Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en diario El Panamá América,

En Latinoamérica hemos sufrido tradicionalmente el problema del subdesarrollo, y continuamos en pobreza. No logran nuestros países salir de la pobreza, y algunos incluso están retrocediendo, como es el caso conspicuo de Venezuela.

La causa, en lugar de buscarse en cucos ajenos a nuestra propia realidad, como el Imperialismo y otros similares, está realmente en la precaria situación de libertades individuales en nuestros países. A diferencia de los norteamericanos que luego de independizarse de la Corona Británica fundaron su estado sobre los principios de propiedad privada, derechos individuales, derecho a la secesión, y en general la limitación de los poderes del gobierno, en Latinoamérica nos embarcamos especialmente en la segunda mitad del Siglo XX, en proyectos estatizadores y socializadores, que aunque bien intencionados, agravaron y continúan sumiéndonos en la pobreza.

Las personas no necesitan de un Papá Estado que les produzca su pan y los cuide cual si fuesen bebés. Las personas son capaces de producir su propio pan, de trabajar en beneficio propio y proveerse sus necesidades, sin la injerencia de los gobernantes. Y es que cuando establecemos en nuestras constituciones toda esa retahíla de los mal llamados “derechos sociales”, lo que estamos haciendo efectivamente es darles más poder, prácticamente ilimitado, a los políticos.

Cuando Juan Pérez no puede utilizar su automóvil, que pagó con su propio sudor, para transportar personas y cobrar por ello, porque el Estado se lo prohibe dizque para proteger a los taxistas, Juan Pérez está sufriendo una violación a su derecho de propiedad privada.

Cuando Juan Pérez no puede conseguir un trabajo porque el Estado le prohibe trabajar a un salario menor del mínimo legal, lo que efectivamente está ocurriendo es que el Estado se ha declarado dueño de la mano de obra de Juan, y ha dictado unilateralmente cuál es el valor del trabajo de éste, sin importarle que la consecuencia sea ahora que Juan esté desempleado.

Y todo esto, más otra serie de casos que no cabe enumerar aquí, en que el Estado ha ido gradualmente despojando a los individuos de su capacidad de decidir y valerse por sí mismos, con la excusa de “protegerlos”, son consecuencia de aquella concepción que ve al Estado como un proveedor de riqueza y bienestar para el pueblo.

Pero dicha visión es una que desconoce completamente la dignidad humana. La función del Estado es proteger la vida y la propiedad privada de los particulares. Todo aquello de la llamada “responsabilidad social”, es algo que escapa completamente a la verdadera función del Estado. Los particulares son libres para decidir por sí mismos lo que les conviene, y responsables por sí solos de sus decisiones. La única responsabilidad es exclusivamente individual.

La llamada “responsabilidad social” lo que hace es eliminar esa responsabilidad individual. Y como es evidente, cuando “todos” son responsables, en realidad “nadie” es responsable. Cada uno termina tratando de despojar a los demás, en lugar de tratar de trabajar en su propio beneficio. Éste es el trágico resultado de la infame redistribución, que no es otra cosa que quitar a unos lo que han producido con su esfuerzo, para dárselo a otros.

Y los políticos hacen uso hasta de argumentos religiosos, de solidaridad con el prójimo, para justificar tales medidas. Pero olvidan quienes así hablan, que incluso para la teología cristiana la moralidad del Hombre es una consecuencia necesaria de su libertad individual. Cuando una persona se desprende voluntariamente de un pedazo de pan que le pertenece y lo da a otro, podemos hablar de un acto moral. Pero cuando el Estado por medio de la fuerza le quita a Juan su pedazo de pan para dárselo a Pedro, con la excusa de que Pedro lo necesita con más urgencia, ya no podemos hablar de un acto moral. Juan no ha “donado” su pan a Pedro. Juan ha sido despojado de su pan en contra de su voluntad. ¿Cómo podemos hablar de solidaridad cuando a uno le han robado de esta manera?

Ahora que tan de moda está el tema de una nueva constitución para Panamá, lo que debemos exigir a los políticos es que dejen de atribuirse la potestad de disponer de nuestros bienes, trabajo y derechos como si fueran de ellos. Porque es así, lectores. Los políticos redistribuyen y hacen dádivas con el dinero y el esfuerzo de otros. Ellos ni siquiera tienen la decencia de regalar su propio dinero, pero se presentan como héroes cuando despojan a unos en beneficio de otros.

Ya es tiempo que les digamos a los políticos que nos dejen trabajar y producir en paz, y disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo personal. Mucho daño nos han hecho ya con su demagogia populista. Es hora que nos sea reconocido nuestro derecho a ayudarnos los unos a los otros en plena autonomía de la voluntad, y no por decreto del César.

