Jaime Raúl Molina

En Panamá tenemos un par de años pagando una electricidad notablemente cara. El año pasado, 2008, estuvimos a punto de sufrir apagones programados, algo de lo que nos salvamos por la pronta llegada de la estación lluviosa. El alto precio de la electricidad está directamente asociado a la estrechez de la oferta energética y sólo solucionando ésta podremos resolver aquél.

Hidroeléctricas y termoeléctricas

En Panamá el 62% (aproximadamente) de la electricidad es generada por plantas hidroeléctricas. No obstante, no es este 62%, sino el 38% restante, lo que está haciendo que paguemos unos dieciséis centavos el Kilovatio-Hora ($0.16/Kwh). Las plantas térmicas no son necesariamente algo malo, muy al contrario, sin no fuera por ellas no podríamos satisfacer la demanda actual en el país. Pero la principal de las plantas térmicas del país, Bahía Las Minas, es una planta muy vieja, bastante obsoleta e ineficiente, que quema búnker para generar electricidad. Por su ineficiencia y por el combustible que usa, resulta en una electricidad muy cara. Bahía Las Minas, sin embargo, está en proceso de reconversión hacia el uso de carbón como combustible, lo que debe resultar en una notable reducción del costo de la electricidad que genera.

La reconversión de Bahía Las Minas ayudará a bajar el precio que los panameños pagamos por la electricidad, pero no será suficiente. Para tener electricidad aún más barata, deberemos esperar a que entren en operación un conjunto de plantas de generación hidroeléctrica que están actualmente en construcción en el país, la principal de las cuales es la hidroeléctrica de Changuinola.

Panamá tiene un alto potencial hídrico

Aparte de ser más barata, la hidroelectricidad nos da una ventaja sobre la térmoelectricidad, que para Panamá es importante, y es que nos hace menos dependientes de fuentes externas de generación. En Panamá no producimos carbón, petróleo ni gas natural, pero sí tenemos una gran precipitación pluvial y esto es algo que tenemos que aprovechar. El potencial hidroeléctrico de Panamá fue determinado en la década de 1970 por el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y aún queda mucho potencial por explotar.

¿Por qué entonces la oferta hidroeléctrica se ha estancado desde que se llevó a cabo la liberación del sector eléctrico a fines de la década de 1990? Principalmente, por barreras burocráticas a la inversión y un proceso de revisión y licenciamiento ineficiente por parte del Estado. En los últimos tres o cuatro años se ha subsanado una parte importante de estos problemas y por ello se ha podido dar algunas inversiones importantes en el sector hidroeléctrico, que darán frutos en pocos años.

Políticas públicas

La inversión en hidroeléctricas es muy intensiva en capital, principalmente porque la mayor parte de la inversión se usa para constuir la represa y crear el embalse. Es natural entonces que el inversionista quiera seguridad jurídica y un mayor retorno a la inversión que otras formas de generación como las termoeléctricas. La única solución verdadera a largo plazo es facilitar la inversión en más generación energética, pues como ocurre en todo mercado, sólo con la ampliación de la oferta puede asegurarse reducción duradera de precios.

Hay que aprender del estado de California. Allí, hace pocos años sufrieron apagones prolongados por escasez de electricidad. Ello, en medio de uno de los estados más ricos de la Unión Americana. La razón fue la pesada regulación del mercado energético que desde hacía muchos años castigaba la inversión en nueva generación, entre otras formas, mediante la regulación de precios al mayoreo de la electricidad generada.

En América Latina, la tentación populista a torcer el brazo a las empresas de servicios públicos para que bajen los precios al público, es endémica. Panamá no escapa a esto, debido a que el último lustro hemos sufrido de una electricidad bastante cara. A largo plazo, las medidas populistas sólo empeoran el problema. Lejos de incentivar el aumento de la oferta energética mediante la inversión en generación, las medidas populistas como el establecimiento de precios tope, resultan precisamente en lo contrario de aquello que es necesario para aumentar la oferta, pues disuade al inversionista en lugar de atraerlo. A nadie le gusta, a fin de cuentas, invertir largas sumas de dinero en países donde no se respeta la seguridad jurídica.

Ante la crisis financiera económica global que vivimos, el sistema bancario y financiero de Panamá ha evitado hasta ahora los colapsos bancarios, financieros y de gigantes del sector industrial o comercial, que han afectado a otros países. En toda nuestra historia como República soberana, hemos estado libres de corridas masivas y de sistémicas bancarias y financieras. Esta relativa solidez de nuestro sistema bancario se debe entre otras cosas a la ausencia en Panamá de Banco Central, de un prestamista de última instancia, y de un seguro de depósitos.

Los economistas llaman riesgo sistémico a la posibilidad de que todo el mercado se contraiga o colapse a la vez. Este riesgo no puede ser mitigado mediante la diversificación de cartera, porque su propia esencia es la contingencia de que el mercado en general, y no sólo un sector específico de la economía, sufra una severa contracción.

El riesgo sistémico siempre existirá, pero puede agravarse por ciertas conductas humanas en la actividad financiera y empresarial en general. Esto puede ocurrir con lo que los economistas llaman riesgo moral.

El riesgo moral se da en toda situación en que una persona esté en posición material de aumentar sus beneficios, trasladando a otros los costos incurridos. Cuando se da una situación de éstas y las personas actúan de dicha manera, el resultado es una destrucción neta de riqueza. Un ejemplo simple es la disposición de deshechos tóxicos en un río, que genera a los demás un perjuicio muy mayor al beneficio que recibe quien así dispone irresponsablemente de los deshechos. Allí donde hay externalidad económica negativa, hay riesgo moral.

Bien, aterricemos: ¿qué tiene esto que ver con las crisis bancarias? Existen esquemas de regulación bancaria diseñados con el fin de reducir riesgo moral, pero que en realidad resultan en un aumento de éste. Una de ellas lo es el establecimiento de lo que se conoce como el Prestamista de Última Instancia (‘Lender of Last Resort’), que consiste en una institución cuya función es supuestamente la de ofrecer liquidez a bancos en situación de iliquidez considerada como temporal.

El razonamiento detrás del establecimiento de un ente que cumpla dicho rol de Prestamista de Última Instancia, es que una situación de iliquidez de algunos bancos podría causar una huída o corrida sobre dichos bancos que, a su vez, podría provocar un pánico generalizado entre los depositantes, que los conduciría a retirar masivamente sus depósitos bancarios. Esto, en un sistema de banca de reserva fraccional (recuerde que el banquero no ‘guarda’ vuestro dinero, sino que lo presta a plazos para obtener un retorno), puede hacer que la situación de iliquidez se convierta en una insolvencia generalizada de los bancos, con un consecuente colapso de todo el sistema de crédito, crucial para una economía moderna. El papel de Prestamista de Última Instancia está concebido para evitar este escenario.

