Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en diario El Panamá América,

En Latinoamérica hemos sufrido tradicionalmente el problema del subdesarrollo, y continuamos en pobreza. No logran nuestros países salir de la pobreza, y algunos incluso están retrocediendo, como es el caso conspicuo de Venezuela.

La causa, en lugar de buscarse en cucos ajenos a nuestra propia realidad, como el Imperialismo y otros similares, está realmente en la precaria situación de libertades individuales en nuestros países. A diferencia de los norteamericanos que luego de independizarse de la Corona Británica fundaron su estado sobre los principios de propiedad privada, derechos individuales, derecho a la secesión, y en general la limitación de los poderes del gobierno, en Latinoamérica nos embarcamos especialmente en la segunda mitad del Siglo XX, en proyectos estatizadores y socializadores, que aunque bien intencionados, agravaron y continúan sumiéndonos en la pobreza.

Las personas no necesitan de un Papá Estado que les produzca su pan y los cuide cual si fuesen bebés. Las personas son capaces de producir su propio pan, de trabajar en beneficio propio y proveerse sus necesidades, sin la injerencia de los gobernantes. Y es que cuando establecemos en nuestras constituciones toda esa retahíla de los mal llamados “derechos sociales”, lo que estamos haciendo efectivamente es darles más poder, prácticamente ilimitado, a los políticos.

Cuando Juan Pérez no puede utilizar su automóvil, que pagó con su propio sudor, para transportar personas y cobrar por ello, porque el Estado se lo prohibe dizque para proteger a los taxistas, Juan Pérez está sufriendo una violación a su derecho de propiedad privada.

Cuando Juan Pérez no puede conseguir un trabajo porque el Estado le prohibe trabajar a un salario menor del mínimo legal, lo que efectivamente está ocurriendo es que el Estado se ha declarado dueño de la mano de obra de Juan, y ha dictado unilateralmente cuál es el valor del trabajo de éste, sin importarle que la consecuencia sea ahora que Juan esté desempleado.

Y todo esto, más otra serie de casos que no cabe enumerar aquí, en que el Estado ha ido gradualmente despojando a los individuos de su capacidad de decidir y valerse por sí mismos, con la excusa de “protegerlos”, son consecuencia de aquella concepción que ve al Estado como un proveedor de riqueza y bienestar para el pueblo.

Pero dicha visión es una que desconoce completamente la dignidad humana. La función del Estado es proteger la vida y la propiedad privada de los particulares. Todo aquello de la llamada “responsabilidad social”, es algo que escapa completamente a la verdadera función del Estado. Los particulares son libres para decidir por sí mismos lo que les conviene, y responsables por sí solos de sus decisiones. La única responsabilidad es exclusivamente individual.

La llamada “responsabilidad social” lo que hace es eliminar esa responsabilidad individual. Y como es evidente, cuando “todos” son responsables, en realidad “nadie” es responsable. Cada uno termina tratando de despojar a los demás, en lugar de tratar de trabajar en su propio beneficio. Éste es el trágico resultado de la infame redistribución, que no es otra cosa que quitar a unos lo que han producido con su esfuerzo, para dárselo a otros.

Y los políticos hacen uso hasta de argumentos religiosos, de solidaridad con el prójimo, para justificar tales medidas. Pero olvidan quienes así hablan, que incluso para la teología cristiana la moralidad del Hombre es una consecuencia necesaria de su libertad individual. Cuando una persona se desprende voluntariamente de un pedazo de pan que le pertenece y lo da a otro, podemos hablar de un acto moral. Pero cuando el Estado por medio de la fuerza le quita a Juan su pedazo de pan para dárselo a Pedro, con la excusa de que Pedro lo necesita con más urgencia, ya no podemos hablar de un acto moral. Juan no ha “donado” su pan a Pedro. Juan ha sido despojado de su pan en contra de su voluntad. ¿Cómo podemos hablar de solidaridad cuando a uno le han robado de esta manera?

Ahora que tan de moda está el tema de una nueva constitución para Panamá, lo que debemos exigir a los políticos es que dejen de atribuirse la potestad de disponer de nuestros bienes, trabajo y derechos como si fueran de ellos. Porque es así, lectores. Los políticos redistribuyen y hacen dádivas con el dinero y el esfuerzo de otros. Ellos ni siquiera tienen la decencia de regalar su propio dinero, pero se presentan como héroes cuando despojan a unos en beneficio de otros.

Ya es tiempo que les digamos a los políticos que nos dejen trabajar y producir en paz, y disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo personal. Mucho daño nos han hecho ya con su demagogia populista. Es hora que nos sea reconocido nuestro derecho a ayudarnos los unos a los otros en plena autonomía de la voluntad, y no por decreto del César.