(Artículo publicado en diario El Panamá América, 19 de enero de 2004)

Algunos dicen que la deuda pública es negativa porque compromete recursos públicos que podrían usarse para obras sociales. Otros dicen que la deuda es positiva, porque al obtener créditos el gobierno puede llevar a cabo las inversiones que el país necesita para su desarrollo. En este artículo trataré de exponer las razones principales por las cuales la deuda pública empobrece a los panameños.

En primer lugar, la idea de que el Estado deba invertir en infraestructura no tiene nada que ver con el endeudamiento. Si el Estado necesita construir una carretera, un puente, o cualquier otra obra de infraestructura, puede hacerlo con recursos existentes. Si no tiene los recursos al momento, entonces el Estado puede otorgar en concesión administrativa la obra, para que sea construida con recursos privados. No se justifica endeudarse para ello.

Lo más peligroso de la deuda pública es que ésta constituye un impuesto sin ley. Normalmente, si el gobierno de turno desea recaudar nuevos fondos para aumentar el gasto público, tiene que aumentar los impuestos. Para esto, a su vez, tiene que aprobar una ley. Y obviamente el aumento de impuestos es siempre impopular. Por ello, los gobiernos han inventado el endeudamiento público, mecanismo por el cual pueden establecer un nuevo impuesto sin tener que pasar por el proceso legislativo, es decir, sin tener que ventilar públicamente el nuevo impuesto. Así, el gobierno puede establecer en la práctica un nuevo impuesto y la mayoría de los ciudadanos ni siquiera se entera, con lo que el gobierno se evita o al menos disminuye el costo político.

Pero de que es un nuevo impuesto, no tenga duda. La razón está en que toda deuda tiene que pagarse, tarde o temprano. Y como el gobierno se ha endeudado precisamente para poder gastar más de lo que tenía en un momento dado, cuando haya que pagar la deuda habrá que obtener ese dinero extra de algún lado. Y allí es donde vienen las alzas de impuestos, como la que tuvimos hace poco más de un año. Y entonces los gobiernos intentan convencer a la población de que el alza de impuestos es necesaria para cubrir el déficit fiscal, déficit que obviamente no existiría si el gobierno no se hubiese endeudado en primer lugar.

Pero hay una razón de mayor peso aún por la cual los gobiernos prefieren endeudarse todo lo posible. Hay que recordar que cada gobierno está en el poder durante cinco años. Si un gobierno determinado puede emitir deuda con plazo de repago mayor de cinco años, podrá gastar todo el dinero que pueda obtener con el dicho endeudamiento, pero no tendrá que asumir el costo político de aumentar los impuestos. Esto último, como quien dice, será problema de otro gobierno. Por esto, la tentación de endeudamiento público es demasiado grande para cada gobierno. La confirmación empírica puede verse en el hecho de que la deuda pública nunca disminuye, sino que siempre va en aumento y, con ella, también aumentan los impuestos.

¿Cuál es entonces la solución al problema? En Panamá tenemos un magnífico ejemplo de límite al poder de los gobernantes. Se trata de la prohibición de emitir papel moneda de curso forzoso. Con esta norma constitucional que idearon los próceres de la República y que afortunadamente se ha mantenido hasta ahora, en nuestro país nos hemos visto libres de los problemas de inflación y constantes devaluaciones a que son sometidos los habitantes de otros países lationamericanos. El hecho de que nuestros gobernantes no puedan emitir papel moneda es probablemente el principal factor que ha permitido a Panamá mantenerse como uno de los países con economía más estable, y con una calidad de vida de las más altas, de toda América Latina.

Mi propuesta es hacer lo mismo con la deuda pública: prohibir por mandato constitucional el endeudamiento del gobierno. Cada vez que un gobernante tenga intención de aumentar el gasto público, tendrá forzosamente que aumentar los impuestos, lo cual al ser siempre impopular, logrará frenar a los políticos en su permanente afán de gastar el dinero de los demás. Sólo aumentarán los impuestos cuando sea realmente necesario.

Estoy seguro que los políticos se opondrán a esta propuesta. Dirán que esto limitaría al gobierno y le impediría dirigir la economía. Precisamente, ésa es la idea. Así como no han podido despojarnos de nuestras cuentas de ahorro con las devaluaciones e hiperinflación causadas por la emisión de moneda, pues así tampoco podrán hipotecar sin permiso el futuro de nuestros hijos.

Ya es tiempo que entendamos que los políticos no son quienes harán que este país salga adelante. Muy por contrario, ellos han tenido su oportunidad por cien años, y han demostrado que no merecen nuestra confianza. Quitémosles ahora la facultad de endeudarnos. Es lo mínimo que les debemos a nuestros hijos.

(Artículo publicado en diario El Panamá América, 13 de enero de 2004)

Los conocemos como bienes públicos, y comprenden las calles, las costas, miles de hectáreas de tierra en el país, el Canal de Panamá, y muchos otros.

