrán que salirse de la Unión Monetaria y ello marcará la primera fractura en el edificio Euro. Y luego seguirían los demás países en situación precaria.

Por otro lado, si los demás países de la Unión Europea, liderados por Alemania, salen al rescate financiero, pondrían en peligro sus propias finanzas nacionales. Inglaterra, por ejemplo, ha visto también mermadas sus recaudaciones e incrementado su desempleo. Alemania, aunque no tan grave ni mucho menos, también ha visto su desempleo crecer considerablemente con la crisis.

La presente crisis europea pinta ser la primera gran prueba a que será sometida la joven Unión Monetaria del Euro. Los alemanes dicen que no participarán de rescate alguno, y si los alemanes no participan, casi que olvidarnos de cualquier rescate. Pero los anuncios de que no habrá rescate se escuchan mucho en situaciones similares, y no siempre se cumplen. Los políticos europeos han comprometido bastante en la Unión Monetaria. Lo cierto es que la Unión Monetaria jamás respondió a necesidades de integración económica, sino de unificación política. El afán de lograr un estado paneuropeo que reemplace a los estados nacionales es lo que siempre estuvo detrás del Euro. Los europeístas pelearán por mantener intacta la Unión Monetaria, temiendo con razón que un resquebrajamiento podría desencadenar el colapso total del edificio. Definitivo que vivimos tiempos interesantes.

El salario mínimo es una de esos temas en que la percepción inicial puede resultar engañosa. Para sus defensores, la imposición de un Salario Mínimo Legal es un acto de justicia social que favorece a los trabajadores. La realidad, sin embargo, es que el salario mínimo perjudica a los mismos trabajadores a los que se busca favorecer con la medida.

Mala teoría económica

Los defensores del salario mínimo parten de la Teoría del Valor-Trabajo, que considera el trabajo humano como la fuente de todo valor. Es decir, un zapato vale X cantidad de dólares, en consideración a la cantidad de trabajo humano (horas-hombre) que fue necesario para producir el zapato.

La Teoría del Valor-Trabajo ha sido refutada desde hace mucho tiempo. Usted cuando compra zapatos, no le pregunta al vendedor cuántas horas-hombre se requirieron para fabricarlo. A usted ni a nadie le interesa eso a la hora de comprar zapatos. Usted se fija en la calidad, el material, su estética y comodidad, y todo eso lo evalúa tomando en cuenta el precio. Usted se decide por el par de zapatos que le brinde, a opinión suya propia, la mejor relación utilidad-precio. Por ejemplo, si existen dos pares de zapatos iguales en todo excepto en precio, el par A teniendo un precio de cien dólares, y el otro con precio de sesenta dólares, usted probablemente comprará el de sesenta (o de repente se compra el de $100 porque es de una marca más reconocida que le brindará ‘status’). Pero lo cierto es que a usted, a la hora de elegir, no le interesa la cantidad de horas-hombre insumidas en el par de zapatos.

La Teoría del Valor-Trabajo ha sido reemplazada hace mucho tiempo por la Teoría de la Utilidad Marginal, que explica que usted comprará el par de zapatos que usted considere le rinden la mayor utilidad por ese precio, relativo a los otros pares de zapatos disponibles, y en atención a la cantidad de dinero que usted considere que puede dedicar a ese par de zapatos.

El salario mínimo crea desempleo

Siguiendo con el ejemplo del par de zapatos, ¿qué pasaría si el gobierno decide poner un ‘precio mínimo legal’ para los zapatos? Si el precio mínimo es fijado, pongamos por caso, en $100, entonces todo aquel que venda zapatos por debajo de ese precio, tendrá que aumentarles el precio a $100. Todas aquellas zapaterías que competían en el mercado vendiendo zapatos baratos de $50 y $60, por ejemplo, resultarán muy perjudicados. La razón es simple: si usted tiene que pagar $100 de todas maneras por el par de zapatos, elegirá el de mayor calidad. Aquél que antes competía porque vendía zapatos de menor calidad pero a precios accesibles, ahora quedará fuera de mercado.

¿Qué tienen que ver los zapatos con el empleo remunerado? Tiene todo que ver, porque así como los zapatos en el mercado no son homogéneos, tampoco lo es el trabajo de los seres humanos. Hay personas más productivas que otras. Así como el que vende zapatos de menor calidad puede competir si ofrece a precios relativamente bajos, pues del mismo modo el trabajador con pocas o ningunas calificaciones laborales, o con poca experiencia, puede competir precisamente porque cobra menos que los trabajadores mejor calificados. Del mismo modo que poner un precio mínimo legal saca de mercado a los que hubieran vendido por debajo de ese mínimo, el salario mínimo legal hace lo mismo con el trabajo asalariado de los menos calificados y menos productivos. El resultado es que el salario mínimo legal genera desempleo neto.

