Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, diciembre de 2012)

¿Hay un precio ‘justo’ de las cosas?  ¿Cómo se fijan los precios de los bienes y servicios en el mercado?

No hay precios sin mercado

En primer lugar, no hay precios allí donde no hay intercambio.  Precio es lo que ocurre cuando una persona da X cantidad de dinero para adquirir algo que, en ese momento, valora más que la cantidad de dinero que está pagando.  Esto es una verdad incontestable, pues de otro modo dicha persona no estaría haciendo la transacción de manera voluntaria.  El precio justo, entonces, es cualquiera que las partes en una transacción acuerdan libremente, sin interferencia de terceros.

Los precios transmiten información

Dado que los precios son el resultado de un intercambio voluntario, es evidente que si Juan paga $10 por un litro de agua en determinado momento, es porque en el “aquí y ahora” Juan valora más el litro de agua que los $10 que está dando a cambio.

Los precios altos nos indican que hay relativa escasez del bien en cuestión, en tanto los precios bajos nos dicen abundancia.  Los precios altos de la electricidad le dicen al inversionista que debe invertir en generación eléctrica.  El inversionista escucha la señal y tiende a seguir la instrucción, porque ello redunda en su propio interés.  Por otro lado, esos mismos precios altos le dicen al consumidor que debe moderar su consumo, cosa que redunda en que mientras la producción aumenta, más personas podrán consumir la electricidad que necesitan, cosa que no ocurriría si el precio no sube para reflejar la escasez relativa (cuando por intervenciones en el mercado el precio no sube, el resultado tiende a ser escasez, que en el mercado eléctrico significa apagones).

Ruidos en la señal

¿Qué pasa cuando el gobierno interviene en la señal de los precios?  La interferencia más rudimentaria es la regulación de precios.  A ella recurren los gobiernos con afanes populistas, y el resultado siempre es negativo.  El resultado es la escasez artificial.  Las estanterías vacías en los supermercados en Caracas, donde desde hace años existe fuerte régimen de regulación de precios, es consecuencia de la regulación de precios.

Hay otras formas de interferencia.  Los subsidios son una muy perversa.  Si se trata de subsidios al consumo, como el subsidio al precio de la electricidad, estos distorsionan la señal de tal manera que el consumidor, en lugar de moderar su consumo para ajustarse a la situación de relativa escasez, continúa consumiendo como si estuviésemos en situación de gran abundancia.  En el caso de la electricidad, durante períodos críticos de abastecimiento, observamos el contrasentido de un Estado incentivando el consumo mediante el subsidio al precio, y por el otro lado gastando dinero en campañas llamando a racionar el consumo.  

Por otro lado, los subsidios a la producción distorsionan las señales de rentabilidad.  Estos instan al inversionista a dedicarse a una actividad que de otro modo no sería rentable para él.  El caso del agro en nuestro país es el más claro ejemplo de esto.  Hay subsectores del agro que son competitivos, y hay otros que claramente no lo son.  Pero estos últimos siguen viendo actividad debido precisamente a los subsidios estatales.

Aquí ocurre lo que el economista francés del Siglo XIX Frederic Bastiat denominaba el problema de “Lo que se ve vs. Lo que no se ve”.  Vemos al productor de papa, y las papas subsidiadas que saca al mercado. Pero no vemos la riqueza que se destruyó en el proceso, y ello precisamente porque nunca surgió, pues la inversión necesaria no se hizo precisamente debido al subsidio.

Conclusión

Los precios en el mercado transmiten información que permite a los poseedores de capital a invertir en aquellos proyectos empresariales de mayor retorno para ellos y, por tanto, de mayor retorno social.  Cuando el gobierno interfiere con dichas señales, la distorsión resultante de la señal hace que todos salgamos perdiendo a largo plazo.  Los precios transmiten información sobre la abundancia y escasez relativa de los recursos.  Las medidas que buscan atacar los precios son el equivalente a romper el termómetro para reducir la fiebre.  Con el agravante de que en el caso económico, el remedio es peor que la enfermedad.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, noviembre de 2012)

Un ingrediente fundamental para dar el salto al desarrollo es que el país tenga una institucionalidad sólida.  Sin embargo, en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, Panamá ocupa la posición No. 132 en esta materia. ¿Por qué?

Institucionalidad no se refiere a tener muchas instituciones.  La institucionalidad no se logra creando más ministerios, dependencias del Gobierno Central y entidades descentralizadas.  Nada de eso.  Tampoco significa tener entidades con poder absoluto, hipertrofia burocrática, engorrosos procesos y abultadas planillas.  Lo fundamental en la institucionalidad, para efectos del desarrollo económico, es la reducción a su mínima expresión, de los costos de transacción, de tal manera que se favorezca la actividad creativa y productiva, y la división del trabajo e intercambio comercial.

Reglas y procesos claros, justos y eficientes.

Bien entendida, la institucionalidad tiene características muy claras que la diferencian de la burocracia hipertrofiada.  En primer lugar, la institucionalidad no se refiere a entidades, sino a la existencia de reglas justas, claras y adecuadas y procesos claros y explícitos, transparentes, eficaces y eficientes.

Pero no sólo son importantes las reglas.  Los procesos para la aplicación de las reglas, deben ser claros y transparentes, además de eficientes.  En el caso de Panamá, los procesos en que peor estamos son los procesos jurisdiccionales.  Todo lo que tiene que ver con dirimir controversias entre particulares, es extremadamente ineficiente en nuestro país.  Basta mirar el ranking Doing Business del Banco Mundial para observar que estamos en la posición No. 119 en el mundo en cuanto a “cumplimiento de contratos”, que se refiere más que cualquier otra cosa, a la relativa eficacia y eficiencia de hacer valer los derechos subjetivos frente a otras personas (particulares o estatales).

Separación de poderes 

En materia de procesos jurisdiccionales tenemos varios problemas, pero me concentraré en los que veo como los más importantes por resolver.  En primer lugar, seguimos teniendo un sistema en el que gran parte de los procesos que deberían estar en poder de tribunales de justicia dentro del Órgano Judicial propiamente, pero están bajo la Administración Pública.  Los ejemplos son muchos, pero los peores casos son aquellos que implican la nefasta jurisdicción coactiva, que no es más que un lindo nombre para una situación en la que una institución que es parte en una controversia con un ciudadano, es también el tribunal competente para dilucidar dicha controversia con el ciudadano.  Oportunidad del ciudadano de una justicia imparcial de verdad en dichos casos: virtualmente nula.

