Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista AGENDA, Panamá, noviembre de 2012)

Un ingrediente fundamental para dar el salto al desarrollo es que el país tenga una institucionalidad sólida.  Sin embargo, en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, Panamá ocupa la posición No. 132 en esta materia. ¿Por qué?

Institucionalidad no se refiere a tener muchas instituciones.  La institucionalidad no se logra creando más ministerios, dependencias del Gobierno Central y entidades descentralizadas.  Nada de eso.  Tampoco significa tener entidades con poder absoluto, hipertrofia burocrática, engorrosos procesos y abultadas planillas.  Lo fundamental en la institucionalidad, para efectos del desarrollo económico, es la reducción a su mínima expresión, de los costos de transacción, de tal manera que se favorezca la actividad creativa y productiva, y la división del trabajo e intercambio comercial.

Reglas y procesos claros, justos y eficientes.

Bien entendida, la institucionalidad tiene características muy claras que la diferencian de la burocracia hipertrofiada.  En primer lugar, la institucionalidad no se refiere a entidades, sino a la existencia de reglas justas, claras y adecuadas y procesos claros y explícitos, transparentes, eficaces y eficientes.

Pero no sólo son importantes las reglas.  Los procesos para la aplicación de las reglas, deben ser claros y transparentes, además de eficientes.  En el caso de Panamá, los procesos en que peor estamos son los procesos jurisdiccionales.  Todo lo que tiene que ver con dirimir controversias entre particulares, es extremadamente ineficiente en nuestro país.  Basta mirar el ranking Doing Business del Banco Mundial para observar que estamos en la posición No. 119 en el mundo en cuanto a “cumplimiento de contratos”, que se refiere más que cualquier otra cosa, a la relativa eficacia y eficiencia de hacer valer los derechos subjetivos frente a otras personas (particulares o estatales).

Separación de poderes 

En materia de procesos jurisdiccionales tenemos varios problemas, pero me concentraré en los que veo como los más importantes por resolver.  En primer lugar, seguimos teniendo un sistema en el que gran parte de los procesos que deberían estar en poder de tribunales de justicia dentro del Órgano Judicial propiamente, pero están bajo la Administración Pública.  Los ejemplos son muchos, pero los peores casos son aquellos que implican la nefasta jurisdicción coactiva, que no es más que un lindo nombre para una situación en la que una institución que es parte en una controversia con un ciudadano, es también el tribunal competente para dilucidar dicha controversia con el ciudadano.  Oportunidad del ciudadano de una justicia imparcial de verdad en dichos casos: virtualmente nula.

Recursos adecuados

Otro problema grave de la Administración de Justicia en nuestro país es que el Órgano Judicial y el Ministerio Público jamás han contado con presupuestos acordes con las funciones que ejercen.  En nuestro país no le damos a la Administración de Justicia el peso que amerita, y las mencionadas entidades son siempre los patitos feos a la hora de elaborar el Presupuesto General del Estado.  Ello obedece en gran medida a que los políticos no ven rentabilidad política en la Administración de Justicia, y dan prioridad a proyectos que consideran de mayor rédito político (en sentido electorero), como los programas paternalistas mal llamados de asistencia social, y en general el clientelismo de siempre.

Conclusión

Un elemento esencial del desarrollo a largo plazo es la institucionalidad sólida.  Sin ella, todas las demás políticas públicas de libre mercado, se quedan cortas.  Pero la institucionalidad no se fortalece, más bien se debilita, cuando creamos más burocracia en el gobierno central, y cuando seguimos dando más poderes a entidades de dicho gobierno central.  Se debilita la institucionalidad cuando se da facultades jurisdiccionales a entes administrativos que, por su naturaleza, carecen de la mínima imparcialidad requerida para garantizar procesos justos y equitativos.  Mientras no entendamos como país que la Administración de Justicia debe ser un objetivo prioritario, y dotar al Órgano Judicial de recursos cónsonos con su grave función, no daremos el salto a ser el Singapur de Occidente, y lo demás será maquillaje.

Dado que el fortalecer genuinamente la Administración de Justicia requiere compromiso real del Gobierno de desprenderse de poder y dotar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de recursos suficientes, ambas cosas que los políticos ven como muy poco redituables en términos electoreros, estos cambios no ocurrirán sino hasta que la sociedad civil los exija.  Debemos hacerlo cuanto antes.