Perjudica más a los más jóvenes

Es común que el primer empleo formal de toda persona sea uno con salario bajo. Cuando uno entra al mercado laboral a los 18 años carece de experiencia y de calificaciones. Pero entrar a trabajar en una empresa, así sea de forma gratuita, le permite a esa persona aprender en el empleo y adquirir conocimientos que de otro modo no obtendría. Una vez dentro, ya dependerá de la propia persona si progresa o si se estanca, pero lo crucial es entrar. El salario mínimo legal, al eliminar o reducir el único aspecto en que el joven sin calificaciones laborales puede competir con otros más experimentados, se convierte en una barrera para que las personas con menor educación y calificaciones, puedan entrar al mundo laboral formal. Se ven así condenados al desempleo, o a permanecer en el mercado informal. ¿Qué clase de justicia social es ésa?

El joven recién egresado del colegio, carente de experiencia, ve entonces severamente limitadas sus posibilidades de acceder a un empleo en el sector formal. Es por eso que tantos jóvenes buscan entonces ser contratados en el sector gubernamental, allí donde las competencias laborales son lo que menos importa, siempre que el político quiera congraciarse con el joven por motivos netamente políticos.

Perjudica al emprendedor humilde

Una de las razones por las que el empresario humilde se mantiene en el sector informal y no avanza hacia la formalidad, lo constituye precisamente el salario mínimo. Me explico: si usted es una persona humilde y decide iniciar un puesto de venta de hamburguesas, el salario mínimo es irrelevante, hasta ese punto. Si usted gana en su propio negocio, menos del salario mínimo, ello no importa porque usted es su propio jefe y no hay relación laboral. Allí el salario mínimo no aplica y no le constituye aún una barrera. Pero digamos que sus hamburguesas son todo un éxito y poco tiempo después de iniciar su operación, la demanda es tal que usted necesita contratar un ayudante. Bueno, ¡mejor que no se le ocurra a usted contratar a alguien que no sea de su extrema confianza, como un familiar o un amigo muy cercano! Porque si lo hace, se va a encontrar con una ingrata sorpresa: usted tiene que pagarle salario mínimo. Sí, ese mismo negocio que no da para que usted pueda pagar salario mínimo ni a usted mismo que es el propietario, ahora tendría que pagar salario mínimo al ayudante.

Y recuerde que el costo para el empleador nunca es equivalente al salario, sino mayor, pues por encima del salario mensual están las prestaciones (una fórmula bastante aproximada es sumar 40% al salario, para determinar el costo real directo para el empleador).

Conclusión

El salario mínimo legal es desde todo punto de vista económico, una medida que produce resultados negativos para la generación de riqueza, la competitividad de las empresas (especialmente la micro y pequeña empresa, y las del sector informal), y para las perspectivas de empleo de las personas con pocas competencias laborales y sin experiencia. A pesar de esto, los gobiernos siguen aumentando el salario mínimo porque es una medida populista. La mayoría de los votantes no entiende de Economía 101, y se creen el cuento de que el salario mínimo beneficia a los trabajadores. Pero en realidad, a los únicos que beneficia es a los que sacan tajada del poder que les da el discurso de la lucha de clases: los políticos y los líderes sindicales. Al resto de nosotros nos perjudica.

En Panamá tenemos un par de años pagando una electricidad notablemente cara. El año pasado, 2008, estuvimos a punto de sufrir apagones programados, algo de lo que nos salvamos por la pronta llegada de la estación lluviosa. El alto precio de la electricidad está directamente asociado a la estrechez de la oferta energética y sólo solucionando ésta podremos resolver aquél.

Hidroeléctricas y termoeléctricas

En Panamá el 62% (aproximadamente) de la electricidad es generada por plantas hidroeléctricas. No obstante, no es este 62%, sino el 38% restante, lo que está haciendo que paguemos unos dieciséis centavos el Kilovatio-Hora ($0.16/Kwh). Las plantas térmicas no son necesariamente algo malo, muy al contrario, sin no fuera por ellas no podríamos satisfacer la demanda actual en el país. Pero la principal de las plantas térmicas del país, Bahía Las Minas, es una planta muy vieja, bastante obsoleta e ineficiente, que quema búnker para generar electricidad. Por su ineficiencia y por el combustible que usa, resulta en una electricidad muy cara. Bahía Las Minas, sin embargo, está en proceso de reconversión hacia el uso de carbón como combustible, lo que debe resultar en una notable reducción del costo de la electricidad que genera.