Recursos adecuados

Otro problema grave de la Administración de Justicia en nuestro país es que el Órgano Judicial y el Ministerio Público jamás han contado con presupuestos acordes con las funciones que ejercen.  En nuestro país no le damos a la Administración de Justicia el peso que amerita, y las mencionadas entidades son siempre los patitos feos a la hora de elaborar el Presupuesto General del Estado.  Ello obedece en gran medida a que los políticos no ven rentabilidad política en la Administración de Justicia, y dan prioridad a proyectos que consideran de mayor rédito político (en sentido electorero), como los programas paternalistas mal llamados de asistencia social, y en general el clientelismo de siempre.

Conclusión

Un elemento esencial del desarrollo a largo plazo es la institucionalidad sólida.  Sin ella, todas las demás políticas públicas de libre mercado, se quedan cortas.  Pero la institucionalidad no se fortalece, más bien se debilita, cuando creamos más burocracia en el gobierno central, y cuando seguimos dando más poderes a entidades de dicho gobierno central.  Se debilita la institucionalidad cuando se da facultades jurisdiccionales a entes administrativos que, por su naturaleza, carecen de la mínima imparcialidad requerida para garantizar procesos justos y equitativos.  Mientras no entendamos como país que la Administración de Justicia debe ser un objetivo prioritario, y dotar al Órgano Judicial de recursos cónsonos con su grave función, no daremos el salto a ser el Singapur de Occidente, y lo demás será maquillaje.

Dado que el fortalecer genuinamente la Administración de Justicia requiere compromiso real del Gobierno de desprenderse de poder y dotar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de recursos suficientes, ambas cosas que los políticos ven como muy poco redituables en términos electoreros, estos cambios no ocurrirán sino hasta que la sociedad civil los exija.  Debemos hacerlo cuanto antes.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, octubre de 2012)

Hay una paradoja en política tributaria: llega un punto luego del cual, si se aumentan las tasas de impuestos, la recaudación se reduce, y viceversa.  A este fenómeno se le conoce como la Curva de Laffer, en atribución al Prof. Arthur Laffer, economista norteamericano que sirvió como asesor económico del Presidente Ronald Reagan.

La llamada Curva de Laffer, como el propio Arthur Laffer señala, no fue inventada por él ni mucho menos.  El Prof. Laffer señala que el concepto es mencionado y explicado desde al menos el Siglo XIV por el filósofo musulmán Ibn Khaldun en su obra Muqqadimah.  El término “Curva de Laffer” fue acuñado en la década de 1970 por el periodista Jude Wanniski, del Wall Street Journal, al reportar de una reunión que sostuvo el Prof. Laffer con el entonces asistente del Presidente Gerald Ford, el Sr. Richard ‘Dick’ Cheney (sí, el mismo que luego fue Vicepresidente de George W. Bush).  En dicha reunión el Prof. Laffer tomó una servilleta y dibujó la curva en forma de campana, para ilustrar el fenómeno.

El fenómeno

En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), La Curva de Laffer postula que la recaudación de impuestos será igual a cero en los extremos en de la tasa del ISR (0% y 100%).  Al 0% de ISR, por simple aritmética, y en el otro extremo, con tasa del 100% el fenómeno ocurriría porque las personas dejan de producir al perder el incentivo económico a hacerlo, o porque encuentran vías para evadir el impuesto.

Pero en algún punto entre 0% y 100% está el óptimo de recaudación, cual es el nivel de tasa de ISR en que se alcanza la mayor recaudación.  Una vez alcanzado el óptimo de recaudación, cualquier aumento marginal sobre la tasa no sólo no aumentará la recaudación sino que la reducirá.

Óptimo: ¿recaudación o crecimiento?

El óptimo de recaudación no necesariamente es lo mejor para la economía de un país.  Dicho óptimo puede aún ser una tasa impositiva demasiado alta que frene el crecimiento económico.  Con ello, el punto óptimo de recaudación en realidad no sería óptimo en el tiempo, pues con su paso la economía no crecería con suficiente rapidez y por tanto la recaudación tampoco.  Ejemplo, la economía de un país A que crece consistentemente al 10% anual, pudiera tener hoy una recaudación menor a la del país B que crece al 5%, pero a largo plazo llegará el momento en que la economía del país A generará mayor recaudación por ISR que la del país B, por razón del conocido fenómeno consistente en que sólo el crecimiento económico sostenido en el tiempo puede aumentar sólidamente las recaudaciones por ISR. Lo anterior apunta a que orientar la política impositiva pensando sólo en qué tasa recaudará más hoy, es una mala política.

Panamá

En la reforma fiscal aprobada en el año 2010, se redujo la tasa de ISR para las personas naturales.  Se quiso establecer un ‘Flat Tax’ en 15%, cosa que aplaudo, pero se estableció fue un sistema de dos niveles, uno de 15% hasta B/ 50,000 anuales de ingresos, y otro de 25% por el excedente.  Es un sistema mejor y más simple que el que había.  No sólo se redujo la tasa impositiva, sino que se simplificó el sistema.  Esto es buena política tributaria y hay que aplaudirlo.

Sostengo que se puede mejorar mucho más.  La tasa de ISR para personas jurídicas es de 25%, que también es mejor a lo que había antes.  Pero sería aún mejor reducirla más.  Panamá puede atraer mucha más inversión si reduce su ISR corporativo a, digamos, 15%.  Y recordemos que en el tiempo crece más una economía con bajos impuestos, y por tanto termina recaudando más también, a pesar, o más bien como resultado de, la reducción en la tasa impositiva.

Conclusión

Las políticas en materia tributaria deben considerar que las conductas de las personas responden a incentivos económicos y, por tanto, no siempre un aumento de impuestos implica un aumento neto de recaudaciones.  Como nos ilustra la Curva de Laffer, llega un punto en que los ulteriores aumentos generan pérdidas ya sea en recaudación o en eficiencia para la economía del país.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, septiembre de 2012)

Con frecuencia se dictan políticas públicas que ignoran la existencia de lo que los economistas llaman costos de transacción.  Dicha omisión suele resultar en políticas contraproducentes.

En ciencia económica se conoce como costos de transacción, todos aquellos costos derivados de una transacción, que van más allá del mero precio directo que paga el comprador, o el valor de lo que entrega el vendedor.  Una de las falencias de las escuelas Clásica y Neoclásica de la economía, es que para sus análisis se parte de la premisa de que los costos de transacción son cero o muy irrisorios para ser tomados en cuenta.  Pero la realidad es mucho más compleja que eso.

Información, negociación, ejecución.

La información que requieren las partes antes de entrar en una transacción, muchas veces se asume como algo dado (la propia etimología del término datum así lo indica).  Pero las llamadas asimetrías de información existen realmente, y en muchas transacciones las partes deben invertir considerable tiempo y otros recursos para hacerse de la información que necesitan, antes de tomar una decisión sobre si entran en la transacción, a qué precio y en qué términos contractuales.

