Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, julio de 2013)

Cuando el empleador va a dar por terminada unilateralmente una relación de trabajo, está regido por ciertas normas de carácter laboral que en cierta medida restringen su capacidad de acción.  En principio, un empleador sólo puede despedir a un trabajador con base en una causa justificada de despido, de las contempladas en el Artículo 213 del Código de Trabajo.  Hay excepciones importantes.  En cualquier caso, si usted debe tomar decisión de despido, debe asegurarse de proceder conforme a ley, para evitar riesgos legales innecesarios.

Despido con justa causa

En primer lugar, justas causales de despido son únicamente las contempladas en la ley.  Cualquier situación o hecho que no esté contemplado por la ley como tal, no es causal de despido.

El despido siempre debe comunicarse por escrito (sea o no con base en una causal de despido), y la causa (si es con base en causal) debe expresarse con suficiencia.  Pero es importantísimo aclarar que no se cumple con el requisito de expresar la causa, meramente indicando al trabajador la norma, ni aún citando la expresión abstracta de la causal.  Por ejemplo, no basta para el empleador indicar en la carta que “el trabajador incurrió en la causal contemplada en el Artículo 213 (A)(5), ni tampoco indicando que la causal consiste en “incurrir el trabajador, durante la ejecución del contrato, en faltas graves de probidad u honradez […]”.

Lo que se exige es que se exprese además los hechos ocurridos o actos realizados por el trabajador, en los que se configura la causal.  Así por ejemplo, indicar “El día 2 de julio de 2013 usted cometió X, Y y Z actos, los cuales son actos deshonestos en los que se configura la causal contemplada en el Artículo 213 (A)(5) que expresa “[….]”.  Lo anterior, porque si no se expresa en la carta los hechos que según el empleador dan origen a la causal, el trabajador no tiene cómo defenderse pues no sabe de qué se le acusa.

En el evento que el trabajador demande al empleador por despido injustificado, este sólo podrá alegar la(s) causal(es) que efectivamente haya aducido en la carta de despido, causales que además deberá poder probar en juicio.

Excepciones al despido con justa causa

No se requiere justa causa para despedir a un trabajador en los siguientes casos: i) trabajadores con menos de 2 años de servicios continuos; ii) trabajadores domésticos; iii) trabajadores permanentes de empresas agrícolas, pecuarias, agroindustriales o manufactureras; iv) trabajadores en naves internacionales; v) aprendices, y vi) trabajadores de establecimientos de ventas de mercancías al por menor, y empresas con 5 o menos trabajadores (excepto los establecimientos financieros de seguros y bienes raíces).

En los casos mencionados, se puede despedir al trabajador sin justa causa pero comunicándole el despido con antelación de al menos 30 días.  Este plazo se cuenta a partir de la fecha del pago siguiente a la fecha en que se dio la comunicación de despido.  Sin embargo, el empleador puede optar por hacer efectivo el despido de inmediato, pagando la suma correspondiente al preaviso.

Por supuesto también se puede despedir sin justa causa durante el período probatorio.

Algunas situaciones especiales

Existen situaciones llamadas fueros, aplicables a ciertos trabajadores a los que no se les puede despedir sino mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), con justa causa debidamente demostrada: el fuero de maternidad y el fuero sindical.  El incumplimiento de dicho paso previo hace automáticamente nulo el despido.

Tampoco se puede comunicar despido durante el período de vacaciones del trabajador, ni cuando se encuentra incapacitado.  El incumplimiento hace nulo el despido.

Conclusión

Antes de comunicar despido, debe tener presente los puntos aquí expresados.  De ninguna manera este artículo abarca todo lo referente al despido.  Existen otras reglas que tomar en cuenta, por ejemplo, en función de variables como por ejemplo el tipo de relación de trabajo (si es por obra determinada o por tiempo definido, aplican ciertas reglas adicionales).  De modo que lo mejor es siempre consultar a su asesor jurídico en estos temas, antes de comunicar el despido, porque el despido es un acto que una vez se ha hecho mal, ya no se puede subsanar.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, junio de 2013)
Jaime Raúl Molina

A inicios de mayo el país vivió días muy tensos de crisis energética.  Las medidas de ahorro que tuvieron que adoptar las autoridades fueron drásticas y dolorosas.  Pero este artículo no trata sobre si dichas medidas de ahorro fueron las mejores o no, eso queda para otra discusión. Lo que trata este artículo es qué debemos hacer para evitar esto en el futuro.