La experiencia ha demostrado incontrovertiblemente que los bienes públicos tienden a ser descuidados y a estar en mala situación, en tanto que los bienes privados tienden a ser mejor administrados y dan mucho más provecho. Este problema se conoce como la tragedia de los comunes, y ocurre básicamente por aquello de que lo que es de todos, en realidad no es de nadie, y por tanto nadie lo cuida.

Cuando un pedazo de tierra tiene un dueño particular, esa persona la cuidará dedicadamente, e incluso invertirá para mejorarla. Esto se ve fácilmente en que las personas de todo estrato socioeconómico dedican bastante esfuerzo en mantener sus casas bonitas, en buen estado, bien pintadas, con jardines decorativos, etc. Le dan mantenimiento constante, para evitar su deterioro. Incluso invierten dinero en construir cercas y otras mejoras, para aumentar su valor.

Lo mismo ocurre con las tierras privadas dedicadas al cultivo y la ganadería. El dueño generalmente invierte tiempo y recursos en adquirir pastos mejorados, arar y abonar la tierra, etc. Y se preocupa mucho de mantener su valor en el tiempo, e incluso aumentarlo.

En cambio, con los llamados bienes públicos, como calles, plazas y parques públicos, aceras, etc., no ocurre lo mismo. Nni siquiera con campañas cívicas promoviendo el aseo y ornato públicos, se logra que la gente los cuide en la misma medida. ¿Por qué?

La respuesta parece obvia. Si Doña Inés tiene que dedicar tiempo y recursos limitados a mantener y mejorar bienes, y tiene que escoger entre hacerlo con su propia casa, o hacerlo con la plaza pública, no hay que ser un genio para adivinar cuál opción elegirá. Debemos entender de una buena vez que el ser humano es egoísta por naturaleza, y que esto no necesariamente es malo. Sencillamente, es conducente a la propia supervivencia el preocuparse primero por uno mismo y los suyos, para luego entonces preocuparse por los demás. Ni todos los millones de dólares que se puedan gastar en campañas cívicas podrán cambiar esta naturaleza del Hombre.

En Panamá hay una cantidad no precisada, pero definitivamente enorme, de tierras incultas. La enorme mayoría de estas tierras incultas no tienen título de propiedad. Mientras el Estado siga manteniendo estas tierras, nadie invertirá mucho dinero ni tiempo en mantenerlas, mucho menos en mejorar su productividad. Es necesario que el Estado deje de ser propietario de tierras, y comience a otorgar títulos de propiedad a los campesinos.

Pero no es sólo un asunto de tierras para cultivo o ganadería. Lo mismo aplica para las calles, plazas públicas, y virtualmente todo tipo de bienes públicos. Cualquier habitante de la ciudad capital puede constatar con sus propios ojos la diferencia abismal que hay entre el estado de las calles públicas, y el estado de las calles privadas, como las que hay en centros comerciales, urbanizaciones privadas, e incluso los famosos corredores.

Lo mismo respecto de las áreas de estacionamiento. En el caso de las áreas públicas de estacionamiento, la queja generalmente es que no hay suficientes, que no hay seguridad, que hay poca iluminación, etc. No escucho estas quejas, en cambio, respecto de los lotes privados de estacionamiento.

Los panameños debemos entender que nosotros mismos, como ciudadanos particulares, sabemos manejar mejor nuestros asuntos que lo que pueden hacerlo los políticos. Éstos han demostrado reiteradamente que no son buenos administradores de nuestros bienes. Lo que sí han demostrado tener es capacidad para hacer negocios privados con nuestros bienes, negocios de los que los ciudadanos no vemos ningún beneficio. Entonces, ¿por qué seguimos confiándoles la administración de la llamada cosa pública?

Debemos exigir que se nos devuelvan los bienes que ahora son “públicos.” Debemos confiar nuevamente en la capacidad de cada uno de nosotros para administrar mejor lo que en justicia nos pertenece a nosotros. Debemos dejar de creer en el mito de que los políticos saben mejor que nosotros lo que nos conviene.

El próximo gobierno debe comenzar la tarea, y terminarla durante su mandato quinquenal, de deshacerse totalmente de las tierras estatales. Y no hablo de privatización como las que ya conocemos, sino de titularización de tierras a los actuales poseedores de ellas. Pero para que sea un verdadero incentivo tener tierras, cuidarlas, y ponerlas a producir para beneficio del país, también es necesario eliminar los absurdos impuestos a la tenencia de inmuebles, y todas las otras cargas similares que lo que hacen es castigar la producción.

Ya es tiempo que exijamos a los políticos que nos devuelvan lo que es nuestro. Comencemos con el próximo gobierno, pero desde el primer día. Exíjale esto a su candidato.