Sin embargo, en la vida real la existencia de un Prestamista de Última Instancia, contrario a su perseguido fin de reducir el riesgo sistémico, en realidad resulta en un aumento de éste. Para entender por qué, es menester visualizar cómo opera un sistema bancario en el que no hay Banco Central ni por tanto Prestamista de Última Instancia.

Un sistema de banca libre o ‘free banking’ es uno en que no hay banca central, los bancos compiten entre sí y hasta pueden emitir sus propios billetes de banco que circulan en calidad de papel moneda, y no hay prestamista de última instancia. En dicho sistema, los bancos no tienen una red de seguridad. Si prestan demasiado y no mantienen adecuadas reservas de liquidez para hacer frente a las demandas efectivo de sus depositantes, pueden caer en el temido estado de iliquidez que los obligue a financiarse a tasas más altas para poder cumplir sus obligaciones. Esto, en el mejor de los casos, reduce notablemente las utilidades del banco, y en el peor, puede llevarlo a la insolvencia y a la quiebra.

El banquero privado en dicho sistema, entonces, tiene un fuerte incentivo a actuar con suma prudencia tanto en sus reservas líquidas, como en cuanto a los riesgos crediticios que asume en los préstamos que otorga. Si yerra y comienzar a tener que financiarse con otros bancos para poder cumplir sus obligaciones frente a sus depositantes, la mera noticia en el mercado puede crear desconfianza en los depositantes y éstos irán a retirar sus dineros depositados en dicho banco, creando una posible huída bancaria que lo llevaría a la insolvencia y consecuente quiebra.

Pero cuando se instaura un Prestamista de Última Instancia, se traslada el riesgo a un ente público (el Banco Central). Se crea la falsa sensación de que los depósitos bancarios están más seguros porque el Gobierno no dejará jamás quebrar al Banco Central (quien asume así, en última instancia, los riesgos crediticios de todo el sistema). El banquero ahora no tiene tan fuerte incentivo a ser conservador en el otorgamiento de créditos, pues confía en que de llegar a surgir un problema de iliquidez, el Banco Central saldrá en su ayuda inmediata, para proteger al sistema bancario. El depositante, por razones similares (aunado a la existencia de un seguro de depósitos, también respaldado por el Estado, que le garantiza que en caso de quiebra del banco en que mantiene sus depósitos, éstos le serán reembolsados hasta un monto máximo predeterminado), ya no tiene tanto incentivo a monitorear la solidez del banco en que mantiene sus depósitos.

Tanto el banquero como el depositante han así trasladado el riesgo de iliquidez, insolvencia y quiebra por riesgos crediticios, a un tercero que es el Banco Central, es decir, al Estado. Pero el Estado en realidad no tiene bolsillos propios, no genera riqueza, sólo la que recauda de sus ciudadanos. Así, al trasladar el riesgo crediticio de todos los bancos en el sistema al Estado, estamos creando la ilusión de reducción de riesgo, cuando en realidad lo hemos aumentado por razón del ahora aumentado riesgo moral, antes aludido. Como dijo Herbert Spencer, el resultado de blindar a las personas de los efectos de sus propias tonterías, es que el mundo se llena de tontos.

Panamá, afortunadamente, no tiene un Banco Central. Panamá ha estado exento en toda su historia republicana, de los episodios de colapsos financieros, hiperinflación y huídas bancarias a las que han estado expuestos prácticamente todos los demás países de América Latina, y muchos países de otras latitudes. Entre las principales razones (aunque se trata de algo multifactorial), está que no tenemos un Prestamista de Última Instancia, ni seguro de depósitos, ni Banco Central. Mantengámoslo así y no tratemos de arreglar lo que no está roto.

(Artículo publicado en Revista Agenda, septiembre de 2009)

El letargo estatal en todo lo que tiene que ver con trámites, licencias, permisos, y demás procedimientos que el ciudadano tiene que hacer ante autoridad pública, es un costo no contabilizado, pero que definitivamente nos cuesta mucho a todos los panameños. Aunque parezca irónico, las llamadas soluciones que muchas veces se proponen, sólo sirven para agravar el problema. En este artículo veremos por qué.

Botellas, garrafones, medio galones, pachitas y demás

El primer problema es que las botellas no se limitan a aquellos que cobran sin asistir a su puesto de trabajo designado. El asunto va más allá de eso. Es que existen muchos nombrados que, aunque sí asisten a diario a su oficina, no hacen realmente nada productivo. ¿Cómo ocurre esto? Simple, en una empresa privada, el dueño está forzado por las circunstancias a contratar a los mejores y a los más eficientes. Y no puede contratar más allá de lo que la productividad de la empresa permite.

Pero en el Estado la cosa es muy diferente. En el Estado, para comenzar, los que nombran no son propietarios que ponen la plata para los salarios de su propio bolsillo. Allí los empleadores pagan con plata ajena, la de usted y la mía. Y por si esto fuera poco, por cada persona adicional que nombran con la plata ajena, reciben lealtad y votos de parte de esos nombrados. Para el que nombra, es un negocio redondo, todo beneficios y cero costos. Para los contribuyentes, es pérdida por donde lo vea.

Esto es lo que explica que en el Estado se derroche en posiciones que son extremadamente innecesarias. Por ejemplo, en este país en todo Ministerio uno ve que el Ministro tiene conductor, así como tienen conductor asignado varios funcionarios con rango de Director. Usted no ve semejante cosa en la empresa privada, donde hasta el Presidente de la compañía conduce su propio auto.

La culpa no es sólo de los políticos

Sí, ya casi lo escucho a usted, amigo lector, diciendo “la culpa entonces es de los políticos.” Pero me tomo el atrevimiento de sacudirlo. Usted y yo, como ciudadanos, somos tanto o más culpables que los políticos que hacen esto. ¿Por qué digo esto? Porque los panameños, cada vez que hay un problema, tendemos a decir “que el Gobierno haga algo”. Para mí, es incomprensible cómo continuamos clamando porque el Gobierno siempre resuelva los problemas, cuando sabemos, pues hasta chistes contamos sobre esto, que el Gobierno sólo empeora las cosas.

Si no es así, le pido que piense un rato y trate de evocar tan sólo un asunto en que el Estado se meta y lo haga bien. El transporte colectivo es un desastre en la ciudad capital precisamente desde que en la década de 1970 se intervino y se eliminó el sistema privado que funcionaba bien. El antisistema de los diablos rojos, es un monstruo creado por el Estado con la excusa del interés social.