Hablando de contratación, la negociación de los términos es algo que también requiere muchas veces considerable gasto de recursos.  Por último, el riesgo que cada parte asume de que la otra parte incumpla total o parcialmente el contrato, y la parte inocente deba acudir a vías de ejecución forzosa de los términos contractuales (con sus consiguientes riesgos y costos propios), constituye los costos de ejecución o forzamiento.

Los costos de transacción son también una realidad en el día a día de toda persona.  Si usted sabe que al otro extremo de la ciudad hay una fonda donde puede almorzar por tan sólo $2 y quedar satisfecho, pero sabe que el transporte ida y vuelta le tomará 2 horas (y usted sólo tiene una hora de almuerzo), y deberá gastar $5 en taxis, en tanto que justo en la planta baja del edificio donde usted labora hay una cafetería con buenos emparedados por $7, es altamente improbable que usted elija hacer el viaje largo a la fonda económica.

El rol de las instituciones y el derecho

El derecho y las instituciones encargadas de dirimir controversias comerciales y civiles entre particulares, juega un rol importantísimo en reducir los costos transaccionales.  De aquí que los países con sistemas de derecho adecuados y con institucionalidad sólida, tienden a ser más aptos para el desarrollo económico y social, que aquellas sociedades en que las instituciones son débiles y/o el ordenamiento jurídico es inadecuado.  El sistema de derecho es inadecuado cuando es demasiado restrictivo, o cuando es más el resultado de los vaivenes de la política de partidos, que de una evolución espontánea.  No parece ser casual que los países con sistema anglosajón (Common Law) fueron históricamente más propicios para el desarrollo económico que los países con sistemas jurídicos basados en la legislación.

Políticas públicas contraproducentes

Hay dos ejemplos recientes en Panamá de políticas públicas que, aunque bien intencionadas por las autoridades, han resultado en todo lo contrario de lo que se pretendía con ellas.  Una lo es la legislación que obligó a los parques de estacionamientos privados, a cobrar por minuto y no por hora.  El otro caso es la obligación de las panaderías de vender el pan por peso y no por unidad.

En el caso de los estacionamientos, antes de la medida los más caros costaban $0.75 por hora, pero luego de la ley que introdujo el cobro obligatorio por segundo, lo que paga el conductor promedio aumentó enormemente.  En el caso del pan, la queja de los consumidores es similar, ahora se paga más.  La explicación del aumento en ambos casos está precisamente en el fenómeno de los costos de transacción, ya que llega un punto después del cual un grado mayor de precisión produce rendimientos marginales decrecientes.  Normalmente, el mercado determina espontáneamente el grado óptimo de precisión, y dicho grado óptimo en muchos casos está lejos de la precisión milimétrica que desean las autoridades.  He aquí una cara lección que los consumidores panameños estamos pagando, sobre el concepto de costos de transacción.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, agosto de 2012)

En el argot informático se habla de computación en la nube para referirse a la provisión de servicios informáticos (data y su almacenamiento, software, y/o poder de computación), a través de Internet.  Dicho de otro modo, se trata de la provisión de servicios informáticos que liberan la máquina del usuario, de manera que dicha máquina sólo accede a los servicios en la nube, pero la computación, la data, o el software mismos no están en la máquina del usuario, sino en otro servidor (generalmente remoto).

La computación en la nube no es nueva.  Quizás su manifestación más evidente es la del servicio de correo electrónico en la red (web-based email), tal como el de Hotmail, Gmail o Yahoo.  Si usted tiene alguna cuenta de correo electrónico basado en la red, entonces ya ha empleado servicios en la nube.  Pero los servicios en la nube han evolucionado a mucho más que eso.  Por ejemplo, cada vez más compañías están pasando a la nube su data, de manera que en vez de tenerla alojada en servidores locales, contratan el servicio de un proveedor especializado que les aloja en sus servidores remotos la información, y los usuarios de la compañía cliente pueden acceder a la información desde su navegador de Internet, o con una aplicación especial.

Ventajas

Son muchas las ventajas de contratar computación en la nube.  Primero, las inversiones de capital se reducen considerablemente.  Así, un negocio pequeño, por ejemplo, no tiene que asumir sustanciales costos de inversión en capital para la infraestructura computacional requerida para alojar sus archivos y bases de datos.  Las inversiones en infraestructura computacional, además, requieren continua y frecuente renovación.  Aparte de la inversión en infraestructura, la empresa que contrata computación en la nube se ahorra sustanciales gastos corrientes en el departamento de Tecnología Informática.

Y generalmente los servicios en la nube gozan de casi perfecta escalabilidad, es decir, usted puede comenzar con un paquete básico y luego ir escalando el volumen y las prestaciones del servicio que demanda, a medida que su negocio crece y por tanto sus necesidades computacionales.

Pero, ¿y qué pasa con la información sensitiva?

Una parte importante de los servicios en la nube que se contratan hoy día, implica almacenamiento de data.  Para toda empresa, su información es en su gran mayoría de tipo confidencial.  Usted no quiere que la información de clientes caiga en las manos equivocadas.  En tal sentido, comencemos por aclarar que no existe tal cosa como un servicio en la nube completamente seguro.  Pero, ¿y acaso es completamente segura la data alojada en sus propios servidores?  Evidentemente tampoco.  Hay riesgos también allí.  Pero en ambos casos existen métodos y protocolos bastante buenos para minimizar estos riesgos.

Un ejemplo de computación en la nube que puede ser muy segura es la banca en línea. Como en todo, hay muchas gamas de gris, pero existen sistemas de banca en línea con seguridad de grado militar (por decirlo de alguna manera), que garantizan la fidelidad tanto para el cliente como el banco.  Si los bancos en todo el mundo, grandes y pequeños, conservadores y de riesgo, lo están haciendo, quiere decir que sí hay computación en la nube bastante segura.

Obsérvese que la computación en la nube no necesariamente tiene que ser tercerizada, ya que una compañía puede muy bien decidir construir su propia nube para uso interno.  De hecho, hoy día prácticamente toda empresa con múltiples oficinas, requiere algún tipo de servicio de nube, ya sea tercerizado o propio, pues sólo así su personal en las distintas locaciones puede tener acceso inmediato a la información de clientes, proveedores, proyectos y demás de interés.

La nube está aquí para quedarse

Qué servicios decide cada empresa pasar a la nube, es algo que debe resultar de un análisis profundo de las ventajas y riesgos en el contexto de su particular situación.  Pero la computación en la nube es un fenómeno que está aquí para quedarse, pues sus ventajas sobrepasan por mucho sus desventajas.

Llamado: Toda empresa necesita al menos considerar la computación en la nube, que cada día toma más fuerza.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, julio de 2012)

Con la alta y creciente penetración de Internet en nuestro país, ya es hora que adoptemos un sistema completo de gobierno sin papel, en que el ciudadano pueda hacer todos sus trámites y darle seguimiento a través de la Internet, sin tener que hacer largas filas.

