Jaime Raúl Molina

(Publicado en Revista Agenda, octubre de 2006)

En Panamá somos muy creativos a la hora de crear incentivos para sectores económicos específicos. ¿Queremos desarrollar X actividad? Démosle exoneraciones. ¿Que si hay potencial en este otro sector y queremos atraer inversión allí? Garanticémosle un régimen impositivo distinto, con exención de muchos impuestos, exención de aranceles para sus insumos, y exención también de la retahíla de regulaciones que tenemos para todo.

Eventualmente uno se pone a pensar: si para desarrollar cualquier actividad se necesita librarla de la mayor parte de toda una serie de impuestos y cargas regulatorias, ¿por qué no lo hacemos para todas las actividades y nos evitamos tener que exonerar caso por caso?

Como el título indica, voy a concentrarme aquí en el aspecto fiscal.

Compitiendo por inversiones

Hoy día, cuando uno puede estar en Panamá y mantenerse comunicado de muchas maneras en tiempo real con gente en cualquier parte del mundo y a costos continuamente en decrecimiento, la movilidad empresarial está aumentadísima. Esto quiere decir que básicamente, el inversionista no está amarrado a ninguna posición geográfica específica, sino que se da el lujo de elegir a partir de un amplio abanico de opciones.

Obvio es que el régimen impositivo es uno de los aspectos que el inversionista mira con detenimiento a la hora de decidir sobre sus inversiones. Y los países con regímenes impositivos favorables (léase bajos impuestos), son los que tienden a ser más favorecidos por los inversionistas.

Un ejemplo reciente de esto es Irlanda. Este país era el patito feo de Europa. En la década de 1970 Irlanda tenía una tasa de desempleo de 20% y su PBI per capita era el número 21 del mundo. Pero a fines de la década de 1980 el gobierno irlandés inició una política completamente distinta, contraria, a todo lo que había venido haciendo hasta ese momento, y decidió reducir los impuestos.

Hoy día Irlanda tiene una tasa corporativa de impuesto sobre la renta de 10%, ha reducido su desempleo a un 4%, que se encuentra entre los menores de toda la Unión Europea, y está en la posición 11 en el mundo, en cuanto a PIB per capita. De ser el patito feo de la Unión Europea, ha pasado en menos de una generación a ser el llamado tigre celta, el ejemplo a seguir en la Unión Europea, con una economía muy dinámica y calidad de vida que se encuentra entre las mejores de toda Europa.

La reducción impositiva no se hizo en una sola etapa. Fue gradual pero proyectada desde el inicio. Y fue uno de los pilares de la política económica que resultó en la gran atracción de inversión, particularmente de empresas multinacionales que decidieron establecer allí sus sedes regionales para el Reino Unido y para Europa.

El próximo Irlanda: ¿Panamá?

Panamá tiene más ventajas que las que tiene Irlanda. Principalmente, tenemos una posición geográfica privilegiada que desde hace más de medio siglo nos ha invitado a participar de la globalización y el comercio internacional.

Debido a esa misma posición geográfica, que nos da acceso a muchas rutas marítimas, y con un eficiente hub aéreo que aún tiene mucho potencial de expansión, cualquier empresa multinacional que mira hacia el mercado latinoamericano piensa primero en Panamá a la hora de decidirse por una sede regional. Pero cuando comienza a estudiar la cantidad de trabas que nosotros mismos, (con nuestra crónica mentalidad de “bien cuidao, chief”) les ponemos por delante, eventualmente los inversionistas se deciden por irse a otro lado.

Si Panamá establece un régimen fiscal de impuestos bajos (iniciando con una tasa corporativa de, digamos, 7%), ya no habría necesidad de que cada vez que se quiere atraer inversión para un sector determinado, haya que pasar una ley otorgando exoneraciones fiscales a dicho sector. Es decir, todas las exoneraciones que tenemos hoy para sectores como turismo, maderero, marítimo, industrial, bienes raíces (y mejor no sigo porque la lista es larga y el espacio es corto), podríamos eliminarlas y simplemente hacer un sistema fiscal que sea atractivo para las inversiones en general, y no únicamente para éste o aquel otro sector económico.

La píldora amarga: los subsidios tienen que irse también

Digo amarga, porque quien está acostumbrado a recibir un cheque del Estado por su “producción” (que además está protegida gracias a política proteccionista – aranceles y demás restricciones a la importación), no se alegrará, pero lo cierto es que para reducir la tasa impositiva general será necesario también eliminar la hemorragia de riqueza destruida que constituyen los subsidios (directos e indirectos).

La cosa está básicamente así: unos pagan hasta 30% de su renta neta, en tanto que otros no sólo no pagan sino que reciben un cheque (financiado con los impuestos de aquéllos). ¿Es justo que unos paguen tanto mientras que otros reciben? Mientras no se eliminen los subsidios de nuestros muchísimos regímenes “incentivos” a determinadas actividades, no se podrá hacer realidad una rebaja de impuestos que nos haga realmente competitivos.

Conclusión: Los impuestos son uno de los varios costos de la inversión. A mayores costos, menos atractiva es la inversión. Esta ecuación puede uno atenderla o ignorarla. Pero en la eterna lucha entre la realidad y la ilusión, siempre, absolutamente siempre, gana la realidad. De modo que ignoramos la realidad económica sólo en nuestro propio perjuicio.

¿Cuál será nuestra decisión?

(Publicado en Revista Agenda, junio de 2006)

Las únicas cosas seguras en esta vida son la muerte y los impuestos, dijo Benjamin Franklin. Bueno, alguien sugirió que las mentiras de los políticos son el tercer elemento. Pero la esencia de lo que quiere decir esa famosa frase es que en la vida no tenemos nada asegurado. La vida está llena de riesgos. Con cada actividad que realizamos, nos enfrentamos a una infinidad de peligros que amenazan nuestra vida y salud, y hasta nuestros bienes.

