Jaime Raúl Molina

Colombia tendrá pronto nuevo presidente. Álvaro Uribe está por terminar su período. Es indudable que la Colombia que Uribe recibió, y la que deja al salir del poder, reflejan dos realidades muy distintas.

Previo a Uribe, la situación con las narcoguerrillas había llegado a niveles intolerables. Colombia estaba en riesgo de convertirse en Estado fallido, dado el gran poder que tenían las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El enfoque del diálogo y las concesiones a los guerrilleros, llevado por el predecesor de Uribe, Andrés Pastrana, resultó un rotundo fracaso. En todo el país la gente se sentía presa del miedo. El crimen organizado, los secuestros express, las ejecuciones entre distintos clanes a plena luz del día, eran la rutina diaria.

Uribe llegó al poder prometiendo acabar con las guerrillas, y devolver la paz, la seguridad y la tranquilidad a los colombianos. Se aplicó mano dura contra el crimen organizado. Se reforzó, como debía hacerse, los estamentos de seguridad del Estado. Tanto en el discurso como en las acciones, el Estado colombiano aplicó una política de cero tolerancia contra el crimen, tanto organizado como de carácter común.

Ahora, ocho años después, en Colombia se respira un aire diferente. En tanto hace ocho años viajar a Colombia acarreaba muchos temores por la seguridad personal, ahora el viajante se siente mucho más tranquilo, y obviamente el residente colombiano también. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de 82 en el año 2000, hoy es de 62, es decir una reducción de 25%.

El Producto Interno Bruto aumentó en 150% en estos ocho años, y el PIB per cápita aumentó de US$ 2,100 aprox., a US$5,087 para 2009 (y el estimado para 2010 es US$5,890).

El peso colombiano se ha fortalecido sustancialmente en estos ocho años, algo raro en economías latinoamericanas. En 2002, el cambio promedio del peso fue dos mil quinientos ochenta pesos por dólar (COP 2,580 = US$1). A mediados de 2010, el cambio está a COP 1,975 = US$1, es decir, se ha apreciado frente al dólar en un 23% en estos ocho años. Compárelo con Venezuela, en que el Bolívar ha sufrido inflación de dos dígitos durante todo este siglo.

El Estado de Derecho es un pilar fundamental de toda sociedad civilizada, próspera y que busca la paz. Y ha sido uno de los pilares del avance de Colombia en estos ocho años. Prueba de ello es que, a pesar de contar con una aprobación de 60%, el Presidente Uribe respetó la decisión de la Corte Constitucional de no permitir un referendo para modificar la Constitución para permitir un tercer mandato presidencial. Esto, normalmente no es un mérito. Después de todo, es un deber del Presidente de un país respetar la Constitución, pues si no lo hace se convierte en usurpador. Pero en el contexto de América Latina, donde lo común es que los mandatarios se enamoren del poder y quieran perpetuarse en él, ciertamente es notable la actitud tomada por el Presidente Uribe, de entregar el poder y no intentar siquiera modificar la Constitución a su medida. Tan sólo hay que mirar a la vecina Venezuela, donde su Presidente llegó al poder mediante los votos, pero desde allí ha cometido todos los abusos concebibles a la institucionalidad.

Luego de ocho años de su gobierno, es evidente que Uribe trajo la voluntad y el coraje para ponerle la cascabel al gato de la inseguridad y la corrupción institucional que había en Colombia. Por supuesto, queda mucho por hacer. Colombia sigue siendo uno de los países con más alta tasa de homicidios del mundo (ahora ocupa el segundo lugar, en vez del primero que ocupó por varios años). Pero Roma no se construyó en un día. Lo importante es que el rumbo se mantenga. Será crucial mantener la política de Estado contra las narcoguerrillas y contra el crimen organizado, y continuar el fortalecimiento de la Administración de Justicia. El Presidente Uribe deja un legado de paz, seguridad, institucionalidad y prosperidad, que hay que reconocerle, y confío que los sucesivos gobernantes sabrán continuar ese trabajo.