Hay que invertir

En primer lugar, sin energía no hay progreso ni hay desarrollo económico ni humano.  Uno de los factores que más alta correlación tiene con el crecimiento económico es el consumo de energía.  Eso quiere decir que una economía que crece, también aumenta su consumo de energía, y por tanto debe aumentar su oferta generadora proporcionalmente.  Para que Panamá pueda mantener los ritmos de crecimiento que ha mantenido durante el último decenio, un 6% anual en promedio, es necesario que su capacidad generadora en firme aumente al menos al mismo ritmo.

Potencia firme vs. Capacidad nominal

Nótese que cuando se dice que debe aumentar la capacidad generadora, se enfatiza que es la capacidad firme, no la nominal.  Esto requiere alguna explicación.  Cuando usted lee en el periódico que se construye una planta con capacidad de generación de 100 MW, ello no quiere decir que dicha planta, cuando esté operando, siempre vaya a poder generar 100 MW.  El porcentaje de capacidad nominal que una planta puede garantizar en todo momento, se conoce como factor de planta.

El factor de planta de una generadora térmica a carbón anda entre 70-90%, que se considera alto (ninguna generadora tiene factor de planta 100%, porque los equipos requieren mantenimiento, ocasionalmente hay desperfectos, etc.).  El factor de planta de una hidroeléctrica de embalse anda por 50-60% si el embalse es de gran capacidad de reserva.  El factor de planta de una hidroeléctrica de pasada es más bajo (30%-40% es típico).

Es decir, si queremos tener fuentes de electricidad confiables y que podamos contar con ellas durante todo el año, tenemos que pensar en térmicas o en hidroeléctricas de embalse.  Todo lo demás, mi querido lector, es sumamente riesgoso.  Las llamadas energías alternativas, como la solar fotovoltaica que tiene factor de planta promedio de entre 10-15% (no todo el tiempo hace sol, y los paneles requieren limpieza continua para operar con eficiencia), o las plantas eólicas que tienen factor de planta de entre 20-35% (no siempre sopla el viento lo suficiente, o incluso si sopla muy fuerte los aerogeneradores no pueden operar), no pueden ser un componente sustancial de nuestra matriz energética (a menos que estemos dispuestos a tener crisis energéticas constantes durante todo el año).

Nuestra dependencia del agua

La matriz energética de Panamá es bastante dependiente del agua.  Si bien la electricidad que generan es más barata, el suministro de ellas no es tan confiable como el de las térmicas.  Éstas también tienen sus problemas, por lo que tampoco sería bueno tener dependencia total de las térmicas.  Pero el problema de la dependencia del agua se puede ver agravado por algunas políticas que en materia energética ha adoptado el país.  La crisis energética que experimentamos este mes de mayo fue resultado de una serie de malas decisiones de parte principalmente del Centro Nacional de Despacho (CND) y en alguna medida de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Durante los meses de estación seca mantuvieron las hidroeléctricas operando casi a capacidad, y encima se redujo la reserva de los embalses de 30 a 15 días, a pesar que desde enero los niveles de los embalses estaban por debajo de lo usual para esas fechas.

Conclusión

Durante los próximos años se requieren grandes inversiones privadas en materia de generación eléctrica.  Sin embargo, el cambio constante de las reglas del juego y la falta de seguridad jurídica no ayudan a generar dicha inversión privada.  Y la matriz de generación no debe poner muchos huevos en la canasta de las energías alternativas, porque no son parte importante de una solución realista a la demanda energética.  Sé que a mis amigos ambientalistas no les gustará esto, pero los problemas reales requieren soluciones realistas.  En resumen, necesitamos más térmicas de carbón, considerar gas natural, y que se construya Changuinola II.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, mayo de 2013)

Tenemos que decidir como país si nuestra política tributaria y nuestro sistema de derecho lo diseñamos nosotros en función de nuestras necesidades como país, o si nos dejaremos imponer cuanta cosa decidan organismos internacionales de los cuales no somos siquiera miembros ni mucho menos se nos escucha.  El tema no es tanto si se eliminan o no las acciones al portador, sino más bien si queremos un país que determina sus propias políticas públicas pensando en nuestras necesidades, o si por contrario seremos un país que se deja imponer lo que otros deciden en foros a los que ni siquiera nos invitan a participar.

Antecedentes

Desde fines de la década de 1990 los países desarrollados, a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conocido coloquialmente como el Club de los Países Ricos, ha venido objetando el que países como el nuestro tengan sistemas tributarios y legales que atraigan inversión extranjera.  En 1998 la OCDE emitió un reporte titulado “Competencia Fiscal Perniciosa”, en que atacaba el que algunos países tuviesen regímenes fiscales con baja o nula tributación.  Así comenzó formalmente la persecución contra lo que ellos llamaron “Paraísos Fiscales”, entre otras formas, a través de la elaboración de las llamadas listas negras.