Modelos existentes

Dinamarca está ejecutando un plan para convertir todos los trámites gubernamentales en electrónicos para el año 2015.  Una vez completado, el ciudadano danés podrá iniciar trámites y darle seguimiento, sin tener que salir de casa, sin tener que formar colas.  Otros países como Chile, Singapur, tienen planes análogos que buscan simplificar la vida al ciudadano.

Gobierno electrónico en Panamá

Ya tenemos algo de esto en nuestro país.  Desde hace muchos años la declaración de renta y otras declaraciones de impuestos se hacen por Internet.  Este es un ejemplo de trámite genuinamente sin papel que ya existe.  Otro ejemplo lo es el del Aviso de Operación de empresas (www.panamaemprende.gob.pa), en que cualquier persona puede tramitar en sólo ocho pasos, todos a través de Internet, un Aviso de Operación y cualquier otro trámite relacionado con un Aviso de Operación existente.

Fuera de estos casos, y el de PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa), no hay muchos más sistemas que le permitan a uno tramitar por Internet.  El Registro Público tiene un portal informativo bastante bueno, pero es sólo eso, informativo.  En teoría uno puede solicitar certificados a través del portal, pero lo he intentado y nunca he podido lograrlo (no es muy amigable).

El portal PanamaTramita (www.panamatramita.gob.pa) del Gobierno Nacional, es simplemente un sitio informativo de trámites de papel, pero no puede usted hacer trámite alguno a través de dicho portal.  Tampoco puede dar seguimiento a trámites iniciados.

El futuro

Imagínese que en Panamá tuviésemos un sistema integral de gobierno electrónico, donde no sólo pueda el ciudadano presentar su declaración de renta, sino también iniciar cualquier trámite ante Ingresos, por ejemplo.  Imagínese el enorme alivio que ello implicará para el ciudadano residente en Tolé, que ya no tendrá que hacer el viaje a David cada vez que necesite presentar un trámite o solicitud.  Y ciertamente habrá trámites que por su naturaleza, requieran ser presentados en forma física, está bien.  Pero al menos en esos casos podemos facilitar la vida al ciudadano, haciendo que el seguimiento del trámite, dónde está, en qué etapa, qué funcionario lo tiene, cuál firma está pendiente, etc., lo pueda hacer a través de un sistema informático por Internet.  El que el ciudadano de Tolé tenga que ir a David simplemente para preguntar cómo va su trámite, para que luego resulte que ese día el funcionario que sabe del caso no esté y le digan que tiene que volver otro día, no sólo no es eficiente sino que en pleno Siglo XXI es injustificable.

Existen muchos trámites relativamente sencillos que por la necesidad de movilizarse es que resultan engorrosos.  Notificar al Tribunal Electoral un cambio de residencia es algo que podría hacerse perfectamente con un sistema de gobierno electrónico, y no ha de requerirse que el Sr. Pérez de Tolé tenga que hacer el largo viaje a David.

Transparencia y control de calidad

Las ventajas del gobierno electrónico no se reducen a la comodidad para el ciudadano (que no es poca ventaja, dado que, a fin de cuentas, el gobierno está para servir al ciudadano).  Un sistema integral de gobierno electrónico también introduce un alto grado de transparencia, pues bien diseñado debe poder indicarle al usuario exactamente el paso en que está su trámite, y desde cuándo.  Así no será tan fácil que le “echen cuentos” al ciudadano.  Por la misma razón, se hace más difícil la corrupción del funcionario.

Con un sistema como el aquí esbozado, el control de calidad se hace mucho más fácil de aplicar.  Ya sea en papel o en sistemas informáticos, es inaceptable que los trámites del ciudadano duerman el sueño eterno, como ocurre con demasiada frecuencia.  Un genuino sistema de gobierno electrónico es un paso necesario en nuestro país, que debemos exigir a nuestros gobernantes y candidatos.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, junio de 2012).

En el mes de la Eurocopa, el fútbol nos ayuda a entender mejor algunos principios del Derecho fundamentales para la civilización.

Igualdad ante la Ley

En el fútbol, las mismas reglas aplican a todos los jugadores y equipos por igual. Las normas no dicen que si a un equipo le va mal muy seguido, los árbitros deban ser más condescendientes con él, o que sus goles valgan por dos hasta que salgan de su mala racha. Esto es fundamental porque así el éxito llega a quienes mejor juegan dentro de la normativa.

Fíjese que la igualdad no es de resultados.  No es que si un equipo queda de último en la liga este año, para el próximo le dan automáticamente el trofeo de campeón.  La igualdad bien entendida no es de resultados, sino de oportunidades.  A todos aplican las mismas reglas, todos juegan en canchas con las medidas y características autorizadas por el reglamento, y utilizan balones conforme también al reglamento.

Certeza de la Ley

Las normas son claras para todos.  No hay demasiada discrecionalidad en las autoridades del fútbol. Los países cuyas selecciones llegan a la fase final de la Eurocopa no se determinan mediante decisión de un consejo de sabios. Hay un proceso de eliminatorias en que todos tienen igual participación, y se clasifica según reglas claramente establecidas de antemano.  Y muy importante, dichas reglas no se cambian una vez se inicia el proceso de eliminatorias: cualquier cambio que ocurra sólo tiene vigencia para el torneo siguiente, pero nunca para el que ya ha iniciado.

Esto es fundamental para evitar el favoritismo a equipos determinados.  Si las reglas se andan alterando luego de iniciado el torneo, siempre habrá lugar a suspicacias de que se quiere favorecer a determinados equipos en desmedro de otros.  Ello sería fatal para la credibilidad de cualquier torneo de fútbol. Lo mismo ocurre con la sociedad.

Certeza de castigo

Aunque siempre habrá un grado de discreción arbitral, el reglamento se ha ido haciendo cada vez más estricto.  Hay ciertos tipos de faltas que el propio reglamento manda que sean sancionadas con tarjeta amarilla o roja, dependiendo del caso.  Por ejemplo, cometer falta a un jugador que ataca con el balón, cuando quien comete la falta es el último jugador defensor (el más cercano a la línea de meta defendida), conlleva automáticamente su expulsión.  No es una apreciación del árbitro si la jugada merece o no la tarjeta correspondiente.  Reducida la discrecionalidad a su mínima expresión, se controla la corrupción arbitral.