La reconversión de Bahía Las Minas ayudará a bajar el precio que los panameños pagamos por la electricidad, pero no será suficiente. Para tener electricidad aún más barata, deberemos esperar a que entren en operación un conjunto de plantas de generación hidroeléctrica que están actualmente en construcción en el país, la principal de las cuales es la hidroeléctrica de Changuinola.

Panamá tiene un alto potencial hídrico

Aparte de ser más barata, la hidroelectricidad nos da una ventaja sobre la térmoelectricidad, que para Panamá es importante, y es que nos hace menos dependientes de fuentes externas de generación. En Panamá no producimos carbón, petróleo ni gas natural, pero sí tenemos una gran precipitación pluvial y esto es algo que tenemos que aprovechar. El potencial hidroeléctrico de Panamá fue determinado en la década de 1970 por el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y aún queda mucho potencial por explotar.

¿Por qué entonces la oferta hidroeléctrica se ha estancado desde que se llevó a cabo la liberación del sector eléctrico a fines de la década de 1990? Principalmente, por barreras burocráticas a la inversión y un proceso de revisión y licenciamiento ineficiente por parte del Estado. En los últimos tres o cuatro años se ha subsanado una parte importante de estos problemas y por ello se ha podido dar algunas inversiones importantes en el sector hidroeléctrico, que darán frutos en pocos años.

Políticas públicas

La inversión en hidroeléctricas es muy intensiva en capital, principalmente porque la mayor parte de la inversión se usa para constuir la represa y crear el embalse. Es natural entonces que el inversionista quiera seguridad jurídica y un mayor retorno a la inversión que otras formas de generación como las termoeléctricas. La única solución verdadera a largo plazo es facilitar la inversión en más generación energética, pues como ocurre en todo mercado, sólo con la ampliación de la oferta puede asegurarse reducción duradera de precios.

Hay que aprender del estado de California. Allí, hace pocos años sufrieron apagones prolongados por escasez de electricidad. Ello, en medio de uno de los estados más ricos de la Unión Americana. La razón fue la pesada regulación del mercado energético que desde hacía muchos años castigaba la inversión en nueva generación, entre otras formas, mediante la regulación de precios al mayoreo de la electricidad generada.

En América Latina, la tentación populista a torcer el brazo a las empresas de servicios públicos para que bajen los precios al público, es endémica. Panamá no escapa a esto, debido a que el último lustro hemos sufrido de una electricidad bastante cara. A largo plazo, las medidas populistas sólo empeoran el problema. Lejos de incentivar el aumento de la oferta energética mediante la inversión en generación, las medidas populistas como el establecimiento de precios tope, resultan precisamente en lo contrario de aquello que es necesario para aumentar la oferta, pues disuade al inversionista en lugar de atraerlo. A nadie le gusta, a fin de cuentas, invertir largas sumas de dinero en países donde no se respeta la seguridad jurídica.

Ante la crisis financiera económica global que vivimos, el sistema bancario y financiero de Panamá ha evitado hasta ahora los colapsos bancarios, financieros y de gigantes del sector industrial o comercial, que han afectado a otros países. En toda nuestra historia como República soberana, hemos estado libres de corridas masivas y de sistémicas bancarias y financieras. Esta relativa solidez de nuestro sistema bancario se debe entre otras cosas a la ausencia en Panamá de Banco Central, de un prestamista de última instancia, y de un seguro de depósitos.

Los economistas llaman riesgo sistémico a la posibilidad de que todo el mercado se contraiga o colapse a la vez. Este riesgo no puede ser mitigado mediante la diversificación de cartera, porque su propia esencia es la contingencia de que el mercado en general, y no sólo un sector específico de la economía, sufra una severa contracción.

El riesgo sistémico siempre existirá, pero puede agravarse por ciertas conductas humanas en la actividad financiera y empresarial en general. Esto puede ocurrir con lo que los economistas llaman riesgo moral.

El riesgo moral se da en toda situación en que una persona esté en posición material de aumentar sus beneficios, trasladando a otros los costos incurridos. Cuando se da una situación de éstas y las personas actúan de dicha manera, el resultado es una destrucción neta de riqueza. Un ejemplo simple es la disposición de deshechos tóxicos en un río, que genera a los demás un perjuicio muy mayor al beneficio que recibe quien así dispone irresponsablemente de los deshechos. Allí donde hay externalidad económica negativa, hay riesgo moral.