El año 2001 la OCDE se vio obligada a reenfocar su proyecto, debido a que su país miembro más prominente, los Estados Unidos de América, ahora tenía un gobierno (liderado por el entonces recién inaugurado Presidente George W. Bush) que no aprobaba puntos sustanciales del proyecto original de la OCDE.  En un comunicado emitido en mayo de 2001 por el entonces Secretario del Tesoro, Paul O’Neill declaró que “Los Estados Unidos no apoya esfuerzos para dictar a país alguno lo que sus propias tasas impositivas o su sistema fiscal debería ser.”  Con ello, la OCDE se enfocó entonces en lo que llamó transparencia e intercambio de información.

La crisis agudiza la presión

El mundo está en una crisis de las finanzas soberanas.  Es una crisis crónica y aguda a la vez.  Europa está particularmente afectado (ya han caído Grecia y Chipre, y vendrán más).  Esto lleva a los gobiernos europeos y de la OCDE en general a un alto grado de desesperación por aumentar sus recaudaciones fiscales, y una de las maneras que han detectado es presionar a los países que son receptores de inversión extranjera, para que los ayuden a recaudar más.  El intercambio de información tributaria es una herramienta para lograr esto, pero además estos expertos burócratas ven las acciones al portador como un significativo obstáculo para sus propósitos de cobrar impuestos allende sus fronteras.

Acciones al portador

Pero la existencia de acciones al portador nada tiene que ver con lavado de dinero.  En esto debemos quedar claros.  Nuestro país tiene desde hace años un sólido sistema que obliga a prestadores de servicios financieros y legales a conocer efectivamente quién es el beneficiario económico de toda cuenta, sociedad anónima y demás instrumentos financieros y jurídicos.  Y en caso de una investigación criminal por blanqueo de capitales, dichos prestadores de servicios están obligados a proveer la información a las autoridades.  De modo que anonimato absoluto no es algo que pueda lograrse a través de las acciones al portador ni de modo alguno en nuestro país.

Pero lo que sí está en juego es la confidencialidad.  Cada vez hay mayor presión para eliminar la confidencialidad y la privacidad de las personas.  La frasecita “el que no la debe no la teme” es una que usan los enemigos de la confidencialidad para demeritarla.  Como si la privacidad fuese cosa exclusiva de criminales.  ¿Y los que se ven obligados a huir de la persecución que en sus países le montan gobiernos ilegítimos?  ¿Y los que se quieren evitar convertirse en blanco de extorsión por las mafias?

Conclusión

Como inicia este artículo, los panameños tenemos que decidir si queremos seguir siendo un país con defectos y virtudes pero digno y con autodeterminación, o si volveremos a ser colonia, esta vez no de un país determinado sino de carteles internacionales conformados por países de los que ni siquiera somos miembros.  El lema de nuestro escudo nacional es válido, pero jamás a costa de nuestra soberanía y dignidad.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, abril de 2013)

¿Qué hemos de elegir en materia económica, abundancia o escasez?  Quizás le parezca absurda esta pregunta.  Después de todo, ¿quién elegiría escasez si le ofreciesen abundancia?  Pues sostengo que muchos se aseguran la escasez creyendo que buscan abundancia.  Muchas de nuestras políticas económicas están diseñadas para garantizarnos escasez.

Cuando usted escucha que alguien (algún productor de rubros protegidos frente a la competencia) se queja que el mercado está siendo inundado con productos extranjeros muy baratos, usted está escuchando que alguien objeta la abundancia, y defiende la escasez.  La misma política de protección de ciertos rubros del agro, consiste en establecer altos aranceles y otras barreras que buscan inhibir la importación de productos del extranjero que son mejores y/o más baratos que los producidos aquí.

¿Por qué el enredo?

Pero, ¿cómo es posible que nuestra política económica esté en muchos aspectos diseñada para asegurarnos escasez en lugar de abundancia?  ¿Por qué las personas confunden las cosas de esta manera y relacionan bienestar con escasez?  La causa de esta ilusión está en un entendimiento imperfecto del intercambio económico.  Si analizamos nuestro propio interés como individuos, nos damos cuenta de una aparente contradicción: como vendedores nos interesa que los precios sean altos, y por tanto, que haya escasez; como compradores, en cambio, queremos que los precios sean bajos, lo cual implica que haya abundancia de bienes.  ¿Cuál de estos dos es entonces el verdadero interés de la Humanidad?