Sin embargo, el ingenio humano ha concebido maneras eficientes de lidiar con estos riesgos, no para eliminarlos, sino para controlarlos. Desde el punto de vista económico, la manera quizás más conocida de lidiar con los riesgos es distribuir su costo de manera voluntaria entre muchas personas que comparten el riesgo en cuestión. De eso trata el contrato de seguro. El resultado: más personas se atreven a intentar actividades productivas, sin tener que verse desanimadas por la posibilidad de perderlo todo ante un incendio, terremoto, inundación, robo. Y más actividad productiva implica mayor bienestar para la sociedad en general.

Distribución voluntaria del riesgo

Una característica del manejo de riesgos es que trabaja con la ley de los grandes números. Sabemos que cada cierto tiempo las probabilidades indican que a X cantidad de personas se les incendiará su negocio, otros se enfermarán, otros morirán, etc. Pero no todos esos siniestros ocurrirán a la vez ni afectarán a las mismas personas. De hecho, no podemos saber de antemano a quiénes afectarán (esencia de la incertidumbre). Pero ante el peligro de perderlo todo, una persona está dispuesta a pagar con certeza una pequeña porción del daño que se espera (según las estadísticas), con tal de evitar el riesgo de tener que asumirlo todo. Cuando un número importante de personas piensan de la misma manera, hay mercado para distribuir entre todos el riesgo que casi seguramente ocurrirá a alguno de ellos.

Solidaridad egoísta

Como decía Adam Smith, no es a la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que debemos nuestra cena, sino a la atención que aquéllos brindan a sus propios intereses. Pues del mismo modo, el seguro es una forma de manejo de riesgos en que cada persona contrata pensando en su propio interés. Cada empresario contrata un seguro para proteger su propio patrimonio y no el de otros. Pero el resultado de ese “egoísmo” termina siendo que un gran número de personas están compartiendo un riesgo que ninguno de ellos sabe sobre quién recaerá. Es la solidaridad capitalista por excelencia.

Y obviamente esto trabaja no sólo para empresarios, sino para cualquier persona productiva en la sociedad que tiene algo que proteger contra algún riesgo asegurable.

El asegurador, quien asume el riesgo legalmente en el contrato de seguro, en realidad es un mero intermediario. Quien asume el riesgo en términos económicos es todo el grupo de asegurados de un mismo tipo de riesgo, en forma conjunta y solidaria. El asegurador es un intermediario profesional que se encarga de calcular según las estadísticas las probabilidades de siniestralidad, con base en ello cobrar las primas a todas las personas interesadas, y por supuesto que por todo este valioso servicio también genera esperar una ganancia.

Problemas con los seguros

El mayor problema con cualquier sistema de transferencia de riesgos, como lo es el contrato de seguros, es el conocido como “moral hazard”, o peligro moral. Consiste en que la persona que ha contratado un seguro puede sentirse confiada en que ahora es el asegurador quien asume el riesgo, y por tanto perder interés en minimizar el peligro de ocurrencia del siniestro contra el cual se ha asegurado. Este peligro moral no sólo afecta a la compañía aseguradora, sino a todos los asegurados, pues si cada asegurado individualmente se comporta de dicha manera, ello acarreará una mayor siniestralidad debido a que las personas encargadas de minimizar sus riesgos ahora se conducen de manera menos diligente con respecto a dichos riesgos. Esto, a su vez, implica que el asegurador tendrá que cobrar una mayor prima a todos sus asegurados.

En otras palabras, a cada asegurado individualmente le conviene que su asegurador maneje de una manera adecuada el problema del moral hazard. Por mucho, la manera más efectiva de lidiar con este problema es evitar relevar del todo al asegurado del perjuicio económico que significaría un siniestro. En otras palabras: altos deducibles.

Regulación y supervisión de la industria de los seguros

La idea detrás de la regulación del sector de seguros es cerciorarse que quien contrate como asegurador esté en capacidad real de cumplir con sus obligaciones contingentes frente a los asegurados. Ahora, si esa regulación debe estar en manos del Estado o si puede proveerla mejor el mercado es algo que está sujeto a discusión. Yo estoy seguro que el mercado proveería un mejor y más efectivo sistema de regulación que el que brinda cualquier gobierno. Pero la realidad es que hoy día el de seguros es un sector altamente regulado por el Estado.

En Panamá la regulación estatal adolece de ciertas desventajas que hacen menos competitivo el país para el mercado de seguros. Un elemento desventajoso lo constituye el mandato legal de que todo riesgo a ser asegurado en Panamá debe serlo con una compañía aseguradora autorizada para operar en Panamá. Es decir, una persona en Panamá no puede contratar un seguro con una compañía aseguradora en los Estados Unidos, Colombia, o cualquier otro país. Esto obviamente limita innecesariamente la competencia y por tanto la oferta disponible de productos de seguros.

En segundo lugar está la obligación de que las aseguradoras inviertan el 75% de sus reservas en el país. Esto incide negativamente en el atractivo que pudiera tener para empresas aseguradoras extranjeras el establecerse en Panamá, y además reduce las posibilidades de diversificación de riesgos de mercado, pues el obligar a una empresa a invertir al menos el 75% de sus reservas en un mismo mercado (que además, es muy pequeño en cuanto a opciones de inversión) va directamente contra lo que aconsejan las modernas corrientes de diversificación de riesgos.

