Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista Agenda, mayo de 2012)

Los tranques en la ciudad de Panamá se están convirtiendo en la queja diaria de los capitalinos. Entendemos que parte del congestionamiento se debe a los trabajos del Metro de Panamá y los trabajos de ampliación de la red vial que actualmente lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas (MOP).  No obstante, el problema es uno que va más allá de la infraestructura. Hay un tema de políticas públicas que debe ser atendido, si queremos tener una ciudad vivible para quienes la habitamos.

El sistema de cupos

Comencemos por el sistema de cupos para el transporte de pasajeros. Es un sistema absurdo que jamás ha funcionado para los usuarios. Simplemente sirve para garantizarles rentas a los dueños de cupos y para generar fuentes de coima para los que tienen a su cargo el poder discrecional de expedirlos. Es harto obvio que no hay suficientes operadores del servicio de transporte en Panamá.

Conozco muchas historias de horror, pero contaré solo una. Meibis es una señora que vive más allá de Felipillo, corregimiento 24 de Diciembre, y se gana la vida como aseadora de residencias. A diario tiene que viajar en autobús y le resulta siempre una odisea, porque nunca hay suficientes unidades ni de Metro Bus ni de “diablos rojos”. Me cuenta que antes había personas que daban el servicio de transporte interno en la barriada, pero que ahora las autoridades los han eliminado por ser clandestinos. Ahora, gracias al esfuerzo de las autoridades supuestamente encargadas de velar por los usuarios del transporte, Meibis tiene que caminar todas las mañanas más de dos kilómetros desde su casa hasta la parada de buses, cuando antes solo tenía que caminar unos pocos metros hasta donde la recogía el busito que la llevaba a la parada.  ATTT 1, Meibis 0.

La persecución constante de las autoridades del tránsito contra los llamados buses y taxis “piratas” es un atentado directo contra el derecho de propiedad y el derecho al libre tránsito. Según este absurdo lineamiento, si un grupo de vecinos decide hacer lo que se conoce como car pooling para transportarse al trabajo, y entre todos hacen su “vaca” para contribuir con la gasolina del vehículo en que se están transportando, ese acto debe ser objeto de sanciones que abarcan hacer a todos los ocupantes bajarse del vehículo de inmediato, multa al dueño del vehículo y el decomiso de este. Así, mientras en otros países el car pooling no solo es permitido, sino hasta incentivado por las autoridades, aquí es puesto al margen de la ley, todo en nombre de proteger la chamba de los dueños de cupos de transporte colectivo y selectivo.

Todos quieren su carro

La consecuencia lógica de la aplicación de políticas absurdas como las descritas es que en la ciudad todo el mundo busca la manera de hacerse de un carro propio. El joven que se inicia en su vida laboral, lo primero para lo que ahorra es para comprarse su carrito, aunque sea de segunda, y es que nadie quiere vivir el infierno diario que es tratar de conseguir bus o taxi en la ciudad de Panamá.

Si las autoridades no se empeñaran en suprimir la oferta que espontáneamente surge en el mercado (los buses y taxis clandestinos), la gente no se vería casi obligada a hacerse de un carro para intentar transportarse. Y es que en la ciudad capital hay demasiados carros para la red vehicular que tenemos. Y las ventas de autos solo hacen aumentar.  ¿Es esto algo sostenible? Para la ciudad de Panamá, la respuesta es no.

El mercado funciona

Parte de la solución comienza por abandonar el sistema de cupos. De hecho, ninguna medida será buena si no se comienza por esto. Los cupos deben ser reemplazados por un sistema de licencias, mediante el cual toda persona que así lo quiera pueda ofrecer el servicio de transporte urbano automotor, siempre que cumpla con requisitos mínimos y razonables, que no se constituyan en barreras artificiales a la libre concurrencia de oferentes del servicio. Así, cualquiera que tenga un vehículo apto puede ofrecer servicio de transporte acorde con el tipo de vehículo que posea.

El transporte no es un ‘commodity’

Lo segundo es dejar que las tarifas sean establecidas también en condición de libre competencia. Mientras se trate al servicio de transporte público de pasajeros como algo comoditizado, nadie ofrecerá valor agregado y por tanto continuará la carrera hacia el fondo que observamos en los taxis, y que también se da en los “diablos rojos” (aunque estos, se supone, van de salida con la entrada del Metro Bus). En tales condiciones, muchas personas que estarían dispuestas a movilizarse en taxi o bus no lo hacen precisamente porque no existe nadie en el mercado que ofrezca un servicio de buena calidad con elementos de valor agregado.

En los mercados altamente regimentados como el de transporte público de pasajeros en Panamá, nunca surge la innovación ni el mejoramiento que observamos en otros mercados (como el tecnológico, por ejemplo), precisamente porque el Estado no permite la diferenciación. Esta política de tratar al transporte como un commodity, en que todos deben ofrecer exactamente lo mismo y a la misma tarifa, disuade a miles de panameños de usar servicio de transporte en lugar de usar un vehículo propio.

Las vías no son gratuitas

El hecho de que nadie nos cobre por el uso de una calle, no quiere decir que esta sea gratuita. La calle tiene un costo de producción, y además tiene costos de mantenimiento. Pero encima está el asunto de que los servicios por los que los usuarios no pagan directamente, siempre estarán sobredemandados. No importa cuántas calles nuevas se construyan, cuánto se invierta en mejorar la red vial, mientras su uso sea gratuito, siempre la tendencia será la de una demanda muy mayor a la oferta. Esto es Economía 101.
La propuesta de que en un futuro el uso de los corredores Norte y Sur sea gratuito es una pésima idea. Estoy consciente de que en las calles interiores de la ciudad no es fácil establecer un sistema práctico de cobrar por el uso de las calles para circulación, pero al menos las autopistas sí se prestan para tal cobro, y así debe hacerse. Los tranques generan costos para todos los ciudadanos, y si los que generan dichos costos no los pagan, entonces no hay incentivo para cambios de conducta.  Incluso, durante las horas pico, los corredores podrían y deberían cobrar tarifas superiores, precisamente para incentivar una mejor distribución del tráfico vehicular hacia otras horas del día.

La solución no es sencilla, pero una cosa es clara: mientras continuemos con los paradigmas actuales, continuaremos teniendo cada vez peores tranques, y ya estamos muy cerca de encontrarnos con una ciudad disfuncional.