El economista francés del Siglo XIX Frederic Bastiat llamó a esto el fenómeno de lo que se ve y lo que no se ve.  Vemos el beneficio concreto de los precios altos para los bienes y servicios de los que somos productores.  Vemos allí el ingreso aumentado gracias a la política económica proteccionista que asegura escasez de lo que producimos y por tanto garantiza unas rentas artificialmente elevadas.

Lo que no vemos es la riqueza destruida en el proceso, y no la vemos precisamente porque nunca surgió.  Se la mató antes de nacer.  Ante la objeción: ¿pero qué sería de los productores de maíz si se permitiera la importación de maíz barato del extranjero?, lo que no vemos es la pérdida de riqueza que sufren los porcinocultores, por ejemplo, debido a que al tener aumentados los costos de sus insumos precisamente por la protección del maíz, ellos sufren a su vez una pérdida de competitividad.  Quizás los porcinocultores pudiesen competir mejor en otros mercados si no fuera por esto, además del beneficio para el consumidor de tener acceso a maíz y cerdo más barato y de mejor calidad.

Eso que no vemos, es decir, la riqueza que fue destruida porque nunca se permitió su creación, es más importante que lo que vemos, pero precisamente como no la vemos no duele tanto.  He allí el por qué es tan popular y arraigada la falacia de la ventana rota (también magistralmente expuesta por Bastiat), que en esencia consiste en la idea de que las políticas que aumentan el trabajo requerido para obtener una determinada cantidad de riqueza, son en sí creadoras de riqueza.  Cuando en realidad es la disminución continua del trabajo requerido para lograr algo, lo que nos hace a todos más ricos.  Dicho de otro modo, la falacia de la ventana rota consiste en creer que la pérdida de productividad es beneficiosa y nos hace más ricos.

El proteccionismo asegura la escasez

La sociedad se beneficia en la medida en que aumenta la cantidad de cosas que obtenemos de cada unidad de trabajo, precisamente lo contrario de nuestras políticas de protección al agro.  Por absurdo que resulta, ocurre que toda política económica proteccionista de algún sector trabaja sobre la premisa de que la pérdida de productividad es buena para la sociedad.  No es sorpresa que los sectores de la economía de Panamá que más estancados están, o más bien en franco retroceso, son precisamente aquellos que están fuertemente protegidos, esencialmente el agro.  En tanto que crecen y prosperan aquellos donde hay genuina libre competencia y apertura.  Lo más triste es que a quienes más perjudican las políticas de la escasez es precisamente a los más humildes panameños, cuyo gasto en alimentos representa un alto porcentaje de sus ingresos.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, marzo de 2013)

Existe una doctrina que dice que la propiedad privada debe estar limitada por la función social que debe cumplir.  Tal doctrina, propuesta por León Duguit, pareciera sugerir que la propiedad privada no necesariamente cumple una función social, y que más bien sirve sólo para cubrir intereses particulares, incluso en perjuicio del interés social.  Yo sostengo en cambio que la propiedad privada cumple por su naturaleza una función eminentemente social, y lo hace aún sin que el propietario así se lo proponga.

En ausencia de propiedad todo se degrada

Hay un fenómeno que se da cuando no existen derechos de propiedad, y que se conoce como la tragedia de los bienes comunales.  Consiste en esencia en la situación en que varios individuos, actuando cada uno de manera independiente, terminan por destruir un recurso compartido limitado, aun cuando claramente tal destrucción va en contra de sus intereses tanto individuales como colectivos.  Lo irónico es que esto ocurre, no por ignorancia de quienes así actúan, pues ellos muy bien pueden estar plenamente conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus acciones, y aún así, dadas las circunstancias, siguen actuando de tal manera que se da la destrucción del bien común, debido a que es la conducta racional desde el punto de vista individual.

Pero esto no ocurre porque haya propiedad privada, sino precisamente por la ausencia de ella.  Cuando uno es propietario, ello implica que tiene derecho a excluir a todos los demás del uso y aprovechamiento del bien en cuestión.  Si se trata de una finca, ello implica que sólo el propietario puede cultivar en ella y cosechar el producto de sus cultivos.  Es esta potestad de apropiar para sí (con exclusión de todos los demás) el producto de su esfuerzo, porque cultivar la tierra, cuidarla, regarla, abonarla, rotar los cultivos para evitar la degradación del suelo, y demás, implican mucho esfuerzo e inversión de recursos.  Sólo quien tiene derecho a apropiarse el producto de tales inversiones las hará, y por contrario jamás las hará una persona que no tiene cómo excluir a los demás de su aprovechamiento.

He allí el por qué del hecho que las haciendas privadas se embellecen y prosperan, en tanto las tierras que no son de nadie no sólo no prosperan, sino que son degradadas como resultado de actividades destructoras de la capacidad productora de la tierra.  