No hay seguro contra la estupidez

Esta frase la tomo prestada de mi hermano, y encierra un principio importantísimo de toda administración de riesgos. Los métodos existentes como el contrato de seguros, y otros como el hedging y los contratos a futuro, pueden ayudar a proteger contra riesgos exógenos. Incluso el seguro de responsabilidad civil, que puede proteger para el caso en que uno actúe con negligencia en un caso dado y resulte una responsabilidad civil de ello para con un tercero, exige que el asegurado al menos no haya actuado con total desidia respecto del riesgo.

El seguro es una herramienta de administración de riesgos sumamente provechosa para la sociedad. Es una maravilla más del sistema capitalista, que nos provee soluciones sociales de suma importancia, de manera eficiente y efectiva, precisamente gracias a que permite y facilita la cooperación voluntaria entre individuos libres. Es virtualmente una necesidad para toda persona productiva en el mundo moderno.

Yo tengo mis pólizas, ¿y usted?

(Publicado en Revista Agenda, noviembre de 2004)

(Publicado en Revista Agenda, octubre de 2004)

Mucha gente en Panamá está habituada a pensar en el dólar como la moneda más estable del mundo, y la fuerza del hábito puede llevar a la gente a creer que lo que por mucho tiempo ha sido, siempre seguirá siendo. Sin embargo, nada en el mundo es eterno, ni siquiera el dólar como moneda de reserva internacional.

Un poco de historia

El dólar fue originalmente una moneda metálica, y ni siquiera había un banco central que controlara la emisión de moneda. Los Estados Unidos no tuvieron un banco central hasta la creación del Banco de la Reserva Federal en 1913.

Pero hoy día el dólar es una moneda completamente fiduciaria, es decir, que no tiene respaldo alguno en oro u otro metal. Este cambio fundamental en la naturaleza del dólar comenzó con la creación de la Reserva Federal, y se concretó finalmente en 1971 cuando el gobierno del Presidente Nixon literalmente declaró que no honraría más la convertibilidad en oro del dólar. Hasta ese momento, al menos en teoría el dólar seguía siendo una promesa de entregar cierta cantidad de oro, aunque sólo estuviese permitido a los bancos centrales extranjeros hacer dicha transacción. Sin embargo, con el mencionado acto del gobierno de Nixon el dólar se convirtió definitivamente en una moneda fiduciaria, sin respaldo alguno.

Keynesianismo

Desde entonces, la política de inflación monetaria y crediticia estimulada por la Reserva Federal aumentó a ritmos que antes eran impracticables. En esencia, esto ha permitido aumentar aún más el gasto público federal, medio siempre usado por los gobiernos para ganar popularidad y, peor aún, para premiar a los amigos y copartidarios con jugosos contratos.

Entre otras consecuencias, esto trae una estimulación artificial del consumo y la inversión en los Estados Unidos. Esto ha impulsado la economía norteamericana en las últimas tres décadas. Pero además, ese consumo a su vez ha sido financiado por los bancos centrales extranjeros que compran títulos norteamericanos, con la intención de mantener el dólar apreciado frente a sus respectivas monedas y de esa manera mantener altas exportaciones hacia Estados Unidos. Tales títulos son principalmente deuda federal, pero también en menor medida deuda privada y acciones de empresas privadas, así como bienes raíces.

Exportación de la inflación

En suma, quienes exportan hacia los Estados Unidos reciben dólares que luego cambian los bancos centrales de sus países, y éstos los reinvierten en títulos gubernamentales de los Estados Unidos. Según cifras de la Reserva Federal, el 40% de los títulos de deuda del gobierno federal está en manos de bancos centrales inversionistas fuera de los Estados Unidos.

Pero entonces ¿por qué todo el mundo quiere invertir en Estados Unidos y así financiar el consumo norteamericano? Obviamente, los Estados Unidos ha sido el país que más consistentemente ha disfrutado de progreso económico desde el Siglo XIX, y la gente confía que así seguirá siendo. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo con la economía norteamericana en estos momentos es que está consumiendo sin producir suficiente para pagar ese consumo. El consumo de los norteamericanos está siendo financiado por los exportadores del resto del mundo por medio del proceso arriba descrito.

Hora de pago

Toda deuda tiene que ser pagada de vuelta en algún momento, pero el endeudamiento federal norteamericano está fuera de control. Por supuesto, el gobierno federal siempre puede aumentar los impuestos con la esperanza de aumentar la recaudación y así pagar deuda, pero todo aumento de impuestos necesariamente crea efectos negativos en la producción de riqueza. Por otro lado, la Reserva Federal tiene siempre a mano la opción de monetizar la deuda imprimiendo billetes para pagar a sus acreedores, devaluando efectivamente la moneda.

Tarde o temprano llegará el momento en que los tenedores de activos norteamericanos se darán cuenta que tales activos son insuficientes para generar la riqueza necesaria para seguir costeando el ritmo de consumo de los norteamericanos. Estos temores ya existen, y suenan con creciente frecuencia en los medios financieros, tanto norteamericanos como del resto del mundo. Eventualmente comenzarán estos inversionistas, a dejar de comprar más títulos federales y privados norteamericanos. Ello provocará una reacción en cadena que eventualmente terminará en la falla de todo el sistema financiero, que está todo interconectado con el actual consumo artificialmente alto, estimulado a través de gasto público e inflación crediticia.

Hay una salida, sin embargo. Sería que la Reserva Federal detenga cuanto antes el proceso inflacionario y deje de estimular artificialmente el consumo. Esto provocaría inmediatamente una recesión en los Estados Unidos que repercutiría al resto del mundo, pero así se darían las liquidaciones necesarias y forzaría un ajuste del consumo a niveles realistas. Es necesario que todo consumo sea respaldado por una producción previa. Si esto no se hace cuanto antes, la eventual pero segura explosión de la burbuja tendrá consecuencias considerablemente más graves.