Bien, aterricemos: ¿qué tiene esto que ver con las crisis bancarias? Existen esquemas de regulación bancaria diseñados con el fin de reducir riesgo moral, pero que en realidad resultan en un aumento de éste. Una de ellas lo es el establecimiento de lo que se conoce como el Prestamista de Última Instancia (‘Lender of Last Resort’), que consiste en una institución cuya función es supuestamente la de ofrecer liquidez a bancos en situación de iliquidez considerada como temporal.

El razonamiento detrás del establecimiento de un ente que cumpla dicho rol de Prestamista de Última Instancia, es que una situación de iliquidez de algunos bancos podría causar una huída o corrida sobre dichos bancos que, a su vez, podría provocar un pánico generalizado entre los depositantes, que los conduciría a retirar masivamente sus depósitos bancarios. Esto, en un sistema de banca de reserva fraccional (recuerde que el banquero no ‘guarda’ vuestro dinero, sino que lo presta a plazos para obtener un retorno), puede hacer que la situación de iliquidez se convierta en una insolvencia generalizada de los bancos, con un consecuente colapso de todo el sistema de crédito, crucial para una economía moderna. El papel de Prestamista de Última Instancia está concebido para evitar este escenario.

Sin embargo, en la vida real la existencia de un Prestamista de Última Instancia, contrario a su perseguido fin de reducir el riesgo sistémico, en realidad resulta en un aumento de éste. Para entender por qué, es menester visualizar cómo opera un sistema bancario en el que no hay Banco Central ni por tanto Prestamista de Última Instancia.

Un sistema de banca libre o ‘free banking’ es uno en que no hay banca central, los bancos compiten entre sí y hasta pueden emitir sus propios billetes de banco que circulan en calidad de papel moneda, y no hay prestamista de última instancia. En dicho sistema, los bancos no tienen una red de seguridad. Si prestan demasiado y no mantienen adecuadas reservas de liquidez para hacer frente a las demandas efectivo de sus depositantes, pueden caer en el temido estado de iliquidez que los obligue a financiarse a tasas más altas para poder cumplir sus obligaciones. Esto, en el mejor de los casos, reduce notablemente las utilidades del banco, y en el peor, puede llevarlo a la insolvencia y a la quiebra.

El banquero privado en dicho sistema, entonces, tiene un fuerte incentivo a actuar con suma prudencia tanto en sus reservas líquidas, como en cuanto a los riesgos crediticios que asume en los préstamos que otorga. Si yerra y comienzar a tener que financiarse con otros bancos para poder cumplir sus obligaciones frente a sus depositantes, la mera noticia en el mercado puede crear desconfianza en los depositantes y éstos irán a retirar sus dineros depositados en dicho banco, creando una posible huída bancaria que lo llevaría a la insolvencia y consecuente quiebra.

Pero cuando se instaura un Prestamista de Última Instancia, se traslada el riesgo a un ente público (el Banco Central). Se crea la falsa sensación de que los depósitos bancarios están más seguros porque el Gobierno no dejará jamás quebrar al Banco Central (quien asume así, en última instancia, los riesgos crediticios de todo el sistema). El banquero ahora no tiene tan fuerte incentivo a ser conservador en el otorgamiento de créditos, pues confía en que de llegar a surgir un problema de iliquidez, el Banco Central saldrá en su ayuda inmediata, para proteger al sistema bancario. El depositante, por razones similares (aunado a la existencia de un seguro de depósitos, también respaldado por el Estado, que le garantiza que en caso de quiebra del banco en que mantiene sus depósitos, éstos le serán reembolsados hasta un monto máximo predeterminado), ya no tiene tanto incentivo a monitorear la solidez del banco en que mantiene sus depósitos.

Tanto el banquero como el depositante han así trasladado el riesgo de iliquidez, insolvencia y quiebra por riesgos crediticios, a un tercero que es el Banco Central, es decir, al Estado. Pero el Estado en realidad no tiene bolsillos propios, no genera riqueza, sólo la que recauda de sus ciudadanos. Así, al trasladar el riesgo crediticio de todos los bancos en el sistema al Estado, estamos creando la ilusión de reducción de riesgo, cuando en realidad lo hemos aumentado por razón del ahora aumentado riesgo moral, antes aludido. Como dijo Herbert Spencer, el resultado de blindar a las personas de los efectos de sus propias tonterías, es que el mundo se llena de tontos.