La propiedad genera incentivos positivos

Los derechos de propiedad resuelven el problema de los incentivos, de tal manera que las personas incurran en conductas creadoras de riqueza social, en lugar de conductas destructoras de riqueza social.  Ello opera por el ánimo de lucro.  Al saber las personas que podrán apropiarse para sí el producto de su esfuerzo y su sacrificio, estarán entonces dispuestas a incurrir en tales sacrificios.

Por otro lado, no hay comercio sin propiedad privada, y es el intercambio comercial lo que permite la división del trabajo, que a su vez permite incrementos importantes en la productividad, que a su vez nos ha permitido haber alcanzado los estándares de riqueza que damos hoy por sentados, cambios que serían imposibles sin división del trabajo.

Adicionalmente, la propiedad privada favorece el descubrimiento empresarial.  Este es el proceso por el que los empresarios intentan anticipar las preferencias de las personas en la sociedad, para poder satisfacerlas mejor.  El empresario sabe que en la medida que mejor pueda hacerlo, mayor éxito empresarial tendrá.  Aquí el ánimo de lucro juega un papel fundamental, como lo ilustra la famosa frase de Adam Smith: no es a la benevolencia del panadero, del cervecero o del carnicero que debemos nuestra cena, sino al hecho que ellos persiguen su propio interés.

La verdadera función social de la propiedad privada, entonces, cuando se reúnen los elementos antes mencionados, no es otra que la de permitir el continuo desarrollo de la civilización, de la cual la libertad individual, esencial para la expresión de las más sublimes creaciones humanas, desde el arte a la filosofía y la ciencia, es inseparable.  Lejos de ser la fuente de todo mal, como la veía Rousseau, la propiedad privada es la elemento fundamental de todo lo bueno de que es capaz el Hombre.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, febrero de 2013)

Cuando una persona muere sin haber organizado sus bienes para una rápida y fácil sucesión, las cosas suelen resultar complicadas y onerosas para los herederos.  Largos procesos judiciales sucesorios, con potenciales problemas en el camino, así como elevados honorarios de abogados, son algunos de los inconvenientes que se puede evitar con una buena planificación sucesoral de patrimonio.

No es sólo para ricos

Una estructura fiduciaria administrada por una empresa dedicada a ello, debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, puede resultar onerosa.  Pero hay otras formas.  No me malinterprete, una estructura fiduciaria administrada por profesionales es muchas veces la solución ideal.  Pero existen otros vehículos e instrumentos jurídicos que resultan muy útiles para una correcta planificación sucesoral, y a la vez son económicamente accesibles, algunos de ellos incluso no tienen costo más allá del tiempo que usted deba dedicarle a establecerlos.

Instrumentos a su alcance

Un ejemplo lo es la figura del beneficiario hereditario en las cuentas de bancos.  La Ley Bancaria (Decreto Ley 2 de 2008) establece que para las cuentas de depósitos, de la clase que sean, los bancos pueden acordar con sus clientes que en caso de fallecimiento del titular, el saldo de la cuenta sea pagado directamente, sin trámites judiciales, a las personas previamente designadas por el cliente como los beneficiarios de la cuenta para dicho propósito, muy similar a como en tal sentido se hace con las pólizas de seguro de vida.  Así, al fallecer el titular, las personas que fueron designadas como beneficiarios sólo tienen que presentar ante el banco el certificado de defunción del titular, y el banco debe iniciar el proceso de pago.  Cero proceso judicial, y cero honorarios de abogados (¡no vaya usted a soplarle a mis colegas que yo le dije esto!).

Por supuesto, la designación de beneficiario en cuentas de banco, no le sirve a usted para resolver la sucesión de otros activos.  Aún queda su residencia, la casa de campo, los automóviles, y demás.  Pero al menos ya tiene un dolor de cabeza menos.  Y las otras jaquecas tienen solución también.

Existe otro instrumento jurídico sumamente sencillo, que le permite disponer en vida de sus bienes sin tener que hacer testamento u otros vehículos más sofisticados.  Se trata del usufructo vitalicio, y es una herramienta muy útil en la planificación de patrimonios que tristemente es poco conocido.

El usufructo es un derecho real, es decir, que se ejerce sobre una cosa determinada.  Lo explico mejor con un ejemplo: imagínese que Juan y Ana, esposos, tienen una sola hija, Lucía.  Juan y Ana desean poner su casa, y un apartamento que tienen arrendado a otra familia, a nombre de su hija Lucía, para facilitarle las cosas al momento que ellos falten.  Pero para mantener el derecho de usar y aprovechar económicamente tanto la casa como el apartamento, mientras tengan vida, deciden donar las propiedades a Lucía, pero reteniendo para ellos el usufructo vitalicio.