Y la lista es prácticamente interminable: seguridad social, hospitales públicos, escuelas públicas, malos servicios públicos, y pésima atención al contribuyente en todos lados a donde uno vaya. Así que por favor, amigo lector, la próxima vez que analicemos un problema de nuestra sociedad, no salgamos al paso exigiendo que el Estado se meta a ‘solucionarlo’. Porque es entonces que la cosa se pone insoportable.

El consejo de sabios

La idea de que existe un grupo de personas que puede resolver los problemas de la sociedad ampliada, si tan sólo nombramos a ‘los mejores’, es un verdadero placebo. No existe tal cosa. En la práctica, lo único que logramos con crear cada vez más instituciones, direcciones, departamentos y unidades estatales con funciones inventadas, es crear una cada vez más hipertrofiada planilla estatal que a todos los contribuyentes nos cuesta demasiado. Y nos cuesta no sólo en dinero, sino en pésima atención y servicio.

La solución real

La única solución verdadera es que los ciudadanos recuperemos nuestra libertad quitándole poder a los burócratas. No más instituciones autónomas para realizar funciones inventadas. Lo que requerimos es que el Estado se concentre en aquellas funciones que sí le corresponden, como policía y administración de justicia, que ha dejado cada vez más desatendida precisamente por pretender dedicarse a miles de cosas que no le corresponden.

(Artículo publicado en Revista Agenda, agosto de 2009)

(Artículo publicado en Revista Agenda, julio de 2009)

Las marcas comerciales (‘trademark’) cumplen una función social muy importante. Transmiten información valiosa a los consumidores sobre la calidad, contenido, y otras cualidades relevantes de determinado producto o servicio.

Esencialmente, la marca permite al empresario construir buena voluntad (‘goodwill’) y una reputación alrededor de su empresa y sus productos o servicios, de la misma manera que las personas pueden construir una reputación sobre su honorabilidad, buen crédito, responsabilidad, profesionalismo, etc. Así como, por ejemplo, un abogado se construye una reputación que acumula con su actuar diario, pues del mismo modo la marca comercial permite al empresario hacer lo mismo con su empresa y con sus los bienes y servicios que ofrece al público.

La marca comercial y su reconocimiento jurídico permite que el dueño de la marca invierta capital en ella, que de otra manera no invertiría. En el comercio y demás actividades empresariales, una de las más importantes tareas que competen al empresario es la de comunicar a sus potenciales clientes, sobre los bienes y servicios que ofrece y las distintas cualidades que éstos poseen. Esto es lo que conocemos como publicidad. ¿Cuántos comerciales de televisión ha visto usted en que se muestren las ventajas genéricas del arroz, o de los neumáticos de autos, por ejemplo? No muchos, por no decir que ninguno. En cambio, usted seguramente ha visto muchísimos anuncios en que se publicita las características y ventajas de determinada marca de arroz o de neumáticos de autos.

Pero no es sólo asunto de anuncios publicitarios. La importancia de las marcas es tal, que sin esa apropiación de buena voluntad que ellas permiten, los bienes y servicios que encontramos en el mercado jamás tendrían la calidad y características innovadoras que muchas veces tienen. Esto se debe al fenómeno que los economistas conocen como La Tragedia de los Comunes, que no es más que el hecho que nadie invierte recursos valiosos en actividad alguna, si no tiene razonable certeza de que tendrá derecho exclusivo al aprovechamiento de los beneficios que deriven de dicha inversión. La misma persona que gasta miles de dólares en embellecer su casa, no gastaría ni unos pocos dólares en embellecer la vía pública.

Pues del mismo modo, ningún empresario invertiría millones de dólares en mejorar sus productos mediante la innovación tecnológica, ni en diferenciarlos del resto de los similares ofrecidos en el mercado mediante un mayor control de calidad, si no pudiera de alguna manera lograr que esa mayor calidad y esa garantía de innovación, sean asociados de manera exclusiva con sus productos y servicios. Por ejemplo, Steve Jobs y su empresa Apple Computers, jamás invertirían los miles de millones de dólares que invierten continuamente en innovación tecnológica para ofrecer cada vez mejores productos computacionales, si no fuera porque existe el régimen jurídico de marcas que les permite apropiar, es decir, aprovechar en régimen de exclusividad, los beneficios asociados al buen nombre de la conocida marca de la manzana.

Algunos oponentes radicales de las marcas comerciales han identificado a éstas con una supuesta banalidad de parte de los consumidores. Es la concepción de la persona que sólo compra una prenda de vestir de una marca determinada, para lucirla y ufanarse de que puede pagar dicha marca. Es decir, esta concepción se mofa del uso de las marcas como mero comunicador de status social.

Pero está claro que las marcas son mucho más que eso, como hemos visto antes. Es una manera efectiva de apropiar el goodwill asociado a un producto o servicio, o a una línea de productos o servicios. Sólo si hay forma de apropiación de ese goodwill o buena voluntad, la empresa invertirá sustanciales recursos en mejorar ese goodwill o buena voluntad, a través del ofrecimiento de cada vez mejores productos y servicios bajo la marca comercial en cuestión.

Un ejemplo de mundo sin marcas es el del transporte colectivo y de los taxis en la ciudad capital. Como no existen marcas reconocidas en dicho mercado, a pesar que los operadores son todos privados, el usuario no tiene mecanismo eficiente de saber de antemano qué buses están en mejor condición física que otros. Y ningún Diablo Rojo ofrece servicios de valor agregado que los diferencie del resto. El resultado es el que todos vemos a diario: un pésimo servicio, sin diferenciación competitiva que tienda a un mejoramiento continuo de lo que se ofrece.

En un sistema de transporte urbano donde existiesen los distintos proveedores del servicio pudiesen ser identificados mediante sus respectivas marcas, todo proveedor se aseguraría que sus autobuses se encuentren en el mejor estado mecánico posible, y se aseguraría también de contratar a buenos conductores y dotarlos de buen entrenamiento no sólo en manejo, sino además en trato al público. La razón es sencilla: ningún dueño de autobuses quisiera entonces ser asociado en las mentes de las personas, a connotaciones negativas como que sus autobuses son trampas de muerte, o que cuando uno de sus autobuses colisiona y causa daños a otros, se da a la fuga y no hace frente a su responsabilidad. Cualquiera de esas conductas en un sector reinado por las marcas, garantizaría el fracaso económico a quien las practicara.