(Publicado en el Diario La Prensa, 2 de agosto de 2004)

Una idea sumamente trágica se ha apoderado de las mentes de muchas personas. Es la idea de que la sociedad es la responsable de los males que nos aquejan. Así, los pobres son pobres por culpa de la sociedad, los delincuentes son víctimas de la sociedad, las jóvenes prematuramente embarazadas son víctimas de la sociedad.

Se llega así al absurdo consistente en que, cometido un crimen, la única persona inocente es precisamente quien lo cometió, en tanto que los culpables son el resto de las personas (la sociedad.)

Esta ridícula idea niega un hecho fundamental en el comportamiento humano, cual es que el individuo actúa con base en sus propias decisiones tomadas libremente. Uno puede creer en el libre albedrío o descreer en él, pero no puede sostener a la vez que el individuo goza de libre albedrío y que no goza de él. El principio de no-contradicción previene de tal inconsistencia.

Si Juan mata a alguien, sólo puede ser que o Juan tomó la decisión en completa libertad o por contrario su decisión no fue libre, es decir, en realidad la decisión no fue ‘suya’. Si la decisión fue suya, es suya también la responsabilidad por su acción. Si, por contrario, Juan no tiene libre albedrío y por tanto sus acciones no son ‘libres’, entonces no es responsable.

Pero, ¿cómo puede ser la ‘sociedad’ la responsable en caso que Juan no tenga libre albedrío? La tal sociedad es un grupo de individuos. Y si se parte de la premisa de que los individuos no poseen libre albedrío, ¿cómo puede entonces decirse que la ‘sociedad’ sí lo tiene? Yo nunca veo a la sociedad en acción, sino sólo individuos en acción. Nunca he visto una ‘sociedad’ pensando, sintiendo, llorando o riendo. Sólo veo individuos actuando. La llamada ‘sociedad’ consiste realmente en miles de individuos libres interactuando voluntariamente según sus propios intereses individuales.

Pero la idea de que el crimen de Juan no es su responsabilidad, sino la de la ‘sociedad’, implicaría que las personas cuyo agregado llamamos ‘sociedad’ sí gozan de libre albedrío, después de todo. De lo contrario, la ‘sociedad’ tampoco podría ser la responsable. Se llega entonces al absurdo de que, precisamente porque las personas gozan de libre albedrío, resulta que no gozan de libre albedrío. Dado que las personas no son individualmente responsables, se concluye que sí lo son. Es una expresión más de la común paradoja del mentiroso.

Además de la contradicción interna arriba demostrada, la idea de la responsabilidad colectiva es necesariamente conducente a la irresponsabilidad. Si ninguna persona es individualmente responsable por sus actos, ¿cómo podría esperarse que lo sea la ‘sociedad’, compuesta precisamente por individuos que se dice son ‘irresponsables’?

Es por ello que ahora uno ve que la excusa más cómoda para justificar cualquier conducta es “nadie me comprende”, o “soy una víctima.” Así, cuando Juan mata a Pedro para despojar a éste la quincena tan arduamente ganada con el sudor de su frente, lo más cómodo es decir que en realidad el culpable es la sociedad. Así, estimado lector, resulta que usted y yo y el resto de los asociados, somos los responsables por el acto criminal de Juan. Incluso Pedro es responsable por el acto criminal de Juan. El único inocente, la única víctima, es precisamente el delincuente Juan.

Lo mismo aplicaría a los embarazos prematuros, al alcoholismo, al pandillerismo, a y cualesquiera otros vicios e incluso delitos.

Si aceptamos la idea de que las personas no son responsables individualmente por sus faltas, si no que lo es la ‘sociedad’, entonces tampoco hay responsabilidad por los actos nobles. Digo, si usted no es responsable de sus actos, ¿qué mérito tengo si en lugar de enviciarse se pone usted a trabajar y producir lo necesario para alimentar a su familia? ¿Qué podría tener de noble entonces que una persona elija estudiar para convertirse en un profesional, en lugar de dedicarse a la vagancia y al gangsterismo?

Para ser consistentes, la negación de la responsabilidad individual habría de ser aplicada tanto a las acciones buenas como a las malas. Entonces no deberíamos dar ningún mérito a quien prefiere trabajar honradamente, en lugar de dedicarse a despojar a otros de sus quincenas. Y entonces, nadie será responsable de nada. ¿Es esto lo que se quiere?

¿Y usted, amigo lector? ¿Es usted el responsable de sus actos, o lo es por contrario esa entelequia que llamamos ‘sociedad’? ¿Decidirá también achacar a los demás el peso de las consecuencias por las decisiones que usted toma?

Recuerde que la única responsabilidad es individual. Esa llamada responsabilidad colectiva no es más que pura sinvergüenzura.

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Léalo en La Prensa.

(Artículo publicado en diario El Panamá América,

En Latinoamérica hemos sufrido tradicionalmente el problema del subdesarrollo, y continuamos en pobreza. No logran nuestros países salir de la pobreza, y algunos incluso están retrocediendo, como es el caso conspicuo de Venezuela.

La causa, en lugar de buscarse en cucos ajenos a nuestra propia realidad, como el Imperialismo y otros similares, está realmente en la precaria situación de libertades individuales en nuestros países. A diferencia de los norteamericanos que luego de independizarse de la Corona Británica fundaron su estado sobre los principios de propiedad privada, derechos individuales, derecho a la secesión, y en general la limitación de los poderes del gobierno, en Latinoamérica nos embarcamos especialmente en la segunda mitad del Siglo XX, en proyectos estatizadores y socializadores, que aunque bien intencionados, agravaron y continúan sumiéndonos en la pobreza.

