Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, septiembre de 2012)

Con frecuencia se dictan políticas públicas que ignoran la existencia de lo que los economistas llaman costos de transacción.  Dicha omisión suele resultar en políticas contraproducentes.

En ciencia económica se conoce como costos de transacción, todos aquellos costos derivados de una transacción, que van más allá del mero precio directo que paga el comprador, o el valor de lo que entrega el vendedor.  Una de las falencias de las escuelas Clásica y Neoclásica de la economía, es que para sus análisis se parte de la premisa de que los costos de transacción son cero o muy irrisorios para ser tomados en cuenta.  Pero la realidad es mucho más compleja que eso.

Información, negociación, ejecución.

La información que requieren las partes antes de entrar en una transacción, muchas veces se asume como algo dado (la propia etimología del término datum así lo indica).  Pero las llamadas asimetrías de información existen realmente, y en muchas transacciones las partes deben invertir considerable tiempo y otros recursos para hacerse de la información que necesitan, antes de tomar una decisión sobre si entran en la transacción, a qué precio y en qué términos contractuales.

Hablando de contratación, la negociación de los términos es algo que también requiere muchas veces considerable gasto de recursos.  Por último, el riesgo que cada parte asume de que la otra parte incumpla total o parcialmente el contrato, y la parte inocente deba acudir a vías de ejecución forzosa de los términos contractuales (con sus consiguientes riesgos y costos propios), constituye los costos de ejecución o forzamiento.

Los costos de transacción son también una realidad en el día a día de toda persona.  Si usted sabe que al otro extremo de la ciudad hay una fonda donde puede almorzar por tan sólo $2 y quedar satisfecho, pero sabe que el transporte ida y vuelta le tomará 2 horas (y usted sólo tiene una hora de almuerzo), y deberá gastar $5 en taxis, en tanto que justo en la planta baja del edificio donde usted labora hay una cafetería con buenos emparedados por $7, es altamente improbable que usted elija hacer el viaje largo a la fonda económica.

El rol de las instituciones y el derecho

El derecho y las instituciones encargadas de dirimir controversias comerciales y civiles entre particulares, juega un rol importantísimo en reducir los costos transaccionales.  De aquí que los países con sistemas de derecho adecuados y con institucionalidad sólida, tienden a ser más aptos para el desarrollo económico y social, que aquellas sociedades en que las instituciones son débiles y/o el ordenamiento jurídico es inadecuado.  El sistema de derecho es inadecuado cuando es demasiado restrictivo, o cuando es más el resultado de los vaivenes de la política de partidos, que de una evolución espontánea.  No parece ser casual que los países con sistema anglosajón (Common Law) fueron históricamente más propicios para el desarrollo económico que los países con sistemas jurídicos basados en la legislación.

Políticas públicas contraproducentes

Hay dos ejemplos recientes en Panamá de políticas públicas que, aunque bien intencionadas por las autoridades, han resultado en todo lo contrario de lo que se pretendía con ellas.  Una lo es la legislación que obligó a los parques de estacionamientos privados, a cobrar por minuto y no por hora.  El otro caso es la obligación de las panaderías de vender el pan por peso y no por unidad.

En el caso de los estacionamientos, antes de la medida los más caros costaban $0.75 por hora, pero luego de la ley que introdujo el cobro obligatorio por segundo, lo que paga el conductor promedio aumentó enormemente.  En el caso del pan, la queja de los consumidores es similar, ahora se paga más.  La explicación del aumento en ambos casos está precisamente en el fenómeno de los costos de transacción, ya que llega un punto después del cual un grado mayor de precisión produce rendimientos marginales decrecientes.  Normalmente, el mercado determina espontáneamente el grado óptimo de precisión, y dicho grado óptimo en muchos casos está lejos de la precisión milimétrica que desean las autoridades.  He aquí una cara lección que los consumidores panameños estamos pagando, sobre el concepto de costos de transacción.