O imagínese que usted tiene que comprar jabón de lavar, pero no tiene forma de saber cuál es bueno y cuál es malo. Sin marcas, ¿cree usted que cualquier fabricante de jabones invertiría mucho capital en tratar de mejorar su producto sobre los demás, si no pudiera apropiarse la buena voluntad asociada a su producto? Aún si hubiese un fabricante de jabón que lo hiciera, no habria manera en que usted pudiera identificar cuál es ese jabón de mejor calidad. Y por otro lado, no tendría forma efectiva de evitar comprar los jabones de mala calidad que le han traído perjuicios en el pasado. Cada vez que fuese usted a comprar jabón, estaría en efecto tirando una moneda al aire.

Por todo lo anterior, resulta evidente que una economía de mercado requiere un adecuado sistema de registro y protección de la propiedad marcaria. El mundo sin marcas es el mundo sin reputaciones, uno en el que la absoluta mediocridad es no sólo la norma, sino que es universal e inescapable, y nadie tiene incentivo a mejorar lo que ofrece, dado que no puede diferenciarse del resto. Así, las marcas comerciales constituyen una más de las tantas maravillas que el sistema de propiedad privada ofrece a la sociedad, gracias al cual los empresarios se empeñan en mejorar continuamente lo que ofrecen.

En Honduras, el Presidente Manuel Zelaya intentaba subvertir el orden constitucional, pero la institucionalidad fue preservada por valientes hombres que se negaron a permitirle a Zelaya constituirse en tirano.

Zelaya pretendía violentar la Constitución haciendo un referéndum sobre la posible convocación en noviembre a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, de tal manera de permitir su reelección. Pero la Constitución hondureña no sólo prohíbe la reelección del Presidente sino que además sanciona con la pérdida del cargo para quien proponga la eliminación de dicha prohibición (el Artículo 239). Así las cosas, el tal referéndum era ilegal desde su concepción, y ello lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral al Presidente Zelaya. Entonces Zelaya decidió proseguir de todos modos, y por eso llamó al ejercicio 'encuesta' y no referéndum, y pretendía llevarlo a cabo con el Instituto Nacional de Estadísticas (controlado por el Ejecutivo), entidad a la que claramente no le corresponde una consulta popular como ésta. Pretendía además hacerlo de tal manera que las fuerzas armadas colaboraran en el ejercicio, y cuando el jefe de las Fuerzas Armadas conjuntas Romeo Vásquez Velásquez se negó a cooperar, por tratarse de un acto inconstitucional, el Presidente Zelaya decidió destituirlo. El Ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y así lo hicieron también los jefes de las tres ramas militares, Naval, Aérea y Ejército.

Entonces, Vásquez recurrió contra la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y por tanto restituir a Vásquez.

El Presidente Zelaya decidió proseguir de todas maneras, contra la orden de los organismos de justicia competentes. La llamada 'encuesta' tendría lugar el pasado domingo 28 de junio. Ante este evidente rompimiento del orden constitucional de parte de Zelaya, el Fiscal General Luis Rubí ordenó a las fiscalías bajo su mando, a acudir ese día a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo y paralelamente las F.F.A.A. fueron ordenadas por la propia Corte Suprema de Justicia, a detener al Presidente. Esto se hizo y en efecto el Presidente fue detenido y puesto en un avión hacia San José, Costa Rica.

En una República gobierna la Constitución y la Ley, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el Presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido, es en sí un golpe de estado. En este caso, es harto claro que ha sido el Presidente Manuel Zelaya quien intentó violentar el orden constitucional.

Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y F.F.A.A.)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el Presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y con mayor razón, la de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes), el usar los medios que estén a su alcance para proteger la Constitución y las Leyes?

A mi modo de ver, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las F.F.A.A. hondureñas, han actuado cívicamente para proteger la Constitución el domingo pasado. Actuaron con valentía para proteger a su República del intento golpista de su Presidente Manuel Zelaya.

Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones, y en cambio a respaldar al golpista Zelaya. Y se nota el contraste con el trato dado a la dictadura cubana, que acaba de ser restituida a la Organización de Estados Americanos (OEA), misma organización que ahora condena la remoción del Presidente Zelaya.

En América Latina tenemos una larga tradición de gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder mediante maniobras de toda clase. Los hondureños se hartaron de esto hace décadas, y por eso contemplaron en su Constitución de 1982 la cláusula que prohíbe la reelección presidencial y que además sanciona con la remoción inmediata del cargo a quien ose proponer siquiera la reforma de dicha cláusula. Aún estamos a tiempo para recapacitar, pues lo que debe defenderse es el mantenimiento del Estado de Derecho, y no al usurpador.

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El próximo 1 de julio tomará posesión el nuevo gobierno de la República. Hay muchas cosas que arreglar en nuestro país, pero hay unas más urgentes que otras. En este artículo examino las situaciones que considero más apremiantes que deberá afrontar el gobierno entrante, desde el primer día de su mandato.

Seguridad ciudadana

Nunca como ahora, el panameño se sintió tan aterrado de salir de su casa, e incluso en su propia casa. Los delitos violentos (homicidios, robos, violaciones, secuestros), están a la orden del día, especialmente en la ciudad capital. La política del gobierno saliente no ha sido efectiva, y esto debe reconocerse. Cuando algo no resulta, sólo los tontos continúan haciéndolo y esperan resultado distinto.

Algunas cosas son tan obvias que cualquier persona, sin ser experta en seguridad, lo entiende. Es absurdo esperar que los policías puedan enfrentarse con revólver calibre .38, a mafias organizadas que están bien provistas de armas automáticas (que disparan ráfaga). Otra facilita, es que los agentes de policía deberían tener un seguro de vida y seguro médico privado, pagado por el Estado. Actualmente, si un agente muere en el cumplimiento del deber, lo único que recibe su familia es una pensión mínima que le paga la Caja del Seguro Social, y que resulta sumamente inadecuada. ¿Cómo exigirle a un policía que arriesgue su vida por nosotros, y luego cuando perece haciéndolo, le decimos a su viuda e hijos que se las arreglen como puedan?

Por otro lado, que las autoridades evidentemente no están logrando combatir el crimen, tampoco permiten a los ciudadanos ejercer su propia defensa. La Administración saliente ha tenido por política, en el Ministerio de Gobierno y Justicia, hacer la vida imposible a quien solicita una licencia para portar arma de fuego. El Ministerio de Gobierno y Justicia incluso presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que en la práctica hubiera significado el desarme de la población civil que sólo busca armarse para defenderse de los malhechores. Hay que cambiar esta política de ni hacer ni dejar hacer, máxime cuando está claro que el problema no son las armas de fuego, sino los delincuentes armados, y éstos se aprovisionan en el mercado negro con armas de contrabando infiltradas por el crimen organizado. Como dicen los norteamericanos, si se criminalizan las armas, los únicos que tendrán armas serán los criminales.