Las personas no necesitan de un Papá Estado que les produzca su pan y los cuide cual si fuesen bebés. Las personas son capaces de producir su propio pan, de trabajar en beneficio propio y proveerse sus necesidades, sin la injerencia de los gobernantes. Y es que cuando establecemos en nuestras constituciones toda esa retahíla de los mal llamados “derechos sociales”, lo que estamos haciendo efectivamente es darles más poder, prácticamente ilimitado, a los políticos.

Cuando Juan Pérez no puede utilizar su automóvil, que pagó con su propio sudor, para transportar personas y cobrar por ello, porque el Estado se lo prohibe dizque para proteger a los taxistas, Juan Pérez está sufriendo una violación a su derecho de propiedad privada.

Cuando Juan Pérez no puede conseguir un trabajo porque el Estado le prohibe trabajar a un salario menor del mínimo legal, lo que efectivamente está ocurriendo es que el Estado se ha declarado dueño de la mano de obra de Juan, y ha dictado unilateralmente cuál es el valor del trabajo de éste, sin importarle que la consecuencia sea ahora que Juan esté desempleado.

Y todo esto, más otra serie de casos que no cabe enumerar aquí, en que el Estado ha ido gradualmente despojando a los individuos de su capacidad de decidir y valerse por sí mismos, con la excusa de “protegerlos”, son consecuencia de aquella concepción que ve al Estado como un proveedor de riqueza y bienestar para el pueblo.

Pero dicha visión es una que desconoce completamente la dignidad humana. La función del Estado es proteger la vida y la propiedad privada de los particulares. Todo aquello de la llamada “responsabilidad social”, es algo que escapa completamente a la verdadera función del Estado. Los particulares son libres para decidir por sí mismos lo que les conviene, y responsables por sí solos de sus decisiones. La única responsabilidad es exclusivamente individual.

La llamada “responsabilidad social” lo que hace es eliminar esa responsabilidad individual. Y como es evidente, cuando “todos” son responsables, en realidad “nadie” es responsable. Cada uno termina tratando de despojar a los demás, en lugar de tratar de trabajar en su propio beneficio. Éste es el trágico resultado de la infame redistribución, que no es otra cosa que quitar a unos lo que han producido con su esfuerzo, para dárselo a otros.

Y los políticos hacen uso hasta de argumentos religiosos, de solidaridad con el prójimo, para justificar tales medidas. Pero olvidan quienes así hablan, que incluso para la teología cristiana la moralidad del Hombre es una consecuencia necesaria de su libertad individual. Cuando una persona se desprende voluntariamente de un pedazo de pan que le pertenece y lo da a otro, podemos hablar de un acto moral. Pero cuando el Estado por medio de la fuerza le quita a Juan su pedazo de pan para dárselo a Pedro, con la excusa de que Pedro lo necesita con más urgencia, ya no podemos hablar de un acto moral. Juan no ha “donado” su pan a Pedro. Juan ha sido despojado de su pan en contra de su voluntad. ¿Cómo podemos hablar de solidaridad cuando a uno le han robado de esta manera?

Ahora que tan de moda está el tema de una nueva constitución para Panamá, lo que debemos exigir a los políticos es que dejen de atribuirse la potestad de disponer de nuestros bienes, trabajo y derechos como si fueran de ellos. Porque es así, lectores. Los políticos redistribuyen y hacen dádivas con el dinero y el esfuerzo de otros. Ellos ni siquiera tienen la decencia de regalar su propio dinero, pero se presentan como héroes cuando despojan a unos en beneficio de otros.

Ya es tiempo que les digamos a los políticos que nos dejen trabajar y producir en paz, y disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo personal. Mucho daño nos han hecho ya con su demagogia populista. Es hora que nos sea reconocido nuestro derecho a ayudarnos los unos a los otros en plena autonomía de la voluntad, y no por decreto del César.

(Artículo publicado en diario El Panamá América, 19 de enero de 2004)

Algunos dicen que la deuda pública es negativa porque compromete recursos públicos que podrían usarse para obras sociales. Otros dicen que la deuda es positiva, porque al obtener créditos el gobierno puede llevar a cabo las inversiones que el país necesita para su desarrollo. En este artículo trataré de exponer las razones principales por las cuales la deuda pública empobrece a los panameños.

En primer lugar, la idea de que el Estado deba invertir en infraestructura no tiene nada que ver con el endeudamiento. Si el Estado necesita construir una carretera, un puente, o cualquier otra obra de infraestructura, puede hacerlo con recursos existentes. Si no tiene los recursos al momento, entonces el Estado puede otorgar en concesión administrativa la obra, para que sea construida con recursos privados. No se justifica endeudarse para ello.

Lo más peligroso de la deuda pública es que ésta constituye un impuesto sin ley. Normalmente, si el gobierno de turno desea recaudar nuevos fondos para aumentar el gasto público, tiene que aumentar los impuestos. Para esto, a su vez, tiene que aprobar una ley. Y obviamente el aumento de impuestos es siempre impopular. Por ello, los gobiernos han inventado el endeudamiento público, mecanismo por el cual pueden establecer un nuevo impuesto sin tener que pasar por el proceso legislativo, es decir, sin tener que ventilar públicamente el nuevo impuesto. Así, el gobierno puede establecer en la práctica un nuevo impuesto y la mayoría de los ciudadanos ni siquiera se entera, con lo que el gobierno se evita o al menos disminuye el costo político.

Pero de que es un nuevo impuesto, no tenga duda. La razón está en que toda deuda tiene que pagarse, tarde o temprano. Y como el gobierno se ha endeudado precisamente para poder gastar más de lo que tenía en un momento dado, cuando haya que pagar la deuda habrá que obtener ese dinero extra de algún lado. Y allí es donde vienen las alzas de impuestos, como la que tuvimos hace poco más de un año. Y entonces los gobiernos intentan convencer a la población de que el alza de impuestos es necesaria para cubrir el déficit fiscal, déficit que obviamente no existiría si el gobierno no se hubiese endeudado en primer lugar.