De esta manera, Juan y Ana quedan tranquilos que le dejan a su hija activos libres de problemas legales, pero a la vez se aseguran para sí mismos que tendrán el derecho a usar para sí mismos, tales propiedades, y en exclusividad.  Así, podrán seguir viviendo en la casa que usan como residencia, y los ingresos que les genere el apartamento que tienen arrendado, son para ellos y no para el propietario (Lucía).

En nuestro ejemplo, Juan y Ana pueden, además, obtener una exoneración de la donación que de dichas propiedades hacen a su hija Lucía, a efectos del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles, toda vez que las donaciones a los hijos y entre cónyuges se benefician de dicha exoneración establecida por ley.

No espere demasiado

La planificación sucesoral es algo muy importante que debe hacer toda familia que tenga activos.  Si además usted tiene hijos menores de edad, o dependientes con alguna discapacidad, una adecuada y robusta planificación patrimonial es tanto más importante.  Los ejemplos que hemos visto demuestran que planificar un patrimonio no requiere gastarse la dote de su hija ni mucho menos.  Así que ya no tiene excusa.  Evítele jaquecas innecesarias a sus seres amados, e inicie hoy mismo su planificación patrimonial.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, diciembre de 2012)

¿Hay un precio ‘justo’ de las cosas?  ¿Cómo se fijan los precios de los bienes y servicios en el mercado?

No hay precios sin mercado

En primer lugar, no hay precios allí donde no hay intercambio.  Precio es lo que ocurre cuando una persona da X cantidad de dinero para adquirir algo que, en ese momento, valora más que la cantidad de dinero que está pagando.  Esto es una verdad incontestable, pues de otro modo dicha persona no estaría haciendo la transacción de manera voluntaria.  El precio justo, entonces, es cualquiera que las partes en una transacción acuerdan libremente, sin interferencia de terceros.

Los precios transmiten información

Dado que los precios son el resultado de un intercambio voluntario, es evidente que si Juan paga $10 por un litro de agua en determinado momento, es porque en el “aquí y ahora” Juan valora más el litro de agua que los $10 que está dando a cambio.

Los precios altos nos indican que hay relativa escasez del bien en cuestión, en tanto los precios bajos nos dicen abundancia.  Los precios altos de la electricidad le dicen al inversionista que debe invertir en generación eléctrica.  El inversionista escucha la señal y tiende a seguir la instrucción, porque ello redunda en su propio interés.  Por otro lado, esos mismos precios altos le dicen al consumidor que debe moderar su consumo, cosa que redunda en que mientras la producción aumenta, más personas podrán consumir la electricidad que necesitan, cosa que no ocurriría si el precio no sube para reflejar la escasez relativa (cuando por intervenciones en el mercado el precio no sube, el resultado tiende a ser escasez, que en el mercado eléctrico significa apagones).

Ruidos en la señal

¿Qué pasa cuando el gobierno interviene en la señal de los precios?  La interferencia más rudimentaria es la regulación de precios.  A ella recurren los gobiernos con afanes populistas, y el resultado siempre es negativo.  El resultado es la escasez artificial.  Las estanterías vacías en los supermercados en Caracas, donde desde hace años existe fuerte régimen de regulación de precios, es consecuencia de la regulación de precios.

Hay otras formas de interferencia.  Los subsidios son una muy perversa.  Si se trata de subsidios al consumo, como el subsidio al precio de la electricidad, estos distorsionan la señal de tal manera que el consumidor, en lugar de moderar su consumo para ajustarse a la situación de relativa escasez, continúa consumiendo como si estuviésemos en situación de gran abundancia.  En el caso de la electricidad, durante períodos críticos de abastecimiento, observamos el contrasentido de un Estado incentivando el consumo mediante el subsidio al precio, y por el otro lado gastando dinero en campañas llamando a racionar el consumo.  

Por otro lado, los subsidios a la producción distorsionan las señales de rentabilidad.  Estos instan al inversionista a dedicarse a una actividad que de otro modo no sería rentable para él.  El caso del agro en nuestro país es el más claro ejemplo de esto.  Hay subsectores del agro que son competitivos, y hay otros que claramente no lo son.  Pero estos últimos siguen viendo actividad debido precisamente a los subsidios estatales.

Aquí ocurre lo que el economista francés del Siglo XIX Frederic Bastiat denominaba el problema de “Lo que se ve vs. Lo que no se ve”.  Vemos al productor de papa, y las papas subsidiadas que saca al mercado. Pero no vemos la riqueza que se destruyó en el proceso, y ello precisamente porque nunca surgió, pues la inversión necesaria no se hizo precisamente debido al subsidio.