Dura es la ley, pero es la ley

En el partido de Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2010, entre Ghana y Uruguay, en una jugada en la línea de gol de los uruguayos el jugador Luis Suárez impidió un gol ghanés usando sus dos manos.  Esto le valió la expulsión inmediata (certeza de castigo), pero al menos daba oportunidad a que su arquero Muslera atajase el tiro de penal que se concedió por la falta (el gol impedido por Suárez hubiera significado la eliminación irremediable de Uruguay).  El ghanés que cobró el penal lo falló, y así terminó el tiempo extra con empate, forzando la definición por tiros de penal, en que Uruguay salió airoso.   Algunos criticaron que Uruguay pudiese sacar ventaja de una clara infracción, y hasta sugirieron que debió concederse el gol a Ghana.  Pero esto hubiese sido una verdadera violencia del reglamento, que establece claramente la sanción (expulsión) y tiro libre desde el punto de penal.  Haberse inventado una regla ex post facto, hubiese significado acabar con la certeza de la ley que por fortuna se respeta generalmente en el fútbol.  Algunas veces las reglas dan resultados injustos en el caso concreto, pero si vamos a tener justicia, se requiere que la ley se aplique por igual siempre.

Aprendamos las lecciones que nos da el fútbol exitoso.  El derecho cumple un rol fundamental en toda sociedad.  Así como en el fútbol, prosperan más las sociedades organizadas según ciertos principios jurídicos fundamentales para un Estado de Derecho.

(Artículo publicado en Revista Agenda, mayo de 2012)

Los tranques en la ciudad de Panamá se están convirtiendo en la queja diaria de los capitalinos. Entendemos que parte del congestionamiento se debe a los trabajos del Metro de Panamá y los trabajos de ampliación de la red vial que actualmente lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas (MOP).  No obstante, el problema es uno que va más allá de la infraestructura. Hay un tema de políticas públicas que debe ser atendido, si queremos tener una ciudad vivible para quienes la habitamos.

El sistema de cupos

Comencemos por el sistema de cupos para el transporte de pasajeros. Es un sistema absurdo que jamás ha funcionado para los usuarios. Simplemente sirve para garantizarles rentas a los dueños de cupos y para generar fuentes de coima para los que tienen a su cargo el poder discrecional de expedirlos. Es harto obvio que no hay suficientes operadores del servicio de transporte en Panamá.

Conozco muchas historias de horror, pero contaré solo una. Meibis es una señora que vive más allá de Felipillo, corregimiento 24 de Diciembre, y se gana la vida como aseadora de residencias. A diario tiene que viajar en autobús y le resulta siempre una odisea, porque nunca hay suficientes unidades ni de Metro Bus ni de “diablos rojos”. Me cuenta que antes había personas que daban el servicio de transporte interno en la barriada, pero que ahora las autoridades los han eliminado por ser clandestinos. Ahora, gracias al esfuerzo de las autoridades supuestamente encargadas de velar por los usuarios del transporte, Meibis tiene que caminar todas las mañanas más de dos kilómetros desde su casa hasta la parada de buses, cuando antes solo tenía que caminar unos pocos metros hasta donde la recogía el busito que la llevaba a la parada.  ATTT 1, Meibis 0.

La persecución constante de las autoridades del tránsito contra los llamados buses y taxis “piratas” es un atentado directo contra el derecho de propiedad y el derecho al libre tránsito. Según este absurdo lineamiento, si un grupo de vecinos decide hacer lo que se conoce como car pooling para transportarse al trabajo, y entre todos hacen su “vaca” para contribuir con la gasolina del vehículo en que se están transportando, ese acto debe ser objeto de sanciones que abarcan hacer a todos los ocupantes bajarse del vehículo de inmediato, multa al dueño del vehículo y el decomiso de este. Así, mientras en otros países el car pooling no solo es permitido, sino hasta incentivado por las autoridades, aquí es puesto al margen de la ley, todo en nombre de proteger la chamba de los dueños de cupos de transporte colectivo y selectivo.

Todos quieren su carro

La consecuencia lógica de la aplicación de políticas absurdas como las descritas es que en la ciudad todo el mundo busca la manera de hacerse de un carro propio. El joven que se inicia en su vida laboral, lo primero para lo que ahorra es para comprarse su carrito, aunque sea de segunda, y es que nadie quiere vivir el infierno diario que es tratar de conseguir bus o taxi en la ciudad de Panamá.

Si las autoridades no se empeñaran en suprimir la oferta que espontáneamente surge en el mercado (los buses y taxis clandestinos), la gente no se vería casi obligada a hacerse de un carro para intentar transportarse. Y es que en la ciudad capital hay demasiados carros para la red vehicular que tenemos. Y las ventas de autos solo hacen aumentar.  ¿Es esto algo sostenible? Para la ciudad de Panamá, la respuesta es no.

El mercado funciona

Parte de la solución comienza por abandonar el sistema de cupos. De hecho, ninguna medida será buena si no se comienza por esto. Los cupos deben ser reemplazados por un sistema de licencias, mediante el cual toda persona que así lo quiera pueda ofrecer el servicio de transporte urbano automotor, siempre que cumpla con requisitos mínimos y razonables, que no se constituyan en barreras artificiales a la libre concurrencia de oferentes del servicio. Así, cualquiera que tenga un vehículo apto puede ofrecer servicio de transporte acorde con el tipo de vehículo que posea.

El transporte no es un ‘commodity’

Lo segundo es dejar que las tarifas sean establecidas también en condición de libre competencia. Mientras se trate al servicio de transporte público de pasajeros como algo comoditizado, nadie ofrecerá valor agregado y por tanto continuará la carrera hacia el fondo que observamos en los taxis, y que también se da en los “diablos rojos” (aunque estos, se supone, van de salida con la entrada del Metro Bus). En tales condiciones, muchas personas que estarían dispuestas a movilizarse en taxi o bus no lo hacen precisamente porque no existe nadie en el mercado que ofrezca un servicio de buena calidad con elementos de valor agregado.

En los mercados altamente regimentados como el de transporte público de pasajeros en Panamá, nunca surge la innovación ni el mejoramiento que observamos en otros mercados (como el tecnológico, por ejemplo), precisamente porque el Estado no permite la diferenciación. Esta política de tratar al transporte como un commodity, en que todos deben ofrecer exactamente lo mismo y a la misma tarifa, disuade a miles de panameños de usar servicio de transporte en lugar de usar un vehículo propio.

