Panamá: ¿Paraíso fiscal?

(Artículo publicado en Revista Agenda, mayo de 2009)

Nuestro país vuelve a enfrentarse a la amenaza de entrar en listas negras que gobiernos extranjeros confeccionan, tildándonos de paraíso fiscal. ¿Qué significa esto para Panamá, qué opciones tenemos ante esta recurrente amenaza, y cómo debemos proceder?

El problema

Los gobiernos de países con altos impuestos (países de alta tributación), a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tienen más de una década acusando a países como Panamá, de erosionar injustamente la base impositiva de aquéllos. Llaman a dichos países en forma peyorativa, ‘paraísos fiscales’, y alegan que éstos incurren en prácticas de competencia fiscal desleal, y que dichas prácticas facilitan el que personas que son sujetos de impuestos en los países de alta tributación, evadan ilícitamente impuestos en esos países.

La presión se había abatido desde inicios de este siglo. Estas iniciativas multilaterales requieren para su efectividad, del apoyo del gobierno norteamericano, y durante la administración del presidente George W. Bush, la política de dicho gobierno fue no continuar apoyando la iniciativa de la OCDE. El entonces Secretario del Tesoro Paul O’Neill manifestó que “Los Estados Unidos no apoya esfuerzos para dictar a país alguno lo que sus propias tasas impositivas o su sistema fiscal debería ser, y no participará en iniciativa alguna para uniformar los sistemas fiscales mundiales. Los Estados Unidos simplemente no tiene interés en obstaculizar la competencia que fuerza a los gobiernos, como los negocios, a crear eficiencias.”

Tal postura de parte del gobierno del presidente Bush forzó a la OCDE a reorientar la iniciativa y concentrar la presión a los llamados paraísos fiscales, a que adoptaran medidas para establecer transparencia en sus legislaciones en lo relativo a las transacciones financieras y regímenes impositivos, y a que adoptaran medidas para el efectivo intercambio de información con otros países, con el fin de combatir la evasión y la defraudación fiscal. Antes del gobierno de Bush, la iniciativa de la OCDE era mucho más ambiciosa y pretendía no sólo forzar el intercambio de información para faciltiar el combate de la evasión y la defraudación fiscal, sino que también buscaba forzar a los Estados a elevar sus tasas de impuestos. A esto llamaban eufemísticamente la armonización tributaria, algo que en realidad era una torcedura de brazos para forzar a Estados independientes y soberanos a adoptar tasas impositivas más altas de lo que tenían. Algo así como que un empresario ineficiente envíe matones a sus competidores y los coaccione a punta de pistola, a que aumenten sus precios, para así poder él competir.

Doble estándar

En fin, la iniciativa en aquel entonces obligó a las autoridades de nuestro país a tomar acciones para evitar que los países miembros de la OCDE tomasen medidas discriminatorias contra Panamá, algo que amenazaba con afectar nuestro sector servicios de manera muy negativa. Básicamente, nuestro país accedió a firmar una carta compromiso en 2002, mediante la cual el país se obligaba a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo intercambio de información a autoridades tributarias de otros países, cumpliendo ciertas condiciones, la más importante de ella siendo que Panamá sólo cumpliría con este compromiso en la medida en que esta obligación fuese aplicada a todos los demás países de forma equitativa y no discriminatoria, incluyendo a los países miembros de la OCDE.

Esto es importante porque prácticamente todos los países miembros de la OCDE incurren en prácticas de competencia fiscal internacional que, según la iniciativa original de la OCDE, califican como prácticas desleales o perniciosas. Y existen países miembros de la OCDE que no cumplen esta exigencia de intercambio efectivo de información fiscal, y que sin embargo no eran sujeto de ninguna lista negra ni de sanciones de ningún tipo. Lo que la carta compromiso que firmó Panamá en 2002 decía de modo muy diplomático era básicamente que nosotros accederíamos al intercambio de información siempre y cuando esto se le exigiera y fuese cumplido por todos los países miembros de la OCDE, algo que hasta ahora no se ha dado.

Llega la crisis

Las circunstancias han cambiado sustancialmente con la crisis financiera global. La actual crisis puede bien ser el inicio de una larga y dolorosa depresión global. Una de las tantas cosas que ocurre ante una contracción económica es que las recaudaciones de impuestos se reducen enormemente. Y ante esto, los gobiernos no reaccionan bien jamás. Es sabido que los gobiernos no son particularmente buenos en adaptarse a nuevas circunstancias, y en tiempos de vacas flacas, en vez de efectuar recortes del gasto público, que es lo que deberían hacer, lo que hacen en realidad casi siempre es meter más fuertemente la mano al bolsillo de los contribuyentes, aumentando las tasas impositivas, estableciendo nuevos impuestos, y eliminando lagunas legales que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal.

De allí la relevancia de la crisis global que vivimos. Era de esperarse que los gobiernos comenzasen a apretar la correa a los contribuyentes y, por tanto, a reavivar la antigua iniciativa de la OCDE para combatir la competencia fiscal de manera directa o indirecta.

¿Qué debemos hacer?

Las opiniones son encontradas en este tema. ¿Debe Panamá plegarse a las presiones de la OCDE y establecer mecanismos efectivos de intercambio de información tributaria? ¿O debe Panamá resistir esta presión y negarse a establecer tales mecanismos? Es importante señalar que Panamá no recibiría beneficio directo de ningún acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Panamá tiene un sistema impositivo territorial, es decir, sólo grava con impuesto sobre la renta, los ingresos obtenidos de actividades que surten sus efectos en Panamá. Cualquier actividad, aunque sea de panameños, que genere ingresos no efectivamente conectados con Panamá, no son gravables en nuestro país. El único posible beneficio para Panamá, de establecer tales acuerdos, sería simplemente el evitar ser sujeto de sanciones u otras medidas discriminatorias contra la inversión extranjera en nuestro país.

Por otro lado, sería irresponsable no tomar en serio esta nueva amenaza contra nuestro país. Nuestra economía está basada en el sector servicios, y nuestra dependencia del comercio y la globalización es enorme. Cualquier tipo de medidas discriminatorias contra Panamá, que resulten en hacer más onerosa para los capitales externos la inversión en nuestra economía, generaría efectos nocivos que serían sentidos por todos los panameños, directa o indirectamente.

Es fundamental que este sea un asunto tratado como tema de Estado. El modelo a seguir es el dejado por la administración de la presidenta Mireya Moscoso, en que este tema fue tratado con tal seriedad que se creó una comisión especial en la Cancillería dedicada exclusivamente a esta amenaza, y se consultó con los diversos sectores antes de llegar a adoptar medidas que comprometieran al país en el ámbito internacional. Este pequeño país no puede permitirse improvisaciones en un tema de tal trascendencia.