Conclusión

Los precios en el mercado transmiten información que permite a los poseedores de capital a invertir en aquellos proyectos empresariales de mayor retorno para ellos y, por tanto, de mayor retorno social.  Cuando el gobierno interfiere con dichas señales, la distorsión resultante de la señal hace que todos salgamos perdiendo a largo plazo.  Los precios transmiten información sobre la abundancia y escasez relativa de los recursos.  Las medidas que buscan atacar los precios son el equivalente a romper el termómetro para reducir la fiebre.  Con el agravante de que en el caso económico, el remedio es peor que la enfermedad.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, noviembre de 2012)

Un ingrediente fundamental para dar el salto al desarrollo es que el país tenga una institucionalidad sólida.  Sin embargo, en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, Panamá ocupa la posición No. 132 en esta materia. ¿Por qué?

Institucionalidad no se refiere a tener muchas instituciones.  La institucionalidad no se logra creando más ministerios, dependencias del Gobierno Central y entidades descentralizadas.  Nada de eso.  Tampoco significa tener entidades con poder absoluto, hipertrofia burocrática, engorrosos procesos y abultadas planillas.  Lo fundamental en la institucionalidad, para efectos del desarrollo económico, es la reducción a su mínima expresión, de los costos de transacción, de tal manera que se favorezca la actividad creativa y productiva, y la división del trabajo e intercambio comercial.

Reglas y procesos claros, justos y eficientes.

Bien entendida, la institucionalidad tiene características muy claras que la diferencian de la burocracia hipertrofiada.  En primer lugar, la institucionalidad no se refiere a entidades, sino a la existencia de reglas justas, claras y adecuadas y procesos claros y explícitos, transparentes, eficaces y eficientes.

Pero no sólo son importantes las reglas.  Los procesos para la aplicación de las reglas, deben ser claros y transparentes, además de eficientes.  En el caso de Panamá, los procesos en que peor estamos son los procesos jurisdiccionales.  Todo lo que tiene que ver con dirimir controversias entre particulares, es extremadamente ineficiente en nuestro país.  Basta mirar el ranking Doing Business del Banco Mundial para observar que estamos en la posición No. 119 en el mundo en cuanto a “cumplimiento de contratos”, que se refiere más que cualquier otra cosa, a la relativa eficacia y eficiencia de hacer valer los derechos subjetivos frente a otras personas (particulares o estatales).

Separación de poderes 

En materia de procesos jurisdiccionales tenemos varios problemas, pero me concentraré en los que veo como los más importantes por resolver.  En primer lugar, seguimos teniendo un sistema en el que gran parte de los procesos que deberían estar en poder de tribunales de justicia dentro del Órgano Judicial propiamente, pero están bajo la Administración Pública.  Los ejemplos son muchos, pero los peores casos son aquellos que implican la nefasta jurisdicción coactiva, que no es más que un lindo nombre para una situación en la que una institución que es parte en una controversia con un ciudadano, es también el tribunal competente para dilucidar dicha controversia con el ciudadano.  Oportunidad del ciudadano de una justicia imparcial de verdad en dichos casos: virtualmente nula.

Recursos adecuados

Otro problema grave de la Administración de Justicia en nuestro país es que el Órgano Judicial y el Ministerio Público jamás han contado con presupuestos acordes con las funciones que ejercen.  En nuestro país no le damos a la Administración de Justicia el peso que amerita, y las mencionadas entidades son siempre los patitos feos a la hora de elaborar el Presupuesto General del Estado.  Ello obedece en gran medida a que los políticos no ven rentabilidad política en la Administración de Justicia, y dan prioridad a proyectos que consideran de mayor rédito político (en sentido electorero), como los programas paternalistas mal llamados de asistencia social, y en general el clientelismo de siempre.

Conclusión

Un elemento esencial del desarrollo a largo plazo es la institucionalidad sólida.  Sin ella, todas las demás políticas públicas de libre mercado, se quedan cortas.  Pero la institucionalidad no se fortalece, más bien se debilita, cuando creamos más burocracia en el gobierno central, y cuando seguimos dando más poderes a entidades de dicho gobierno central.  Se debilita la institucionalidad cuando se da facultades jurisdiccionales a entes administrativos que, por su naturaleza, carecen de la mínima imparcialidad requerida para garantizar procesos justos y equitativos.  Mientras no entendamos como país que la Administración de Justicia debe ser un objetivo prioritario, y dotar al Órgano Judicial de recursos cónsonos con su grave función, no daremos el salto a ser el Singapur de Occidente, y lo demás será maquillaje.

