Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista Agenda, marzo de 2009)

Hace poco más de una década nuestro país se embarcó en un programa masivo de privatización de empresas estatales. En su momento hubo muchas críticas y oposición a dicha política. Ahora, viendo los resultados, podemos evaluar en retrospectiva. Veamos.

Se privatizó la estatal INTEL, y cinco años después se abrió el mercado a la libre competencia. Los beneficios se ven en la cantidad y calidad de los servicios; la constante innovación por parte de las empresas participantes, y la continua guerra de precios que, en definitiva, nos beneficia a todos los consumidores.

Para muestra un botón: en materia de telefonía celular, cada uno de los operadores se ha esforzado en todo momento por aumentar su cobertura geográfica; su cantidad de opciones de contratos y prepagos; promociones; gran variedad de aparatos; y servicios adicionales como ringtones y demás.

Compare con nuestro vecino Costa Rica, donde nunca se privatizó el servicio y hoy continúan con el operador estatal de telecomunicaciones. Si usted en Costa Rica necesita un teléfono celular, debe celebrar un contrato a largo plazo para una línea. No existe el servicio de prepago. Y la lista de espera para una línea es tan larga, que lo normal es tener que esperar un año desde que la solicita hasta que lo llaman para dársela. Los ticos se escandalizan cuando visitan nuestro país y ven que uno entra a una tienda de celulares y a los cinco minutos sale hablando con su nuevo aparato y línea celular.

Y en materia de larga distancia internacional, ¿recuerda cuando una llamada a los Estados Unidos de América costaba un dólar por minuto, y el INTEL le cobraba un mínimo de tres minutos, aunque la llamada durase sólo unos segudos? Ni qué decir de una llamada a Europa o Asia. El costo hoy día por esas mismas llamadas es una ínfima fracción de lo que era antes. Un minuto a los Estados Unidos, por ejemplo, le cuesta entre cinco y diez centésimos, dependiendo del proveedor.

Los call centers que han surgido en los últimos años, en el que se emplean a varios miles de panameños, jamás hubiesen surgido de no ser por la privatización y apertura del sector de telecomunicaciones.

Los puertos estatales tanto en la Costa Atlántica como en el Pacífico eran funcionalmente inoperantes. Con la privatización de los puertos en las terminales canaleras, el movimiento ha aumentado de menos de 400 mil TEUs en 1994 a más de 4,6 millones de TEUs en 2008.

Las autopistas circundantes a la ciudad, los llamados Corredores Norte y Sur, técnicamente no son privados, sino concesiones. Pero en definitiva son administrados por empresas privadas. Panamá tenía más de diez años de estar programando la construcción de dichas autopistas, y siempre quedó en nada por falta de recursos. Fue el método de la concesión lo que permitió que se construyesen sin que el Estado tuviese que desembolsar un centavo. Y hoy día operan de manera mucho más eficiente que la autopista administrada por el Estado, la de Arraiján-Chorrera. Uno lo ve en el estado de la pista (la de Arraiján-Chorrera tiene tramos en tan deplorable estado que uno debe reducir la velocidad, por lo que deja de ser una verdadera autopista). Ni qué decir de otras conveniencias como la posibilidad de pagar con una tarjeta magnética sin tener que hacer largas colas, o el seguro de responsabilidad civil que ambas compañías que operan los Corredores ofrecen a todos sus usuarios, valedero para accidentes ocurridos dentro del Corredor respectivo. ¿Acaso nos brinda la autopista estatal algo similar?

En materia de juegos de azar, se eliminó el monopolio que tenía el Estado en este medio de entretenimiento. Los casinos operados por empresas privadas se han convertido en grandes empleadores en todo el país, y muchos de los mejores eventos artísticos nacionales e internacionales, se llevan a cabo en sus salas de entretenimiento.

Cuando estaban frescas las privatizaciones, especialmente la del sector telecomunicaciones, muchas eran las quejas. Se decía que el servicio se encarecería, que el Estado se estaba privando de valiosos recursos, y otras objeciones. Irónicamente, el Estado recibe ahora mucho más dinero de dividendos y de impuestos de las empresas de telecomunicaciones, que lo que recibía del INTEL. A estas alturas es innegable que el país, la actividad empresarial y los consumidores estamos todos mejor gracias a las privatizaciones. El Estado, después de todo, no es muy bueno haciendo nada, pero menos aún lo es tratando de satisfacer las necesidades de los consumidores. La innovación es una cosa que sólo la empresa privada sabe hacer, y ello por la necesidad que la feroz competencia impone a los empresarios y oferentes de bienes y servicios. El mayor beneficiado de esa feroz competencia privada, es usted, el consumidor.