Flat Tax y reducción de impuestos

El Presidente Electo Ricardo Martinelli manifestó durante su campaña electoral, que de llegar a la Presidencia promovería cambiar el régimen de impuesto sobre la renta a uno de Flat Tax o de tasa plana, como el que rige en países como Irlanda, Estonia, República Checa, y que desde su establecimiento ha impulsado exponencialmente la inversión privada en tales países. Esta es una de las cosas que, de lograrse, tiene el potencial de empujar a Panamá sustancialmente hacia el desarrollo económico. Siempre y cuando, claro está, la tasa impositiva que se establezca sea relativamente baja.

Miembros del equipo que preparó la propuesta económica de Ricardo Martinelli durante su campaña, han manifestado que la tasa impositiva estaría entre 12% y 17% para personas naturales, y entre 18% y 22% para personas jurídicas. Pero el flat tax es mucho más que meramente una tasa plana relativamente baja. También busca simplificar el sistema tributario eliminando la doble tributación, pues las ganancias se gravan una sola vez en su fuente. Así, debe irse el impuesto a las ganancias de capital, pues constituye una doble tributación y, como expuse en el artículo de esta misma columna el mes de noviembre de 2008, es un impuesto confiscatorio.

Además, debe eliminarse todos los impuestos cuya recaudación es escasa o nula y cuya administración resulta más onerosa que lo que aporta a los ingresos tributarios. Son bastantes.

Transporte urbano

La ciudad capital no aguanta más en el caos que a diario tenemos que vivir quienes tenemos que movilizarnos dentro de la ciudad. Los corredores Norte y Sur, inaugurados hace ya más de diez años, cumplen una función pero no son suficientes para resolver el problema. El tráfico en las áreas céntricas de la ciudad se vuelve intratable durante las horas pico, e incluso hay áreas que a cualquier hora del período diurno son de difícil tránsito. Muchas personas toman hasta 4 o 5 horas diarias simplemente en transportarse desde y hacia sus lugares de trabajo.

El gobierno saliente se propuso durante su mandato solucionar este problema con la instauración de un nuevo sistema de transporte masivo urbano, pero no le alcanzó el tiempo. El Presidente Electo ha prometido que la ciudad capital tendrá un metro o subterráneo durante su mandato, lo que vendría a ser un sistema de transporte masivo moderno. Este es un proyecto que tomaría entre 4 a 5 años construir, y por tanto hay que comenzar de inmediato.

El problema va más allá de construir un metro. Los espacios para estacionamiento en la ciudad son obviamente insuficientes para la cantidad de vehículos que hay. Lo vemos en el hecho que las calles y avenidas son usadas como estacionamiento (por ejemplo, todas las calles y avenidas del barrio El Cangrejo, la Ave. Cuba, y otras vías importantes. Este es un problema que deberá atacar conjuntamente el Gobierno Nacional con el Municipio de Panamá, para facilitar la construcción masiva de parques de estacionamiento privados y así poder usar las calles y avenidas para lo que se construyeron originalmente y no para estacionar.

Titulación masiva de tierras

El gobierno entrante debe acabar con la precariedad de la propiedad privada sobre la tierra. Desde la aprobación del Código Agrario durante la década de 1960 se está tratando de titular las tierras en todo el país a favor de sus actuales poseedores. Pero al ritmo que vamos, esto es cosa de nunca acabar. Lo que debe hacer la Administración entrante es instaurar un proceso simplificado por el cual las personas puedan titular su tierra sin necesidad de abogados, notarios ni papeleos costosos. Un verdadero programa de titulación masiva.

Esto requerirá el compromiso genuino desde el propio Presidente, pues requiere dotar de los recursos necesarios a las instituciones encargadas. Mientras no se den los recursos para esta importante labor, jamás se logrará el objetivo, cual es hacer de Panamá una sociedad de propietarios. Las sociedades libres son aquellas en las que los ciudadanos son dueños de su tierra. Tal es el origen de las repúblicas desde la Antigüedad. Tanto las ciudades-estado griegas como Roma, surgieron como repúblicas porque tenían una ciudadanía propietaria. No es sólo un tema económico sino político y sociológico.

En fin, nadie sensato espera que en cinco años sean resueltos todos los problemas del país, pero los arriba mencionados son problemas que este país no aguantará por más tiempo. El nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en darles solución.

(Artículo publicado en Revista Agenda, mayo de 2009)

Nuestro país vuelve a enfrentarse a la amenaza de entrar en listas negras que gobiernos extranjeros confeccionan, tildándonos de paraíso fiscal. ¿Qué significa esto para Panamá, qué opciones tenemos ante esta recurrente amenaza, y cómo debemos proceder?

El problema

Los gobiernos de países con altos impuestos (países de alta tributación), a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tienen más de una década acusando a países como Panamá, de erosionar injustamente la base impositiva de aquéllos. Llaman a dichos países en forma peyorativa, ‘paraísos fiscales’, y alegan que éstos incurren en prácticas de competencia fiscal desleal, y que dichas prácticas facilitan el que personas que son sujetos de impuestos en los países de alta tributación, evadan ilícitamente impuestos en esos países.

La presión se había abatido desde inicios de este siglo. Estas iniciativas multilaterales requieren para su efectividad, del apoyo del gobierno norteamericano, y durante la administración del presidente George W. Bush, la política de dicho gobierno fue no continuar apoyando la iniciativa de la OCDE. El entonces Secretario del Tesoro Paul O’Neill manifestó que “Los Estados Unidos no apoya esfuerzos para dictar a país alguno lo que sus propias tasas impositivas o su sistema fiscal debería ser, y no participará en iniciativa alguna para uniformar los sistemas fiscales mundiales. Los Estados Unidos simplemente no tiene interés en obstaculizar la competencia que fuerza a los gobiernos, como los negocios, a crear eficiencias.”

Tal postura de parte del gobierno del presidente Bush forzó a la OCDE a reorientar la iniciativa y concentrar la presión a los llamados paraísos fiscales, a que adoptaran medidas para establecer transparencia en sus legislaciones en lo relativo a las transacciones financieras y regímenes impositivos, y a que adoptaran medidas para el efectivo intercambio de información con otros países, con el fin de combatir la evasión y la defraudación fiscal. Antes del gobierno de Bush, la iniciativa de la OCDE era mucho más ambiciosa y pretendía no sólo forzar el intercambio de información para faciltiar el combate de la evasión y la defraudación fiscal, sino que también buscaba forzar a los Estados a elevar sus tasas de impuestos. A esto llamaban eufemísticamente la armonización tributaria, algo que en realidad era una torcedura de brazos para forzar a Estados independientes y soberanos a adoptar tasas impositivas más altas de lo que tenían. Algo así como que un empresario ineficiente envíe matones a sus competidores y los coaccione a punta de pistola, a que aumenten sus precios, para así poder él competir.