Pero hay una razón de mayor peso aún por la cual los gobiernos prefieren endeudarse todo lo posible. Hay que recordar que cada gobierno está en el poder durante cinco años. Si un gobierno determinado puede emitir deuda con plazo de repago mayor de cinco años, podrá gastar todo el dinero que pueda obtener con el dicho endeudamiento, pero no tendrá que asumir el costo político de aumentar los impuestos. Esto último, como quien dice, será problema de otro gobierno. Por esto, la tentación de endeudamiento público es demasiado grande para cada gobierno. La confirmación empírica puede verse en el hecho de que la deuda pública nunca disminuye, sino que siempre va en aumento y, con ella, también aumentan los impuestos.

¿Cuál es entonces la solución al problema? En Panamá tenemos un magnífico ejemplo de límite al poder de los gobernantes. Se trata de la prohibición de emitir papel moneda de curso forzoso. Con esta norma constitucional que idearon los próceres de la República y que afortunadamente se ha mantenido hasta ahora, en nuestro país nos hemos visto libres de los problemas de inflación y constantes devaluaciones a que son sometidos los habitantes de otros países lationamericanos. El hecho de que nuestros gobernantes no puedan emitir papel moneda es probablemente el principal factor que ha permitido a Panamá mantenerse como uno de los países con economía más estable, y con una calidad de vida de las más altas, de toda América Latina.

Mi propuesta es hacer lo mismo con la deuda pública: prohibir por mandato constitucional el endeudamiento del gobierno. Cada vez que un gobernante tenga intención de aumentar el gasto público, tendrá forzosamente que aumentar los impuestos, lo cual al ser siempre impopular, logrará frenar a los políticos en su permanente afán de gastar el dinero de los demás. Sólo aumentarán los impuestos cuando sea realmente necesario.

Estoy seguro que los políticos se opondrán a esta propuesta. Dirán que esto limitaría al gobierno y le impediría dirigir la economía. Precisamente, ésa es la idea. Así como no han podido despojarnos de nuestras cuentas de ahorro con las devaluaciones e hiperinflación causadas por la emisión de moneda, pues así tampoco podrán hipotecar sin permiso el futuro de nuestros hijos.

Ya es tiempo que entendamos que los políticos no son quienes harán que este país salga adelante. Muy por contrario, ellos han tenido su oportunidad por cien años, y han demostrado que no merecen nuestra confianza. Quitémosles ahora la facultad de endeudarnos. Es lo mínimo que les debemos a nuestros hijos.

(Artículo publicado en diario El Panamá América, 13 de enero de 2004)

Los conocemos como bienes públicos, y comprenden las calles, las costas, miles de hectáreas de tierra en el país, el Canal de Panamá, y muchos otros.

La experiencia ha demostrado incontrovertiblemente que los bienes públicos tienden a ser descuidados y a estar en mala situación, en tanto que los bienes privados tienden a ser mejor administrados y dan mucho más provecho. Este problema se conoce como la tragedia de los comunes, y ocurre básicamente por aquello de que lo que es de todos, en realidad no es de nadie, y por tanto nadie lo cuida.

Cuando un pedazo de tierra tiene un dueño particular, esa persona la cuidará dedicadamente, e incluso invertirá para mejorarla. Esto se ve fácilmente en que las personas de todo estrato socioeconómico dedican bastante esfuerzo en mantener sus casas bonitas, en buen estado, bien pintadas, con jardines decorativos, etc. Le dan mantenimiento constante, para evitar su deterioro. Incluso invierten dinero en construir cercas y otras mejoras, para aumentar su valor.

Lo mismo ocurre con las tierras privadas dedicadas al cultivo y la ganadería. El dueño generalmente invierte tiempo y recursos en adquirir pastos mejorados, arar y abonar la tierra, etc. Y se preocupa mucho de mantener su valor en el tiempo, e incluso aumentarlo.

En cambio, con los llamados bienes públicos, como calles, plazas y parques públicos, aceras, etc., no ocurre lo mismo. Nni siquiera con campañas cívicas promoviendo el aseo y ornato públicos, se logra que la gente los cuide en la misma medida. ¿Por qué?

La respuesta parece obvia. Si Doña Inés tiene que dedicar tiempo y recursos limitados a mantener y mejorar bienes, y tiene que escoger entre hacerlo con su propia casa, o hacerlo con la plaza pública, no hay que ser un genio para adivinar cuál opción elegirá. Debemos entender de una buena vez que el ser humano es egoísta por naturaleza, y que esto no necesariamente es malo. Sencillamente, es conducente a la propia supervivencia el preocuparse primero por uno mismo y los suyos, para luego entonces preocuparse por los demás. Ni todos los millones de dólares que se puedan gastar en campañas cívicas podrán cambiar esta naturaleza del Hombre.

En Panamá hay una cantidad no precisada, pero definitivamente enorme, de tierras incultas. La enorme mayoría de estas tierras incultas no tienen título de propiedad. Mientras el Estado siga manteniendo estas tierras, nadie invertirá mucho dinero ni tiempo en mantenerlas, mucho menos en mejorar su productividad. Es necesario que el Estado deje de ser propietario de tierras, y comience a otorgar títulos de propiedad a los campesinos.

Pero no es sólo un asunto de tierras para cultivo o ganadería. Lo mismo aplica para las calles, plazas públicas, y virtualmente todo tipo de bienes públicos. Cualquier habitante de la ciudad capital puede constatar con sus propios ojos la diferencia abismal que hay entre el estado de las calles públicas, y el estado de las calles privadas, como las que hay en centros comerciales, urbanizaciones privadas, e incluso los famosos corredores.