Las vías no son gratuitas

El hecho de que nadie nos cobre por el uso de una calle, no quiere decir que esta sea gratuita. La calle tiene un costo de producción, y además tiene costos de mantenimiento. Pero encima está el asunto de que los servicios por los que los usuarios no pagan directamente, siempre estarán sobredemandados. No importa cuántas calles nuevas se construyan, cuánto se invierta en mejorar la red vial, mientras su uso sea gratuito, siempre la tendencia será la de una demanda muy mayor a la oferta. Esto es Economía 101.
La propuesta de que en un futuro el uso de los corredores Norte y Sur sea gratuito es una pésima idea. Estoy consciente de que en las calles interiores de la ciudad no es fácil establecer un sistema práctico de cobrar por el uso de las calles para circulación, pero al menos las autopistas sí se prestan para tal cobro, y así debe hacerse. Los tranques generan costos para todos los ciudadanos, y si los que generan dichos costos no los pagan, entonces no hay incentivo para cambios de conducta.  Incluso, durante las horas pico, los corredores podrían y deberían cobrar tarifas superiores, precisamente para incentivar una mejor distribución del tráfico vehicular hacia otras horas del día.

La solución no es sencilla, pero una cosa es clara: mientras continuemos con los paradigmas actuales, continuaremos teniendo cada vez peores tranques, y ya estamos muy cerca de encontrarnos con una ciudad disfuncional.

(Artículo publicado en Revista Agenda, abril de 2012)

La tragedia de los comunes es un fenómeno social con efectos importantes en los planos económico y sociológico.  Tiene también aplicación en materia ambiental.  Ocurre con los bienes llamados comunes, y consiste en el fenómeno observado en que, aquello que es de todos, todos lo usan pero nadie lo cuida.  Puede ser algo sencillo como las cubetas de hielo en el congelador de la casa: todos quieren que haya hielo disponible siempre, y todos lo usan, pero no todos se toman el trabajo de rellenar las cubetas con agua del grifo para hacer más hielo.  El resultado llega a ser que las personas en la casa usan más hielo del que se hace, y por tanto la cubeta tiende a estar vacía de hielo con demasiada frecuencia.

En el hogar, esto tiene fácil solución.  Ya sea que el asunto se conversa y los miembros de la familia asumen la responsabilidad de rellenar la cubeta, o una sola de ellas asume la responsabilidad de rellenar la cubeta en beneficio de todos.  En ambiente familiar el problema es de sencilla solución porque hay dinámica de grupo pequeño, pero el ejemplo ilustra un problema que, en el ámbito social, es mucho más complejo y de solución no tan sencilla.

La tragedia de los comunes genera lo que los economistas llaman externalidades negativas.  Crea incentivos económicos a los individuos para incurrir en conductas que son destructivas de riqueza para la sociedad, pero que le rinden un beneficio inmediato a quien la incurre.  Las personas, como individuos, tienen incentivo a usar y aprovechar el bien común, pero no tienen un incentivo de igual magnitud para cuidar e invertir en el mantenimiento ni en el mejoramiento de dicho bien común.  Es por ello que no se dedica la misma cantidad de recursos al mantenimiento y reabastecimiento de la fuente común, que a su aprovechamiento.

Implicaciones económicas

El corolario económico más importante es que el socialismo es un desastre.  El socialismo es precisamente la propiedad común de los medios de producción de la riqueza para una sociedad.  La solución es sencilla, y lo es la institución natural de la propiedad privada.  La esencia de ésta es que el dueño de una cosa excluye a todos los demás, del uso y aprovechamiento de dicha cosa.  Sólo él tiene derecho y acceso al uso y aprovechamiento de la cosa, y por tanto tiene un incentivo mayor a conservarla.  De hecho, no sólo a conservar la cosa, sino a crear nuevas cosas y a mejorar las que ya tiene.

De lo anterior se colige que la propiedad privada es un pilar de la civilización.  Sin el surgimiento de la propiedad privada, jamás habríamos superado la barbarie.

Implicaciones ambientales

La devastación de zonas boscosas, o la sobreexplotación de recursos en caza o pesca, son fenómenos típicos de tragedia de los comunes.  Veamos el ejemplo de la sobreexplotación de recursos pesqueros.  Cada pescador individualmente puede estar muy consciente que la sobrepesca llevada en el presente puede llevar a una menor pesca en el futuro, y aún así incurrir cada uno individualmente, en la sobrepesca.  ¿Por qué lo hace, si sabe que ello no le favorece a largo plazo?  Quizás nuestro pescador piensa .  Generalmente, el pescador estará en lo cierto, en sentido que si él fuese el único que pescase abundantemente, ello sería insuficiente para reducir la capacidad reproductiva de las especies que él está pescando.  El problema está en que él no es el único pescador que piensa así.  Por lo contrario, muchos pescadores piensan exactamente lo mismo que nuestro pescador original, y por tanto son muchos los que comienzan a tratar de sacar el máximo provecho inmediato de la riqueza ictiológica, a costa de la capacidad reproductiva del recurso.  Transcurridas unas cuantas generaciones con este comportamiento colectivo de los pescadores, se percibirán los efectos nocivos.

Implicaciones sociológicas

¿Cuál es la solución?  ¿Una mejor educación de la población?  El problema con esto es que mientras exista el incentivo económico a incurrir en la conducta destructiva, continuará habiendo personas que lo hagan.  Esto, a su vez, genera presión sobre las demás personas, que comienzan a pensar entonces .

Las campañas de educación ciudadana son importantes, pero no son suficientes para cambiar la conducta general.  La Teoría de Juegos nos dice que mientras los individuos tengan incentivo económico para incurrir en actividades destructivas para la sociedad, lo continuarán haciendo.  Entonces, ¿nos quedamos de brazos cruzados?

No.  La solución está en eliminar la tragedia de los comunes, allí donde se pueda.  La propiedad privada, allí donde sea viable, surge espontáneamente en la sociedad y no debe ser suprimida.

Pero no siempre es practicable el reconocimiento de derechos de propiedad.  Por ejemplo, ¿cómo delimitamos de manera práctica derechos de propiedad sobre los recursos ictiológicos del mar?  Históricamente no ha sido practicable establecer derechos de propiedad sobre tales recursos.  Para estos casos las sociedades han intentado diferentes soluciones.  Para los recursos pesqueros, la solución más empleada y que parece la más práctica, es la de la legislación sobre su aprovechamiento, legislación que puede incluir políticas como las vedas temporales durante la época de reproducción (como la veda del camarón en nuestro país); prohibición de pesca de especímenes menores a cierto tamaño; restricción a ciertas técnicas pesqueras (como el uso de explosivos), y otros.

Conclusión

Como Aristóteles observó hace más de dos mil años, en su crítica a la propiedad colectiva que proponía Sócrates, es natural en el ser humano prestar más atención a sus intereses particulares que a los asuntos de interés común.  La propiedad privada como institución jurídica canaliza esto de manera productiva y provechosa para la sociedad en general.  Allí donde no es práctico el delimitar derechos de propiedad, es donde el Estado tiene un rol legislativo y policivo de importancia.  Pero ojo, este rol del Estado no está libre de sus propios problemas, y hasta muchas veces crea nuevas situaciones de tragedia de los comunes.  Pero ya me quedé sin espacio para hablar sobre esos casos.  Baste decir por el momento que cuando el Estado subsidia el uso de recursos limitados, como el agua potable, genera situaciones de tragedia de los comunes.  ¿Le suena conocido?