Doble estándar

En fin, la iniciativa en aquel entonces obligó a las autoridades de nuestro país a tomar acciones para evitar que los países miembros de la OCDE tomasen medidas discriminatorias contra Panamá, algo que amenazaba con afectar nuestro sector servicios de manera muy negativa. Básicamente, nuestro país accedió a firmar una carta compromiso en 2002, mediante la cual el país se obligaba a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo intercambio de información a autoridades tributarias de otros países, cumpliendo ciertas condiciones, la más importante de ella siendo que Panamá sólo cumpliría con este compromiso en la medida en que esta obligación fuese aplicada a todos los demás países de forma equitativa y no discriminatoria, incluyendo a los países miembros de la OCDE.

Esto es importante porque prácticamente todos los países miembros de la OCDE incurren en prácticas de competencia fiscal internacional que, según la iniciativa original de la OCDE, califican como prácticas desleales o perniciosas. Y existen países miembros de la OCDE que no cumplen esta exigencia de intercambio efectivo de información fiscal, y que sin embargo no eran sujeto de ninguna lista negra ni de sanciones de ningún tipo. Lo que la carta compromiso que firmó Panamá en 2002 decía de modo muy diplomático era básicamente que nosotros accederíamos al intercambio de información siempre y cuando esto se le exigiera y fuese cumplido por todos los países miembros de la OCDE, algo que hasta ahora no se ha dado.

Llega la crisis

Las circunstancias han cambiado sustancialmente con la crisis financiera global. La actual crisis puede bien ser el inicio de una larga y dolorosa depresión global. Una de las tantas cosas que ocurre ante una contracción económica es que las recaudaciones de impuestos se reducen enormemente. Y ante esto, los gobiernos no reaccionan bien jamás. Es sabido que los gobiernos no son particularmente buenos en adaptarse a nuevas circunstancias, y en tiempos de vacas flacas, en vez de efectuar recortes del gasto público, que es lo que deberían hacer, lo que hacen en realidad casi siempre es meter más fuertemente la mano al bolsillo de los contribuyentes, aumentando las tasas impositivas, estableciendo nuevos impuestos, y eliminando lagunas legales que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal.

De allí la relevancia de la crisis global que vivimos. Era de esperarse que los gobiernos comenzasen a apretar la correa a los contribuyentes y, por tanto, a reavivar la antigua iniciativa de la OCDE para combatir la competencia fiscal de manera directa o indirecta.

¿Qué debemos hacer?

Las opiniones son encontradas en este tema. ¿Debe Panamá plegarse a las presiones de la OCDE y establecer mecanismos efectivos de intercambio de información tributaria? ¿O debe Panamá resistir esta presión y negarse a establecer tales mecanismos? Es importante señalar que Panamá no recibiría beneficio directo de ningún acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Panamá tiene un sistema impositivo territorial, es decir, sólo grava con impuesto sobre la renta, los ingresos obtenidos de actividades que surten sus efectos en Panamá. Cualquier actividad, aunque sea de panameños, que genere ingresos no efectivamente conectados con Panamá, no son gravables en nuestro país. El único posible beneficio para Panamá, de establecer tales acuerdos, sería simplemente el evitar ser sujeto de sanciones u otras medidas discriminatorias contra la inversión extranjera en nuestro país.

Por otro lado, sería irresponsable no tomar en serio esta nueva amenaza contra nuestro país. Nuestra economía está basada en el sector servicios, y nuestra dependencia del comercio y la globalización es enorme. Cualquier tipo de medidas discriminatorias contra Panamá, que resulten en hacer más onerosa para los capitales externos la inversión en nuestra economía, generaría efectos nocivos que serían sentidos por todos los panameños, directa o indirectamente.

Es fundamental que este sea un asunto tratado como tema de Estado. El modelo a seguir es el dejado por la administración de la presidenta Mireya Moscoso, en que este tema fue tratado con tal seriedad que se creó una comisión especial en la Cancillería dedicada exclusivamente a esta amenaza, y se consultó con los diversos sectores antes de llegar a adoptar medidas que comprometieran al país en el ámbito internacional. Este pequeño país no puede permitirse improvisaciones en un tema de tal trascendencia.

(Artículo publicado en Revista Agenda, abril 2009)

La seguridad jurídica es fundamental para la actividad empresarial y la prosperidad económica de una nación. El sistema de derecho es por ello importante, pues de dicho sistema dependerá la seguridad jurídica para los ciudadanos. En este artículo argumento que nuestro sistema de derecho no es precisamente el mejor para garantizar dicha seguridad jurídica.

Common Law

El sistema de Common Law o Derecho Común, es el surgido en Inglaterra durante la Edad Media y desarrollado durante siglos mediante la acumulación de decisiones judiciales. Lo esencial en dicho sistema, es la convicción de que los jueces, al emitir sus decisiones, no están creando derecho sino descubriéndolo. El derecho ya existe, y los jueces solamente lo descubren. Pero, ¿cómo es eso de que el derecho ya existe?

Para los europeos medievales, la idea de que el Hombre podía crear el derecho era simplemente absurda. Su convicción era que el derecho no es creación del Hombre, sino de Dios. Es la doctrina del Derecho Natural, y consiste en que el Hombre tiene una naturaleza que es inmutable, y el derecho simplemente es el conjunto de principios y normas jurídicas que son más acordes con la naturaleza humana. El derecho no es la voluntad del gobernante.

En Europa continental usaban el Corpus Iuris Civilis, codificación de derecho jurisprudencial (es decir, los principios jurídicos reconocidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones, a lo largo de siglos de actividad judicial) que había ordenado el emperador (bizantino) Justiniano (Siglo VI a.C.). Se mantenía aquí el mismo principio que el Hombre no crea derecho, sólo lo descubre.

Constitucionalismo

Las constituciones originalmente surgieron para limitar el poder del gobernante. La primera constitución de la historia es la Magna Carta que los barones ingleses impusieron a su rey Juan Sin Tierra en el año 1215. Dicho documento plasmó el compromiso del rey de respetar los derechos reconocidos desde tiempos inmemoriales como el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio, y el principio que la monarquía sólo podía establecer nuevos tributos en parlamento con la nobleza. Los barones ingleses exigieron a sus reyes posteriores respetar la Magna Carta.

