¿Y nuestra soberanía fiscal?


(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, mayo de 2013)

Tenemos que decidir como país si nuestra política tributaria y nuestro sistema de derecho lo diseñamos nosotros en función de nuestras necesidades como país, o si nos dejaremos imponer cuanta cosa decidan organismos internacionales de los cuales no somos siquiera miembros ni mucho menos se nos escucha.  El tema no es tanto si se eliminan o no las acciones al portador, sino más bien si queremos un país que determina sus propias políticas públicas pensando en nuestras necesidades, o si por contrario seremos un país que se deja imponer lo que otros deciden en foros a los que ni siquiera nos invitan a participar.

Antecedentes

Desde fines de la década de 1990 los países desarrollados, a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conocido coloquialmente como el Club de los Países Ricos, ha venido objetando el que países como el nuestro tengan sistemas tributarios y legales que atraigan inversión extranjera.  En 1998 la OCDE emitió un reporte titulado “Competencia Fiscal Perniciosa”, en que atacaba el que algunos países tuviesen regímenes fiscales con baja o nula tributación.  Así comenzó formalmente la persecución contra lo que ellos llamaron “Paraísos Fiscales”, entre otras formas, a través de la elaboración de las llamadas listas negras.

El año 2001 la OCDE se vio obligada a reenfocar su proyecto, debido a que su país miembro más prominente, los Estados Unidos de América, ahora tenía un gobierno (liderado por el entonces recién inaugurado Presidente George W. Bush) que no aprobaba puntos sustanciales del proyecto original de la OCDE.  En un comunicado emitido en mayo de 2001 por el entonces Secretario del Tesoro, Paul O’Neill declaró que “Los Estados Unidos no apoya esfuerzos para dictar a país alguno lo que sus propias tasas impositivas o su sistema fiscal debería ser.”  Con ello, la OCDE se enfocó entonces en lo que llamó transparencia e intercambio de información.

La crisis agudiza la presión

El mundo está en una crisis de las finanzas soberanas.  Es una crisis crónica y aguda a la vez.  Europa está particularmente afectado (ya han caído Grecia y Chipre, y vendrán más).  Esto lleva a los gobiernos europeos y de la OCDE en general a un alto grado de desesperación por aumentar sus recaudaciones fiscales, y una de las maneras que han detectado es presionar a los países que son receptores de inversión extranjera, para que los ayuden a recaudar más.  El intercambio de información tributaria es una herramienta para lograr esto, pero además estos expertos burócratas ven las acciones al portador como un significativo obstáculo para sus propósitos de cobrar impuestos allende sus fronteras.

Acciones al portador

Pero la existencia de acciones al portador nada tiene que ver con lavado de dinero.  En esto debemos quedar claros.  Nuestro país tiene desde hace años un sólido sistema que obliga a prestadores de servicios financieros y legales a conocer efectivamente quién es el beneficiario económico de toda cuenta, sociedad anónima y demás instrumentos financieros y jurídicos.  Y en caso de una investigación criminal por blanqueo de capitales, dichos prestadores de servicios están obligados a proveer la información a las autoridades.  De modo que anonimato absoluto no es algo que pueda lograrse a través de las acciones al portador ni de modo alguno en nuestro país.

Pero lo que sí está en juego es la confidencialidad.  Cada vez hay mayor presión para eliminar la confidencialidad y la privacidad de las personas.  La frasecita “el que no la debe no la teme” es una que usan los enemigos de la confidencialidad para demeritarla.  Como si la privacidad fuese cosa exclusiva de criminales.  ¿Y los que se ven obligados a huir de la persecución que en sus países le montan gobiernos ilegítimos?  ¿Y los que se quieren evitar convertirse en blanco de extorsión por las mafias?

Conclusión

Como inicia este artículo, los panameños tenemos que decidir si queremos seguir siendo un país con defectos y virtudes pero digno y con autodeterminación, o si volveremos a ser colonia, esta vez no de un país determinado sino de carteles internacionales conformados por países de los que ni siquiera somos miembros.  El lema de nuestro escudo nacional es válido, pero jamás a costa de nuestra soberanía y dignidad.