Panamá, afortunadamente, no tiene un Banco Central. Panamá ha estado exento en toda su historia republicana, de los episodios de colapsos financieros, hiperinflación y huídas bancarias a las que han estado expuestos prácticamente todos los demás países de América Latina, y muchos países de otras latitudes. Entre las principales razones (aunque se trata de algo multifactorial), está que no tenemos un Prestamista de Última Instancia, ni seguro de depósitos, ni Banco Central. Mantengámoslo así y no tratemos de arreglar lo que no está roto.

(Artículo publicado en Revista Agenda, septiembre de 2009)

El letargo estatal en todo lo que tiene que ver con trámites, licencias, permisos, y demás procedimientos que el ciudadano tiene que hacer ante autoridad pública, es un costo no contabilizado, pero que definitivamente nos cuesta mucho a todos los panameños. Aunque parezca irónico, las llamadas soluciones que muchas veces se proponen, sólo sirven para agravar el problema. En este artículo veremos por qué.

Botellas, garrafones, medio galones, pachitas y demás

El primer problema es que las botellas no se limitan a aquellos que cobran sin asistir a su puesto de trabajo designado. El asunto va más allá de eso. Es que existen muchos nombrados que, aunque sí asisten a diario a su oficina, no hacen realmente nada productivo. ¿Cómo ocurre esto? Simple, en una empresa privada, el dueño está forzado por las circunstancias a contratar a los mejores y a los más eficientes. Y no puede contratar más allá de lo que la productividad de la empresa permite.

Pero en el Estado la cosa es muy diferente. En el Estado, para comenzar, los que nombran no son propietarios que ponen la plata para los salarios de su propio bolsillo. Allí los empleadores pagan con plata ajena, la de usted y la mía. Y por si esto fuera poco, por cada persona adicional que nombran con la plata ajena, reciben lealtad y votos de parte de esos nombrados. Para el que nombra, es un negocio redondo, todo beneficios y cero costos. Para los contribuyentes, es pérdida por donde lo vea.

Esto es lo que explica que en el Estado se derroche en posiciones que son extremadamente innecesarias. Por ejemplo, en este país en todo Ministerio uno ve que el Ministro tiene conductor, así como tienen conductor asignado varios funcionarios con rango de Director. Usted no ve semejante cosa en la empresa privada, donde hasta el Presidente de la compañía conduce su propio auto.

La culpa no es sólo de los políticos

Sí, ya casi lo escucho a usted, amigo lector, diciendo “la culpa entonces es de los políticos.” Pero me tomo el atrevimiento de sacudirlo. Usted y yo, como ciudadanos, somos tanto o más culpables que los políticos que hacen esto. ¿Por qué digo esto? Porque los panameños, cada vez que hay un problema, tendemos a decir “que el Gobierno haga algo”. Para mí, es incomprensible cómo continuamos clamando porque el Gobierno siempre resuelva los problemas, cuando sabemos, pues hasta chistes contamos sobre esto, que el Gobierno sólo empeora las cosas.

Si no es así, le pido que piense un rato y trate de evocar tan sólo un asunto en que el Estado se meta y lo haga bien. El transporte colectivo es un desastre en la ciudad capital precisamente desde que en la década de 1970 se intervino y se eliminó el sistema privado que funcionaba bien. El antisistema de los diablos rojos, es un monstruo creado por el Estado con la excusa del interés social.

Y la lista es prácticamente interminable: seguridad social, hospitales públicos, escuelas públicas, malos servicios públicos, y pésima atención al contribuyente en todos lados a donde uno vaya. Así que por favor, amigo lector, la próxima vez que analicemos un problema de nuestra sociedad, no salgamos al paso exigiendo que el Estado se meta a ‘solucionarlo’. Porque es entonces que la cosa se pone insoportable.

El consejo de sabios

La idea de que existe un grupo de personas que puede resolver los problemas de la sociedad ampliada, si tan sólo nombramos a ‘los mejores’, es un verdadero placebo. No existe tal cosa. En la práctica, lo único que logramos con crear cada vez más instituciones, direcciones, departamentos y unidades estatales con funciones inventadas, es crear una cada vez más hipertrofiada planilla estatal que a todos los contribuyentes nos cuesta demasiado. Y nos cuesta no sólo en dinero, sino en pésima atención y servicio.

La solución real

La única solución verdadera es que los ciudadanos recuperemos nuestra libertad quitándole poder a los burócratas. No más instituciones autónomas para realizar funciones inventadas. Lo que requerimos es que el Estado se concentre en aquellas funciones que sí le corresponden, como policía y administración de justicia, que ha dejado cada vez más desatendida precisamente por pretender dedicarse a miles de cosas que no le corresponden.

(Artículo publicado en Revista Agenda, agosto de 2009)