La libertad de los gobernados sólo está garantizada si el gobernante está limitado en su poder. Si el poder es ilimitado, entonces los gobernados están sometidos al capricho del gobernante y no son libres. Ninguna sociedad prospera así. No es coincidencia que el capitalismo surge y se desarrolla precisamente en Inglaterra, el país que nos dio el constitucionalismo. Tampoco es coincidencia que luego el capitalismo continuó desarrollándose en los Estados Unidos de América, que tomó el relevo y estableció la primera constitución moderna. La Constitución norteamericana de 1787, aún vigente, se concentra en establecer límites al poder. Las constituciones no son para dar poder a los gobernantes, sino para limitárselo y así garantizar los derechos de los ciudadanos.

Tiempos modernos

La Revolución Francesa marca el cambio de pensamiento occidental en cuanto a la limtación del poder. Antes, con las monarquías hereditarias, los gobernados sabían que jamás llegarían al poder, y su interés político era limitar el poder del gobernante. Pero esto cambió con la Revolución Francesa. A la gente se le hizo creer que en democracia, el gobierno representará siempre el interés del pueblo y ya no es necesario limitar su poder. Esta suprema ingenuidad, glorificada por Rousseau y justamente ridiculizada por Nietzsche, llevó a la idea de que las constituciones deben dotar al gobierno de abundantes potestades para llevar la felicidad a la población.

Así pasamos de la doctrina del derecho natural a la doctrina del derecho positivo. El gobierno, supuestamente representando al pueblo, no está limitado y puede legislar lo que sea. Mientras que las viejas monarquías estaban limitadas por el derecho natural, los gobernantes en democracia no están limitados por nada. Y así pasamos de un derecho natural perenne, inmutable y perfectamente predecible precisamente por ello, a un sistema de legislación en que los gobernantes legislan sobre lo que sea en cualquier momento y cambian las reglas del juego a su antojo.

Más legislación, menos seguridad jurídica

Para planificar a largo plazo, las personas y empresas requieren certeza de que las reglas del juego se mantendrán en el tiempo. Cualquier incertidumbre sobre impuestos futuros, normas sobre contratos, y otros aspectos regulados por el derecho, constituye un obstáculo para que las personas se decidan a asumir riesgos empresariales. Como decía Mark Twain, la vida, libertad y propiedad de nadie está segura mientras la legislatura está en sesión.

(Artículo publicado en Revista Agenda, marzo de 2009)

Hace poco más de una década nuestro país se embarcó en un programa masivo de privatización de empresas estatales. En su momento hubo muchas críticas y oposición a dicha política. Ahora, viendo los resultados, podemos evaluar en retrospectiva. Veamos.

Se privatizó la estatal INTEL, y cinco años después se abrió el mercado a la libre competencia. Los beneficios se ven en la cantidad y calidad de los servicios; la constante innovación por parte de las empresas participantes, y la continua guerra de precios que, en definitiva, nos beneficia a todos los consumidores.

Para muestra un botón: en materia de telefonía celular, cada uno de los operadores se ha esforzado en todo momento por aumentar su cobertura geográfica; su cantidad de opciones de contratos y prepagos; promociones; gran variedad de aparatos; y servicios adicionales como ringtones y demás.

Compare con nuestro vecino Costa Rica, donde nunca se privatizó el servicio y hoy continúan con el operador estatal de telecomunicaciones. Si usted en Costa Rica necesita un teléfono celular, debe celebrar un contrato a largo plazo para una línea. No existe el servicio de prepago. Y la lista de espera para una línea es tan larga, que lo normal es tener que esperar un año desde que la solicita hasta que lo llaman para dársela. Los ticos se escandalizan cuando visitan nuestro país y ven que uno entra a una tienda de celulares y a los cinco minutos sale hablando con su nuevo aparato y línea celular.

Y en materia de larga distancia internacional, ¿recuerda cuando una llamada a los Estados Unidos de América costaba un dólar por minuto, y el INTEL le cobraba un mínimo de tres minutos, aunque la llamada durase sólo unos segudos? Ni qué decir de una llamada a Europa o Asia. El costo hoy día por esas mismas llamadas es una ínfima fracción de lo que era antes. Un minuto a los Estados Unidos, por ejemplo, le cuesta entre cinco y diez centésimos, dependiendo del proveedor.

Los call centers que han surgido en los últimos años, en el que se emplean a varios miles de panameños, jamás hubiesen surgido de no ser por la privatización y apertura del sector de telecomunicaciones.

Los puertos estatales tanto en la Costa Atlántica como en el Pacífico eran funcionalmente inoperantes. Con la privatización de los puertos en las terminales canaleras, el movimiento ha aumentado de menos de 400 mil TEUs en 1994 a más de 4,6 millones de TEUs en 2008.

Las autopistas circundantes a la ciudad, los llamados Corredores Norte y Sur, técnicamente no son privados, sino concesiones. Pero en definitiva son administrados por empresas privadas. Panamá tenía más de diez años de estar programando la construcción de dichas autopistas, y siempre quedó en nada por falta de recursos. Fue el método de la concesión lo que permitió que se construyesen sin que el Estado tuviese que desembolsar un centavo. Y hoy día operan de manera mucho más eficiente que la autopista administrada por el Estado, la de Arraiján-Chorrera. Uno lo ve en el estado de la pista (la de Arraiján-Chorrera tiene tramos en tan deplorable estado que uno debe reducir la velocidad, por lo que deja de ser una verdadera autopista). Ni qué decir de otras conveniencias como la posibilidad de pagar con una tarjeta magnética sin tener que hacer largas colas, o el seguro de responsabilidad civil que ambas compañías que operan los Corredores ofrecen a todos sus usuarios, valedero para accidentes ocurridos dentro del Corredor respectivo. ¿Acaso nos brinda la autopista estatal algo similar?

En materia de juegos de azar, se eliminó el monopolio que tenía el Estado en este medio de entretenimiento. Los casinos operados por empresas privadas se han convertido en grandes empleadores en todo el país, y muchos de los mejores eventos artísticos nacionales e internacionales, se llevan a cabo en sus salas de entretenimiento.

Cuando estaban frescas las privatizaciones, especialmente la del sector telecomunicaciones, muchas eran las quejas. Se decía que el servicio se encarecería, que el Estado se estaba privando de valiosos recursos, y otras objeciones. Irónicamente, el Estado recibe ahora mucho más dinero de dividendos y de impuestos de las empresas de telecomunicaciones, que lo que recibía del INTEL. A estas alturas es innegable que el país, la actividad empresarial y los consumidores estamos todos mejor gracias a las privatizaciones. El Estado, después de todo, no es muy bueno haciendo nada, pero menos aún lo es tratando de satisfacer las necesidades de los consumidores. La innovación es una cosa que sólo la empresa privada sabe hacer, y ello por la necesidad que la feroz competencia impone a los empresarios y oferentes de bienes y servicios. El mayor beneficiado de esa feroz competencia privada, es usted, el consumidor.