Lo mismo respecto de las áreas de estacionamiento. En el caso de las áreas públicas de estacionamiento, la queja generalmente es que no hay suficientes, que no hay seguridad, que hay poca iluminación, etc. No escucho estas quejas, en cambio, respecto de los lotes privados de estacionamiento.

Los panameños debemos entender que nosotros mismos, como ciudadanos particulares, sabemos manejar mejor nuestros asuntos que lo que pueden hacerlo los políticos. Éstos han demostrado reiteradamente que no son buenos administradores de nuestros bienes. Lo que sí han demostrado tener es capacidad para hacer negocios privados con nuestros bienes, negocios de los que los ciudadanos no vemos ningún beneficio. Entonces, ¿por qué seguimos confiándoles la administración de la llamada cosa pública?

Debemos exigir que se nos devuelvan los bienes que ahora son “públicos.” Debemos confiar nuevamente en la capacidad de cada uno de nosotros para administrar mejor lo que en justicia nos pertenece a nosotros. Debemos dejar de creer en el mito de que los políticos saben mejor que nosotros lo que nos conviene.

El próximo gobierno debe comenzar la tarea, y terminarla durante su mandato quinquenal, de deshacerse totalmente de las tierras estatales. Y no hablo de privatización como las que ya conocemos, sino de titularización de tierras a los actuales poseedores de ellas. Pero para que sea un verdadero incentivo tener tierras, cuidarlas, y ponerlas a producir para beneficio del país, también es necesario eliminar los absurdos impuestos a la tenencia de inmuebles, y todas las otras cargas similares que lo que hacen es castigar la producción.

Ya es tiempo que exijamos a los políticos que nos devuelvan lo que es nuestro. Comencemos con el próximo gobierno, pero desde el primer día. Exíjale esto a su candidato.

La democracia como forma de gobierno ha sido sobreestimada. Y no es que yo sugiera la adopción de otra forma de gobierno, ni mucho menos. Sencillamente, mi proposición es que la creencia en la soberanía de las mayorías como método infalible de lograr el bienestar, ha resultado ser una vana ilusión.

Rousseau nos dijo que un gobierno elegido por la mayoría, necesariamente tenía que ser bueno. Los anglosajones, afortunadamente, no fueron tan ingenuos. Los fundadores de la nación norteamericana (si se puede hablar de tal cosa), entendieron bien los peligros del poder ilimitado del gobierno, inclusive cuando dicho gobierno ha sido elegido democráticamente.

Por tal razón, establecieron un sistema de límites al poder público, los llamados pesos y contrapesos (checks and balances). La constitución norteamericana adoptada en la Convención de Filadelfia de 1787, contiene más que cualquier otra cosa, cláusulas de límites al poder de los gobernantes, y la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo frente al gobierno.

En Latinoamérica, sin embargo, inspirados por la fe de Rousseau en la supuesta sabiduría irrestricta de las mayorías, nuestros fundadores prefirieron dejar a los gobernantes todo el poder, sin limitaciones de tipo alguno. Y los argumentos a favor de tal omisión todavía se escuchan, aún en círculos intelectuales: que el gobernante no debe tener las manos atadas para legislar en beneficio de la sociedad; que demasiadas restricciones al poder hacen ineficiente la gestión pública, y otros similares.

Pero tales argumentos se fundamentan básicamente en dos premisas: primero, que el bienestar de los ciudadanos será mejor mientras más pueda hacer el gobernante; y segundo, que el gobernante, habiendo sido escogido por el pueblo, siempre será un buen gobernante y velará sin excepción por el bien de todos, o al menos de las mayorías.

Pero la primera premisa, que el bienestar de la población es responsabilidad del gobernante, es falsa. Lo sorprendente es que tantos crean aún en la veracidad de dicha asunción, porque son los particulares quienes son responsables por su bienestar individual, y en conjunto, por el bienestar general de la población (que a fin de cuentas está compuesta de individuos.)

No es el Estado el llamado a trabajar ni a crear riqueza por las personas. Son las personas quienes han de procurarse su trabajo y su riqueza. Y todo esto en el marco del respeto al trabajo, la propiedad, y los derechos de las demás personas.

Para ser libres y prósperos debemos comenzar por aceptar la responsabilidad por nuestras decisiones, y abandonar el parasitismo de esperar a que el gobernante nos resuelva nuestros problemas, y nos provea de nuestro alimento. Cuando pedimos que alguien nos mantenga, a la vez estamos renunciando a nuestra libertad e independencia.

La segunda premisa, sin embargo, es la más absurda de las dos. Y la que más claramente ha sido refutada por la experiencia histórica. ¿Cuántos gobernantes sabios recuerda usted, estimado lector? ¿Cuántos gobernantes hemos tenido que no abusaran en algún momento de su poder, en perjuicio de personas y grupos de particulares, a los que supuestamente deben proteger?

Debemos acostumbrarnos al hecho de que los gobernantes son seres humanos. Y como tales, están sujetos a los mismos vicios, tentaciones, y abusos que cualquier otro mortal. No son dioses ni seres guiados por la luz divina, como sus apologistas pretenden hacernos creer.

La creencia en los gobernantes mesiánicos, que supuestamente nos llevarán a la tierra prometida de la riqueza y el desarrollo, nos ha llevado a concederles a nuestros políticos una serie de poderes ilimitados, sin controles y sin barreras, que la experiencia demuestra que nos ha causado más daño que bien.

Y es por esto mismo que, a la vez que tratamos siempre de elegir a los mejores, debemos estar siempre preparados para cuando estemos gobernados por los peores. Nuestras leyes deben siempre establecer límites concretos, específicos y claros al poder del gobernante, para que cuando tengamos uno malo (lo cual ocurre con demasiada frecuencia), al menos no pueda hacer tanto daño a los derechos de los particulares.

