Jaime Raúl Molina

(Artículo publicado en Revista Agenda, agosto de 2008)

Para cuidar el ambiente y salvarlo para las próximas generaciones; para garantizar la sostenibilidad de la explotación de los recursos naturales y evitar la sobreexplotación; el reconocimiento y extensión de la propiedad privada sobre los recursos es parte de la solución.

¿Cómo? ¿Pero no es acaso al revés, que hay que expropiar y declarar patrimonio colectivo aquello que queremos salvar?

Existe un fenómeno conocido como la tragedia de los comunes, y consiste en que aquello que es de todos, en realidad no es de nadie, y lo que es de nadie, nadie lo cuida. La propiedad privada permite racionalizar el uso de los recursos limitados. Por ejemplo, el dueño de una finca se beneficia tanto del flujo de ingresos que produce la finca, como de su valor de capital. En otras palabras, el dueño de la finca tiene asegurado que el flujo futuro de producción de la finca es también suyo. Es así que aunque por un lado el dueño tiene un interés de corto plazo en sobreexplotar la finca, su interés de largo plazo se vería perjudicado con dicha sobreexplotación. Al final, lo más probable es que el hacendado decida buscar un equilibrio entre la explotación presente y la capacidad productiva de la finca a largo plazo, de tal manera que dicha capacidad productiva se mantenga en el tiempo y siga beneficiando a sus hijos y a los hijos de éstos.

En cambio quien explota tierras sin dueño, tiene también un interés en maximizar la explotación actual, pero no tiene el mismo interés en mantener la productividad futura de ese pedazo de tierra. Al contrario, él sabe que si no explota él la tierra ahora, otro lo hará. El resultado es que las tierras sin dueño tienden a ser sobreexplotadas y por tanto degradadas en pocos años.

No es casual que sean las sociedades donde existe un Estado que reconozca y haga valer la propiedad privada sobre la tierra, las que se vuelven ricas y logran expandirse.

El agua es definitivamente una sustancia abundante en la Tierra, y a la vez escasa. Abundante en estado bruto, pero en estado útil y llevada a las ciudades para ser puestas a disposición inmediata de las personas, es escasa. Esta aparente paradoja resulta del hecho que en realidad nada nos es gratuito. El agua para consumo humano debe ser extraída, limpiada, desinfectada, purificada, y bombeada para llevarla a los centros de consumo humano. Todo eso requiere uso de recursos (energía, materias primas para los procesos químicos, construcción de la infraestructura y su mantenimiento, etc.). Esos recursos son a su vez limitados, no infinitos.

Entonces, el hecho que el producto terminado (el agua potable) sea puesto a disposición de la gente de forma gratuita, a pesar que todo el proceso es costoso, lo que provoca es que la gente no racione su uso, sino que derroche el recurso. Es por eso que en tanto usted observa que en la ciudad existen personas (con falta de conciencia sobre la importancia del recurso hídrico) que usan la presión del agua de la manguera para barrer la terraza y el garaje, existen otras muchas que simplemente no tienen acceso al agua potable. En tanto que si uno tuviese que pagar realmente por el agua que usa, y pagase un precio que realmente representara su costo (es decir, que no estuviese subsidiado su consumo), entonces las personas dejarían de usar la presión del agua para barrer la terraza. Igual que con el alto precio de la electricidad la gente usa menos el aire acondicionado (lo que, a su vez, reduce la probabilidad de que tengamos apagones programados), pues así mismo si pagásemos el real costo del agua en lugar de tener agua subsidiada, la gente racionaría su uso y habría menos problemas de escasez.

Por supuesto que no. Existen recursos a los que es difícil aplicar el principio de propiedad privada. No es fácil apropiar los bosques tropicales, o los ríos, o los mares. En tales casos donde no es factible la apropiación individual, se produce realmente el fenómeno de las externalidades económicas. Es allí que sí se justifica que el Estado constituya límites a la explotación privada, y complemente dichas limitaciones con sanciones suficientemente severas para quienes las infrinjan.

El delicado balance no es fácil de lograr tampoco. Es fácil en teoría pero sumamente difícil en la práctica. Es allí donde está el verdadero reto, y como en todo, el método de ensayo y error por el cual aprendemos de los problemas a medida que se presentan, es clave.

Entonces, la idea no es pretender que la propiedad privada lo resuelva todo, sino dejar de pretender que el Estado sí pueda hacerlo. Esto es el principio de subsidiariedad, por el cual el Estado sólo debe entrar en aquellas cosas en que la propiedad privada no puede resolver los problemas. Lo importante es entender las limitaciones de una y otra figura, y permitir que se complementen la una a la otra. Pero entonces no debemos culpar la propiedad privada del daño ambiental, sino entender que es parte de la solución.