(Artículo publicado en Revista Agenda, febrero de 2009)

El mundo se encuentra en una crisis económica que ha estallado en los Estados Unidos de América, pero que ha reverberado al resto del globo. Los gobiernos en todo el mundo están reaccionando ante la crisis de maneras muy similares, aunque con variantes en los detalles. La estratagema de atacar la crisis con salvatajes de grandes empresas al borde de la quiebra, con política monetaria agresivamente inflacionaria, y con estímulos de gasto público, anunciado por el gobierno norteamericano, probablemente marcará el rumbo que tomarán los demás gobiernos en sus respectivos países. Dicho enfoque está condenado no sólo a fracasar, sino a agravar aún más la crisis y prolongarla más allá de lo necesario.

Ya nadie habla de desaceleración. El mundo se encuentra desde septiembre de 2007 en una recesión económica, que puede agravarse y convertirse en una depresión, con altos niveles de desempleo (de dos dígitos en los países desarrollados). La contracción económica ha hecho ya que grandes compañías en el mundo estén engavetando planes de ampliación de operaciones, construcción de nuevas plantas, y demás proyectos que se basaban sobre proyecciones de crecimiento continuado. La contracción crediticia agrava la situación.

La raíz de la causa de la actual crisis está en los extraordinarios niveles de endeudamiento, tanto privado como público, que se había venido dando en las últimas tres décadas. El endeudamiento constituía la base del crecimiento económico. Llegó el momento en que los banqueros le prestaban a cualquiera. Esto ocurre históricamente en los períodos de auge económico. Al inicio, el auge es financiado con ahorro, pero más adelante la gente se vuelve algo exhuberante y cada vez más arriesgada, hasta que simplemente terminan por lanzar todo resabio de prudencia financiera por la ventana. Es un patrón ya visto que cuando la gente en el mercado piensa que la fiesta será eterna, que absolutamente nada puede salir mal, es que se está en la víspera de la caída, y eso es lo que hemos visto en esta ocasión también.

Y el descalabro, los períodos de colapso financiero corresponden a la liquidación de la mayor parte de esa deuda excesiva. Es el trago amargo que debe tomarse el mercado para deshacerse de los hábitos destructivos y retornar a los productivos. El desapalancamiento constituye una de las características de una depresión, y aunque se traduce en quiebras y más alto desempleo, es un paso necesario e inevitable para desintoxicar el sistema.

Siendo entonces que la deuda está en la raíz del problema, ¿cómo es que vamos a salir del atolladero aumentando la deuda pública para estimular el gasto? Los salvatajes (los famosos ‘bail outs’) aprobados el año pasado por el gobierno norteamericano a la banca insolvente, y luego a la industria automotriz de Detroit, serán financiados con gasto público. ¿De dónde saldrá ese dinero? A ver, no crea usted que el gobierno americano tenía ese dinero guardado en una cajita esperando a que ocurriera algún imprevisto. El gobierno americano está endeudado hasta las narices y gasta desde hace décadas mucho más de lo que recauda. Entonces ese dinero de los salvatajes provendrá de más deuda emitida a tal efecto.

Lo anterior apunta a que la sociedad nortemericana está excesivamente endeudada. Muchos analistas consideran que está endeudada más allá de cualquier posibilidad real de pago. Y cada vez son más los que así piensan. La pregunta es: ¿qué pasaría si un buen día el gobierno chino o el japonés, los principales compradores de deuda soberana norteamericana, decidieran concluir que los Estados Unidos son simplemente insolventes y que por tanto no financiarán más su deuda? Si ese día llegase a ocurrir, ello provocaría el desencadenamiento de lo que sería el Tsunami financiero más grande y devastador de toda la historia de la humanidad.

Las quiebras apenas comienzan y este año veremos más. Los salvatajes ya suman más del trillón de dólares y con los salvatajes que vendrán, el monto llegará a varios trillones, pues el gobierno hará más salvatajes. El problema es que éstos aumentan más la deuda federal. Y aunado a esto, el plan de estímulo fiscal anunciado por el Presidente Obama se basa principalmente en un enorme programa de gasto público para compensar la reducción del gasto privado. El Presidente Obama ya ha dicho que los déficits trillonarios se mantendrán por varios años.

Durante la Gran Depresión, el gobierno norteamericano también se embarcó en un masivo plan de gasto público en diversos programas de construcción de infraestructura y otros. Podemos discutir sobre si dicho plan alivió o agravó la depresión. Pero el verdadero tema es que en ese momento, la sociedad americana era una sociedad netamente acreedora en el mundo, no deudora como ahora.

Entonces tenemos que la americana es hoy día una economía basada en el consumo y el crédito, no en el ahorro, verdadero motor del desarrollo. La sociedad norteamericana está profundamente endeudada, tanto las empresas como los individuos y el gobierno. El gobierno, en particular, está endeudado más allá de toda esperanza realista de repago. En estas circunstancias, y ante una economía en depresión que por tanto genera menos recaudación, el plan de estímulo del nuevo gobierno puede resultar ser el empuje final para lanzar dicha economía hacia una depresión larga y profunda que duraría gran parte de la próxima década.

La crisis económica apenas inicia. Mucho dependerá de lo que hagan los gobiernos. La Gran Depresión hubiera sido probablemente una recesión corta de uno o dos años, si el gobierno de Herbert Hoover, primero, y el de Franklin Roosevelt después, no se hubiera embarcado en programas empeñados en evitar el reajuste de la estructura de capital de la sociedad y el desapalancamiento general del mercado. El intento por evitar la resaca dándole más licor al ebrio agravó y prolongó la crisis. Pero la economía norteamericana salió eventualmente de ella (luego de la II Guerra Mundial). La crisis actual tiene el potencial de ser aún más devastadora, y lamentablemente los fundamentos de la economía norteamericana no son ahora tan buenos como entonces. Todo esto amenaza con juntarse para crear una verdadera tormenta económica que podría durar toda la siguiente década.

Lo indicado, por duro que suene, sería dejar que se den los reajustes en la estructura de capital. Ello implica dejar que ocurran las quiebras, y no dar salvatajes, ni mucho menos que el gobierno se embarque en programas de gasto masivo. El trago sería bien amargo, pero en relativamente poco tiempo, unos dos años, el reajuste sería logrado y la economía volvería a crecer. Los programas anticíclicos lo que hacen es prolongar la agonía y hacer la crisis aún más grave, a pesar que su objetivo manifiesto sea precisamente lo contrario. Ojalá me equivoque.