Los objetivos para los cuales elegimos gobernantes son muy claros. No hay razón para que les dejemos amplitud discrecional, que les permita aplicar tales discreciones en beneficio de ellos mismos, y en perjuicio de los objetivos para los cuales han sido nombrados.

Debemos exigir a nuestros jueces y magistrados, que apliquen el derecho y entiendan, de una buena vez, que las instituciones de garantía como la acción de amparo, el habeas corpus, y los controles de inconstitucionalidad y de legalidad, están para proteger los derechos de los particulares, y no para legitimar la discrecionalidad del gobernante.

Para prosperar necesitamos menos intervención gubernamental en las vidas y actividades de los particulares. Los problemas no son resueltos por los gobernantes, sino por los particulares en sus relaciones mutuas. La riqueza es creada por los particulares con su trabajo, su esfuerzo. Los gobiernos no crean riqueza, más bien la destruyen. Necesitamos reducir, no aumentar, el poder gubernamental.

(Publicado en el Diario La Prensa, 24 de febrero de 2003)

Nuestros planificadores económicos hablan frecuentemente del Producto Interno Bruto (PIB) argumentando aumento o disminución de éste como medida del crecimiento económico. El PIB es una ecuación de varios componentes: consumo privado, inversión privada, gasto público y exportaciones netas.

Si bien el PIB tiene cierta utilidad como herramienta estadística, surge un problema cuando se pretende tomarlo como si fuese un mecanismo de medición preciso, en lugar de un medio de aproximación. Baso mi argumento en que tiene serias limitaciones, una de las cuales es que su fórmula está basada en premisas equivocadas. La principal de éstas se fundamenta en que en la fórmula del PIB, se considera el gasto público como equivalente a producción económica. Normalmente en el mercado sí podemos equiparar gasto con producción, por razón de que a fin de cuentas, todos somos consumidores y productores: para poder adquirir en el mercado algún bien o servicio, tenemos primero que producir suficiente para intercambiar por aquello que deseamos adquirir. Por ello es que se asume que quien gasta en adquirir algo de determinado valor, ha producido también otro bien o servicio por el mismo valor, y de allí que podamos entonces asemejar gasto -en un sentido amplio- con producción.

No obstante, el asumido anterior no aplica cuando interviene el Estado en el panorama. A diferencia de los particulares, cuando aquél va al mercado a comprar bienes y servicios, en realidad no ha generado anteriormente riqueza para ofrecer a cambio de los bienes o servicios que demanda. Lo que el Estado hace es despojar a otros de su riqueza, a través de impuestos, para entonces comprar en el mercado. Es el mismo caso de un ladrón que luego de robar cierta cantidad de dinero, va al mercado y adquiere bienes por el mismo valor. En realidad no ha creado riqueza alguna para poder comprar esos bienes, en cambio sí ha privado a su legítimo dueño de la oportunidad de reinvertir parte de esa riqueza para generar más riqueza aún. ¿A quién se le ocurriría argumentar que los ladrones estimulan la economía por su demanda de bienes y servicios que ejercen con los recursos que adquieren mediante el despojo a sus legítimos dueños? En términos económicos, no hay motivo alguno para considerar de modo distinto el caso de los gastos hechos por el Estado.

El problema es aún peor cuando el Estado compra, no con riqueza despojada, ¡sino sin riqueza alguna! En efecto, el Estado compra sin haber producido riqueza cuando financia sus compras por medio de endeudamiento. Aquí sencillamente se está reduciendo la cuenta de capital para hacer frente a los gastos. Esto al principio puede parecer superficialmente como un verdadero estímulo a la generación de riqueza, de la misma manera que en el ejemplo siguiente.

Imaginemos que los Delgado -una familia de cuatro miembros- genera ingresos mensuales por mil dólares, pero un buen día el padre decide ‘mejorar’ la calidad de vida de la familia. Luego de ver que a corto plazo no puede aumentar tan rápido sus ingresos, decide hacer uso de la cuenta de ahorros que mantienen para la educación futura de los niños. Los miembros de la familia podrán pensar que su padre está ganando más dinero ahora, puesto que obviamente gasta más, y al ver que ahora tienen un TV de pantalla gigante, un nuevo sistema de teatro en casa, un carro del año e irán todos de viaje a Disney, claramente los niños y mami creerán estar en mejor condición que antes. La desilusión de los Delgado vendrá años después cuando se suscite el colapso por el agotamiento de los ahorros y los niños, ya en edad de ir a la universidad, se encuentren con la sorpresa de que, contrario a sus expectativas, tendrán que conformarse con educación pública, de menor calidad o, sencillamente, quedarse sin educación, gracias a que la cuenta de ahorros fue malgastada antes.

La misma situación se da con el gasto público. Por razón de que éste se financia con la expropiación de recursos del sector privado a través de impuestos, al haber sido despojado por medio de impuestos de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, el sector privado se ve inhibido de realizar ciertas inversiones. Para empeorar el asunto, en vista de que el gasto público deficitario financiado por medio de endeudamiento, es en realidad una destrucción de capital, la situación, igual que con los Delgado, eventualmente colapsará. Esto acarreará una depresión económica que obligará a muchas empresas privadas a cerrar, reduciendo aún más la generación de riqueza y aumentando el desempleo.

Al definir el PIB como una función del gasto público, se incurre en un sesgo que lleva a los incautos o desinformados, a permitir que se les engañe con la idea de que el gasto público aumenta el crecimiento económico. En lógica, esto es lo que se conoce como la falacia del argumento circular (circulus in demostrando). No se dejen enredar.