(Artículo publicado en Revista Agenda, marzo de 2012)

El libro impreso va a perder el rol que ha mantenido por siglos.  Está siendo reemplazado de manera acelerada por los libros electrónicos.  Lo mismo ocurre con los periódicos, revistas y panfletos impresos en papel, que están siendo desplazados por los medios digitales, disponibles en o distribuidos a través de la Internet.  El libro impreso ha sido herido de muerte.

Revoluciones tecnológicas

El invento de la imprenta por Gutenberg en el Siglo XV, trajo consigo consecuencias revolucionarias en Europa, resultando eventualmente en la Revolución Industrial y el mundo moderno.  La imprenta fue la primera Internet universal, pues permitió la producción en masa de libros, panfletos, periódicos.  El acelerado crecimiento científico, intelectual y cultural europeo que vino después, fue permitido en gran medida por dicho invento.  La educación del público en general, baluarte del liberalismo del Siglo XVIII y de las Revoluciones Francesa y Norteamericana, así como del estado-nación moderno, jamás habría sido posible sin el libro impreso.

La imprenta reemplazó la industria de los copistas de libros, que eran quienes los copiaban manualmente.  Y antes el libro de papel reemplazó a la industria de las tablillas de arcilla, que era el medio en que en Sumeria y Mesopotamia se llevaban los registros contables y administrativos.  El libro de papel abarató sustancialmente el registro de información escrita, y redujo considerablemente el espacio físico ocupado por la información acumulada.

Ley de Moore

Pues lo mismo ha ocurrido con la computación.  Ahora que la información se guarda en forma electrónica, y con el extraordinario y continuo mejoramiento de la capacidad de las computadoras y los medios de almacenamiento para contener información, es posible hoy guardar colecciones de bibliotecas enteras en medios de almacenamiento que ocupan literalmente centímetros cúbicos, en lugar de cientos o miles de metros cúbicos de espacio.

En el campo de la Tecnología Informática, hay un patrón observado desde hace décadas, conocido como la Ley de Moore, que consiste en que aproximadamente cada dos años (o un poco menos, hasta ahora) se duplica la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información, de los circuitos electrónicos de que están compuestos los cerebros de las máquinas de computación.  Esto ha llevado a un aumento exponencial en la capacidad de las computadoras de todo tipo, en su velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, capacidad de memoria, y otros aspectos.  Es por este fenómeno que cualquier smartphone del año 2012 tiene una capacidad mayor a la que una PC tenía a fines de la década de 1990.

Continuo abaratamiento

El fenómeno descrito por la Ley de Moore no sólo se observa en la capacidad tecnológica, sino también en los costos.  Las computadoras no sólo han ido haciéndose exponencialmente más capaces, sino también mucho más económicas.  Es por ello que a inicios de la década de 1980 un teléfono celular costaba varios miles de dólares (unos $4 mil en dólares de 1983, o el equivalente a aproximadamente $9 mil en 2012), en tanto que hoy día el celular más sencillo le cuesta unos pocos dólares, y este celular moderno a pesar de lo sencillo, es mucho más capaz, sofisticado, liviano, pequeño y con mayor duración de batería, que el celular de hace treinta años.  

El libro electrónico (e-book)


El continuo aumento de capacidad de computación, memoria y almacenamiento, así como el continuo abaratamiento de las computadoras, explicado por la Ley de Moore, han hecho posible los smartphones, las tabletas y otros aparatos multifuncionales móviles que, entre otras cosas, permiten al usuario leer periódicos en línea sin tener que estar sentados frente a su escritorio.  Esto no pinta bien para los periódicos de papel.  En lo personal, tengo varios años que no compro periódico de papel regularmente, sino que los leo en sus versiones de Internet.

Y más recientemente, el mismo fenómeno está ocurriendo con los libros de papel.  Mi biblioteca de libros de papel no ha crecido mucho desde hace unos dos años hacia acá, en cambio mi biblioteca de libros digitales está aumentando bastante.  Y mi caso no es aislado, sino que refleja una tendencia muy marcada en Estados Unidos y el resto del mundo (aunque en Estados Unidos la tendencia es más acelerada).  Por ejemplo, a fines de 2009 en Estados Unidos las ventas de e-books fueron de 3% de todos los libros vendidos.  Un año después, el porcentaje era 9%.

Todas las grandes casas editoriales en Estados Unidos reportan que sus ventas de libros de papel se están reduciendo, en tanto que aumentan las de libros electrónicos.  La tendencia es irreversible.

Las ventajas del e-book

Son muchas.  Pero podemos mencionar algunas.  Por ejemplo, en mi iPad tengo literalmente más de medio centenar de libros, y aún no me ocupan ni el 1% de la capacidad de almacenamiento de dicho aparato.  Podría tener miles de libros en un aparato que es más liviano que el típico libro.  Esto me representa un enorme ahorro de espacio físico en mi estudio.

Además, en el iPad puedo consultar la definición de una palabra que leo, con sólo presionar dicha palabra con mi dedo; puedo hacer anotaciones y resaltamientos de texto, sin tener que dañar permanentemente el libro (luego puedo borrar o editar dichas anotaciones); puedo hacer búsquedas digitales dentro del texto; puedo comprar libros sin salir de casa (por Internet) y recibirlo en mi dispositivo en cosa de segundos (literalmente).  Todo lo anterior sin mencionar que para la producción de mis libros electrónicos no fue necesario derribar ningún árbol.  

La inútil resistencia al cambio

Ya sé, porque lo he escuchado, que mucha gente ya está acostumbrada a leer libros de papel y encuentran que leer un libro electrónico no es igual de rico.  La resistencia al cambio es un fenómeno observado siempre que hay revoluciones tecnológicas.  También recuerdo que había personas que decían que las computadoras eran muy complicadas, caras, sujetas a fallas de software, y que jamás reemplazarían a la siempre fiable máquina de escribir, que además no necesitaba electricidad para operar, ni era susceptible a los virus informáticos.  Sin embargo, ¿cuántas máquinas de escribir ve usted hoy día en cualquier empresa o centro educativo?

Las revoluciones tecnológicas tardan algún tiempo en ser adoptadas universalmente, y no será diferente con el libro electrónico.  Mi pequeña hija de un año de edad, no tendrá ese problema de los adultos, en aceptar el cambio.  Cuando a ella le llegue el momento de aprender a leer, el uso de un aparato digital para leer libros le resultará el acto más natural del mundo.  De hecho, lo que le parecerá raro será leer libros de papel.  Y estoy seguro que me preguntará algún día: “papá, ¿de verdad en tu juventud cuando fuiste a la escuela tenías que cargar con tantos libros pesados de esa tecnología anticuada, el papel?”.