Dado que el fortalecer genuinamente la Administración de Justicia requiere compromiso real del Gobierno de desprenderse de poder y dotar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de recursos suficientes, ambas cosas que los políticos ven como muy poco redituables en términos electoreros, estos cambios no ocurrirán sino hasta que la sociedad civil los exija.  Debemos hacerlo cuanto antes.

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, octubre de 2012)

Hay una paradoja en política tributaria: llega un punto luego del cual, si se aumentan las tasas de impuestos, la recaudación se reduce, y viceversa.  A este fenómeno se le conoce como la Curva de Laffer, en atribución al Prof. Arthur Laffer, economista norteamericano que sirvió como asesor económico del Presidente Ronald Reagan.

La llamada Curva de Laffer, como el propio Arthur Laffer señala, no fue inventada por él ni mucho menos.  El Prof. Laffer señala que el concepto es mencionado y explicado desde al menos el Siglo XIV por el filósofo musulmán Ibn Khaldun en su obra Muqqadimah.  El término “Curva de Laffer” fue acuñado en la década de 1970 por el periodista Jude Wanniski, del Wall Street Journal, al reportar de una reunión que sostuvo el Prof. Laffer con el entonces asistente del Presidente Gerald Ford, el Sr. Richard ‘Dick’ Cheney (sí, el mismo que luego fue Vicepresidente de George W. Bush).  En dicha reunión el Prof. Laffer tomó una servilleta y dibujó la curva en forma de campana, para ilustrar el fenómeno.

El fenómeno

En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), La Curva de Laffer postula que la recaudación de impuestos será igual a cero en los extremos en de la tasa del ISR (0% y 100%).  Al 0% de ISR, por simple aritmética, y en el otro extremo, con tasa del 100% el fenómeno ocurriría porque las personas dejan de producir al perder el incentivo económico a hacerlo, o porque encuentran vías para evadir el impuesto.

Pero en algún punto entre 0% y 100% está el óptimo de recaudación, cual es el nivel de tasa de ISR en que se alcanza la mayor recaudación.  Una vez alcanzado el óptimo de recaudación, cualquier aumento marginal sobre la tasa no sólo no aumentará la recaudación sino que la reducirá.

Óptimo: ¿recaudación o crecimiento?

El óptimo de recaudación no necesariamente es lo mejor para la economía de un país.  Dicho óptimo puede aún ser una tasa impositiva demasiado alta que frene el crecimiento económico.  Con ello, el punto óptimo de recaudación en realidad no sería óptimo en el tiempo, pues con su paso la economía no crecería con suficiente rapidez y por tanto la recaudación tampoco.  Ejemplo, la economía de un país A que crece consistentemente al 10% anual, pudiera tener hoy una recaudación menor a la del país B que crece al 5%, pero a largo plazo llegará el momento en que la economía del país A generará mayor recaudación por ISR que la del país B, por razón del conocido fenómeno consistente en que sólo el crecimiento económico sostenido en el tiempo puede aumentar sólidamente las recaudaciones por ISR. Lo anterior apunta a que orientar la política impositiva pensando sólo en qué tasa recaudará más hoy, es una mala política.

Panamá

En la reforma fiscal aprobada en el año 2010, se redujo la tasa de ISR para las personas naturales.  Se quiso establecer un ‘Flat Tax’ en 15%, cosa que aplaudo, pero se estableció fue un sistema de dos niveles, uno de 15% hasta B/ 50,000 anuales de ingresos, y otro de 25% por el excedente.  Es un sistema mejor y más simple que el que había.  No sólo se redujo la tasa impositiva, sino que se simplificó el sistema.  Esto es buena política tributaria y hay que aplaudirlo.

Sostengo que se puede mejorar mucho más.  La tasa de ISR para personas jurídicas es de 25%, que también es mejor a lo que había antes.  Pero sería aún mejor reducirla más.  Panamá puede atraer mucha más inversión si reduce su ISR corporativo a, digamos, 15%.  Y recordemos que en el tiempo crece más una economía con bajos impuestos, y por tanto termina recaudando más también, a pesar, o más bien como resultado de, la reducción en la tasa impositiva.

Conclusión

Las políticas en materia tributaria deben considerar que las conductas de las personas responden a incentivos económicos y, por tanto, no siempre un aumento de impuestos implica un aumento neto de recaudaciones.  Como nos ilustra la Curva de Laffer, llega un punto en que los ulteriores aumentos generan pérdidas ya sea en recaudación o en eficiencia para la economía del país.