Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en el Diario La Prensa, 21 de septiembre 2009)

El respeto a la propiedad privada es fundamental para la prosperidad de una nación. Lamentablemente en nuestro país, que tradicionalmente ha respetado la propiedad privada, se están dando políticas que atentan contra nuestra tradición jurídica y debilitan la confianza en el estado de derecho.

En primer lugar, está la doctrina Colamarco, que consiste en que las tierras no tituladas en el país le pertenecen al Estado.

La actual administración llegó al poder habiendo prometido en campaña la titulación masiva y gratuita de las tierras que pertenecen a la gente.

Sin embargo, ahora en el poder, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está pidiendo la derogación de la Ley 23 de 2009, que ordena la titulación masiva en islas y zonas costeras. Esta política del actual MEF constituye una ratificación y declaración de continuidad de la doctrina Colamarco.

La doctrina Colamarco está equivocada simplemente porque no es cierto que lo que no está titulado le pertenece automáticamente al Estado. La propiedad y el título son dos cosas distintas. Básicamente, la propiedad es una realidad económica a la que el ordenamiento jurídico da reconocimiento. El título es ese reconocimiento. Nótese que el título no da origen a la propiedad, del mismo modo que la inscripción de un chiquillo en el Registro Civil no da origen a la vida del niño, sino que meramente es el reconocimiento de su existencia civil.

Bueno, la doctrina Colamarco, aplicada a la vida de las personas, implicaría que todo aquel que no está inscrito en el Registro Civil, no tendría derecho a la vida, pues el Estado no le ha dado origen. Absurdo, ¿verdad? Pues así de absurda es la doctrina Colamarco, y sin embargo es la postura oficial de la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF.

La doctrina Colamarco debe ser rechazada por la administración. En materia de tierras, la única política coherente con la prosperidad del país, es el reconocimiento absoluto e inmediato de la propiedad privada, mediante la emisión gratuita de los títulos de propiedad, y sin impuestos punitivos ni cargos que hagan que castiguen la propiedad privada sobre la tierra.

Importante también es facilitar la transacción de la propiedad. No sirve de mucho reconocer un título de propiedad si, a la hora en que el propietario desea vender, se le hace la vida imposible mediante requisitos, costos e impuestos que castigan la transmisibilidad de la propiedad entre los asociados. Hoy día, por ejemplo, el vendedor tiene que pagar el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles (2%), y el correspondiente a la ganancia de capital, antes de poder realizar la transacción. En otras palabras, usted no ha cobrado y ya tiene que pagar el impuesto. ¿Cómo hace el ciudadano humilde, que no tiene el efectivo para hacer este adelanto de efectivo al MEF?

Por último, debo señalar el más reciente ataque a la propiedad privada, que lamentablemente procede de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La ATP tiene ahora una política en contra de lo que llama “hoteles clandestinos”, que no es más que personas de carne y hueso que alquilan sus viviendas para estadías de corto plazo. La institución incluso hizo circular una Resolución 52 de 2009, mediante la que prohíbe que las personas que tienen una vivienda la alquilen a corto plazo. Dicha medida violenta flagrantemente el sagrado derecho de propiedad, garantizado por la Constitución Política, pues prohíbe que el legítimo dueño de un bien disponga de él y le saque provecho de manera ordenada.

¿Qué daño le hace a la sociedad el propietario que alquila su inmueble para estadías cortas? Absolutamente ninguno. Muy al contrario, le permite generar un ingreso perfectamente lícito, y además satisface la necesidad de alojamiento de otras personas. A la ATP, después de todo, le corresponde promover el turismo en el país, pero si se aplica la Resolución 52, ello devendrá en la protección de los intereses de los hoteleros, en perjuicio directo del turismo en el país. Las familias que en el interior alquilan sus casas para carnavales, por ejemplo, o quienes arriendan sus residencias de playa para fines de semana, quedarán al margen de la ley con esta nueva política. ¿Acaso es eso bueno para el turismo interno?

La ATP, debo reconocer, está discutiendo el tema con representantes de personas interesadas en alquilar sus viviendas para estadías cortas, y ha aplazado la vigencia de la Resolución 52. Ojalá prime el buen sentido y la ATP desista de esta equivocada política.

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