(Artículo publicado en Revista Agenda, febrero de 2012)

Este mes de febrero celebramos la fiesta que, según reza el dicho popular, es lo único que los panameños nos tomamos en serio: el carnaval.  Creo que dicha fiesta, además de mucha alegría, juerga y la inevitable resaca, también puede enseñarnos unas cuantas lecciones sobre economía, organización política y eficiencia en la administración.

Interior vs. Ciudad capital

En Panamá se celebra el carnaval en muchas ciudades y pueblos del interior.  Todo el que tenga casa en el interior, o un amigo o pariente con casa en algún poblado en que celebran el carnaval, hace lo que sea para disfrutar en el interior del país los días de carnaval.  En todas partes en que se celebra el carnaval en Panamá, abunda la alegría, el calor, las ganas de agua en el culeco, las coqueterías de los chicos para con las chicas (y viceversa), y el deseo de que no se llegue el Miércoles de Ceniza.  Pero hay un lugar donde indudablemente se celebra el mejor carnaval del país, y ese sitio es la ciudad de Las Tablas, en Los Santos.

Comparemos ahora el carnaval de Las Tablas frente al carnaval que se celebra en la ciudad de Panamá, y estoy seguro que aprenderemos una o dos cosas muy interesantes.

Mientras que en años recientes el carnaval capitalino ha recibido inyecciones de millones de dólares (hace algunos años el presupuesto era de cinco millones, para el carnaval del año 2012 el presupuesto anunciado al momento de escribir este artículo, en enero, es de dos y medio millones de dólares), en Las Tablas entre las dos tunas juntas no le llegan ni cerca a dichos montos.  ¿Cómo entonces es que el carnaval tableño resulta infinitamente mejor que el de la capital?  Ojo, que no se tome esto como una crítica a los carnavales organizados por el actual gobierno.  Al contrario, opino que los carnavales organizados en las últimas décadas por los respectivos gobiernos de turno, han sufrido todos por igual de los mismos males.  De hecho, lo que sí hay que reconocerle al actual gobierno es que está destinando al carnaval capitalino un presupuesto menor que en años anteriores le destinaban otros gobiernos.  Esto es bueno porque el carnaval gubernamental es un modelo de ineficiencia.

Interés vs. Desinterés particular

En Las Tablas, el carnaval es una vieja tradición que, además, envuelve una rivalidad genuinamente folclórica, como la que tienen entre sí las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo.  Dicha rivalidad carnestoléndica es de muy vieja data, y conduce a una sana (y a veces no tan sana) competencia entre las dos tunas, para granjearse la simpatía del pueblo, que desde hace décadas además recibe oleadas de visitantes del resto del país y hasta del extranjero durante los cuatro días del carnaval.

El punto aquí es que un pueblo que no está ni entre las primeras diez ciudades del país en importancia económica ni población, regala durante el carnaval a sus visitantes, un derroche de lujo y alegría que ningún otro carnaval del país puede igualar.

En cambio, en la ciudad capital, el carnaval es desde hace años organizado por el gobierno de turno, y costeado mayoritariamente con fondos de las arcas del Estado.  Pero reina la desidia, la improvisación y el cortoplacismo que siempre reina en los proyectos en que el Estado mete su mano.  Vemos que los carnavales capitalinos se organizan siempre con muy poca antelación, si acaso uno o cuando mucho dos meses.

En Las Tablas, en cambio, apenas termina el carnaval cada una de las tunas comienza a organizarse para el carnaval del año siguiente, incluso designando formalmente a la respectiva reina días o semanas después de terminado el carnaval.  Las tunas, entonces, comienzan la preparación del calendario de actividades para recaudación de fondos, actividades cuya ejecución comienza casi enseguida.

La verdad sea dicha: el carnaval de la ciudad capital no siempre fue el modelo de mediocridad que es desde hace años.  Desde que comenzó a celebrarse a inicios de Siglo XX hasta y por mucho tiempo, según nos relatan nuestros viejos, el carnaval de la capital tan bueno que gozaba de fama internacional.  Pero en esos tiempos el carnaval de la capital era organizado de manera privada.

Todo esto me lo cuentan, repito, porque yo nací cuando ya esa tradición en la capital había sido perdida.  Pero desde hace pocas décadas, que se ha retomado la iniciativa del carnaval en la capital, sólo que ahora organizado y financiado por el gobierno de turno, el carnaval de la ciudad de Panamá no atrae a nadie, y de hecho todo el que puede emigra temporalmente hacia algún pueblo interiorano como Las Tablas, Chitré, Penonomé, Dolega, Pedasí, Los Santos, u otros tantos que celebran el carnaval con mucho menos presupuesto que el gubernamental, pero con mucho más ánimo y participación genuina del pueblo.

Subsidiariedad

Todo lo anterior nos da otra lección, cual es el Principio de Subsidiariedad.  Todo lo que un ente menor pueda hacer de manera efectiva, debe hacerse a ese nivel y no a un nivel mayor.  Es decir, si una actividad puede ser organizada bien por la comunidad local, no debe organizarla el gobierno nacional.  No sólo por pragmatismo, sino porque el resultado final será siempre muy disímil, pues a medida que más se aleja la organización de algo, de los verdaderamente afectados, menos se parece el producto final a lo que éstos necesitan o desean.  Los carnavales en nuestro país son, así, un gran ejemplo de cómo las soluciones para la gente deben generarse, en la medida de lo viable, desde abajo y no planificadas ni impuestas desde arriba.

Una sugerencia

Sería bueno que el Gobierno Nacional en algún momento considere salirse de la organización de asuntos de carnaval, y ceda el terreno para que vuelva a ser el sector privado que organice el carnaval de la ciudad capital.  Recuerdo que en la década de 1980 hubo un serio esfuerzo en este sentido, con varios años de carnavales que resultaban bastante buenos, y prometían mucho para el futuro si esto se hubiese mantenido.  Lamentablemente, llegó la crisis política y económica de finales de dicha década y la iniciativa nunca fue retomada por el sector empresarial, ni después de la recuperación de la democracia y la vuelta a la normalidad.  Y luego en algún momento a alguien en algún gobierno de turno, no recuerdo cuál, se le ocurrió la desastrosa idea de que el Gobierno Nacional, que tan malo ha demostrado ser en administrar el agua potable, la recolección de la basura, los servicios de salud y tantas otras cosas, se metiera, para colmo de males, a organizar carnavales.  Basta echar un vistazo a la Gran Terminal Nacional de Transporte el viernes que hace víspera del carnaval, para comprobar que el carnaval oficial es un fracaso.